Boletín informativo nº 734

Córdoba: Noche de boliche y torturas en comisarías.

Cada inicio de nota sobre un hecho de tortura en comisarías, no hace más que reafirmar la lucha que sostenemos, aquella que pregona que no se trata de uno o dos policías o agentes de cualquiera de las fuerzas represivas, sino que hablamos de toda la institución.

A fines del mes de septiembre, se difundía por todos los medios de comunicación el video grabado por los mismos policías que torturaban a un joven que se encontraba esposado boca abajo y con el torso desnudo. Las imágenes, por demás indignantes, transmitían la impunidad con la que estos agentes represivos violentaban y humillaban al joven al cual mientras le pegaban le exigían que imitara sonidos de animales.

Esta vez, las torturas fueron en Justiniano Posse, Córdoba. Todo comenzó en la madrugada del sábado 27 de septiembre, cuando Ariel Hilves, su hermano y un amigo fueron a un boliche del lugar. En un momento, uno de los chicos salió a la calle, y cuando quiso volver a ingresar un policía se lo impidió y le echó gas pimienta en el rostro. Ariel y su hermano intentaron ayudarlo y, naturalmente, los tres fueron detenidos.

Ariel contó a los medios lo que pasó en la comisaría: “Entraron como cuatro policías al menos, me pusieron una bolsa de nailon en la cabeza. Con una mano me taparon la boca y me empezaron a pegar. Yo me asfixiaba. El nailon se me metía en la boca. Intentaba que no me peguen en el pecho para no quedarme sin aire. Se me pegaba la bolsa, era imposible respirar”. El mismo “tratamiento” recibieron su hermano menor y el amigo.

La valentía de no quedarse callados, y de salir a denunciarlo, con el apoyo de la movilización de toda la comunidad de Justiniano que marchó el 1° de octubre repudiando la tortura, forzó al jefe de la policía provincial, Julio César Suárez, a pasar a disponibilidad a los tres agentes acusados, al tiempo que licenció a otros ocho y desplazó al Jefe de la Departamental Unión, Héctor Antonio Garis.

Suárez representa un cuadro perfecto para la institución. Fue nombrado jefe provincial en 2013, luego del acuartelamiento y del narco-escándolo policial. Fue el que dijo a los medios: “Si delinquen, se tienen que ir de la fuerza: desprestigian el uniforme y no lo vamos a tolerar”.

En lo que va de su gestión, los barrios populares se llenaron de policías, y Córdoba batió sus propios records en materia de gatillo fácil, al son de otrras declaraciones del Jefe Suárez: “Los delincuentes saben que si salen a robar armados pueden tener la desgracia de terminar muertos”.

Pero la lucha antirrepresiva en la provincia suma y sigue, como lo mostró hace poco la primera Carpa Antirrepresiva Provincial, y como lo reafirmó la marcha y actividad pública del pasado sábado en la ciudad de Córdoba, en el marco del Séptimo Plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo.

Bariloche: Una vez más, no hay justicia para los caídos por la represión.

Otra vez, y como suele suceder, el poder judicial avaló la represión al pueblo trabajador. El juez de Bariloche Ricardo Calcagno procesó a algunos de los policías que se cobraron las vidas de Sergio Cárdenas -un cocinero de 29 años- y Nicolás Carrasco -un plomero de 16- en el marco de la represión a la manifestación que sacudió la ciudad después del fusilamiento policial de Diego Bonefoi en un barrio del Alto, pero por delitos menores y excarcelables.

Otra vez, cuando no pueden esconder la represión sistemática bajo la alfombra y decir “aquí no ha pasado nada” con una buena legítima defensa o un eficaz cumplimiento del deber, recurren al plan B: que parezca un accidente, un error individual, un exceso o desmesura o –como en este caso-, una riña.

El juez Ricardo Calcagno dijo en su fallo que los agentes Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo, ellos tres y nadie más que ellos tres, son coautores del delito de “homicidio en riña”, es decir, que ellos, los dos asesinados y los 13 heridos sobrevivientes de los disparos con munición de guerra, uno de ellos de gravedad, fueron parte, el 17 de junio de 2010, de un “súbito acometimiento recíproco y tumultuario”.

Poco importa que los policías utilizaran en sus escopetas proyectiles “propósitos generales”, cargados con letales postas de plomo. Poco importa que dispararan a matar (y mataron) o que lo hicieran, además, por la espalda, como en el caso de Carrasco.
Si no queda más remedio que procesar, que no haya costo político para el estado, ni el gobierno que lo administra. Por eso los comisarios Miguel Veroiza y Jorge Carrizo, segundo jefe de la Unidad Regional Tercera y titular de la comisaría 28ª respectivamente, y responsables del operativo, ni siquiera fueron procesados por homicidio en riña como sus subordinados, sino por el aún más leve incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como en el Puente de Corrientes, como el 19 y 20 de diciembre de 2001, como en el Puente Pueyrredón, el argumento “técnico” del juez es que no se puede establecer de qué escopeta vino cada proyectil letal, porque para cotejar ese tipo de arma se necesita el cartucho que contenía las postas, en cuyo culote queda la marca de la aguja percusora. Y los policías que disparan con cartuchos de guerra saben bien que antes de despejar el lugar e irse, los tienen que recoger y desaparecer. Así, su propia conciencia de la criminalidad de sus actos suma a la impunidad, y da argumentos a los jueces que los exculpan, o les pegan un tironcito de orejas.

La resolución, que ya fue apelada por las defensas de los policías, causó enorme rechazo en los familiares de los asesinados, que también la apelaron, y suscitó el repudio de la Multisectorial contra la Represión Policial, que correctamente la definicó como “amnistía anticipada”.

Esta decisión en el terreno judicial acompaña los vientos que soplan desde los otros poderes del estado: tanto el gobierno como la oposición patronal vienen haciendo foco en la necesidad de “ordenar” el “descontrol social” que se expresa en las protestas callejeras, y de manera acorde han presentado distintos proyectos de ley para regularlas, al mismo tiempo que el carapintada K Sergio Berni se exhibe como garante de la ley en espectaculares operativos contra los trabajadores despedidos o suspendidos de la zona norte del conurbano bonaerense.

Gatillo blanco en EE.UU., otra vez.

Otro joven negro y pobre asesinado por la policía estadounidense. Otra vez el muerto fue considerado “sospechoso” (no se sabe de qué, por supuesto), perseguido y acribillado por un policía blanco. No existe sorpresa alguna ya, apalear y asesinar negros pobres es a esta altura algo así como un deporte popular más, como el básquet o el béisbol, para los yanquis.

En esta oportunidad el asesinato se produjo en Sant Louis (Missouri) y el cuento policial habla de un ataque inicial del muerto, como siempre se dice y como, en la enorme mayoría de los casos, se desmiente luego.

Pero esta vez hay un dato particular: el cuerpo del joven tenía 17 balazos. Sí, 17, lo que evidencia el nivel de odio y opresión, la lógica deshumanizadora, la locura de esta gente que se autoproclama gendarme del mundo en nombre del capital.

Las estadísticas respecto a la proporción de negros y blancos en los asesinatos policiales es lapidaria; el propio FBI brinda datos (recortados, naturalmente) que afirman lo siguiente: casi 3 personas afroamericanas mueren por semana a manos de un policía blanco. Las ONG y otras organizaciones militantes aseguran que la cifra es mucho mayor.

La matanza que se hace con las personas negras en EEUU no termina nunca, ni con una guerra, ni con leyes ni con un presidente que por primera vez no es blanco. Siguen siendo los oprimidos, los despreciados, los rigoreados, los muertos. Más allá de la oleada bienpensante que vende ensayos sobre la multiculturalidad y del cine industrial culposo que los muestra en puestos ejecutivos, los afroamericanos son masacrados por un odio racista que tiene los peores aspectos del oscurantismo y la caza de brujas y que, lejos de decaer, se reproduce en diversas formas.

“Leen el evangelio según Hitler a la hora de almorzar” escribió el poeta, y ni él debe saber cuánta razón tiene.

Organizar el crimen “al servicio de la comunidad”.

Durante el mes de junio se registraron varios casos de robo en la zona de Olivos con la misma modalidad -de tipo “escruche” (ingreso a las viviendas en ausencia de sus dueños)-. Uno de estos casos habría registrado una persecución, una vez que la policía hubiera descubierto a la banda que operaba en el caso. Según diría el informe posterior, los integrantes de la banda habrían abandonado el vehículo en el que iban a determinada altura, donde se hallaron las herramientas que serían utilizadas en el robo y algunos papeles. Finalmente escaparon.

Aparentemente, a partir del hecho se habría abierto un sumario policial que consignaba los elementos hallados y abría la investigación para dar paso a la identificación de los integrantes de dicha banda.

Al cabo de cuatro meses, el comisario segundo a cargo de la seccional de Olivos Horacio Domínguez, fue detenido acusado de encubrir a una banda de la zona que operaba con las mismas características que registraron los casos antes mencionados, cohecho en grado de tentativa, falsificación de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Para ese entonces, el sumario policial ya había sido manipulado y la consignación de herramientas y documentación habían desaparecido.

No nos sorprende que estas cosas sucedan, aunque los medios hegemónicos intenten figurarlas como eventos “insólitos”. En todo caso, lo destacado es que salgan a la luz. ¿Será que resultan oportunas para abonar a la tesis del “policía corrupto” (la oveja descarriada)?

Sabemos -y hemos comprobado durante todos estos años- que esto pasa en todas partes, y que así como no es un evento aislado, tampoco lo es la práctica, ni la particularidad de un efectivo policial. Es toda la institución.

Ellos dirigen el crimen organizado y explotan el del chiquitaje, y allí donde alguien se niega o los deja en evidencia es borrado del mapa. No hablamos estrictamente de una cuestión de métodos, sino de objetivos políticos: al estado no le importa necesariamente cómo, lo que les importa es que el control social esté garantizado.

Pero, como ya dijimos, esto no es algo que nos sorprenda. Al contrario, es otro de los ejemplos que nos movilizan. Como sintetizara tan certeramente años atrás el compañero Rodolfo Walsh: “La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”.

Próximas actividades.

Viernes 17, de 11 a 13, en la Escuela nº 2 de Ramos Mejía (11 de Septiembre 963): jornada de DDHH, charla antirrepresiva con CORREPI.

Viernes 17, 18:00, en la Universidad de Quilmes, Charla-debate sobre panorama represivo, rol de las policías, con proyección de videos. Organizan Bandera Negra, Hagamos lo Imposible, El Túnel, Juventud del PTS y CORREPI.

Domingo 19 de octubre, a partir de las 16:00, actividad con volanteada, música, bandas y radio abierta por la absolución de los petroleros de Las Heras en el playón de la estación de Tigre del ferrocarril Mitre. Convoca Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras Zona Norte.