Boletín informativo n° 590

CORREPI

Sumario: 1. Libertad a los compañeros de Causa Ferroviaria. 2. Cárcel a los asesinos de Mariano Ferreyra. 3. Ni ciega ni independiente, una serpiente. 4. Polichorros y la “inseguridad”. 5. Colombia: 51.000 desaparecidos. 6. Trelew: Caso Antillanca.

LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS DE CAUSA FERROVIARIA

El día 23 de diciembre, los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, realizaron una nueva medida de fuerza en reclamo de sus condiciones de trabajo. Luego de mucho tiempo de no ser escuchados, de que asesinaran a Mariano Ferreyra y con la promesa incumplida del pase a planta, cortaron las vías a la altura de la estación de Avellaneda.

La medida fue contundente y los trenes no funcionaron desde el mediodía. Y así como los reclamos de muchos trabajadores son corrientes, lo fue también la bronca de la gente, que luego de la jornada laboral se encontró sin poder regresar a sus casas. La bronca fue creciendo y se manifestó… Y otra vez sucedió, como en Haedo.

La policía reprimió y dejó un saldo de varios heridos y una treintena de detenidos. Y por supuesto, a pesar de las supuestas órdenes de la flamante ministra Garré, la Federal y la Infantería llevaron sus hidrantes, gases y armas para hacer “su trabajo”.

Obviamente lo que los medios quisieron mostrar fue un “típico enfrentamiento de pobres contra pobres”, “los que rompieron eran infiltrados y no los pasajeros”, etc., etc., etc. El gobierno habló de “complot” del duhaldismo, el macrismo y el PO.

Nadie habló, por supuesto, de que la reacción de la gente, no debería sorprender después de las condiciones en las que están los transportes públicos, que quienes trabajan deben usar a diario. Posiblemente los empresarios, los burócratas sindicales o los funcionarios del gobierno se muestren “sorprendidos” e “indignados” ante los destrozos porque están muy lejos de saber lo que es viajar por muchas horas del día como ganado, ser vulnerables a cualquier tipo de accidente porque los trenes no cuentan con las condiciones mínimas para un buen funcionamiento, soportar todos los días largas demoras…

Esta es la situación que viven a diario los trabajadores de zona sur, que necesitan del tren para llegar a sus trabajos. Y también son las condiciones que viven los mismos trabajadores del Ferrocarril Roca, a quienes nadie da una respuesta y sólo les mandan la patota y asesinan compañeros.

Y para completar la jugada, los empresarios de UGOFE y la secretaría de Transporte denunciaron penalmente a los militantes de Causa Ferroviaria, la agrupación gremial del PO, por el corte de las vías en Avellaneda. El juzgado federal de Quilmes, obediente, mandó detener a los compañeros Omar Merino y Jorge Hospital, acusándolos por interrumpir la circulación del ferrocarril y por extorsión, y ordenó otras capturas que no han sido aún confirmadas.

La acusación de la empresa y el gobierno, socios eternos en la explotación del pueblo trabajador, convierte, así, el legítimo reclamo de los trabajadores en “extorsión”, y resulta en la cárcel a los compañeros. Desde el momento de los primeros allanamientos, CORREPI se puso a disposición de los compañeros detenidos y de su organización, a la que acompañamos en la exigencia de la inmediata libertad de los presos por luchar.

CÁRCEL A LOS ASESINOS DE MARIANO FERREYRA

En las semanas posteriores al asesinato de Mariano Ferreyra, tanto los funcionarios judiciales como los del poder ejecutivo se llenaron la boca hablando de “investigar hasta las últimas consecuencias”. Tanto autobombo hicieron, que Garré nombró a la fiscal Caamaño como su segunda al mando. Un claro premio por el esfuerzo para desvincular a la policía y por el poco interés en avanzar sobre los jefes de la Unión Ferroviaria y la secretaría de Transportes.

Aunque en los medios circuló la noticia de que Pedraza y “El Gallego” Fernández serían indagados por su participación como eslabones en la cadena de mandos del plan criminal que terminó con el ataque a los trabajadores, la muerte de Mariano y los heridos, ninguno fue citado hasta hoy.

Bien presos están, es verdad, lo siete integrantes de la patota que participaron del plan común contra los ferroviarios tercerizados, pero casi nada se ha avanzado con la policía, los jefes de la burocracia sindical, la secretaría de transportes, todos ellos en permanente contacto telefónico antes, durante y después del ataque. Todos y cada uno forman parte de la represión que se llevó la vida de un compañero y puso en riesgo la de tantos otros.

Por nuestra parte, seguiremos exigiendo juicio y castigo, a la espera, en estos días, de que la cámara de apelaciones confirme la prisión preventiva de los detenidos, cuyos abogados no tuvieron empacho en “confesar” durante la audiencia del pasado martes 21. Dos de los carísimos letrados de los patoteros asesinos, casi con las mismas palabras, quisieron justificar la conducta de sus defendidos: “Cumplieron un deber al evitar el corte de vías”, dijeron. Claro, su deber hacia la empresa, el gobierno y la burocracia sindical.

NI CIEGA NI INDEPENDIENTE, UNA SERPIENTE

Siempre postulamos que la presunta ceguera de la justicia del sistema capitalista, es un eufemismo místico con el que se justifican sus latigazos sobre el lomo de los pobres. Ella espía bajo la venda nada tiene de independiente. La mascarada que usa con las actualizaciones de su doble discurso, no le alcanza para encubrir su compromiso de clase. Doble discurso, porque, según resulte el interés que defiendan sus justiciables, así resultará la aplicación o no de una misma norma, de una idéntica medida, de un similar beneficio.

La libertad del “Fino” Palacios y de Ciro James, comisario uno y agente de inteligencia el otro, procesados por delitos que sólo cometen quienes ostentan el poder o están a su servicio, violando la libertad e intimidad de sus víctimas, fue decretada por la Cámara Federal con argumentos que harían regodear a los impulsores de políticas judiciales garantistas y escandalizar a los que promueven las de la mano dura cuando el beneficio se postula para un pobre que lucha o podría hacerlo.

“La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, solamente en casos de extrema necesidad debe sostenerse y debe fundarse en que el preso en libertad no entorpecerá el accionar de la justicia.” Palabras más, palabras menos, esto le dijeron los “opositores” camaristas al “oficialista” juez Oyharbide.

Al mismo tiempo, y por haber denunciado públicamente el carácter terrorista del criminal estado de Israel, un luchador social y político, Roberto Martino, está en prisión. A él le rechazaron el mismo beneficio que le dieron a los espías de uniforme. En este caso, no importan los argumentos leguleyos ni las palabras bonitas. Aquí importa que Martino cuestionó el poder, y cuando esto sucede, la función de la justicia del sistema sale a la luz: no lo puede permitir.

Como tampoco puede permitir que se cuestione la tarea del aparato represivo, para lo que aprovecha cualquier resquicio para proteger la impunidad de sus verdugos. Esta misma semana, otra cámara, la criminal, sobreseyó al policía federal Silva, que el 21 de septiembre mató a Mathías Álvarez (19) porque el pibe tenía un arma de juguete. La misma semana que se renovó la suspensión del juicio al policía bonaerense Nogueira, porque el fusilador de Jonathan Mansilla está “deprimido” y “así no está en condiciones de afrontar un debate”, y que los asesinos de Damián Salcedo, los bonaerenses Soria y Zaffonte, pidieron la “morigeración” del ya vergonzante arresto domiciliario que cumplen por el homicidio.

Es que, como supo decir el salvadoreño Romero, la justicia del sistema es como una serpiente, que sólo muerde a los que van descalzos.

POLICHORROS Y LA “INSEGURIDAD”

La impunidad es un atributo del poder y bien claro lo tienen las fuerzas del orden. Detrás de cada asalto importante, detrás de cada crimen organizado, detrás de las mafias, de un secuestro, de la venta de productos truchos, siempre hay un policía.

Y siempre hay complicidad judicial y mediática. Porque los jueces garantizan la impunidad. Y cuando, por alguna razón, quedan al descubierto, se ponen en funcionamiento los otros mecanismos del estado, asegurando la continuidad de la política represiva. Apenas salta el botón, la noticia comienza a desaparecer y perder importancia. Todos sabemos que, cuando no se trata de policías, llenan sus páginas de adjetivos y comentarios estigmatizantes. En cambio, cuando integrantes de la fuerza están metidos, los hechos son “confusos” y la noticia se esfuma y va perdiendo fuerza.

Por eso, en esta habitual sección denunciamos algo que los medios intentan esconder escandalosamente: el involucramiento policial en delitos de todo tipo.

La Salada, provincia de Bs. As.: Micaela Preguerman es empresaria y maneja mucho dinero, por eso es víctima de aprietes policiales. Dueña de 200 puestos en la feria de La Salada (que le reportan $80.000 pesos de ganancia por día) venía siendo amenazada desde hace un tiempo por “una disputa comercial”. Pero esta semana, cuatro hombres en un Volkswagen Gol balearon el auto de sus custodios. Testigos tomaron la patente del auto agresor y al momento de hacer la denuncia surgió una ¿sorpresa?: el vehiculo pertenece al ministerio de Seguridad bonaerense y está adjudicado a una comisaría de Lomas de Zamora.

En Mercedes, un comisario y dos oficiales de la bonaerense fueron detenidos por robar elementos incautados, entre ellos más de 50 armas de fuego y cerca de 100 teléfonos celulares que estaban depositados en distintas sedes judiciales.

Los implicados, comisario Mario Fernández, teniente Francisco Gauna y subteniente Pablo Alagastino, se desempeñaban en la delegación que la División de Custodia y Traslado de Detenidos. El armamento sustraído por los involucrados era entregado luego a delincuentes para efectuar asaltos. Una de esas armas sustraídas (que, además, eran elementos de prueba en numerosos expedientes) fue encontrada durante un robo a un supermercado chino en la ciudad de Buenos Aires.

En San Luis, cuatro personas fueron detenidas por robar ganado en el paraje de Mosmota, a la vera de la ruta provincial 11. Allí la policía caminera los arrestó cuando llevaban dos vacas en un trailer transportado por una Ford Ranger roja. Dos de los detenidos eran miembros de la fuerza.

Y ¿se acuerdan del robo al camión blindado en la Panamericana ? Ése que fue repiqueteo constante en los medios, hasta que fue detenido un policía. Esta semana se supo del cuarto preso: un prefecto. Ya ningún medio pide “justicia” para los dos policías asesinados en el robo.

La policía no combate la inseguridad: la protagoniza.

COLOMBIA: 51.000 DESAPARECIDOS

Colombia es un claro ejemplo de cómo la burguesía no necesita un gobierno de facto para militarizar el país y reprimir a mansalva contra la clase organizada y los luchadores. Le basta con el régimen democrático, para mantener los privilegios burgueses y desaparecer 51 mil personas.

Según un estudio de una ONG estadounidense, más de 50 mil personas han sido desaparecidas en las últimas décadas por la represión. Se estima que, mes a mes, son en promedio mil los casos. Son moneda corriente las fosas con miles de cadáveres enterrados y los “falsos positivos”, campesinos asesinados a los que el ejército hace pasar como guerrilleros.

Colombia tiene uno de los índices de desapariciones forzadas más altos del mundo. Las desapariciones forzadas son la herramienta preferida de las fuerzas represivas colombianas para controlar comunidades y silenciar el disenso, eliminando a los dirigentes de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de la oposición política, e intentando infundir miedo y terror entre las familias de las víctimas, comunidades y organizaciones.

El mismo informe yanqui afirma que “con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia del país se cuenta con un marco jurídico avanzado para encarar las desapariciones”.

La última dictadura argentina dejó 30.000 desaparecidos. La chilena, 3.000. La democracia colombiana, ya lleva 51.000. Con régimen de facto o con régimen democrático, la burguesía siempre utilizará la represión para reprimir al pueblo organizado. Porque la represión es política de estado.

TRELEW: CASO ANTILLANCA

El 5 de septiembre de 2009, a las 7 y media de la mañana, unos vecinos del barrio UPCN de Trelew encontraron el cuerpo sin vida de Julián Antillanca (20). Con la superficialidad de estilo cuando el muerto es un joven trabajador morocho y pobre, el médico forense que hizo la autopsia se contentó con “muerte natural por causa indeterminada”, y agregó un par de frases confusas sobre ingesta de alcohol y fallas cardíacas.

César, el padre de Julián, albañil y carpintero, no se contentó con esa “explicación”. Cuando le entregaron el cuerpo de su pibe, que la noche antes había ido a bailar, abrió el féretro. Todo tipo de golpes cubrían el rostro y cuerpo del chico. El forense tenía razón: con semejante paliza, nada más natural que la muerte.

La misma noche, dos hermanos, de apellido Avallay, habían ido a bailar a otro boliche, a metros del que eligió Julián. Porque uno de ellos salió a la vereda con un vaso de cerveza, la policía los golpeó y persiguió hasta que capturaron a uno de ellos, que terminó en la comisaría 4ª, molido a golpes. La misma comisaría por la que César está convencido que pasó su hijo, después de salir del local bailable.

“Esa noche estaban de cacería de pibes”, dice su padre, mientras cuenta que recorrió toda la ciudad de Trelew, montó guardia frente a la comisaría, repartió volantes, pegó afiches, hasta que una mujer se animó y contó que esa madrugada, al volver a su casa, vio que un patrullero se detenía frente al barrio UPCN. “Miraron para todos lados, y cuando vieron que nadie miraba uno abrió el baúl. Yo me asusté y me escondí atrás de un árbol. Vi como sacaban del baúl de la patrulla el cuerpo, y lo dejaban tirado”, declaró, bajo reserva de identidad, porque está aterrada.

Mientras tanto, una segunda autopsia, ordenada a pedido de la querella, mostró que, además de las numerosas lesiones en rostro, abdomen y tórax, Julián tenía una fractura en el cuello, a la altura de las primeras vértebras. Una lesión suficiente para dejarlo paralizado y luego causar la muerte por paro respiratorio.

Poco después, la mujer identificó al cabo Martín Solís, de la 4ª, en una ronda de reconocimiento como quien sacó el cuerpo del patrullero. Le dictaron la prisión preventiva, pero poco duró la prisión. Hace apenas una semana, el asesino se fue a su casa, con un arresto domiciliario. El comisario Carlos Omar Sandoval, imputado tanto en la causa Antillanca como en la de los hermanos Avallay, sólo fue trasladado a otra dependencia.

César Antillanca tomó contacto con CORREPI en el reciente viaje de una compañera para participar de una actividad en la universidad local el pasado 10 de diciembre. Unos días más tarde, el compañero nos visitó en Buenos Aires y nos acercó copia del expediente judicial. Haremos todo nuestro esfuerzo, pese a la distancia, para contribuir a cerrar el círculo sobre los asesinos.

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