Discurso de la Presentación del Archivo 2006

Correpi

Nos hemos convocado hoy acá, en esta plaza, para denunciar una vez más el accionar del aparato represivo del estado, lo que es lo mismo que decir, la forma en que se ejecuta cada día la política represiva del estado. Porque seamos claros de entrada: el aparato represivo ES el estado, es su brazo armado, y no una simple banda de fascinerosos o un loquito suelto que se descontrola.

El estado, más allá de los gobiernos de turno que lo administran, sostiene una política represiva que se expresa tanto en la represión preventiva en la barriadas pobres, con la criminalización de la pobreza, las detenciones arbitrarias, la tortura, las muertes en cárceles y comisarías, el gatillo fácil, como en la represión selectiva a militantes y luchadores populares, con la criminalización de los conflictos sindicales, el uso de patotas contra trabajadores y estudiantes, la persecución, el espionaje y la represión a las organizaciones del pueblo.

Afirmamos que la represión es una política de estado, porque no se trata meramente del accionar de las fuerzas de seguridad, sino de una política coherente y sistemática en cuya gestión intervienen todos los poderes del Estado.

Es el poder judicial el que invariablemente se apresura a excarcelar policías, las pocas veces que los investiga, aunque sean responsables de delitos gravísimos, mientras a los pobres los mantiene encerrados en condiciones inhumanas por delitos mucho menores. Es el poder judicial el que obedece la orden de criminalizar conflictos sindicales, o cualquier acción de protesta. Es el poder judicial el que entrega los 6 compañeros paraguayos al gobierno represor de su país. Es el poder judicial el que se encarga sistemáticamente de salvar la responsabilidad del estado, por ejemplo cuando se niega a llamar tortura a la tortura, e inventa cualquier cosa para que no se note que cuando hay tortura, el torturador es el estado, y sólo el estado.

Ni siquiera en el caso Durán, uno de la escasa docena de condenas por tortura seguida de muerte desde 1983, con tres perpetuas ya dictadas, cruzaron los obedientes jueces la línea impuesta por su servidumbre oficial para condenar también al comisario a cargo de la 1ª de Morón, Ramón Orestes Verón, que en cambio sería premiado por los gobiernos de Ruckauf y el “progre” Solá con el ministerio de seguridad bonaerense por una vida al servicio de la represión. Es el poder judicial, a través de su institución más representativa, la Corte Suprema supuestamente renovada e independiente, el que no cumple con la sentencia dictada contra el Estado Argentino en el caso Bulacio, el que dice que la vida de un pobre no vale como la de un rico, el que da legitimidad al “olfato policial” y reivindica las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

Del mismo modo interviene el poder legislativo, ese poder legislativo que es tan rápido para darse a sí mismo aumentos de sueldo, ese poder legislativo que se niega a tratar un proyecto de amnistía para los luchadores, pero se apresura a votar las leyes que llaman de Blumberg, pero que sancionaron ellos, los mismos que ahora llaman “de derecha” a Blumberg, como si ellos fueran otra cosa. Es el poder legislativo, el mismo que vota leyes contra los trabajadores a cambio de coimas, el que faculta a la policía para perseguir a los pobres y llenar su caja chica, el que aprueba las leyes antiterroristas ordenadas por el imperio y vota el envío de tropas argentinas a Haití también obedeciendo al patrón imperial.

Y es el poder ejecutivo el que comanda a todas las fuerzas de seguridad, el que instala batallones de gendarmería en Las Heras, el que tiene ministros como Ginés García, que acusó a los trabajadores del Garrahan de Terroristas por luchar por sus derechos, como Alberto Fernández que manda a su patota a reprimir a los trabajadores del Francés, o como el ex duhaldista Aníbal Fernández, que dice que nosotros somos la izquierda siniestra.

Es el estado en todo su concepto, no sólo el estado nacional, también los estados provinciales, que manejan sus fuerzas de seguridad locales a imagen y semejanza de las federales, y les dan códigos de faltas y contravenciones para perseguir pobres y extorsionar a los que sobreviven trabajando informalmente en la calle.

Es el estado, gobierne quien gobierne; y el aparato represivo, con la policía, los servicios penitenciarios, la gendarmería, la prefectura, las fuerzas armadas, los jueces, los fiscales, los servicios de la Side, forma parte de ese estado. ¿O alguien puede creer que hay una parte de la policía “confiable” que puede custodiarnos y protegernos contra los ataques de la policía “mala”?. No, compañeros, no es un policía, es toda la institución. No es sólo la policía, ni sólo el ejército, ni la inteligencia, ni la gendarmería. Es el estado, independientemente de quien lo administre.

Por eso decimos también que el Estado es el responsable por la desaparición del compañero Julio López, y no como creen algunos, porque el gobierno no ha hecho lo suficiente, o porque no protege a los testigos, o porque no informa lo que está investigando.

Es mentira que la responsabilidad del gobierno sea sólo por eso, o porque conserva represores genocidas dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Cuántas purgas hubo? ¿Cuántas depuraciones? ¿Cuántos pasaron a retiro por el simple transcurso del tiempo? Casi todos los 37 exonerados de la bonaerense después de la desaparición de López ya estaban retirados, como el comisario Somohano, que fue el último jefe de la bonaerense de Cafiero. Pero aunque queden algunos policías en actividad que hayan estado en servicio durante la dictadura, plantear que ese es el “problema” que explica la represión o la desaparición de López, es ni más ni menos que afirmar que es posible reformar las fuerzas, limpiarlas y democratizarlas.

Decir eso es repetir, con el gobierno, que si no hubiera “resabios de la dictadura” la policía sería una fuerza “democrática y al servicio de la comunidad”. Y eso es mentira.

La mayoría de los gatillos fáciles y los torturadores actuales tiene menos de 35 años. Los marinos que secuestraron, torturaron y quemaron a Lucas Ivarrola en Moreno tienen menos de 40, los formaron los llamados “gobiernos democráticos”, no Camps o Massera. No hay quiebre en el discurso oficial: en 1996 el gobernador Duhalde justificaba los casos de gatillo fácil con el verso de los “bolsones de autoritarismo heredados del proceso”. Este año, después del secuestro y tortura de Ivarrola, el secretario de DDHH de la Nación, el otro Duhalde, salió con el mismo cuento. A los dos, en 1996 y ahora, CORREPI les respondió señalando que ni unos ni otros asesinos eran “resabios de la dictadura” sino “hijos de la democracia”, reclutados por la democracia para vestir un uniforme y llevar un arma.

Como tampoco es cierto que hasta el 18 de septiembre de 2006 viviéramos en un idilio democrático donde no había amenazas, aprietes y hostigamientos por causas de derechos humanos. Los familiares de víctimas de la represión policial saben bien lo que es vivir bajo el permanente acoso de la policía, que no les perdona que se atrevan a cuestionar su política de limpieza social, porque después de todo, como dicen ellos, sólo cumplen órdenes. Todo el tiempo los militantes antirrepresivos de los barrios reciben amenazas y agresiones. En pleno juicio oral contra el policía Smith, asesino de Héctor Otero, le tiraron un auto encima a una de sus hermanas, y le gritaron “Dejate de joder, negra de mierda”. La víspera de una movilización en Villa Tessei por el homicidio de Tato Mansilla, desde un auto policial balearon la casa desde donde saldría la marcha, que es donde se reúnen los familiares y militantes de la zona.

La madrugada del 23 de octubre un patrullero paró en Don Torcuato al hermanito menor de Nuni Ríos, el pibe asesinado por el Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato por cuyo caso sus dos jefes fueron condenados a 19 y 21 años de prisión. Le pidieron documentos, y una vez confirmado que era él, le pegaron dos trompadas al tiempo que le decían “a vos te va a pasar lo mismo que a tu hermano”.

El asesino de Nuni, el Hugo “Beto” Cáceres, cumple su condena en una comisaría (es decir, en su lugar de trabajo), con una serie de privilegios que ningún preso por delitos infinitamente más leves tiene, bailó el vals en el cumpleaños de 15 de su hija, y con celular y computadora sigue manejando la “agencia de seguridad” Tres Ases que encubría su dedicada tarea de limpieza social. A más de dos años de la sentencia en su contra la Cámara de Casación provincial todavía no la confirmó, y por lo tanto tampoco se inició la prometida investigación penal sobre el conjunto del accionar del Escuadrón, responsable de decenas de secuestros, asesinatos y torturas.

¿Puede sorprendernos entonces que Astiz se pasee de traje por el Hospital Naval y tenga reuniones privadas en una salita especial?

Es el mismo estado al que pertenecía el policía de la 23ª Pablo Domínguez, que disparó su arma contra un pibe del Barrio Rivadavia al que tenía tumbado en el piso y pisándole la espalda. De casualidad no lo mató, y lo tuvieron que condenar por las lesiones, por supuesto con pena en suspenso. Todo para que ahora, menos de dos años después, nos enteremos que ese mismo policía condenado por un gatillo fácil, fue contratado por la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña como empleado de seguridad, con pleno conocimiento del gobierno argentino. Y no de cualquier funcionario de tercera o cuarta, sino de la Cancillería que dirige el Sr. Taiana. Parece que a los gobiernos de Kirchner y Blair no los hermana sólo la sumisión al amo yanqui. También comparten la lucha denodada contra el desempleo, y juntos decidieron darle un laburito al gatillador desocupado Domínguez.

Tampoco es cierto que este gobierno haya tratado de luchar contra la impunidad, y que el problema sea que no lo hizo eficientemente o se quedó a mitad de camino. El gobierno, lo que hizo y hace, es reconstruir la legitimidad del Estado para reprimir, y si para eso tiene que mandar al sacrificio a algún geronte desgastado que ya no le sirve, no le tiembla la mano. El gobierno puede darse el lujo de mandar preso, aunque sea en su propia casa, al asesino de Rodolfo Walsh, Ernesto Frimón Weber, comisario que le enseñó a los marinos de la Esma a picanear. Pero a las puertas de un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, tenemos que repetir que otro año más pasó, y el asesino de Gastón Riva, de Diego Lamagna y de nuestro Carlos “Petete” Almirón, Ernesto Sergio Weber, el hijo de aquel represor, sigue perteneciendo a la policía federal, bien protegido de los escraches en su oficina lujosa del departamento central, en Moreno 1550.

No es cierto que Julio López sea el primer desaparecido de esta democracia formal, ahí están los mendocinos, ya antes los compañeros desaparecidos en la represión a la Tablada, y después los muchos casos de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Chubut. Centenares de personas fueron vistas por última vez en una comisaría o siendo subidas a un patrullero, y desaparecieron, encontrándose su cuerpo un mes, un año o varios años más tarde, y a veces nunca como Miguel Bru. En los barrios la modalidad típica del escuadrón es el secuestro y aparición tardía del cuerpo. Los desaparecedores y asesinos no son la “mano de obra desocupada”, son lo más ocupado que hay: además de ejecutar la política represiva del estado, no hay modalidad delictiva organizada que les sea ajena, desde el secuestro extorsivo a la trata de blancas, del narcotráfico a los desarmaderos y piratas del asfalto. Y hasta se dedican, los muy prolijos federales del Botánico, a asaltar mercaditos chinos en José C. Paz.

La desaparición de López es un ataque de los represores actuales, que luchan por la impunidad de ayer y de hoy. La desaparición de López es un ataque a la lucha histórica del pueblo contra la represión de ayer, pero sobre todo a la de hoy.
El gobierno nacional ha montado su campaña sobre el falso peligro de los “dinosaurios resucitados”. Su discurso principal ha sido “Defendamos a la democracia del avance de la derecha”, salvando su responsabilidad y amparándose en el miedo para convencernos a todos de que hay que armar un frente único, con el gobierno, contra la derecha, como si fueran dos cosas distintas, como si tuviéramos que defender con ellos esta democracia formal en la que, a quién pude caberle alguna duda, no somos todos iguales.

No es cierto que podamos llamar democracia a un sistema que concentra cada vez más la riqueza en pocas manos y empobrece cada vez más al conjunto del pueblo. Aunque sus voceros griten “distribución de la riqueza ya” lo único que este gobierno reparte son palos y pobreza, mientras subsidia a los poderosos.

El hecho de que haya pujas entre empresarios de distintos sectores no quiere decir que algunos estén de parte del pueblo pobre. El hecho de que haya pujas entre unos y otros comisarios, entre unos y otros represores, no quiere decir que haya algunos más o menos democráticos. Y el hecho de que haya represores protegidos por el gobierno y represores a los que el gobierno les suelta la mano porque son una mochila de plomo, no quiere decir que el gobierno combata la represión y la impunidad.

CORREPI no propone medidas paliativas ni responde a la pregunta “¿Qué hacemos con la policía?” porque estamos convencidos de que no hay “plan alternativo” dentro del esquema político social en que vivimos. Un estado como éste, lo dirija y administre la fracción burguesa que sea, siempre va a tener que reprimir. Con variantes, con nuevas modalidades, con preeminencia del consenso sobre la coerción directa o a la inversa, según las circunstancias. Pero siempre tendrá que reprimir, porque su función, como organización de la fuerza al servicio de la clase dominante, es garantizar este estado de cosas.

Por eso apostamos a la conciencia y la organización popular, a la denuncia y la exposición pública de lo que nace para ser silenciado. Y nunca es tan necesario hacerlo como cuando enfrentamos un gobierno que, travestido con un discurso populista y usando como fachada a ex militantes populares devenidos en acérrimos oficialistas, pretende erigirse en “el gobierno de los DDHH”, mientras mata un pibe día por medio para cumplir con los planes del imperialismo al que sirve tan bien en la actual etapa como lo sirvieron los militares en el pasado.

Esto no significa, como se puede simplificar con mala fe, que establezcamos una identidad entre democracia y dictadura, entre Kirchner, Menem, De La Rua y Duhalde, o entre cualquiera de ellos y Videla. Lo que sí decimos es que cada uno, como administrador del estado en un momento determinado, obró de acuerdo a las necesidades de la clase dominante en cada período, y defendió los intereses de sus mandantes, que en ningún caso fueron los trabajadores y el pueblo.

Compañeros, este Archivo hoy reúne 2114 nombres de personas asesinadas por las FFSS. De ellos, 635 murieron desde el 25 de mayo de 2003, y 174 en los últimos 12 meses. Esto quiere decir 15 muertos por mes, un muerto día por medio.

Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Todos los años incorporamos datos de casos ocurridos en años anteriores. Hoy, al presentar el Archivo 2006, sabemos que la cifra de asesinados en los últimos doce meses no será la misma cuando volvamos el año que viene a esta Plaza. Será mayor, del mismo modo que hoy tenemos registrados muchos más casos ocurridos en 2005 que los presentados el año pasado.

Este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo, aunque pálido e incompleto, de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

A pesar de que los más de cincuenta asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Luis Cuéllar en 2003, están debidamente registrados, así como Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes, los del 19 y 20 de diciembre de 2001 y los del 26 de junio de 2002, es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías, poniendo así en evidencia la función “preventiva” de esta represión que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.

Se confirma así, con los números, que una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, en la Argentina “democrática” la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983 ya no se reprimiría en forma abierta y sistemática, sino silenciosamente, con masividad pero sin repercusión pública. Cumplida por la dictadura la tarea iniciada años antes de aniquilar la resistencia de los trabajadores combativos organizados y los grupos políticos radicalizados, el objetivo de esta “represión preventiva” es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación, para garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista fuera cuestionado seriamente en el país. Qué mejor para lograr ese objetivo que la atemorización del pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, y potenciados por el grado de “naturalización” que los invisibiliza.

Del mismo modo, el análisis de las edades permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva, precisamente por ser el sector con mayor potencialidad de rebeldía y por lo tanto quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados.

La franja más golpeada, casi dos tercios del total, es la de varones pobres de 15 a 25 años.

También ratifica el Archivo que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y donde por eso es mayor la necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria.

Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, y otra vez, que no se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura”, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”.

Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que una y otra vez han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Los que creen que es posible “democratizar” o “desmantelar” el aparato represivo sin cambiar al mismo tiempo el estado, son como aquella rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es entonces contribuir a un lamento por la creciente cantidad de pibes muertos, sino aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuir a formar conciencia popular, e insistir en la necesidad de organizarnos contra la represión, que adopte la forma que adopte, siempre es de clase y tiene el fin de perpetuar y profundizar la explotación.

COMPAÑEROS, CONTRA LA REPRESIÓN, ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

- 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS,
- COMPAÑEROS CAÍDOS EN LAS LUCHAS POPULARES,
- COMPAÑEROS ASESINADOS CON EL GATILLO FÁCIL Y LA TORTURA EN CÁRCELES Y COMISARÍAS,

PRESENTES

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