Nota Editorial: “INSEGURIDAD: EL VERSO PARA PODER REPRIMIR”

CORREPI - Antirrepresivo, junio 2002
01.Jun.02 :: ANTIRR - 2002 Jun

A fines de 1997 denunciamos desde la CORREPI que asistíamos en nuestro país a una furibunda e interesada campaña de “ley y orden” con centro en lo que los comunicadores de derecha bautizaron como “la inseguridad”. Explicamos en aquellos tiempos que ni a las grandes empresas periodísticas ni a los políticos del PJ y la Alianza les preocupaba en serio la “seguridad” popular, pues resultaba un contrasentido que bregaran por una vida más “segura” o tranquila los mismos que eran responsables o cómplices de que millones de personas no pudieran acceder al trabajo, la alimentación, la salud o la educación.
¿A qué atribuíamos entonces la supuesta preocupación por nuestra “inseguridad” de parte del conjunto de los enemigos del pueblo -sus políticos, sus empresarios, sus jueces, etc-?. Destacamos diversos factores: ocultar tras la cortina de humo de la “inseguridad” los problemas sociales generados por la crisis del modelo económico; estimular la “guerra de pobres contra pobres”; demonizar a los responsables de delitos menores a la vez que excluir del mundo de la “delincuencia” a genocidas, corruptos y grandes criminales económicos; etc.
De aquellos propósitos perseguidos por la campaña de agitación en torno de algunos problemas criminales (obviamente la campaña no incluía “mano dura” para torturadores ni para contrabandistas de armas ni para estafadores banqueros) nos parece necesario destacar uno en particular, para relacionarlo con lo que hoy mismo está pasando. Cuando allá por el 97 y 98 nos preguntábamos los porqués del “manodurismo” televisivo planificado y particularmente cuando nos interrogábamos sobre la oportunidad, sobre el momento de lanzamiento de la campaña, concluíamos que las clases dominantes (y sus expresiones político-comunicacionales-culturales) venían a dar respuesta a la profundísima crisis de legitimidad del conjunto de las herramientas policiales y militares del régimen político. Efectivamente, cuando el proyecto menemista hacía agua por todas partes y el conflicto social ascendía progresivamente –eran tiempos de puebladas y cortes de ruta en el interior- paralelamente los militares sufrían el repudio de millones en torno al 20° aniversario del golpe del 76, en diferentes lugares del país se desarrollaba un movimiento antirrepresivo que encontraba en la denuncia del “gatillo fácil” una causa que ahora lograba apoyo en buena parte del pueblo, y adquiría amplio consenso la consigna Juicio y Castigo a los Asesinos de Ayer y de Hoy.
En otras palabras: la campaña de ley y orden del 97/98 llegó para buscar una relegitimación de las fuerzas armadas y de seguridad, que se encontraban severamente desprestigiadas y aisladas precisamente en el momento en que sus mandantes –el gran poder económico- mas los necesitaban: cuando los trabajadores y el pueblo salían de su inmovilidad y comenzaban a desbordar a las dirigencias políticas y sindicales del ajuste y la entrega.

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El 19 y 20 de diciembre pasados vivimos en la Argentina la más extendida y generalizada revuelta popular de la que tenga memoria nuestra historia (con la ausencia de las centrales sindicales). El estallido, aunque no se haya dado en un contexto de luchas mundiales contra el imperialismo como sucedió con el Cordobazo o careciera de un norte político, fue una fenomenal expresión de repudio al hambre, la corrupción y la represión –y a las dirigencias responsables de ello- construída y protagonizada por millones, pese a las amenazas represivas primero y las balas después. Quizás no haya antecedente en nuestra historia de una gesta que –aún en un contexto de gran confusión política- enlazara a tan vastos sectores sociales. La construcción de una mentira judicial y televisiva en torno al complot no es más que una prueba de lo que decimos: ahora las fuerzas de la reacción quieren expropiarle al pueblo el triunfo y el orgullo de haber derrocado a De la Rúa y Cavallo.
Antes, durante y después de esa jornada combativas las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, los cacerolazos, los piquetes, los cortes de ruta, las asambleas populares surgieron como escenarios propicios para la paulatina y progresiva construcción de una alternativa popular que desaloje definitivamente del poder a los personeros del FMI y los grandes grupos económicos expresados por las dirigencias a las que el pueblo les exige que se vayan.
La masacre que ordenaron los criminales del ejecutivo nacional con De la Rúa a la cabeza nos provocó el inmenso dolor de la pérdida de entrañables compañeros (como nuestro Petete Almirón) pero no logró hacer que la pueblada retrocediera, lo que de algún modo confirma la lección de los últimos tiempos: frente a la lucha masiva del pueblo enarbolando por el derecho al trabajo, al alimento, a la educación, a la vivienda o a la salud, la represión de gendarmes y policías hiere, lastima, pero no triunfa, no logra doblegarnos.
En este escenario de tremenda inestabilidad política, de enorme angustia en millones de hogares por falta de trabajo y comida, de ascenso de la organización y politización popular en asambleas y piquetes, de desprecio cada día mas profundo y extendido a los personeros políticos de la entrega, de fuerzas de seguridad sentadas en el banquillo de acusados por los hechos del 19 y 20 de diciembre, de escasa o nula aceptación popular a salidas más o menos “golpistas”, ha reaparecido la campaña empresarial-mediática-política-judicial contra la “inseguridad”.
La muerte de un custodio de Ruckauf (supuestamente a manos de un adolescente) es el episodio que conocidos enemigos del pueblo han utilizado como “fiesta-inauguración” del nuevo plan de acción psicológica y propagandística en procura de más policías, más cárceles, más penas, más gatillo fácil, más torturas en comisarías y (ya que estamos) menos piquetes, menos cortes de ruta, menos derecho a la protesta.
Una vez más, entonces, desde la CORREPI sentimos la necesidad de decir:
• Hace años que aumenta la “mano dura”, que aumentan las muertes de jóvenes a manos policiales, que aumentan las penas que los jueces imponen, que aumentan el número de policías y sus facultades, que aumenta la cantidad de “justicieros” privados, que aumenta el número de presos en las cárceles, y todo ello no solo no ha logrado impedir la proliferación de robos y hurtos ni el uso de armas y drogas, sino que todo indica que ese tipo de delitos –hijos directos de la marginalidad y la pobreza- también aumentan y aumentan…
• Nada atenta más contra nuestra “seguridad” y tranquilidad que la desocupación, la miseria, la falta de vivienda, remedios o alimentos para nuestros pibes; el aumento indiscriminado de los precios, los hospitales que se caen a pedazos o las escuelas convertidas en comedores escolares a los que ni siquiera llega la esperada comida. A los responsables de toda esta “inseguridad” –el FMI, la banca de Escasany y Sacerdote, la politiquería entreguista de Duhalde, Alfonsín y compañía, el “periodismo” pro-yanqui de Haddad o Grondona- tampoco les preocupa el aumento de los robos o de la ingesta de estupefacientes. Lo que ellos llaman inseguridad o delincuencia no es más que un pretexto que agitan para conseguir otros objetivos que no pueden decir públicamente: asegurar la continuidad de su régimen.
• Nada atenta más contra nuestra seguridad que la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos, que la limitación hasta la desaparición virtual de las garantías individuales, los derechos constitucionales y los derechos sociales.
• El relanzamiento de la “campaña de ley y orden” –penas más altas para quienes matan a un policía; juzgar y castigar a los adolescentes desde los 10, 12 o 14 años; etc.- tiene otra vez su explicación muy lejos del problema de la “delincuencia” a la que dicen combatir. Lo que, en serio, les preocupa a nuestros gobernantes y co-gobernantes (y a sus mandantes del poder económico) es conseguir oxígeno para las desprestigiadas policías federal y provinciales, para la gendarmería y la prefectura y quizás también para las fuerzas armadas, para que estén en condiciones de sembrar el terror y la muerte si este pueblo insiste en imaginar una Argentina justa en la que no manden los bancos y en la que, finalmente, “se vayan todos”.

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