Primera jornada del juicio oral contra el Policía Federal Aguirrez Manzur, asesino de Carlitos y Emanuel.

CORREPI

Ayer, en la ciudad de Mercedes, comenzó el juicio oral contra tres policías federales por el asesinato, el 17 de marzo de 2013, en Moreno, de Carlos Abregú y Emanuel Ojeda Aníba, ambos de 17 años. Están acusados Alejandro Aguirrez Manzur, autor del doble homicidio y sus colegas Juan Leonel Segovia y Martín Adrián Olguín, que encubrieron el crimen.

La representación técnica en la sala muestra con claridad quién es quién en el debate: mientras CORREPI representa a Gloria y Carlos Abregú, la defensa de los policías es ejercida por cinco abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos – División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich. Como lo hemos visto desde Walter Bulacio a Mariano Ferreyra, en la represión del 20 de diciembre de 2001 y en infinidad de otras causas, el gatillo fácil es una política de estado, y por eso los gobiernos proveen a sus ejecutores de defensa institucional.

Desde temprano, la familia y amigos de Carlitos Abregú, junto a CORREPI, otras organizaciones populares y familiares y víctimas de la represión estatal, se presentaron en el tribunal, para seguir las instancias de la audiencia, pero los jueces resolvieron que el debate, aunque oral, no fuera público. Negaron el acceso a la sala incluso a la familia directa, con la única excepción de tres trabajadores de prensa.

A metros de la movilización antirrepresiva que ocupó la esquina de la plaza frente al edificio, se vio un grupo de personas que se identificaban como “allegados y vecinos” del fusilador, entre quienes pudimos reconocer varios que se acercaron a las distintas actividades antirrepresivas en Barrio Parque Del Sol de Merlo por el caso de Germán Gómez, joven asesinado por el gendarme Felipe Villalba el 30 de abril último. Una nueva comprobación de cómo funcionan los mecanismos de infiltración sobre los movimientos populares, en este caso el antirrepresivo.

Después de la lectura de las acusaciones, el policía Aguirrez Manzur dio su versión del “enfrentamiento”, y alegó legítima defensa frente a Emanuel. En un imaginativo giro, atribuyó la muerte de Carlitos, que agonizó tres meses en el hospital, sin recuperar la conciencia, a una malapraxis médica.

Pero, como señaló tras la jornada Ismael Jalil, militante y abogado de CORREPI que representa a la familia Abregú en el juicio, “Los tres testigos que declararon aseguraron que no vieron arma alguna en las manos de Emanuel, que trató de cubrirse frente al fusilamiento con sus dos manos libres, como lo demuestra también la autopsia.”

Respecto de Carlitos, añadió: “Aducen un problema médico, pero como testimonió la madre, los disparos que recibió su hijo estaban alojados en zonas vitales”. Y concluyó Jalil: “El arma de Aguirrez Manzur se encontraba lista para disparar al momento del homicidio, lo que fue reconocido por el propia policía, que dijo que ‘es la misma institución la que los obliga a tener el arma siempre lista para disparar”. Esto ayuda a entender que cuando aducen error, fatalidad o simplemente que no lo quiso hacer, en realidad lo que tienen es una instrucción concreta de tirar a matar”.

El caso llegó luego de más de tres años de los asesinatos de Carlitos y Emanuel, con Aguirrez Manzur detenido recién un año y dos meses después de los hechos. Es de destacarse que, una vez detenido el policía, hicieron su aparición dos “testigos” nunca mencionados en ese año y medio, en una clara estrategia frente a su apremiante situación.

La demora en llegar a la instancia del debate oral es un elemento más que aporta a la impunidad institucionalmente garantizada, frente a la que cobran importancia los vecinos que desde el primer momento se animaron a contar lo que vieron. “Cuando los juicios se retrasan tanto, las declaraciones y los recuerdos empiezan a ser más difusos, los testigos ya no tienen una mirada tan precisa como la de los días posteriores al hecho; pero como son testigos del pueblo y no policías, han venido. No es lo mismo el razonamiento de alguien que está todo el día con un tipo que llega a la casa y le desarma un arma delante de los ojos, que aquel que lo único que sabe es laburar, y cuando vuelve ve una persona sangrando que pide por su madre, y que lo único que puede hacer es volcar su número de teléfono. La impresión que tiene esa gente es una impresión que no la tiene todo el mundo, es una impresión que nada más la tiene la gente de bien, el laburante”, remarca Jalil.

El martes 30 de agosto continuarán declarando los testigos, y, posiblemente, los peritos, mientras en las calles y en la plaza que circundan al Tribunal Nº 4 de Mercedes, se erige un enjambre azul policial, que custodia de reojo, con remembranzas de aquella perpetua al policía que asesinó a Matías Lobos, de los 12 años al que fusiló a Christopher Torres (todavía en libertad) o los 15 al que arrebató la vida a “Checho” Casal, y que sigue prófugo.

Enfrente, muchas bocas que gritan bronca organizada, haciendo eco en los pasillos de los tribunales y en las calles que son nuestras: banderas, bombos y fuerza antirrepresiva.

¡Basta de matar a nuestros pibes!

¡Basta de gatillo fácil!

¡No es un Policía, es toda la institución!

¡Carlitos y Emanuel, PRESENTES!