Boletín informativo nº 773, 10 de diciembre de 2015.

CORREPI

Sumario:
1. Tierra del Fuego: prisión efectiva para la lucha por salario.
2. Ismael Sosa y Lucas Cabello: Ensayo general para la farsa actual.
3. En diez días, 4.644 son 4.652.
4. Reprimen los que se van, prometen represión los que vienen.
5. Reforma del Código de Faltas en Córdoba: la “convivencia” obligatoria.
6. Próximas actividades.

1. Tierra del Fuego: prisión efectiva para la lucha por salario.

El 2 de diciembre fuimos testigos de cómo la balanza simbólica de la justicia está calibrada contra los trabajadores. El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, después de un juicio viciado y sin pruebas, condenó a 28 integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) y de Camioneros, que participaron en mayo de 2013 de una protesta en reclamo de aumento salarial para los docentes. Ante la falta de respuesta, los trabajadores ingresaron a la Casa de Gobierno Provincial, donde permanecieron una semana.

Durante el juicio, la defensa de los trabajadores impugnó la acusación fiscal, que, como suele suceder cuando se trata de disciplinar la protesta a través de la criminalización, se basó en imputaciones genéricas, sin otra prueba concreta que testimonios de oídas, y, desde luego, la versión policial como verdad absoluta.

Las condenas fueron variadas combinaciones de los clásicos delitos usados para represaliar movilizaciones obreras: atentado y resistencia a la autoridad, daño calificado, lesiones al personal policial que reprimió la manifestación. A partir de los registros fílmicos, fueron seleccionados 34 trabajadores, a los que se reprocharon distintos hechos, en bloque y sin definir circunstancias de tiempo, modo y lugar. Naturalmente, el relato de los policías que reprimieron fue la “prueba” que llevó a una condena que, en algunos casos, significa prisión efectiva por hasta cuatro años.

El fallo reproduce la mecánica aplicada en el escandaloso fallo contra los petroleros de Las Heras, condenados el 12 de diciembre de 2013, por la cámara criminal de Caleta Olivia, a prisión perpetua y otras penas de prisión por los hechos de Las Heras en 2006.

En ambos casos nos encontramos con trabajadores que ejercieron su legítimo e inalienable derecho a luchar por mejores condiciones de trabajo. La respuesta fue la misma: una justicia que, con los ojos abiertos y la venda levantada, garantiza la impunidad de los poderosos y sus brazos ejecutores, mientras se torna ciega y sorda a los reclamos y condena a los que se organizan y salen a luchar.

El 11 de diciembre, un día antes del primer aniversario de la condena a los trabajadores de Las Heras, que todavía espera resolución del Superior Tribunal Provincial de Santa Cruz, se conocerán los fundamentos de este nuevo fallo reaccionario en Tierra del Fuego. Mientras la defensa técnica de los compañeros encara la apelación para revertirlo, es tarea de todos nosotros unirnos en una masiva campaña por su absolución.

2. Ismael Sosa y Lucas Cabello: Ensayo general para la farsa actual.

Que era un trapito, que era un borracho, que lo increpó, que el pobre policía no supo defenderse de mejor manera que descargándole su cargador, que fue un conflicto de género, que no se puede “trabajar” así, que se lo buscó, que en algo andaba, que en algo anduvo, que andar ya no anda más, que pin que pan. Se armó la noticia. Se configuró el sujeto. Se le dio un justificativo al asesino y se cocinó la trama. Entre Ismael Sosa, Lucas Cabello y tantos pibes a diario, siempre la misma lógica: la policía mata, los medios vomitan el estigma y la justicia resguarda al asesino (tal vez lo reta un poco, por si se “excedió”).

El 25 de noviembre, el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo, decidió archivar la causa que investigaba la desaparición y muerte de Ismael Sosa el 24 de enero en Villa Rumipal. “La ingesta de alcohol tuvo una fuerte influencia en la perturbación de su conciencia, previo a caer al lago”, señala Carballo en su resolución. Negando a familiares, amigos y testigos, que señalan que a Ismael lo golpeó y detuvo la policía, poco antes de desaparecer; avalando la hipótesis que se repitió por los medios de comunicación cordobeses, desde el momento en que se señaló a la policía de De la Sota como autora del crimen. Uno más, en su larga lista.

Tan sólo horas después de la decisión del fiscal Carballo, el jueves 26 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, se sumaba una pieza más al rompecabezas que rodea a Lucas Cabello: Ricardo Ayala, el policía de la Metropolitana que “se enfrentó” con el “trapito que lo atacó”, con tres certeros balazos, quedó en libertad por decisión del juez de Instrucción Osvaldo Rappa, que lo procesó por un delito atenuado, y lo excarceló. Los medios que difundieron el discurso del entrecomillado anterior, apenas si se hicieron eco de la resolución del Juez Rappa, que es una oda a la impunidad.

“Sólo se advierte un mal desempeño en su labor, y su poca experiencia para enfrentar una situación de agresión y tensión, siendo imprudente en su manejo con el arma”, señala la resolución, al tiempo que menciona que Ayala “efectuó tres disparos, de manera imprudente, con su arma reglamentaria, excediéndose en los límites impuestos por la ley”. El asunto en cuestión, según Rappa, “sólo” es la “imprudencia” del agente metropolitano, la falta de experiencia y el mal desempeño laboral. Por eso, atenuó el delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad, con el exceso en el ejercicio de legítima defensa. La legítima defensa con exceso, requiere primero una situación en la que hay que defenderse. En un inexistente enfrentamiento, dónde sólo el policía porta un arma, sólo el policía dispara y, una vez la víctima en el piso, el policía sigue disparando, hablar de “exceso en la defensa” es exceso en la nada misma, y es simple fusilamiento. Historia calcada de cuanto gatillo fácil hay dando vuelta.

Estas dos historias trascendieron el muro mediático con las familias, amigos y la organización popular como motores para romper el esquema informativo que etiqueta, estigmatiza y condena a los asesinados por el aparato represivo estatal, en el ínterin entre las balas y los fallos de impunidad. Es anecdótico, más por recurrente que por superfluo, que tanto en el caso de Ismael como en el de Lucas, los medios de comunicación hayan dibujado tantos perfiles de sus personalidades, como pudieran inventarse, en contrapartida con sus asesinos, de los que apenas, y tardíamente, apenas si trascienden los nombres.

Esto se hace evidente si se revisa el Archivo de Casos que presentamos actualizado hace pocos días: muchas de esas personas asesinadas por el aparato represivo, parecen no tener historia para los medios, que los informan como “abatidos”, “suicidados”, y otros eufemismos lúgubres. Sólo con la lucha de los familiares y organizaciones que pelean contra la represión, uno conoce cuánta vida hay/hubo detrás de esos rótulos de las noticias.

3. En diez días, 4.644 son 4.652.

Hace escasa semana y media, publicamos la actualización 2015 del Archivo de Casos. Esos 4.644 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, ya son 4.652, con siete muertes ocurridas en 2015, y una de 2014 que no estaba registrada.

El caso de 2014, del que recién ahora recibimos información certera, ocurrió en Rawson, Chubut, el 9 de diciembre, cuando un grupo de pibes estaba en una playita apartada y Emmanuel Puebla Pires (16) recibió un disparo en la cabeza, que lo mató. El autor del homicidio, el policía Oscar Naya, argumentó que estaba cazando guanacos con su hijo Eduardo, y que –vaya imaginación- fue un accidente. Fueron condenados a 10 y 8 años de prisión, y la noticia de la hora es que, en la audiencia de revisión de la condena, el policía cambió su historia. Ahora, dice que él no disparó.

El 22 de noviembre pasado, en Rivadavia, Mendoza, Fabián Argüello (20) fue detenido por la policía a las 8 de la mañana. No era su primer arresto por portación de cara y pinta “sospechosa”, pero sería la última. Apenas unas horas después, la información oficial fue que decidió suicidarse en la celda. Más de un centenar de vecinos de la pequeña localidad se congregaron frente a la comisaría, indignados por el asesinato. Los únicos detenidos después del homicidio fueron siete manifestantes, acusados de tirar piedras.

También en Córdoba hay un nuevo muerto en una comisaría, pero con historia. El 30 de noviembre, Carlos Alberto Solá fue arrestado por una contravención en Villa María. Dos horas después, estaba muerto en su celda. El dato duro es que el 22 de noviembre de 2014, su hijo adolescente, Joel, fue sacado en agonía del Complejo Nueva Esperanza y murió poco después. Carlos, junto a su familia y organizaciones antirrepresivas, venía reclamando la investigación y castigo del asesinato de Joel.

En el conurbano bonaerense se registraron dos fusilamientos de gatillo fácil entre el 17 y el 27 de noviembre. El primero ocurrió en González Catán, La Matanza, cuando Fabián Ezequiel Pérez (23) y un amigo de 18 trataron de robarle la mochila a un transeúnte, que resultó ser Héctor Coronel, oficial de la Policía Comunal de La Matanza, que iba de civil. Los chicos escaparon inmediatamente, pero el policía les disparó por la espalda. El pibe de 18 prefirió ser detenido antes que abandonar a su amigo herido. Lo llevó la Unidad de Pronta Atención (U.P.A) de Villa Dorrego, donde Fabián murió y el otro chico fue detenido.

El otro homicidio, de similar factura, ocurrió en pleno centro de Moreno. Leonardo David Moraes (17) y otros chicos de su edad quisieron robar sus pertenencias a unas personas en la calle. Pasaba por el lugar un policía del GAD de Campana, de civil y en su auto particular, que vio la escena y les disparó. Leonardo fue alcanzado por las balas. Sus amigos lo llevaron al Hospital De la Vega, pero ya había muerto.

También en la ciudad de Buenos Aires hubo un fusilamiento, con protagonismo, de nuevo, del ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf. El 30 de noviembre, en la esquina de Salguero y Juncal, el dirigente del PJ iba con su esposa hacia su domicilio. Dos pibes en moto pasaron a su lado y le quisieron arrebatar la cartera a la mujer. Uno de sus custodios, ex policía federal, que estaba enfrente, en una camioneta, según sus propias palabras “esperó que se alejaran, y les disparó”. Fueron cuatro balas, que mataron a Sebastián Daniel Durán (31). Naturalmente, el custodio ya fue liberado por el juez que “investiga”. En esa misma esquina, en 2002, la custodia de Ruckauf protagonizó un hecho similar, en el bar “La Villete”. Se ve que siguen al pie de la letra aquella orden de su patrón de “meter bala a los delincuentes”.

También creció en estos días la lista de femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. En Guernica, Luciana Gisele Duarte (23) le dijo a su novio, el agente de la policía Rubén Carlos Salinas, que quería terminar la relación. Estaban dentro de un auto, y cuando la joven se quiso bajar, el policía la agarró de un brazo y le disparó siete veces. Luego se pegó un tiro en la cabeza.

Finalmente, en Bernal, Quilmes, vecinos y organizaciones sostienen la movilización para reclamar juicio y castigo a los policías que asesinaron a Federico Laritz (17) el 7 de noviembre pasado. El chico iba en moto, y no se detuvo ante la aparición de un patrullero, que lo empezó a perseguir. Para detenerlo, lo chocaron de atrás. El chico cayó al asfalto en medio del tránsito, y murió arrollado. Homicidio deliberado, no un accidente de tránsito.

Los pocos de estos casos que trascendieron en algún medio lo hicieron con títulos como “Motochorro abatido” o “Suicidio en comisaría”. Es nuestra tarea, como parte de nuestra lucha, mostrar sus rostros, nombrarlos y contar sus historias, arrebatadas por la represión.

4. Reprimen los que se van, prometen represión los que vienen.

En estas semana de transición entre las gestiones de gobierno saliente y entrante, fueron varios los hechos represivos contra trabajadores organizados, en diferentes lugares del país.
Los trabajadores del lavadero industrial Procesadora Textil Parque de Pergamino llevan varias semanas con medidas de fuerza para frenar las maniobras y amenazas de la patronal, que pretende que se desafilien del gremio para así enmarcarlos en convenios a la baja. El 25 de noviembre estaban haciendo una asamblea, cuando fueron atacados por la policía bonaerense, que causó heridos y un detenido.

El mismo día, en los tribunales de San Isidro, la policía cargó contra los manifestante que acompañaban la primera audiencia en el juicio oral contra Jonathan Coronel, en reclamo de la absolución y libertad del joven, víctima de una causa armada. Hubo golpes, heridos y dos compañeros detenidos por el clásico “atentado y resistencia a la autoridad”. Los militantes de Todos Contra la Impunidad (TCI) Zona Norte, Vecinos Organizados de Moreno, Mujeres Ahora es Cuando y otros que participaban de la actividad, denunciaron que la represión se produjo cuando exigían que el debate se realizara con acceso al público, ya que a pesar de ser un juicio oral, sólo se autorizó el ingreso de dos personas a la sala de audiencias. Los compañeros detenidos fueron liberados después que los manifestantes se congregaron frente a la comisaría.

El 2 de diciembre, trabajadores municipales de Esteban Echeverría fueron reprimidos por efectivos de infantería de la Policía Bonaerense, cuando intentaban entrar al palacio municipal para realizar una asamblea en reclamo al despido de 30 trabajadores de distintas áreas de esa comuna. Muchos de los despedidos tienen más de 10 años de trabajo. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría había sido citado para una reunión con las autoridades para tratar de resolver la situación, pero cuando llegaron al edificio municipal, no había ningún funcionario para recibirlos. Los trabajadores, acompañados por varias organizaciones, permanecieron en el lugar, y resolvieron hacer una asamblea en el hall del edificio para decidir cómo continuar su reclamo. Fue entonces que irrumpió la policía, que hirió a cuatro miembros de la Comisión Directiva y dos delegados con balas de goma.

Mientras tanto, en Córdoba, los vecinos del Barrio Nueva Esperanza siguieron resistiendo el ataque de la policía, que por segundo día consecutivo derribó e incendió sus viviendas.“Anoche empezaron a llegar móviles, llegaron con comisarios y empezaron a tirar ladrillazos a la gente que estaban en la carpa, golpearon a criaturas, a gente grande la tiraban al suelo. A una señora la empujaron a un pozo y se quebró la pierna, ocasionándole una fractura expuesta y ahora está internada en el de Urgencias”, relató a Mucho Palo Noticias un vecino.

Las 200 familias que viven en el barrio denuncian que la empresa inmobiliaria Gama es la que impulsa, a través de un arreglo con la policía, el intento de echarlos de las tierras que ocupan hace más de tres años, y que pertenecen a la Secretaria de Vivienda de la provincia.

Y al mismo tiempo, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que concurrieron al ministerio de Trabajo de la Nación para tramitar el pedido de personería gremial de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), también fueron reprimidos, esta vez por la policía federal.

Estos hechos, despedida del ciclo que termina y anticipo del que viene, ratifican la necesidad que tenemos de fortalecer las formas de coordinación y contribuir a la unidad de las luchas, para defendernos de los ataques que vendrán.

5. Reforma del Código de Faltas en Córdoba: la “convivencia” obligatoria.

El miércoles 2 de diciembre, en la ciudad de Córdoba, se aprobó en la Unicameral de la provincia la reforma del Código de Faltas –ahora actualizado como “Código de Convivencia Ciudadana”-, presentado el 24 de noviembre por iniciativa del bloque oficialista Unión por Córdoba que acompaña la gobernación de Juan Manual De la Sota, con el apoyo por mayoría de quórum de los bloques opositores del FPV, Encuentro Vecinal y Juntos por Córdoba (integrado por la UCR, Frente Cívico y el PRO).

La discusión sobre tablas cumplió su objetivo al apurar su aprobación en la última sesión del año, como guiño final del delasotismo a la gestión entrante.

Debajo de la búsqueda de consenso solapada en el nombre, la nueva aplicación del Código expresa el refuerzo a las políticas represivas que viene llevando adelante el gobierno provincial, de la mano con el aumento de recursos y elementos jurídicos que permitirán a las distintas fuerzas policiales desarrollar su accionar con mayor soltura. “Muy garantista”, definió mejor que nadie el legislador Sergio Busso, jefe de la bancada de Unión por Córdoba.

En esa “garantía” entra, por ejemplo, la aplicación de la figura de “actitud sospechosa” –recategorización de la, hasta entonces, masivamente implementada figura del “merodeo”- que se expresa en la capacidad de cualquier efectivo policial de realizar una detención toda vez que entendiera a su criterio hay una actitud de estas características; el castigo estipulado para esta “contravención” es de tres días de arresto, aplicable a toda persona que se mantenga en esta actitud “por tiempo exagerado”. Al día de hoy, en la ciudad de Córdoba se realizan alrededor de 700 detenciones arbitrarias por fin de semana.

Al condominio de “garantías” debemos sumarle la contravención de quema de gomas y basura en medidas de fuerza por “afección del medio ambiente”, y la posibilidad de arresto a los “naranjitas” que cuiden vehículos en la vía pública sin autorización municipal.

Podríamos seguir dando ejemplos, pero para ello no nos alcanzaría la extensión de nuestro Boletín entero, a la hora de detallar con cuántos recursos jurídicos cuentan las fuerzas de seguridad para desenvolver su práctica, no sólo en Córdoba, sino en todo el país a través de sus Códigos Contravencionales.

Lo que sí nos interesa remarcar es el repudio masivo a la aprobación de la reforma, que convocó a una importante movilización desde Colón y General Paz hasta el vallado de tribunales bajo la consigna “Ni Código de Faltas ni Código de Convivencia: Basta de Estado Policial”. En ese camino, en el que se encuentran nuestros compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y los Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, es que encontramos la salida para organizar nuestra respuesta frente a estos avances.

6. Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Este sábado 12, desde las 17.30 se realiza la actividad de cierre de la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional de la Villa 21/24 (ROCVI): mural, radio abierta, bandas, videos, cierre con Panel Antirrepresivo.

Sábado 12 por la mañana, Panel Antirrepresivo en el Encuentro de Los Pueblos, en Plaza de Mayo.

Sábado 12 en La Toma (República Árabe de Siria 75, Lomas de Zamora) FLIA Lomas, de 14 a 21 hs.

Domingo 13 desde las 13 hs., Festival de Arte y Cultura “Por la Memoria”, organizado por FCK Rap.

Jueves 17, 17 hs. en Av. La Plata y 12 de Octubre, Quilmes: Movilización “Cuidado, Genocida Suelto”

Sábado 19 de diciembre en la plaza La Carbonera de Merlo, FLIA de Zona Oeste.

Sábado 19 a las 18 hs, en Camarones 2876 (Villa Santa Rita, CABA) - Proyecto FRACCTAL: Invitación a panel sobre “violencia institucional”

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