Boletín Informativo N º 457

Correpi
09.Dic.07 :: Boletines Inf. 2007

SUMARIO: 1. Balance de un gobierno represor, y de derecha. 2. De la Rúa: ya que el muerto no declara… 3. En Uruguay, como acá, el “progresismo” es represor. 4. La Corte de Salta, movilizaciones de repudio y represión. 5. Tortura: Pepe Alveal y Chaco González, y la lengua cortada de los jueces. 6. Represión a los trabajadores del Casino de Buenos Aires. 7. Quilmes: policía ejecutado por camaradas y sospechoso \”suicidado\” en comisaría. 8. Próximas actividades.

BALANCE DE UN GOBIERNO REPRESOR Y DE DERECHA
Faltan apenas horas para que Cristina Fernández reemplace a su esposo, Néstor Kirchner, en la presidencia de la nación. En los diarios de este domingo, periodistas, opinadores de todo tipo y personalidades de la política compiten para evaluar logros y deficiencias del gobierno que termina, coincidiendo en términos generales en aplaudir su “política de derechos humanos”. Lo notable de esas notas no es lo que dicen, sino lo que silencian, igual que lo callaron estos largos cuatro años. El gobierno que aplauden llevó adelante una efectiva política represiva que le valió superar a todos sus antecesores, tanto en materia de represión política, como respecto de la represión cotidiana de control social.

En lo primero, Néstor Kirchner es el presidente durante cuyo gobierno hubo mayor número de presos políticos y militantes sometidos a procesos penales desde 1983. No se quedó atrás en cuanto a la represión directa a movilizaciones y manifestaciones, utilizando también las fuerzas de seguridad federales, como la gendarmería y la prefectura, contra trabajadores organizados, y para militarizar provincias, ciudades, y hasta hospitales y escuelas. También es el gobierno que impuso la utilización de patotas oficiales y oficiosas que le permitieran, a través de una suerte de “tercerización” de la represión, mirar para otro lado cuando estos grupos de choque, generalmente integrados por militantes de alguna de las facciones del partido de gobierno, o “batatas” de los sindicatos burocráticos, atacaron trabajadores en lucha por sus derechos.

En el segundo aspecto, el de la represión de control social, el que se va es el gobierno que más hizo para conservar y fortalecer las facultades de las fuerzas de seguridad para hacer detenciones arbitrarias, como lo prueba el desconocimiento deliberado, desde septiembre de 2003, de la sentencia internacional en el Caso Bulacio, que ordenó al estado argentino derogarlas. La tan propagandizada “renovación” de la corte suprema produjo fallos en los que se niega el carácter de crimen de estado al delito cometido por agentes del aparato represor del estado por el solo hecho de haber sido perpetrados en “democracia”, lo que claramente significa que repudian la tortura del pasado, pero toleran la del presente, protegen a sus autores materiales y a sus responables políticos. Con el gatillo fácil, la tortura, las desapariciones, las masacres en cárceles, el gobierno de Néstor Kirchner asesinó casi 900 personas, superando cualquier índice anterior, de la mano del mayor silenciamiento mediático que se recuerde.

CORREPI, desde antes que este gobierno asumiera, alertó sobre su potencialidad represora, evidenciada -como ocurre ahora con Cristina Fernández- con la composición de su gabinete. Lo hicimos ya el 24 de mayo de 2003, en este mismo Boletín Informativo. Cuando muchos esperaban que las pomposas declaraciones contra la criminalización de la protesta de los primeros meses de gobierno tuvieran algún efecto real, desenmascaramos la farsa al plantear la amnistía a los luchadores condenados, procesados o imputados en causas penales por motivos políticos. En septiembre del mismo año 2003 señalamos el carácter proimperialista del gobierno que ofrecía el territorio nacional para que los yanquis vinieran a dirigir los ejercicios Aguila III. Apenas comenzado octubre, denunciamos que la represión a trabajadores y desocupados en el subterráneo era la prueba inicial de que avanzábamos ya a la etapa de represión explícita. Sólo unos días después, en Jujuy, Luis M. Cuéllar fue el primer muerto en la represión a una manifestación.

Desde entonces, sería imposible enumerar todos los hechos represivos sin olvidar alguno. Intentamos sistematizarlos en los sucesivos informes anuales, como el que este viernes 14, a las 17:00, presentaremos en Plaza de Mayo. No nos equivocamos cuando hace cuatro años alertábamos a los que caían seducidos, o al menos dudaban, frente a los cantos de sirenas. El que termina ha sido un gobierno explotador, represor, de derecha, como lo será, aún más intensamente, el que viene.

DE LA RUA: YA QUE EL MUERTO NO DECLARA…
Como haría cualquier inescrupuloso acusado de un delito común, Fernando De la Rua aprovechó la muerte de un “cónyuge de averías”, como les gusta decir a los jueces cuando los imputados no son ex presidentes, como estrategia para su defensa. El juez Bonadío procesó hace poco a De la Rua por los homicidios de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, lo que su defensa obviamente apeló. Su línea de descargo, hasta ahora, fue decir que no sabía lo que pasaba, porque no vió televisión, no escuchó radio, no se asomó a las ventanas ni nadie le avisó que el país estaba en llamas y sus policías mataban gente en las calles cumpliendo su orden de despejar la plaza. Pero ahora cambió.

Ahora su coartada es decir que no fue él, sino que la culpa la tuvo su ministro del interior, Ramón Mestre, que se murió con impecable timing, justo cuando se lo iba a indagar. De la Rua hace lo que cualquier preso sin códigos cuando hay un cómplice muerto: toda la culpa al difunto, que no puede desmentirlo. Ya que no le creyeron que era el único argentino que ignoraba lo que pasaba en Plaza de Mayo la tarde del 20 de diciembre, ahora dice que él no tenía el mando, ni el dominio de la situación represiva, sino que el único responsable está bajo tierra.

Para el caradura de De la Rua, él era “ajeno a la disposición o conducción del operativo policial”. Lo que no dice, claro, es que, como presidente, tenía la potestad de interrumpir, suspender o terminar con la represión que había ordenado. Como querellante por la familia de nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón, CORREPI viene sosteniendo que De la Rua es coautor, junto a las demás autoridades del ministerio del interior y de la policía federal, del delito de homicidio doloso. Ninguno de ellos fue imprudente o negligente en su accionar, o violó un deber de cuidado, como dijeron los jueces, sino que actuaron con total y clara intención. Mandaron reprimir para despejar la Plaza de Mayo, porque sin manifestantes en la calle podrían negociar mejor con el peronismo una salida menos vergonzante que la del helicóptero. Que en el trámite muriera uno, cinco o los casi 40 ciudadanos que cayeron en todo el país, era un riesgo asumido por De la Rua, por Mestre, por Mathov y por los demás responsables.

Como siempre cuando el estado mata, el responsable es su gobierno.

EN URUGUAY, COMO ACÁ, EL “PROGRESISMO” ES REPRESOR
En estos días se pretende aprobar en Uruguay un proyecto de ley de procedimiento policial que busca dar más poder a la policía. La aprobación y puesta en marcha de la nueva ley es inminente.

Según nos informan los compañeros de la Plenaria Memoria y Justicia, los superpoderes policiales incluyen la posibilidad de cualquiera, en cualquier momento y lugar, sea detenido. Por ejemplo, puede ser llevado a la comisaría un sospechoso; las personas eventualmente implicadas, que puede significar cualquier cosas; los que no tengan cédula o la tengan en malas condiciones, los que sean testigos de un delito, etc. En todos los casos, pueden ser incomunicados por la propia policía.

También se incluye la facultad policial de ingresar a domicilios particulares a cualquier hora, con o sin consentimiento del jefe de hogar, con o sin orden judicial, si hay una situación de “extrema necesidad”, lo que obviamente es definido por el criterio policial. Recién dos horas después deben dar cuenta al poder judicial de la medida realizada.

Dice el gobierno uruguayo que esta ley va a permitir progresar, porque dará más seguridad, al aumentar las facultades policiales. Como acá, el discurso hegemónico de la “inseguridad”, sirve al gobierno uruguayo, (también “progresista”) para armarse hasta los dientes, para tener al aparato represivo más aceitado, más preparado y con leyes más flexibles para el accionar represivo. Como acá, los derechos y garantías de las personas ceden ante las facultades policiales. Como acá, legisladores, jueces, policía, todos unidos contra el mismo crimen: no pertenecer a la clase dominante.

Que se preparen los hermanos uruguayos, porque con esta nueva norma lo único que va a crecer va a ser la detención arbitraria de personas, y con ella el gatillo fácil y la tortura.

LA CORTE DE SALTA, MOVILIZACIONES DE REPUDIO Y REPRESIÓN
En uno de sus últimos actos como gobernador salteño, el peronista Juan Carlos Romero envió a la legislatura provincial, donde su partido tiene amplia mayoría, el pliego para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia local. El elegido, inmediata y obedientemente votado por los legisladores del partido justicialista, es Gustavo Ferraris, secretario de seguridad saliente del gobierno de Romero. El nuevo cortesano carece de curriculum en la justicia, y ni siquiera se sabe que haya ejercido demasiado su profesión de abogado. Es nutrido, en cambio, el prontuario de represor que cosechó a lo largo de su gestión al mando de las fuerzas de seguridad provinciales, como el desalojo a los tiros del asentamiento de San Expedito en agosto pasado, desconociendo una orden judicial para que la policía no interviniera, la represión a los docentes en 2005 o el operativo de expulsión a los habitantes de Santa Victoria. En lo académico, el futuro juez tiene en su haber infinidad de charlas y conferencias …a personal policial.

A la designación del secretario de seguridad y la confirmación del presidente de la Corte, Guillermo Posadas, otro incondicional romerista, se sumó el nombramiento de Guillermo Catalano, apoderado del FREJUVI (Frente Justicialista de la Victoria), también en el máximo tribunal.

El descaro con que se votaron estas designaciones, que dejan el máximo tribunal salteño convertido en un comité romerista, provocaron la reacción indignada de amplios sectores, con una gran cantidad de organizaciones de trabajadores, políticas y sociales que se han estado movilizando una y otra vez en su contra. El 30 de noviembre el colegio de abogados convocó a un abrazo simbólico a la Ciudad Judicial, en repudio del nombramiento de Ferraris. La multitud que concurrió lo convirtió en acto. Cuando después de improvisados discursos desde una silla un grupo de abogados ingresó al edificio para interponer un amparo contra la designación del represor, el personal policial quiso impedirles el acceso. Hubo forcejeos, empujones, y un letrado fue golpeado y lesionado por un uniformado que fue identificado de inmediato por los demás manifestantes.

Mientras se encara una campaña de repudios a lo largo y ancho del país, siguen en Salta las movilizaciones cada vez más masivas, denunciando el carácter servil de la Corte a las necesidades del poder político, agudizado con estos escandalosos nombramientos.

TORTURA: PEPE ALVEAL Y CHACO GONZÁLEZ, Y LA LENGUA CORTADA DE LOS JUECES
Vamos de nuevo: los jueces argentinos no tienen permiso para usar la palabra “tortura”. Cada vez que cae frente a sus narices una aplicación de tormentos, se quedan mudos. Cuando éramos chicos y nos pasaba eso, nos preguntaban si los ratones nos había comido la lengua. Sólo que con los jueces no son los ratones: son los gobiernos, que no van a dejar que sus propios magistrados anden por ahí diciéndoles torturadores.

Esta semana, en Neuquén, el policía Roberto Daniel Rechini fue condenado a tres años de prisión efectiva y seis de inhabilitación por haber golpeado a Pepe Alveal, trabajador ceramista de Zanón, después de haberlo detenido el 19 de septiembre de 2004. Buena parte del castigo le fue propinado en la zona del ojo que un año antes el compañero había perdido en una movilización, cuando recibió más de 40 perdigones de goma de escopeta 12/70 durante la represión, y uno de los proyectiles le vació la cuenca ocular. De tortura, ni hablar…

También esta semana el tribunal oral nº 7 de Lomas de Zamora anunció que condenará a los policías Concha y Quevedo que detuvieron a Jorge “Chaco” González el 14 de diciembre de 2002, apaleándolo de tal modo que murió días después. Si bien ordenaron preventivamente la detención de los policías para evitar su profugación, anticiparon que la condena sería por apremios y homicidio preterintencional, es decir, “más allá de su intención”, lo que significa que fue “sin querer”. Y no informaron el monto de la pena, que sólo será dado a conocer el próximo miércoles 12 de diciembre, y que si es de menos de 3 años permitiría que los asesinos recuperen su libertad de inmediato.

Bien clarito: Patear alguien en las costillas y el abdomen hasta causarle lesiones que le van a hacer sangrar los pulmones y le van a fisurar la vesícula, matándolo en unos días, para los jueces argentinos no es tortura. Golpear a otro, ensañándose con una ablación anterior cometida por sus colegas, tampoco. Nada es tortura, como no fue tortura para los jueces de San Martín en la causa Botrón-Palleroni que le dieran “bolsita” (submarino seco) a uno de los siete chicos torturados, porque se la pusieron una sola vez… ¿Cuántas veces tienen que bolsearte para que deje de ser apremios y sea tortura? ¿Dos? ¿Cincuenta y dos?.

Como no fue tortura, también en Lomas, que a Diego Gallardo le reventaran alma y vida a golpes y patadas, causando 57 lesiones visibles, 4 fracturas de cráneo, estallido del esófago y del estómago. Eso tampoco fue tortura. Todo sea por defender al estado, y a su gobierno de turno.

REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES DEL CASINO DE BUENOS AIRES
Exigiendo la reincorporación de más de 90 compañeros despedidos, los trabajadores del Casino flotante de la ciudad de Buenos Aires mantuvieron bloqueados los accesos al predio por 20 días. El martes por la noche, mientras se encontraban reunidos en asamblea, fueron brutalmente reprimidos por efectivos de prefectura que, sin mostrar orden judicial alguna, comenzaron a desalojar a los palos y lanzando gases lacrimógenos a los trabajadores, entre los que se encontraban mujeres embarazadas y menores. Hernán Lopatka, uno de los once detenidos durante la represión, denunció “estábamos terminando la asamblea y la Prefectura avanzó sobre nosotros. Habían apostados más de 400 efectivos de la guardia de infantería. Hubo muchos golpes. A mi en un momento me reducen y llevan a los golpes. Me ponen las botas sobre la cabeza, me amenazan y dicen que me van a fusilar”. Otro de los detenidos fue Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores en lucha que, al igual que sus compañeros, recuperó la libertad doce horas más tarde.

Como muestra de qué intereses resguardan las fuerzas de seguridad de la “democracia”, los trabajadores denunciaron que el operativo fue dirigido por la gerencia del casino, entre los que se cuenta Cristóbal López, empresario amigo de Néstor Kirchner. Además de la orden de desalojar, los gerentes indicaban a los prefectos, mostrándoles fotos, cuáles eran los trabajadores a los que debían golpear y detener.

Como ya nos tiene acostumbrados, cuando se hace muy evidente que “el gobierno de los derechos humanos” reprime como ningún otro desde 1983 a la fecha, hay que echar mano a teorías como la del loquito suelto, los resabios de la dictadura o el funcionario policial que se excede en su función. Es así que Fernández salió a decir que los prefectos involucrados “serán sancionados como corresponde”, aunque no aclaró en que consistirá la sanción que seguramente no pasará de un traslado o un descuento de haberes. Lo que sí dejó bien en claro es que se va a investigar quién hirió a uno de los prefectos que participó de la represión porque, según su particular visión de los hechos, “alguien que va pacíficamente a discutir un tema de estas características no le pega con un adoquín en la cabeza a un prefecto” aunque lo apaleen, le tiren gases lacrimógenos y lo detengan por defender su fuente de trabajo.

La magnitud que le confiere al conflicto y a la posterior represión el hecho de que se desarrolle en la Ciudad de Buenos Aires y que como consecuencia de esto haya sido reproducido por las grandes empresas de comunicación, obligó a Aníbal Fernández a dar explicaciones. El próximo comisario del gabinete de Cristina se despegó rápidamente de su responsabilidad diciendo que desde el ministerio del interior no se había autorizado ningún desalojo.

El pez por la boca muere: Fernández no salió con el mismo ímpetu a negar que desobedecieran órdenes cuando sus muchachos de gendarmería secuestraron, torturaron y militarizaron la ciudad de Las Heras, cuando ocuparon el Hospital Francés, o más recientemente con el despliegue de 600 efectivos del Grupo Albatros de prefectura para controlar y reprimir a los trabajadores del puerto del Mar del Plata, y sigue la cuenta. No aclares, Aníbal, que oscurece…

QUILMES: POLICÍA EJECUTADO POR CAMARADAS Y SOSPECHOSO “SUICIDADO” EN COMISARÍA
Esta semana, mediante su presencia en la redacción de un diario matutino, los padres del oficial de la bonaerense Iván Esteban Penida (34), asesinado a fines del mes de setiembre en el Cruce de Florencio Varela, denunciaron la falsedad de la versión oficial del homicidio. A Penida no lo mataron delincuentes en enfrentamiento sino que “directamente lo ejecutaron de varios tiros y en ningún momento pudo usar su arma reglamentaria. Vinieron a su encuentro en un vehículo y sin darle chance a defenderse le dispararon”. La madre sostuvo que Penida estaba amenazado de muerte a raíz de una denuncia que había hecho de su superior, el jefe de la Comisaría 3ª de Florencio Varela Marcos Levinson, quien le había ordenado que “si no se amoldaba a sus formas de trabajar iba a tener serios problemas”.

Al estado el tiro le sale por la culata. Igual que en el caso del cabo Ayala, ejecutado en el asalto a un banco por el ladrón, también policía, y convertido en un símbolo del “buen policía que lucha contra la delincuencia”, el asesinato de Penida fue centro de la campaña propagandística a la que cada tanto apela el estado para mejorar la imagen de la institución. Hasta en un ágape donde estuvieron presentes la cúpula de la Distrital y autoridades del Municipio de Quilmes recordándolo como “héroe caído en cumplimiento de su deber” buscaron ponerle su nombre a una biblioteca con discurso lacrimógeno incluído. También como en el caso de Ayala, no pasó mucho tiempo para que se sepa que sus ejecutores eran camaradas que “se matan entre ellos”.

Perejil suicidado en su celda. Como en toda red de impunidad para tapar sus propios crímenes, esta vez apelaron a los “perejiles” y la misma noche del 28 de setiembre, tres jóvenes fueron detenidos en operativos en el Barrio Pepsi, acusados del homicidio de Penida. Dos fueron liberados, pero el tercero, de 20 años de edad y apodado “Pelo Duro”, apareció ahorcado en la celda de la comisaría de la seccional novena en Barrio Parque Calchaquí de Quilmes, diez días después de la muerte del oficial.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 12 de diciembre, 14:00, lectura de la sentencia en el juicio por la muerte en la tortura de Jorge “Chaco” González. Concentramos frente a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque.

Viernes 14 de diciembre, a las 17:00, acto para la PRESENTACIÓN EN PLAZA DE MAYO DEL ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO 2007.

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