Boletín Informativo N°164

POR WALTER Y POR TODOS
El pasado viernes 26 volvimos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo en el 11º aniversario de la detención y muerte de Walter Bulacio. Una marcha, como dijo nuestro compañero Sergio Smietniansky, sumamente particular. Fue el primer año que Carlos “Petete” Almirón no estuvo con nosotros, porque el 20 de diciembre de 2001 cayó bajo las balas de la policía federal. Instantes antes del emocionado recuerdo de Petete, la compañera Gabriela Macauda había leído este mensaje conjunto de CORREPI y los Familiares de Víctimas de la Represión Policial:
“Hace 11 años Walter Bulacio quiso ir a un recital de rock. El y otros cien chicos fueron detenidos por la policía federal y encerrados en la comisaría 35ª. De la comisaría fue trasladado a un hospital. Una semana después, Walter moría, sin saber que su nombre se convertiría en bandera de lucha contra la represión y la impunidad.
Hace más de seis años la Causa Bulacio pasó a la etapa de sentencia. La fiscal y la querella presentaron sus acusaciones en abril y mayo de 1996. Se pidió a la jueza que condenara al ex comisario Miguel Angel Espósito a la pena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Desde entonces el proceso está suspendido, entre recusaciones, excepciones, incidentes y nulidades que el juzgado y la cámara aprovechan para demorar la sentencia en una causa en la que preferirían no estar inteviniendo.
La justicia del sistema quiere cerrar la causa por prescripción el próximo 16 de mayo, mientras crecen en nuestro país la miseria y exclusión, mientras se criminaliza la pobreza y se reprime policial judicialmente a los explotados.
La justicia que va a cerrar la causa Bulacio es la misma que encarcela a los luchadores populares, la que protege banqueros y funcionarios corruptos y garantiza la impunidad de los represores.
Así como la miseria y la desocupación son la consecuencia obvia de la violencia económica del sistema, la represión es la consecuencia necesaria de su violencia social. La lucha antirrepresiva no puede concebirse como un mero reclamo sectorial de víctimas o familiares de víctimas, o como una pelea desideologizada, sino que debe ser parte de una lucha con conciencia de clase frontalmente dirigida a la transformación social.
Nosotros, los que hace 11 años marchamos todos los años esta Plaza reclamando justicia para Walter y para todos lo asesinados y reprimidos por el Estado, sabemos que sólo la lucha popular puede terminar con la REPRESION y la IMPUNIDAD.
Por eso compañeros, POR WALTER Y POR TODOS, POR LOS CAIDOS el 20 de diciembre, POR MÁS DE MIL. CIEN PIBES VICTIMAS DEL GATILLO FÁCIL O MUERTOS EN LA TORTURA DESDE 1983, Por los 30.000 desaparecidos, JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY, BASTA DE REPRESION - BASTA DE IMPUNIDAD.”

OLA DE GATILLO FACIL A LA FEDERAL
Muchas veces nos hemos cruzado con quienes piensan que la policía federal es “diferente” a otras del país y en especial distinta de la bonaerense, porque suponen que es muy bajo el índice de casos de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires. Ya hace dos años que al presentar nuestro Archivo de Casos demostramos que si se comparan los distritos provinciales y la ciudad capital sobre la base de la cantidad de casos de gatillo fácil por millón de habitantes, resulta que no es la provincia de Buenos Aires la que encabeza el ominoso ranking. De acuerdo a los datos al 1º diciembre de 2001, el “orden de mérito” de las policías argentinas es el siguiente: Provincia de Santa Fe: 24 % del total de casos; Provincia de Córdoba: 16 %; Provincia de Buenos Aires: 15 %; Provincia de Mendoza: 14 %; Ciudad de Buenos Aires: 13 %; Provincia de Corrientes: 12 % y Resto del país: 6 %.
Como se ve en los números, además de que hay mucho más gatillo fácil y muertes en la tortura en la provincia de los presidenciables Reutemann y De La Sota, tenemos que, sorteada la enorme distancia en cantidad de habitantes, la diferencia entre Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires es de apenas un 2% a favor de la primera.
Este año es probable que esa brecha se achique aún más, pues son muchísimos los casos de gatillo fácil federal de los que venimos tomando conocimiento. Además de los varios hechos vinculados a la comisaría 52ª y a la brigada encabezada por el trístemente célebre “Percha” Solanes (ver Boletín nº 163), estos son dos de los casos recientes por los que hemos recibido denuncias en la ciudad de Buenos Aires:
1.- El 4 de marzo de 2002, apenas pasado el mediodía, un llamado telefónico de un vecino alertó a la comisaría 42ª sobre la presencia sospechosa de tres sujetos masculinos en bicicletas en las cercanías de Pizarro al 7000. Varios móviles se dirigieron al lugar, y efectivamente avistaron a tres pibes entre 15 y 16 años que inmediatamente huyeron al verlos. Dos de ellos fueron detenidos a pocas cuadras y fue recuperado el cuantioso botín que habían obtenido en un maxikiosko: varios atados de cigarrillos Marlboro y Camel, pastillas Tic Tac, caramelos Sugus, galletitas Pepitos, chicles Boobaloo, dos desodorantes Rexona y $ 56 (unos 18 dólares) en monedas. El tercer pibe, Marcelo Báez, fue segudio por los suboficiales Justo Luquet y Osvaldo Ianonne, a bordo del móvil nº 342. Según el relato de Ianonne, en la avenida Directorio el patrullero se vio trabado por el tránsito, por lo que él bajó y siguió la persecución a pie. Cuando estaba a unos 15 metros del chico dio la voz de alto, Marcelo se dio vuelta, y en ese momento perdió el control de la bibicleta, embistiendo un cesto de basura y cayendo al suelo. Los autos le taparon la visión al policía, que escuchó entonces “dos detonaciones seguidas”. La hipótesis oficial es que Marcelo disparó hacia Ianonne o hacia Luquet que se acercaba con el patrullero, y este último “repelió la agresión, abatiendo al sospechoso con un certero disparo en la cabeza”. Pero el informe de la autopsia establece que Marcelo recibió dos impactos de bala, no uno solo. El primero en la espalda, a la altura del omóplato izquierdo, y el segundo en el parietal derecho, que salió por el cuello del lado izquierdo. Los dos tiros fueron del policía. La Browning 9 mm. de Luquet, al ser secuestrada, tenía 11 cartuchos en el cargador (el arma tiene capacidad para 13 cartuchos, con uno en recámara). Pero al llegar a la oficina pericial, algún cartucho había tenido cría, y ya eran 12 (cantidad coherente con la versión oficial). Por supuesto que junto al cadáver de Marcelo apareció un revólver 38 antiguo, en mal estado de conservación, con el número de serie limado y de funcionamiento anormal (¿no les suena que todas las armas de estos “enfrentamientos” sean igual de arruinadas?). La pericia de búsqueda de rastros de pólvora en las manos del pibe dio negativo. La mamá de Marcelo ya se presentó como querellante en la causa con patrocinio de CORREPI.
2.- El 10 de marzo de 2002, a la madrugada, personal de la comisaría 37ª fue convocado a raíz de que un hombre cuyo auto había sido robado unas horas antes informó que el vehículo había sido visto por unos amigos suyos en la zona de Plaza Mafalda (Colegiales). En el interín, dos pibes encontraron el Clío robado, y uno de ellos, Gonzalo Martínez (18), no tuvo mejor idea que aprovechar para dar una vuelta. De pronto se encontró frente a frente con los policías que junto al dueño buscaban el auto. El cabo Carlos Bernardo abrió fuego y disparó varias veces, según él a las gomas. El Clio avanzó dos cuadras más y se detuvo junto a la vereda de la plaza. Dos amigos de Gonzalo, que estaban cerca de la plaza con su moto, se acercaron al auto, lo vieron herido y uno de ellos fue corriendo a la casa del pibe para avisarle al padre. Hugo Martínez salió en short, descalzo y sin remera, corriendo a la plaza. Cuando estaba a 150 metros del auto vio llegar un patrullero, y escuchó que alguien gritaba “ahora” y luego cuatro o cinco disparos. Su hijo estaba vivo cuando llegó la ambulancia. El Sr. Martínez oyó a un policía de civil que le decía al camillero “este no tiene que vivir”. Gonzalo llegó muerto al hospital. Tenía tres orificios de bala, dos en la espalda y uno en el muslo izquierdo, aunque todavía no llegó al expediente el informe completo de la autopsia. Los padres de Gonzalo se presentaron como querellantes con patrocinio de CORREPI.

LOS “PALEROS” DE LA BONAERENSE
El gobernador Felipe Sola, el mismo que dijo al asumir en reemplazo de Ruckauf que se había terminado con la “mano dura”, acaba de inaugurar un nuevo escuadrón al estilo de las “brigadas especiales” para moler a palos a los piqueteros. Su nombre lo dice todo: “Paleros”. O sea, un cuerpo de choque contra los que para defender su dignidad cortan rutas o exigen a los grandes ganadores del capitalismo un mendrugo. A ellos hay de combatirlos con los paleros. A darles palos.
Son unidades conformadas por diez suboficiales con entrenamiento calificado, y poseen una capacidad operativa diferente frente a la protesta social. Hasta ahora, tenían asignadas tareas específicas en motines, allanamientos y requisas de calabozos. Según el diario Clarín (21/04/02) “la demanda incorporó el conflicto social. Los informes policiales a la gobernación detallan un clima extendido de efervescencia en varios distritos del conurbano que mantiene el estado de alerta en los funcionarios.”
“Es como el carbón encendido con soplete. En la superficie aparece tranquilo pero, abajo, las brasas queman”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud, en uno de los entrenamientos de Los Paleros. “Vivimos horas de incertidumbre”, reconoció ayer el propio gobernador Felipe Solá. Lo hizo de cara a la conducción de la policía provincial, en la apertura de la “Jornada de Eficacia y Racionalidad en el Control de Disturbios” realizado en la Escuela de Oficiales Juan Vucetich. Allí, los comandos intervinieron en ejercicios de “control de manifestantes”.
A los que se organizan para enfrentar los sistemáticos y sucesivos planes de ajuste de Menem, De la Rua y ahora de Duhalde, además del sufrimiento, de la miseria, de la cárcel y la persecución, ahora los espera este cuerpo especial de la bonaerense. “A veces es necesario pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, dijo el gobernador Solá.
Como las políticas dadivosas de “Chiche” Duhalde parecen no dar a basto y no logran disciplinar a los pobres para que mansamente mantengan la cabeza gacha junto al peronismo, si molestan hay que someterlos a los palazo limpio. Como se decía por ahí, “al FMI rogando y con el mazo dando”.
Así como se la pasan despotricando porque los delincuentes asesinan policías mientras ellos implementan el meta bala, que mañana no se quejen cuando los piqueteros les devuelvan los palos a los paleros.

EL COMISARIO DE CAÑUELAS
Néstor Turnes se llama el comisario de la localidad del suroeste bonaerense llamada Cañuelas. Consultado por el periódico local “Milenio” sobre la “inseguridad” , Turnes prometió cárcel a todos, hayan o no cometido delitos. Así nos enseñó el comisario que “los delincuentes más conocidos de Cañuelas, los más viejos, están detenidos y los que no lo están, van a caer pronto. Yo mismo me encargo de formarle causas a los delincuentes conocidos. Van a terminar en la cárcel, les ganaré por cansancio, no les voy a aflojar.”
Como se puede deducir sin mayor esfuerzo, el comisario, con tal de “triunfar” en la “guerra sin cuartel contra el delito”, inventa personalmente hechos delictivos que imputa falsamente a quienes a él se le ocurre.
Pero no sólo en declaraciones se va el hombre. El 13 de abril de 2002 el joven Federico Peleretegui de 17 años fue detenido por la policía del gran Turnes y conducido a la seccional de Cañuelas. Allí, a pesar de ser menor, lo metieron en un calabozo junto a mayores. Al rato un cabo lo sacó y sin decirle nada le dio una paliza. Preguntado porqué le pegaba, el subordinado de Turnes le contestó “que así aprendía a respetar” (quizás al comisario).
Una vez que Federico recuperó la libertado, los padres hicieron la denuncia. El periodismo local pretendió interrogar al responsable de la comisaría donde lo alojaron a Federico. El inefable Turnes contestó al periódico “La Palabra” que “Estos hechos – por la denuncia - se utilizan para desprestigiar a la institución”.

OTRA CAUSA FABRICADA
El año pasado se habló mucho de la proliferación de causas “truchas” inventadas por la policía para llenar sus estadísticas con resonantes arrestos exitosos. El entonces Procurador Dr. Rusconi dio a conocer un informe elaborado con datos de los fiscales en el que se listaba medio centenar de casos similares, algunos de los cuales habían culminado con injustas condenas a inocentes, y otros habían sido esclarecidos en pleno juicio oral, luego de meses o años de detención de las vícitimas. Los tres rasgos comunes en esas causas inventadas era el origen humilde de los detenidos, lo que garantizaba su indefensión, la repetición de policías y comisarías “especializados” en la materia y la complicidad por acción u omisión de los juzgados, que en la mayoría de los casos no detectaron la falsedad de las denuncias.
Esta semana se conoció el resultado del juicio oral al que fue sometido Claudio Javier Ortigoza (25), acusado de “tenencia de arma de guerra”. En 1998 había sido detenido en un operativo de la División Leyes Especiales de la Federal, difundido por la Policía como la captura de un ladrón que estaba a punto de asaltar un hipermercado de Villa Ortúzar. Pero el fiscal del juicio oral se negó a acusarlo debido a las serias sospechas de que había sido víctima de una trampa policial, igual que en el medio centenar de casos de falsos operativos armados para incriminar a inocentes investigados por la comisión especial de la Procuración General de la Nación.
El 5 de agosto de 1998, al salir de su trabajo en un local de videojuegos, un hombre le ofreció una changa: 25 pesos por ayudarlo a descargar un camión lleno de pañales. El “empleador” lo llevó en un auto hasta Villa Ortúzar, lo dejó sólo e inmediatamente llegó la policía y los canales de televisión. El auto era robado y en el estaban escondidas dos escopetas. El Tribunal Oral N° 5 , a cargo del caso, lo absolvió diciendo: “Producida la prueba y en oportunidad prevista para los alegatos, el fiscal solicitó la absolución del imputado. Hizo hincapié en el procedimiento que efectuaron los policías. Dijo que a simple vista parecía un procedimiento prolijo e incuestionable, pero después del análisis de la prueba parecía de dudosa credibilidad”. El fiscal Horacio González Walcalde “puso en relieve que cinco de los seis policías intervinientes están vinculados con procesos penales”, circunstancia también advertida por el defensor oficial Gustavo Ferrari. Por eso el tribunal ordenó enviar copias de la causa al juzgado de Instrucción N° 48, donde Ortigoza había iniciado en 1999 una causa contra los policías que lo detuvieron. Además, en los tribunales existen otros expedientes donde los mismos oficiales y suboficiales están siendo investigados por otros falsos procedimientos.
Los cinco policías bajo sospecha son el inspector Alejandro Cañete, el sargento Benito Fernández, el subinspector Walter Machado, el oficial Gustavo Ghiglione y el cabo Nicodemo Gerace.
Trabajando juntos o por separado en Leyes Especiales, aparecen alternativamente en cuatro supuestos operativos armados para incriminar inocentes ocurridos entre 1998 y el 2000. A dos de ellos, Machado y Cañete, se los investiga en el juzgado de Instrucción N° 32 porque se sospecha que fusilaron a un sospechoso y le plantaron un arma a un detenido. En un escrito, firmado por los fiscales Luis Cevasco y Daniel Rafecas —integrantes de la Comisión de la Procuración— se pidió que fueran procesados por homicidio.

EL PIQUETERO BALEADO EN LANÚS
Los abogados de CORREPI están patrocinando al compañero Juan Arredondo, integrante de la agrupación Aníbal Verón baleado por un miembro del Servicio Penitenciario Federal durante una movilización en conjunto con el Bloque Piquetero Nacional a la municipalidad de Lanús. En principio sigue firme la imputación de tentativa de homicidio y tenencia ilegitima de arma de guerra, por lo que el candado Gustavo Cabrera está en su lugar de trabajo, pero en provincia y del lado de adentro. Siete testigos presenciales aportados por el particular damnificado ya declararon y el propio Juan ya pudo hacer su declaración en su domicilio, dado que a pesar de encontrarse fuera de peligro aún no puede movilizarse. Hasta la fecha el penitenciario federal no ha acreditado la documentación del arma, que aparentemente no sería la reglamentaria. De allí que se lo impute de tenencia ilegitima de arma de guerra (se trata de una Bersa 9mm). Cabrera prestó indagatoria asistido por el Defensor Oficial, aunque el día 22 se presentó un abogado particular de Quilmes que todavia no asumió el cargo. El agresor dijo que el disparo fue accidental, que se produjo al momento de guardar el arma en la cintura y porque recibió un golpe en la mano. Dada la posición en que se guarda el arma, y teniendo en cuenta que Juan recibió el tiro en el pecho, es indudable que el piquetero debería haber estado acostado en el piso justo debajo del autor del disparo…
Por otra parte para justificar su paso en moto por el lugar afirma que nadie obstruía la calzada de la avenida Pavón y que el tránsito no estaba cortado, sino que fue agredido por gente que salió de la vereda del municipio. Lógicamente contradice la masividad pública y notoria del corte, así como los propios dichos del Fiscal y sus instructores que estaban en el lugar, amén de no poder justificar cómo pasó de una mano a la otra de la avenida sin notar que estas están separadas por una vereda que hace de divisoria.
Mientras tanto, el día lunes pasado un grupo de piqueteros viajaba en un colectivo hacia Lanús para participar de la movilización en repudio al ataque a Juan Arredondo. Obviamente el colectivero los llevaba solidariamente sin cobrarles el boleto. El micro fue detenido por personal de la comisaría 8ª de Lanús, y todos los que viajaban a la marcha fueron bajados a golpes. Las mujeres fueron dejadas en el lugar -dos de ellas recibieron fuertes golpes- mientras cinco mayores y siete menores fueron detenidos y conducidos a la comisaría. Llamó la atención que en el momento de la detención los policías encararon directamente a uno de los compañeros, al que acusaron de portar un arma -lo que desde luego no era cierto. Ese joven era el hermano menor de Agustín Ramírez, militante cristiano de base asesinado en 1988 por la policía bonaerense en San Francisco Solano. Su madre, Francisca, fue de las primeras integrantes de la agrupación de familiares de víctimas que coordina CORREPI.
En la comisaría, a la que de inmediato llegó nuestro compañero Sergio Smietniansky, les imputaron a todos los detenidos una de las figuras del código de faltas provincial, por viajar en colectivo sin pagar el boleto, y a Ramírez, además, desorden por sus enérgicas protestas cuando lo acusaron de estar armado. El comisario Etcheverry dijo que estaba esperando los medios para trasladarlos a tribunales al despacho de la defensora oficial María Fernanda Mestrín, con la que se comunicó Smietniansky para informarle que ya había asumido la defensa y no era necesario tal traslado. En pocas horas se logró la liberación de los mayores, que quedaron citados a prestar indagatoria ante el juez de paz de Lomas, Dr. Natiello. El juez de menores se negó a entregar los menores a nuestro compañero, aun cuando se le manifestó que los padres carecían de posibilidades de ir a buscarlos, precisamente porque son desocupados. Curiosamente, retirado ya nuestro compañero de la comisaría, los soltaron al recibir un llamado telefónico del intendente de Lanús, el célebre Manuel Quindimil, que accedió a interceder ante el reclamo de los piqueteros frente a su municipalidad.
Al día siguiente, antes de la declaración indagatoria, el juez Natiello anunció su decisión de declarar la nulidad de las actuaciones, lo que impidió a la defensa pedir como medida de prueba que se remitieran desde la misma comisaría todas las actas contravencionales realizadas por el mismo artículo de la ley provincial 8031 a policías que, como es sabido, viajan constantemente sin boleto en los colectivos, con o sin uniforme, y nunca han sido detenidos por ello.

15 AÑOS DE LA MASACRE DE INGENIERO BUDGE
El 8 de Mayo de 1987 Oscar Humberto AREDES, 19 años; Roberto Antonio ARGAÑARAZ, 24 años y Agustín Antonio OLIVERA, 20 años, fueron fusilados por el Sub-Oficial Mayor Juan Ramón BALMACEDA, el Cabo Primero Jorge Alberto MIÑO y el Cabo Isidro Rito ROMERO. En el marco de la movilización de todo el barrio, fenómeno novedoso hace 15 años y que fuera el germen de las actuales organizaciones antirrepresivas, se dictó una primera sentencia el 24 de Mayo de 1990, que condenó a BALMACEDA y MIÑO a 5 años de prisión por homicidio en riña, mientras que por el mismo hecho condenó a ROMERO a 12 años de prisión, pero por homicidio simple. La Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. anuló este juicio por el evidente error técnico, tomándose casi cuatro años para ello.
El 24 de Junio de 1994 en un nuevo juicio oral se condenó a los tres policías a 11 años de prisión por homicidio simple. La defensa de los policías interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad y formuló reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Recurso Extraordinario.
En 1997 la Suprema Corte Provincial confirmó la sentencia de la Sala II de Lomas de Zamora y no concedió a la defensa el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa se dirigió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó este recurso a principios de 1998.
En el mes de Febrero de 1998 la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. resuelve enviar la causa a la Sala II de Lomas de Zamora para que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia. El 28 de Mayo de 1998 la Sala II ordena la detención. Ninguna de las tres órdenes se hace efectiva. Las responsabilidades son tanto de la Cámara como de la Corte, por no tomar ninguna medida preventiva para detenerlos, así como de la policía que no ha hecho nada para que se cumpla con la detención.
Párrafo aparte merece el Gobierno Provincial que publicaba en los diarios las fotos de los homicidas de cuando ingresaron a la Policía, es decir con mas de 20 años de antigüedad.
De los 11 años de Juicio, la Suprema Corte Provincial retuvo el expediente por mas de 8 años. En reiteradas oportunidades el Dr. León ZIMERMAN, abogado de CORREPI que representó a los familiares, presentó escritos pidiendo que se instrumenten los medios necesarios para la detención de los prófugos. Al día de la fecha solo está cumpliendo condena el Cabo Isidro Rito ROMERO, desde el año 1999, cuando fue ubicado por los vecinos a partir de la campaña de afiches con fotos actualizadas que realizó CORREPI.
Con el fin de hacer efectivo el encarcelamiento de los prófugos, la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) lanzará para el próximo aniversario de la masacre su 5ª campaña de afiches con las fotos de los asesinos, y solicitando a quienes puedan dar alguna información, que se comuniquen al TE. 4-371-8066.

PROXIMAS ACTIVIDADES

1º de Mayo: CORREPI participará de diferentes actividades en el día Día del Trabajador a las que hemos sido invitados, incluyendo el acto en Plaza de Mayo.

10 de Mayo, 19:00: CORREPI, conjuntamente con los familiares, convocan frente a la Iglesia San Antonio de Padua, sita en la esquina de las calles Bariloche y Azamor de Ingeniero Budge para realizar la tradicional marcha de antorchas, hasta el lugar de la masacre (esquina Figueredo y Guamini), pasando por Puente de La Noria.

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FALTAN 18 DÍAS (13 DÍAS HÁBILES) PARA QUE PRESCRIBA LA CAUSA BULACIO GRACIAS A LA JUSTICIA ARGENTINA

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CORREPI