Boletín informativo nº 539

CORREPI
15.Dic.09 :: Boletines Inf. 2009

SUMARIO: 1. 25 días, 25 muertes. 2. Posse: “Reprimir es obligación del Estado”. 3. Eufemismos patagónicos. 4. Polifalsificadores y policías del asfalto. 5. Escrache a la Casación penal bonaerense: sobran los motivos. 6. Pergamino, “lo visible de lo invisible”: boquetes, Quiroz y Pomar. 7. Próximas actividades.

25 DÍAS, 25 MUERTES
Ya son 25 las personas asesinadas por el aparato represivo de los gobiernos nacional y provinciales desde que cerramos la recepción de datos para la actualización 2009 del Archivo en el que CORREPI registra muertes por gatillo fácil, torturas y otras modalidades menos frecuentes. En el último Boletín, ya informamos sobre 14 casos ocurridos en distintos lugares del país.

El 30 de noviembre, en la comisaría 24ª del barrio costero de Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, Miguel Ángel Franco (59), murió como consecuencia de un golpe contundente en la cabeza, recibido después de su detención, que le causó un hematoma fatal. El 6 de diciembre, las víctimas fueron Guillermo Reyes (48) y su sobrino Gustavo (17), en La Matanza. Después de una discusión con un policía, el uniformado los mató a tiros. El responsable se encuentra prófugo, y obviamente protegido por sus amigos que al momento no tuvieron “éxito” en su búsqueda.

Al día siguiente, esta vez en el barrio Hipódromo de La Plata , Ezequiel Heredia (18), murió a causa de un disparo en la cara, luego de que un policía lo desafiara a pelear en la puerta de su casa. El pibe recibió el disparo cuando estaba tirado en el piso.

No podemos obviar, desde luego, a Rubén Carballo, apaleado por la federal en la represión al joven público de Viejas Locas el pasado 14 de noviembre, quien, luego de tres semanas de luchar por su vida, falleció el martes pasado.

En General Pico, La Pampa , Juan Carlos Fernández (17) fue detenido por “disturbios en la vía pública”. Pocas horas después, y tras ser trasladado de una a otra comisaría, fue trasladado al Instituto del Quemado con el 50% de su cuerpo lesionado por el fuego. Murió el 22 de noviembre. Cuatro policías fueron indagados por homicidio culposo. De nuevo, que parezca un accidente…

Y el 14 de diciembre, en la comisaría de Lomas del Mirador, en cuyos calabozos caben apenas 10 personas, y había 18 hacinados, un reclamo de los detenidos terminó con un incendio y la muerte, por quemaduras e inhalación de gases, de cinco muchachos cuyas identidades aún no se conocen, mientras varios permanecen internados en grave estado.

Además, seguimos enterándonos de hechos anteriores, que no estaban registrados, como el caso de Carlos Alberto Damiani (38), asesinado el 19 de junio de 2002 por los policías Rubén Eduardo Yesquén y Gabriel Eduardo Pittaluga, del Grupo Halcón. Ese día, los uniformados irrumpieron en su casa al grito de “estás muerto, Damiani”. El hombre, desarmado, intentó escapar por los techos cuando recibió cuatro disparos, el primero en la espalda, el segundo en el brazo izquierdo, el tercero en el abdomen y el último, cuando estaba cayendo, en la cabeza. En estos dias se realiza el juicio oral a sus asesinos, en Lomas de Zamora.

A tres semanas de ser presentado, nuestro Archivo ya se encuentra desactualizado, con 25 nuevos casos posteriores a su cierre y otros anteriores que desconocíamos. Más pruebas para comprobar la sistematicidad de la represión estatal, más pruebas para evidenciar su carácter de clase, más motivos para sostener que el único camino que tenemos, contra la represión, es la organización y la lucha.

POSSE: “REPRIMIR ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO”
Profundizando el perfil abiertamente represivo y sin ningún atisbo de disimulo de la administración macrista, el jefe de gobierno porteño designó como titular del ministerio de Educación a Abel Posse. Antes de asumir, el ministro se manifestó expresamente a favor de la represión y criticó al kirchnerismo por no reprimir más. Le resulta poco, parece, que nos maten más de 20 jóvenes pobres por mes.

En una nota publicada por el diario La Nación , diario en el cual Posse siempre colabora, el ministro aseguró que “reprimir es obligación del Estado”. Nada nuevo respecto a lo que siempre sostenemos desde aquí, pero pocas veces reconocido por los protectores del sistema burgués.

El ministro acusó al gobierno nacional de ser el responsable de que “los policías se sientan amenazados e inhibidos en la tarea represiva que los delincuentes en su agresión (…) La policía sale a la calle mal equipada. No tienen armamento ni la convicción de ser el brazo armado del Estado”.

Como anticipo de la educación que se viene en la ciudad, Posse aseguró que los chicos que delinquen, son “el asesino-joven (no el niño-asesino, porque cuando se asesina disparando sobre alguien indefenso, a los 14 o 16 años, no hay niño que valga, la entidad “asesino” prevalece sobre la edad biológica)”.

Hasta aquí, casi una cátedra de la represión expuesta por Posse. Lo que resultó casi un chiste es que aseguró que “el gatillo fácil lo tienen en nuestro país los delincuentes.” Posse omitió decir (nunca lo haría) que las fuerzas represivas matan en el país a un joven cada 28 horas.

Así las cosas, luego de las designaciones frustadas del Fino Palacios y Chamorro, los jefes de Ciro James, Mauricio Macri designó a una persona de perfil similar, esta vez para la cartera de educación. Sea de manera abierta, como es con la administración macrista, o de forma sutil como prefiere el kirchnerismo, el estado es el estado, y en eso Posse tiene razón: “reprimir es obligación del Estado (burgués)”.

EUFEMISMOS PATAGONICOS
Eufemismo, según el diccionario de la lengua castellana, es un modo de evitar una palabra desagradable para el hablante, sustituyéndola por otra o por una perífrasis (rodeo, giro o disgresión) que alude indirectamente al mismo significado.

El procurador general (jefe de fiscales) de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, ha recurrido a ese método para emitir un dictamen por el cual se faculta a la policía a intervenir -sin necesidad de orden judicial- en casos de cortes de rutas por protesta o petición de carácter social, política o sindical.

La excusa es la necesidad de garantizar “en el espacio público, el legítimo derecho a manifestar o peticionar sin afectar otros derechos (como el de protección a los bienes, o el libre tránsito) para garantizar la convivencia pacífica de la sociedad“.

Curioso método pacificador el hallado en la provincia patagónica que, este año, estuvo en el “top ten” de los distritos represores, con los hechos de Corcovado, el barrio La Dignidad de Trelew o la desparición de Luciano González.

El eufemismo consistió, en este caso, en evitar el concepto de criminalización de la protesta, que no parece llevarse del todo bien con el mentado ejercicio de los derechos democráticos.

Según el parecer del procurador chubutense, reclamar porque se torna insostenible la vida en las condiciones de desigualdad propuestas por el capitalismo, está en el mismo rango que el derecho a transitar cómodamente por una ruta y su materialización configura delito flagrante.

Es interesante advertir cómo la “jurisprudencia” fue cambiando a medida que las condiciones de vida del pueblo trabajador también cambiaron, pero para peor. De las primeras resoluciones que indicaban que no había delito cuando colisionaban derechos de diferente jerarquía, como el de circular y el derecho a sobrevivir, pasamos paulatinamente a esta paradigmática instrucción del jefe de los fiscales. El normal desenvolvimiento de las políticas económicas, cuyo costo siempre pagan los mismos: los trabajadores.

Que la policía esté facultada a intervenir discrecionalmente para despejar calles y rutas pone de manifiesto, sin tapujos, la deliberada intención de poner fin a toda protesta, a toda petición a las autoridades. Muestra el naufragio definitivo de la propia lógica presuntamente garantista del sistema.

Es, además, la demostración más acabada de que delito es lo que la burguesía entiende por delito; cuya formulación se va adecuando a los tiempos que marca la creciente resistencia obrera a las políticas de ninguneo y explotación.

La protesta social como forma de reclamo, como una vía no institucional, es un derecho constitucional. Están exentos de toda posibilidad de tipificación o prohibición penal. Todo rastrillaje inútil que se haga de tipos penales para abarcar estas consecuencias en una prohibición, resultan aberrantes. Frente a ellos, la lesión momentánea que sufre o puede sufrir el derecho de tránsito no es materia penal…” Esto decía Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte , en la Facultad de Derecho de la UBA el 1° de noviembre de 2007 (Ediciones Rumbos).

Palabras que ya no sostiene en sus fallos, que justifican el gatillo fácil, legotiman la tortura y cercenan, cada vez más, los derechos de los trabajadores.

Otra perla del procurador chubutense: “la policía deberá utilizar racionalmente la fuerza”. ¿Hace falta que digamos que con esta expresión se reemplaza la incómoda palabrita REPRESIÓN?

Criminalización de la protesta, y represión contra la clase trabajadora, al servicio de los intereses de la clase dominante. Al pan pan y al vino vino, definición popular de eufemismo.

POLIFALSIFICADORES Y POLICÍAS DEL ASFALTO
Nuevamente, como siempre decimos cuando se trata del crimen organizado, “saltó el botón”. Tras una larga investigación buscando a una banda de falsificadores de dinero, se lograron varios allanamientos que dieron positivos. La banda se dedicaba, especialmente, a estafar ancianos. Aprovechando la edad y la poca vista, les daban billetes falsos en los vueltos de viajes en taxi y en diferentes locales comerciales en la zona de Merlo, La Plata y Florencio Varela.

En los allanamientos se encontraron 800 mil pesos, mayoría en billetes de 100 y algunos de 10 y 20 pesos para el cambio. Uno de esos allanamientos fue en la casa de un subcomisario, donde encontraron 100 mil pesos. Hoy los investigadores debaten si el oficial sólo garantizaba la impunidad de la banda, o si era su cabecilla.

Los polifalsificadores tenían en su posesión placas auténticas para duplicar los pesos, un elemento al que no cualquiera puede acceder, menos sin vínculos con el poder político.

Mientras tanto, en Santa Fe, un suboficial de la policía fue detenido en la localidad de Uranga. En un galpón de su propiedad se encontraron numerosos electrodomésticos robados por piratas del asfalto en San Nicolás, de un camión que transportaba mercadería hacia Tucumán.

Como ya se ha comprobado en otros casos, el robo fue hecho al amparo de tecnología de punta, como un inhibidor de frecuencias que inutiliza el sistema de seguimiento satelital del camión.

Con tanto trabajo robando y falsificando, sin contar el tiempo necesario para reprimir, resulta comprensible que no tuvieran tiempo de buscar el auto chocado de la familia Pomar, o de atender el llamado al 911 que avisó de un vuelco 24 días antes de que se encontraran de casualidad los restos.

ESCRACHE A LA CASACIÓN PENAL BONAERENSE: SOBRAN LOS MOTIVOS
Hace algunas semanas, CORREPI decidió convocar a un escrache para exponer públicamente la sostenida política de impunidad a los represores del tribunal de casación penal de La Plata. Decíamos en la convocatoria: “Cada vez que logramos condenar a un policía torturador o de gatillo fácil, los defensores (oficiales o particulares, pagados por la fuerza) interponen recursos de casación contra las sentencias. El Tribunal de Casación provincial, máxima autoridad judicial en materia penal, está “demasiado ocupado” para confirmar las condenas. Y las pocas veces que se apuran, es para absolver a los policías, como acaba de ocurrir con Juan Antonio Pelozo, el “Mataguachos” de Villa Fiorito, condenado a 13 años de prisión por un tribunal oral de Lomas de Zamora, y rápidamente liberado por la Sala 3ª del Tribunal de Casación”.

Pero hoy el mismo tribunal decidió darnos más razones para que los escrachemos. Nos enteramos por los diarios (porque ni siquiera se molestan en notificarnos), que los jueces de la Sala III de la casación resolvieron que era “excesiva” la pena de 16 años de prisión impuesta por un tribunal oral de Morón al oficial Cristian Alfredo Solana, del Comando Patrullas de Hurlingham, que fusiló por la espalda a Rodrigo Corzo (27) en junio de 2003.

Para el tribunal de casación, 10 años y 8 meses “es la pena justa” para el policía que, como lo reconocen en el fallo, no tenía “necesidad racional de disparar su arma de fuego”. Claro que es la pena “justa”: Justa para que el oficial, con los años que lleva cumplidos, ya pueda ir saliendo con la excusa de algún trabajito (¿en una agencia de seguridad?) y, en un par de meses más, sea definitivamente excarcelado.

Mientras tanto, muchas otras causas siguen esperando que los jueces de la casación se ocupen de resolverlas. Mientras ellos se ocupan de cosas más importantes que un pibe fusilado por un policía o torturado en una comisaría, muchos de asesinos y torturadores vuelven a las calles. Técnicamente, son “procesados que gozan de la presunción de inocencia”.

Por eso, el jueves 17, a las 10:30, vamos a estar llegando a La Plata para marchar desde la estación de tren hasta la sede del tribunal de casación penal, en Av. 7 entre 56 y 57.

PERGAMINO, “LO VISIBLE DE LO INVISIBLE”: BOQUETES, QUIROZ Y POMAR
A principios del mes de octubre, ante 8 hechos reiterados de boqueteros en la ciudad de Pergamino, el intendente le habría pedido al gobernador Scioli que descabezara la Departamental local de la policía bonaerense. Lo desvelaban los reclamos de las multinacionales sojeras ancladas en esa ciudad por delitos con evidente connivencia policial.

Apenas días después, dos policías pergaminenses, los oficiales Conde y Fernández, -ambos de la comisaría segunda-, asesinaban a Juan Carlos Quiroz (15), en un hecho totalmente esclarecido. El pibe, como relatamos en Boletines anteriores, fue a recoger un sobre a pedido de alguien que le prometió un dinero por el mandado, sin tener ni idea de que quien le dio el encargo estaba exigiendo un “rescate” por los documentos de un camión. El policía Fernández, sin dar la voz de alto siquiera, le disparó una bala en el cuello que lo mató en el acto.

El superior de Fernández, Conde, estuvo a cargo de todo el operativo, y fue quien dio las directivas a su subordinado para que actuara. Los dos, hoy, están detenidos, con prisión preventiva. Uno, Conde, como en su propia casa, en la comisaría 1ª de Arrecifes. El otro, Fernández, a la espera de diagnóstico por un malestar abdominal, casualmente descubierto días después de su detención, cómodamente alojado en la Unidad Sanitaria Nº 24 de Florencio Varela para su tratamiento.

Este hecho no ameritó que se moviera un solo jefe en la cúpula de la departamental local, ni lo pidió el intendente, claro. Hizo falta la repercusión nacional de la deliberada “chambonada” policial tras el accidente de la familia Pomar para que se hiciera la “purga”, que, ya lo sabemos, no traerá en Pergamino más que lo mismo, como cualquier purga en cualquier lugar o fuerza, desde el 83 a hoy. Mientras tanto, con o sin purgas, el gobierno peronista de los Kirchner nos sigue asesinando un pibe por día.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Jueves 17 de diciembre, escrache al Tribunal de Casación bonaerense en La Plata , denunciando su sistemática protección a los policías asesinos. Nos encontramos a las 9:00 en Constitución, a las 10:30 en la estación de La Plata , o a las 11:00 en el tribunal de casación, Av. 7 entre 56 y 57, La Plata.

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