Boletín informativo nº 533

04.Oct.09    Boletines Inf. 2009

1. Represión en Kraft-Terrabusi. 2. Polipiratas del asfalto. 3. Actualizando las herramientas de represión. 4. Caso Aguilera: un triunfo de la movilización popular. 5. Torturas en Neuquén. 6. BarcelonAntirrepresiva: El drama laboral de Jorge “Fino” Palacios: “Vuelvo a ser mano de obra desocupada” 7. Próximas Actividades.

1. Represión en Kraft-Terrabusi.

2. Polipiratas del asfalto.

3. Actualizando las herramientas de represión.

4. Caso Aguilera: un triunfo de la movilización popular.

5. Torturas en Neuquén.

6. BarcelonAntirrepresiva: El drama laboral de Jorge “Fino” Palacios: “Vuelvo a ser mano de obra desocupada”

7. Próximas Actividades.
REPRESIÓN EN KRAFT-TERRABUSI

El viernes 25, a las 17:30, cientos de efectivos policiales de infanterí­a, caballerí­a, división perros y motorizada, apoyados en el perímetro por gendarmerí­a nacional, que descargaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, sus familiares y los manifestantes movilizados en su apoyo. El operativo militar, ordenado por la fiscalía provincial a pedido de la empresa multinacional, fue dirigido por el comisario Salvador Baratta, personaje que merece más de un párrafo extra.

Especie de Mario “Chorizo” Rodríguez post-90, Baratta desarrolló casi toda su carrera en el conurbano sur, de donde es oriundo. Después de la comisaría de Solano y otros destinos en la zona, fue destinado como jefe de narcotráfico en el conurbano norte. Allí se especializó en coordinar con otras fuerzas. Luego pasó a la departamental La Plata, donde gestó el plan “Círculo de Proximidad”, tendiente a que “la ciudadanía recupere la confianza en su policía”.

Sonó con fuerza como posible jefe de la bonaerense, y finalmente lo nombraron superintendente de la región noroeste, que abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zárate, Pilar, Exaltación de la Cruz, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Martín y Tres de Febrero. Fue el vocero de la versión oficial del operativo en el que el subcomisario de Matheu, Claudio “Orejón” o “El Cheto” Brítez ejecutó a la competencia de su hermano, el narco “Cartucho” Brítez, en Villa Madero, San Martín (ver Boletín nº 532, “Una familia muy normal… policial”).

La represión en Terrabusi, con 65 detenidos (28 que se encontraban en el interior de la planta y 37 capturados fuera de ella) que fueron liberados a la madrugada, imputados por atentado y resistencia a la autoridad y usurpación, en el caso de los que estaban dentro de la fábrica, tuvo varios ingredientes que muestran sin tapujos cómo la política represiva estatal se profundiza en la medida en que se hacen más evidentes las consecuencias de la crisis que los capitalistas se cobran, como siempre, a costa de los trabajadores.

Vimos a la viceministra de trabajo del gabinete nacional oficiando de vocera de la empresa yanqui, cuando dio lectura a lo que ella misma calificó de “declaración unilateral” de los explotadores. El fin de la conferencia de prensa fue la señal para el inicio del ataque militar. La planta funcionó, a la vez, como comisaría y fiscalía. Los pocos compañeros abogados de organizaciones que pudieron trasponer las rejas coronadas de alambre de navajas fueron recluidos en un playón sin acceso directo al fiscal ni a los instructores policiales, mientras otros directamente quedaron por fuera del perímetro de la fábrica, sin poder ingresar.

Pocas veces se muestra tan claramente la función del gobierno en un estado burgués: defender a cualquier costo los intereses de sus mandantes, los capitalistas. Juez, fiscal, ministros, policías, gendarmes, todos exhibieron sin ambigüedades su rol de sirvientes de la empresa, en este caso yanqui, para todavía mayor claridad.

Mientras tanto, el conflicto persiste. En comunicación telefónica, uno de los delegados de la comisión interna nos confirmó que “no hubo acuerdos ni acta de resolución”. Kraft, la empresa en la que el Tesoro de los EEUU posee acciones, cuyo director, Warren Buffet, es el millonario más importante del mundo, ofrece reincorporar a sólo 30 de los 156 obreros despedidos y abonar el salario de la primera quincena…

La burocracia sindical, en bloque, evidencia también su alianza con el gobierno y los empresarios. Las diferencias que puedan tener Daer y Moyano desaparecen cuando deben ejecutar las políticas de la UIA y del gobierno en defensa de los capitales del imperio. Los conflictos interburgueses quedan a un lado cuando hay que atacar a la clase trabajadora.

La fábrica sigue militarizada, con los efectivos usando de dormitorio el quincho de la planta. Gendarmería volvió a desplegar varios batallones para impedir nuevos cortes de la Panamericana. La comisión interna sigue sin poder ingresar a la planta.

La forma en que el gobierno encaró la “resolución” de este conflicto, es un intento de demostración de fuerza de la burguesía a toda la clase trabajadora, en momentos en que, como venimos señalando, la profundización de la crisis augura nuevas y renovadas luchas. Ellos también lo saben.

POLIPIRATAS DEL ASFALTO

En Bahía Blanca, el 26 de septiembre, un policía perteneciente la División de Investigaciones de esa localidad, fue detenido por haber participado en un asalto a mano armada a un comerciante en la ciudad de Monte Hermoso el 19 de enero pasado.

El hombre, perteneciente a la Policía Bonaerense, fue detenido en su lugar de trabajo, una planta de verificaciones del automotor de la ciudad bahiense. También se lo investiga por adulteración y falsificación de documentación de automotores.

Tres días antes, un comisario y dos oficiales de la comisaría de Villa Diamante, en Lanús, fueron detenidos por participar de una banda dedicada a la piratería del asfalto. Las evidencias incluyen varias fotografías que muestran un patrullero junto a un camión que más tarde apareció incendiado y un inhibidor satelital de 70.000 pesos de valor dentro de la oficina de un oficial de calle de la Policía Bonaerense.

El comisario dirigía la banda integrada también por otros dos policías, que fueron detenidos en Wilde el 23 de agosto por participar de un robo de un camión cargado con 32 medias reses en la zona de Cañuelas, y dos subtenientes y un sargento a los que también se está investigando por el caso. El sofisticado aparato que se encontró en la comisaría permite interceptar la señal de alarma del sistema satelital de los camiones.

Esta misma banda había escondido un camión robado (cargado con zapatillas) en un galpón de Villa Diamante, cerca de la comisaría.

La realidad continúa, día a día, aportándonos datos que pintan de cuerpo entero el verdadero espíritu policial. A los ataques directos a la clase trabajadora a través del gatillo fácil, las torturas, la represión de las protestas… debemos sumarle estos hechos para comprender íntegramente cuáles son las motivaciones de la clase de la que la policía es ferviente parte, y a la que sirve incondicionalmente.

La criminalidad policial es un gigantesco negocio, y sirve también para aumentar la “sensación de inseguridad” fogueada desde los medios de comunicación y aprovechada para meter más policía en las calles, y por lo tanto, más negocio y mayor represión.

ACTUALIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE REPRESIÓN

A las 11 de la mañana del 24 de septiembre, una fuerte explosión interrumpió la calma en los alrededores de la jefatura de la policía en Neuquén. Ante la inquietud de los vecinos, la institución solo respondió que había sido detonada una bomba de estruendo para verificar el alcance de su onda expansiva.

Sin embargo, otras fuentes informaron que lo que realmente estaban probando era una bomba de enceguecimiento y estruendo, la cual libera una luz muy potente y aturde. Esta arma también es utilizada en Estados Unidos, y sería usada en nuestro país para desalojar movilizaciones.

Este nuevo chiche tiene un único destinatario: la clase trabajadora. En estos tiempos de crisis, con conflictos laborales surgiendo en múltiples lugares, la burguesía se prepara y avanza tecnológicamente, para profundizar la represión.

CASO AGUILERA: UN TRIUNFO DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR

Guillermo y Gustavo Aguilera vivían con su familia en La Matanza y eran alumnos de una escuela semirural de Virrey del Pino, pero hace 4 años que están presos en el penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca.

Un buchón de la policía los acusó de un robo en la casa de un militar dedicado a la reparación y venta de armas. Los dos pibes y un vecino fueron llevados a la Brigada de La Matanza, donde los torturaron hasta que los hermanos reconocieron el robo. Seis meses antes, un policía del barrio que investigaba el tráfico de armas, había aparecido muerto. Al vecino lo obligaron a afirmar que los Aguilera eran los asesinos, y así quedaron acusados de robo y homicidio.

El año pasado, en un juicio que fue una descarada farsa, el Tribunal Oral N° 4 de La Matanza los condenó a prisión perpetua por el homicidio del policía. El defensor oficial allanó el camino para la condena, avalando las confesiones bajo la tortura.

La comunidad educativa de la escuelita de La Matanza, que no había creído la versión policial, tampoco creyó la versión judicial. Alumnos, docentes y vecinos del barrio, junto con organizaciones antirrepresivas y sociales de la zona, encararon una campaña por su libertad.

Fueron a ver a Sergio Bavino, el defensor oficial. Él les explicó: “De la rotonda de San Justo para allá, para la justicia de La Matanza son todos expedientes judiciales. Estas cosas son normales en La Matanza y nosotros no podemos hacer nada”.

La semana pasada se hizo el juicio por el robo que la policía usó de pantalla para fraguar la causa por el homicidio. Esta vez, los chicos no estuvieron solos. A lo largo de los cuatro días de debate, la esquina de la Avenida Illia y la calle Entre Ríos, en pleno centro de San Justo, estuvo cortada, con la presencia permanente de compañeros que proclamaron la inocencia de los hermanos Aguilera y denunciaron cómo se fraguó la causa.

La defensa la ejercieron los compañeros Ismael Jalil, de CORREPI, y María Laura Táccari, del CEPRODH, que probaron la falsedad de la acusación. Los chicos fueron absueltos por el robo agravado y por la tenencia y portación de armas de guerra. El mismo tribunal que los condenó el año pasado, tuvo que ordenar que se investiguen las torturas y el falso testimonio de quien los acusó. Así, se abre el camino para lograr la revisión de la condena a prisión perpetua.

Uno de los jueces, el Dr. Gayol, no se privó de meter en la sentencia un parrafito sobre el piquete que acompañó el juicio, “impidiendo el ejercicio libre del derecho de los ciudadanos a circular, y con el claro objetivo de amedrentar a los testigos, que vieron así afectado su derecho a declarar libremente”.

Para el juez (para los jueces), una manifestación popular restringe los derechos de los ciudadanos y condiciona la libre declaración de los testigos. En cambio, la tortura es un recurso procesal que permite, rápido y eficazmente, obtener confesiones válidas para dictar una condena.

Todo sea por la justicia. Esa que, según el defensor oficial Bavino, considera “un expediente” a cualquier pibe de un barrio obrero. Y dice que esas son cosas normales que pasan en La Matanza. Mentira. Son las cosas normales que les pasan a los explotados, a manos de los explotadores, y de las que sólo podemos defendernos con organización y lucha.

TORTURAS EN NEUQUÉN

Una serie de motines en la Unidad 11 del servicio penitenciario de Neuquén (cárcel curiosamente denominada “Parque Industrial”) puso a la luz la grave situación de los presos en esa cárcel, la mayor de la provincia. El coordinador provincial de Unidades de Detención, comisario inspector Néstor D´Abramo, intentó una excusa frente a las recurrentes denuncias por torturas a los internos, y en especial, respecto de Fredy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, militantes chilenos presos en esa dependencia mientras Chile reclama su extradición.

“Hago lo que puedo con los recursos que tengo”, dijo el jefe de las cárceles. No pocos recursos, por cierto, ya que la provincia destina para cada persona detenida más de $ 4.000, de los cuales apenas unos centavos llegan a la manutención de los presos, que deben sobrevivir exclusivamente de los aportes de sus familiares y amigos.

Esta semana, la organización de DDHH Zainuco nuevamente denunció penalmente las torturas constantes a las que son sometidos los detenidos, mientras que no pasa día sin que se incrementen los casos de visitas vejadas y maltratadas, especialmente cuando intentan visitar a los presos políticos. No hace un mes que CORREPI denunció que a tres de nuestros compañeros, todos ellos abogados, se les prohibió visitar a Fredy y Marcelo.

Otro recurso represivo constante es el castigo con el encierro en “buzones” (reducidísimos calabozos aislados), sanción aplicada individual y colectivamente, como la semana pasada, a todo un pabellón (casualmente, en el que está Fredy).

Los compañeros de Fredy y Marcelo han responsabilizado públicamente por estos hechos represivos al gobernador Jorge Sapag y al comisario inspector Néstor D´Abramo, entre otros funcionarios, y señalado, como ejecutores materiales, a varios penitenciarios, entre ellos a Freddy Rivera, jefe de la unidad, el mismo que efectivizó la orden de no dejarlos entrar a la cárcel, argumentando que estaba “enajenado” frente a la expresa orden del juzgado.

BARCELONANTIRREPRESIVA:

EL DRAMA LABORAL DE JORGE “FINO” PALACIOS: “VUELVO A SER MANO DE OBRA DESOCUPADA”

El ex jefe de la policí­a metropolitana, Jorge Fino Palacios, lamentó su reciente renuncia al cargo para el cual lo habí­a designado su amigo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.

“Ahora que vuelvo a ser mano de obra desocupada, no me cabe otra que advertir a los argentinos en general -y a los porteños en particular- que era preferible un trabajo en blanco. En cualquier momento pueden volver a comprobar cuánto dinero le cuestan al Estado mis changas. Pero entonces será tarde”, advirtió.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Miércoles 7 de octubre, 12:00, concentración, acto y radio abierta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 (Retiro) durante la nueva indagatoria al ex presidente Fernando De La Rua por la represión y los asesinatos del 20 de diciembre de 2001.

Miércoles 7 de octubre, 20:00, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, en el marco de la 3ª Jornadas de Derecho Crítico, panel sobre La baja de la edad de imputabilidad y los derechos de la niñez con la participación del compañero Ismael Jalil de CORREPI.

Jueves 8 y viernes 9 de octubre, presentación del libro de María del Carmen Verdú REPRESIÓN EN DEMOCRACIA – de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos” en Esquel y Trevelyn.

Miércoles 28 de octubre, 21:00, presentación del libro de María del Carmen Verdú REPRESIÓN EN DEMOCRACIA – de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos” en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Viernes 20 de noviembre, 18:00, acto en Plaza de Mayo presentando la actualización del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. “2009: MÁS CRISIS, MÁS REPRESIÓN”.