Carta Abierta de los Familiares de Víctimas de la Represión Policial

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión, aunque se quieran lavar la cara con “purgas” o “reestructuraciones” mediáticas, mientras ejercitan el “meta bala”. Los escuadrones de la muerte que practican la “limpieza social” en las villas y barrios pobres, sobre los que venimos alertando desde hace años, motivan acordadas de la Suprema Corte bonaerense, la misma que como máximo órgano judicial de la provincia es el garante final de la impunidad de los asesinos.

Los sucesivos regentes del poder, con discurso de “mano dura” o con un discurso aparentemente garantista y democrático, ni se convierten en jefes de las fuerzas de seguridad las mandan a reprimir y asesinar al pueblo, como en Corrientes y Salta, como el 20 de diciembre y el 26 de junio. Nuestros hijos, los hijos de los pobres, siguen siendo asesinados, en todo el país, gobierne quien gobierne.

Nos asustan con la inseguridad para que no nos demos cuenta que “mano dura” es represión, y que no hay mayor inseguridad que los asesinos de uniforme en la calle, sean milicos o policías.

La Justicia del sistema, además de amparar como de costumbre a sus patrones políticos, legitima cada vez más las cotidianas violaciones a los derechos humanos de los pobres, de los jóvenes, de los excluidos, es decir, de los “sospechosos” de siempre. Los jueces y fiscales sólo son garantistas cuando se trata de proteger al asesino de uniforme para reproducir la impunidad y sólo son duros en la aplicación de las leyes para reprimir a los pobres. Contra ellos, todo vale, especialmente Meter Bala, mientras los que sí van presos son los luchadores sociales, los que cortan rutas para reclamar trabajo, los que piden comida frente a un supermercado.

Los muertos de nuestro Archivo no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales, aunque desde 1995 son más de 50 los compañeros asesinados en protestas, cortes y movilizaciones. Casi todaslas víctimas responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos, lo que dificulta a algunos dogmáticos con anteojeras caracterizarlos como víctimas de una violación a los Derechos Humanos. Los muertos de nuestro Archivo son los hijos y hermanos de los que cortan rutas porque hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado por este sistema injusto que cada día viene por más. Sus muertes no fueron “errores” o “excesos”, sino el resultado de las políticas represivas implementadas para reproducir y ampliar la explotación.

Nosotros, que ya perdimos lo más preciado, que tenemos de nuestros hijos un nombre y un número en una lista junto a mil trescientos más, seguiremos luchando contra la represión y la impunidad. Seguiremos denunciando como podamos que no fueron loquitos sueltos ni psicópatas reclutados por error los que mataron a nuestros hijos. Seguiremos insistiendo en que ninguna sociedad puede ser segura si el Estado nos asesina, tortura y desaparece. A nuestros hijos los mató el Estado. Por eso, por ellos que no están y por los que aún nos quedan, exigimos y reclamamos

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY
BASTA DE REPRESION
BASTA DE IMPUNIDAD.