El Manual del Alumno Bonaerense

Por Alejandra Vallespir
06.Ene.04 :: ANTIRR - 2003 Ago

Cuando se habla de “policía”, existe, en estos días, la obligación de aclarar de cuál policía se habla. De la buena: servidores públicos que honran al uniforme y a la fuerza, arriesgando su vida para salvar testigos, rehenes, etc.; o de la mala: manzanas podridas que pudren el cajón.
Como si se tratara de un hermano y su mellizo, como si se tratara de los dos lados de una medalla, el discurso oficial, pivotea permanentemente en la hipótesis de la institución policial y su alter ego, las manzanas podridas.
Sin embargo, no estamos ante dos policías bonaerenses de las cuales una salió buena, y la otra salió mala. Estamos ante una sola y única institución que lleva en sí misma una doble adscripción, por un lado la adscripción a las reglas institucionales y por el otro la adscripción a los pactos corporativos. De esta manera, la misma estructura que se usa para combatir el delito, se usa también para cometerlo.
Pero esta estructura simultánea, no se forma, de un día para el otro, ni siquiera se forma de un año para el otro. Sólo pudo formarse a lo largo de la historia argentina, por haber contado para ello con el aval del poder político. Poder, que requería de la fuerza policial, que se transformara en fuerza de ocupación, reprimiendo y judicializando todos los conflictos sociales que el propio poder político no resolvía.
Así, para poder cumplir con su cometido de fuerza de choque ante los conflictos sociales, por fuera de cualquier marco de investigación sobre violaciones al código penal, la fuerza policial incorpora lo largo de la historia argentina, como parte de su accionar, la metodología de los grupos que combatía. Así, en los 60/70 incorpora el secuestro, a partir de la dictadura de 1976, incorpora la zona liberada, en los 80 incorpora los negocios con la cocaína y en los 90 incorpora la corrupción en vinculación al poder político.
Lo que en el principio sería avalado por el Estado, buscando en la fuerza policial los medios de represión de los conflictos sociales, luego sería utilizado por esta misma fuerza, pero ahora en beneficios personales.
Avanzados los ‘90, la policía resulta funcional al poder político, conteniendo y reprimiendo los estallidos sociales de distintos sectores de la Sociedad Civil sobre el Estado. Para esta represión, le concedió la impunidad de armas. Pero ya a esta altura la fuerza había entrado en el terreno de la ingobernabilidad, dejó de ser funcional y comenzó a resonar la frase gatillo fácil frente a las muertes de Bru, Mirabete, Bulacio, Cristian Campos, la Masacre de Wilde, la de Villa Albertina, así tantas otras muertes.
El poder político decide entonces operar sobre la policía, y esta produce el caso CABEZAS: reeditando todo lo que como un buen alumno había aprendido a lo largo de los años. El caso CABEZAS conmocionó a la opinión pública durante mucho tiempo, tal vez pueda considerarse como el leading case de los ‘90. Se percibía escalofriante, porque nos remitía a todos a la metodología de la Dictadura, pero también se podía leer en esa muerte, otros elementos. La muerte del fotógrafo es como un libro abierto, que muestra en pleno la acumulación de conocimientos que la fuerza hizo a lo largo de la historia. En un solo caso aparecían uno a uno todos los saberes adquiridos: el secuestro y la tortura, el borrado de pruebas o alteración de ellas, las relaciones con mafias locales, las drogas, el servicio de inteligencia hecho sobre la víctima, los acuerdos con el poder, la zona liberada y la muerte corporativa, donde no interesa tanto quien apretó el gatillo -relativamente hablando, por supuesto–, sino el entramado de relaciones sociales tejidas entre miembros del dispositivo para llevar a cabo el asesinato.
A principios de Julio de 1996, salía a la luz por primera vez, lo que venía ocurriendo desde 1994, aparecen los narcopolicías. Comienzan las investigaciones de enriquecimiento ilícito y se descubre que el Comisario Miguel Canelo a cargo de la División Narcotráfico de Quilmes, tenía un sueldo de 1.800 pesos mensuales y contaba con un yate de doce metros de largo y dos motores, el valor total era de 55.000 dólares, de los que pagó 20.000 en efectivo y se comprometió a pagar 1.291 pesos durante los 23 meses siguientes, ocho casas y tres autos último modelo . El 21 de julio de 1996, todos nos enterábamos que la policía bonaerense también estaba involucrada en la voladura de la AMIA. Los policías acusados de haber provisto el auto para transformarlo en el coche bomba, pertenecían a la “División Robo Automotor” A finales de agosto de ese mismo año, sale a la luz un nuevo escándalo: 13 policías presos por extorsionar empresarios. Los trece policías integraban la división de “Defraudaciones y Estafas”. En septiembre de ese año se conocieron las cifras de recaudación de las comisarías barriales, como resultado de la coima a los quinieleros del barrio para permitirles levantar juego clandestino, y como se reparte esa recaudación entre los diferentes estamentos institucionales. En octubre de ese año, todos estábamos siguiendo por televisión el “Caso Cóppola”. Todos sabemos como terminó: Con el Juez Bernasconi prófugo y con Diamante, Gerace y Gomez presos. A los efectos de lo que aquí nos interesa diremos solamente, que los tres agentes que terminan detenidos por haber inventado pruebas “plantando” la droga en el jarrón de Cóppola, pertenecían a la “División Narcotráfico” y habían sido afectados a investigaciones que estaba llevando adelante justamente el Juez Bernasconi.
¿Quién mejor para conseguir un coche que la división “Robo Automotor”? ¿Quién mejor para encubrir traficantes a cambio de unos dinerillos, que los de la división “Narcotráfico”? ¿Quién mejor para inventar una causa por drogas que policías de “Narcotráfico” afectados a las investigaciones del juez que inventa las causas? ¿Quién mejor para extorsionar empresarios que los de la división “Defraudaciones y Estafas”? ¿Quién mejor para coimear quinieleros barriales que la comisaría del barrio? Si estuviéramos hablando de un solo caso, o de varios pero localizados en el mismo partido del conurbano, bien podríamos decir que estamos ante la excepción –la vieja hipótesis de la manzana podrida–. Cuando hablamos de tanta cantidad de casos, que además se encuentran diseminados en diferentes lugares de la provincia: Dolores, Quilmes, Martínez, etc., podemos decir que estamos ante la regla, o como diría Freud: una vez no es nada, dos es un síntoma.
Es en esto en donde se ve como la estructura ilegal, se monta sobre la legal. Queda a plena luz como funciona la doble adscripción institucional. En todos los casos, estamos hablando de gente que se conoce entre sí porque están unidas por el mismo asunto. Robo Automotor y el Auto-Bomba de la AMIA, integran las dos puntas de una misma cuerda: autos robados, Defraudaciones y Estafas y Empresarios también integran los dos extremos de una misma cuerda, declaraciones al fisco, así, en cada uno de los casos. Pero las dos puntas se transforman en una sola cuando las estructuras montadas dentro de la institución para combatir esos delitos, son las estructuras que los cometen. De esta forma nos encontramos con que en Robos y Hurtos roban y hurtan, Robo Automotor roban automotores para transformarlos en bombas, Narcotráfico narcotrafica, y la policía del barrio se entretiene con toda la línea de ilegalidades barriales.
Por otro lado, resulta muy notorio por ejemplo, que ninguno de estos casos haya sido “descubierto” por la propia policía. En el caso de los narcopolicías los filmó una cámara oculta, en el caso de las extorsiones a los empresarios fue un empresario el que hizo la denuncia en un juzgado y el juez decidió allanar la comisaría sin avisarle previamente a la Jefatura. En el caso de los quinieleros, fue una declaración a un diario. El caso Cóppola estuvo, desde el principio, signado por la fama del imputado y por la que fueron adquiriendo los personajes secundarios mientras transcurría la historia. En todos los casos es un movimiento exógeno el que produce la fisura, alguien desde afuera de la propia institución interviene para que la cadena se quiebre, en ninguno de los casos se trata de un movimiento desde adentro de la propia institución hacia afuera. Lo que implica, evidentemente, una cadena de complicidades.
Por lo tanto, estamos ante una institución que permite la comisión de ciertos delitos, en tanto los mismos tengan funcionalidad institucional, en tanto no sean para el enriquecimiento propio como primer objetivo –aunque esa sea una de las consecuencias–, así se trate de cobrarle una coima a un quinielero. Si esas coimas, que pueden considerarse un delito menor al lado de chantajear empresarios o de proteger narcotraficantes, o de plantar pruebas –estamos hablando de “gravedad del delito” y no de “gravedad institucional”–, ascienden en la estructura piramidal de la institución hasta las jerarquías más altas, desglosándose en diferentes porcentajes, cuanto más si las sumas de dinero que se mueven en las otras actividades son mucho mayores. No hay otra forma de explicar como un comisario con 1.800 pesos de sueldo, se compra un yate de 55 mil.
Así como en la sociedad, existe la división social del trabajo (uno es panadero, el otro es agrimensor, el otro es albañil, etc., etc., etc.) al interior de las instituciones y empresas, también se da el mismo proceso. La policía como cualquier otra institución, también está cruzada por la división social del trabajo, por eso tiene a su interior: Brigadas, Departamentales, Regionales, Divisiones, etc., etc., etc. Algunas cumplen funciones administrativas y otras llevan adelante el trabajo de campo, es decir su función principal no está dada en hacer tareas de oficina, sino en salir a combatir ciertas áreas específicas de delito, de ahí que se llamen “robo automotor”, “narcotráfico”, “defraudaciones y estafas”, etc. Cuando observamos la división social del trabajo al interior de la institución, y lo que encontramos es que las estructuras que la componen, en vez de combatir esos delitos en particular para las que fueron creadas, utilizan esas mismas estructuras para cometerlos, estamos ante una institución que organizó una administración racional de sus recursos pero en espejo.

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