Boletín Informativo N°199

Correpi
28.Dic.02 :: Boletines Inf. 2002

SUMARIO
1- Otro muerto del Argentinazo
2- Candidatos represores
3- Libertad a militantes del MTR
4- Ibarra represor
5- Nuevos números de los \”federicos\”
6- Reconstrucción con gatillo fácil y todo

OTRO MUERTO DEL ARGENTINAZO
Sergio Pedernera, de 16 años, fue herido el 20 de diciembre de 2001 por una
bala policial que se alojó en su tórax y le produjo una paraplejia. El 26
de diciembre de este año su cuerpo no pudo más y Sergio se convirtió en el
compatriota número 35 que ofrendó la vida hace un año por una sociedad
diferente.

Sergio vivía con su familia en una zona humilde de la ciudad de Córdoba,
Costa Canal, Barrio Villa El Libertador. El año pasado cuando el hambre no
daba para más, una bala de la criminal policía de Córdoba lo alcanzó cuando
recuperaba comida que le devolviera la dignidad.

Con su homicidio, son dos las vícitmas del 19 y 20 del gobierno cordobés.
El 20 de diciembre, en Villa Rivera Indarte, cayó muerto de un itakazo el
joven David Moreno (13), crimen que hasta ahora está impune ya que los
jueces y fiscales de De la Sota no imputaron a ninguno de los Guardias de
Infantería que participaron de la represión.
Como dice la agencia Argenpress, la muerte de Sergio Pedernera abre un
motivo más para seguir reclamando justicia y que se castigue a los
responsables. Y cuando dicen responsables -CORREPI hace propias las
palabras de este medio independiente- nos referimos a que hubo un policía
que disparó, un jefe que dio la orden y un gobernante que sabía que la
guardia de infantería había salido a matar.
Un gobernante -completamos nosotros- siempre dispuesto a matar a su pueblo
para seguir siendo uno de los “mimados” del establishment financiero y
fondomonetarista.

CANDIDATOS REPRESORES
Y ya que hablamos de De la Sota, hay más. La policía del cordobés también
fue noticia la semana pasada cuando el ex titular de la Unidad Regional con
asiento en Villa Carlos Paz, comisario mayor Oscar Daniel Amaya, fue
detenido en relación al homicidio del joven Pablo Jossen de 26 años,
ocurrido el 6 de marzo de 2002.
El hecho tiene que ver con los vínculos del narcotráfico provincial, una
red de prostitución de la localidad turística y por supuesto la policía y,
como no, los políticos zonales. Hubo una serie de homicidios ocurridos en
la ciudad a partir del asesinato de Pablo Jossen, como el de Ian Durán
(16), testigo del primer homicidio, el de Sergio Avalos (35) y Francisco
Pisoni, detective contratado por la fiscalía para investigar las otras
muertes.
Ya en nuestro Archivo de Casos publicado el 26 de noviembre pasado decíamos
al comentar estos casos que se sospechaba la participación del comisario
mayor Daniel Amaya -hoy detenido- y del comisario Nelson González, jefe de
la división drogas peligrosas.
La causa debió cambiar de fiscalía porque el primer interviniente no pudo
resistir los aprietes y amenazas que padeció. La fiscal que hoy investiga
el hecho, Lucero Ofredi, varias veces acusada por encubrir al personal
policial, no descartó que hubiera mas detenciones dentro de los canas.
Pero De la Sota no es el único candidato del PJ que demuestra con sus
fuerzas de seguridad cómo “imponer” la “seguridad”. La policia santafesina
-que como registra nuestro archivo es la más asesina del país en proporción
a la cantidad de habitantes- tuvo lo suyo en esta semana, cuando se conoció
que un empleado municipal de la ciudad de San Lorenzo está en coma
farmacológico, con el cráneo fracturado y asistido por un respirador
artificial, debido a la violenta golpiza que recibió el domingo pasado de
parte de dos policías, que intentaron así impedir su ingreso a un baile en
el que cumplían servicios adicionales.
El oficial ayudante Pablo Delgadino y su hermano menor, el agente Rodrigo
Delgadino, están presos desde el lunes por las graves lesiones que
provocaron al empleado municipal Rubén Ponce, de 41 años.
La madrugada del domingo 22 de diciembre Ponce fue a un baile en el club
Sarmiento de San Lorenzo. Llegó alrededor de las 2.30 acompañado por un
amigo, pagó su entrada y entró al local donde los hermanos Delgadino
prestaban servicios adicionales. Una hora después se retiró y manifestó su
intención de volver más tarde. Ponce regresó poco después, alcoholizado, y
los “patovicas policiales” no lo dejaron entrar. Empezó una discusión,
durante la cual Ponce empujó a uno de los policías, quienes le dieron una
paliza que terminó cuando uno de los “hermanitos canas” le pegó un culatazo
en la cabeza con su arma reglamentaria.
Ponce perdió el conocimiento, se desplomó y al caer golpeó la cabeza contra
una viga. Al comprobar que el estado del empleado era grave, los “custodios
del orden” llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el Instituto
Médico Regional de San Lorenzo. Mientras tanto, los policias acudieron a la
comisaría de San Lorenzo e inventaron que Ponce se cayó accidentalmente y
caratularon el hecho como “indagación de sus lesiones”.
La patraña -que ademas significó la falsificacion de la denuncia- se les
cayó cuando comenzaron a declarar los varios testigos que hasta quisieron
evitar que los policias siguieran pegandole al infortunado de Ponce. Como
consecuencia fueron detenidos. Pero lo más notable ocurrió cuando uno de
los hermanos Delgadino quedó también imputado por encubrir el robo de un
Renault 18 robado. Delgadino tenía pedido de captura por haber vendido como
propio este vehiculo que le habia sido desapoderado a un comerciante de
Rosario.
Y por último, el gobernador salteño Romero, como dice el cantico popular
“asesino de piqueteros” y candidato a vice de Menem, lanzó una brutal
represión contra los habitantes del Barrio FONAVI de Tartagal, en el norte
de Salta. Actuando a sangre y fuego los canas buscaban desalojar a sus
ocupantes. La represión policial ha provocado ya numerosos heridos graves
de bala, que han sido internados en el hospital de Tartagal. El concejal
salteño del PO, Claudio del Plá, calificó el hecho como una verdadera
cacería humana contra los habitantes de ese barrio, y convocó a una
inmediata movilización provincial y nacional para que cese la represión.

LIBERTAD A MILITANTES DEL MTR
Los tres integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez que regresaban a Mar
del Plata después de participar de la marcha a Plaza de Mayo y que fueran
detenidos por la policía bonaerense, fueron liberados el viernes pasado.
Los compañeros fueron acusados de portar un arma de uso civil y dos de
fabricación casera que según la policia llevaban dentro de un bolso. El
hecho desde el primer momento fue calificado como persecutorio puesto que
la policía interceptó el micro donde viajaban los compañeros y fueron
directamente hacia ellos, sin tener en cuenta al resto del pasaje.
La defensa de los compañeros fue encargada al abogado Leonardo Pérez Hegui
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Mar del Plata, con
quien CORREPI se puso de inmediato en contacto para prestar toda nuestra
colaboración.
Mientras los compañeros estuvieron detenidos el Movimiento Teresa Rodriguez
realizó un acampe frente al “paquete” edificio de tribunales de la “ciudad
Feliz”, que ya se habia visto “perturbada” por manifestaciones piqueteras
cuando el juicio oral contra Emilio Ali o el anterior por la toma de la
Catedral, y la noche del 24 realizaron una vigilia navideña frente a las
tres comisarías en que alojaron a los detenidos.

IBARRA REPRESOR (Y VAN …)
El otrora candidato del “progresismo” Anibal Ibarra nuevamente demuestra su
vocación por la represión. En estas semanas se trata en la Legislatura de
la Ciudad el presupuesto enviado por Ibarra donde previó una donación para
equipamiento de la Federal de $ 6.450.000 (frente a los $ 8.000.000
previstos en el presupuesto 2001, que se utilizaron para la compra de
centenares de vehículos, muchos de los cuales fueron utilizados contra
nuestro pueblo el
20 de diciembre). A ello se suman $ 8.056.000 para policías adicionales,
repartidos en las distintas áreas (por ejemplo, salud).
Nuevamente, el “progresista” Ibarra provee a las fuerzas represivas. No
podemos dejar de señalar que uno de sus aliados parlamentarios, el diputado
Mercado (quien comparte con el delarruista Enríquez, íntimo del retirado
Comisario General Santiago “Gordo” Fernández, el discutible honor de ser
los más distinguidos “gorras” de la Legislatura porteña), reclamó que en
lugar de cuatriciclos se entreguen a la Federal armas de fuego.
Según las declaraciones del Subsecretario de Seguridad Carelli, el subsidio
entregado por decreto a la Fundación “Amigos de las Comisarías de la Ciudad
de Buenos Aires”, por un total de $ 140.000 estaba destinado “a la
reparación de dos elementos: en primer lugar, de motocicletas policiales
que estaban sin funcionar por falta de fondos por parte de la Policía
Federal; y en segundo lugar, de algunos vehículos de intervención rápida,
que tenían un problema similar.” Las motos “estaban todas en el área de
Tránsito” y los tres vehículos son “de los que se llaman GEOF -Grupo
Especial de Operaciones Federales-, que estaban necesitando una reparación
integral para poder funcionar.”
En otras palabras, el responsable del área de seguridad ibarrista confesó
que con dinero de la Ciudad se repararán tres vehículos del GEOF,
tristemente célebre por sus intervenciones en el caso de la Paternal donde
unos ladrones tomaron como rehenes a Mario Bogado y otras personas. Alli,
los magníficos “snipers” del GEOF (es decir los francotiradores) no solo le
metieron 40 tiros a uno de los chorros sino que hirieron a los rehenes Bono
y Bogado, a éste de tal gravedad que salvó su vida de pura casualidad.

NUEVA NUMERACION PARA LOS VEHICULOS FEDERICOS

Desde hace un par de años, la PFA había adoptado un sistema de numeración
interna que facilitaba la identificación de las reparticiones a las que
pertenecía cada vehículo. Los números internos estaban compuestos por un
número inicial de tres dígitos, que era común a todos los móviles de cada
repartición (así, “160″ para la Dirección General de Orden Urbano y
Federal, “177″ para el Cuerpo Policía de Tránsito, “201″ para la Comisaría
1º, “202″ para la 2º, “203″ para la 3º, etc.), seguido de un punto y un
número de uno a tres dígitos (habitualmente, uno o dos) propio de cada
vehículo.
En diciembre comenzaron una amplia y costosa tarea de repintado de todos
los vehículos, con un sistema de numeración que impide la rápida
identificación de las respectivas reparticiones. Tanto a los vehículos que
habían tenido asignados previamente números internos de cuatro dígitos
(anterior sistema empleado por la PFA) como a los más recientes se les
asignaron números de dos y tres dígitos.
De esta manera lo que se busca es que, cuando repriman, no se los pueda
identificar con facilidad. De todas maneras, y para gobierno de los
“federicos”, se los vamos a individualizar igual, aunque siempre cuentan
con la Servini de Cubría, que como en los casos Forlino o en la masacre del
20 de diciembre, siempre encuentra vueltas para encubrirlos aunque le demos
la identificación de los patrulleros y motos actuantes.

RECONSTRUCCIÓN CON GATILLO FÁCIL Y TODO

El jueves 26 se llevó cabo en Los Polvorines la reconstrucción del hecho en
la causa que investiga la muerte de Martín González, asesinado el 19 de
marzo de 2001. Casi un año antes su madre, Lidia Zárate, ya había perdido
otro hijo también asesinado por balas policiales.
La nueva pérdida, lejos de haber amedrentado a Lidia, la llevó a
profundizar su lucha y acercarse a familiares de la zona protagonizando una
organización mediante la cual intentan, con el aprendizaje de la
experiencia y el apoyo de CORREPI, hacer frente a la represión policial que
diariamente sufren en los barrios de su zona.
Se llaman entre sí, coordinan con los abogados de CORREPI, molestan a
funcionarios que alguna vez los recibieron, logrando muchas veces que los
chicos detenidos arbitrariamente sean soltados o por lo menos que les
peguen menos. En este marco, el jueves Lidia estuvo acompañada por otros
familiares que fiscalizaron que la prueba se produzca legalmente.
La sorpresa se la llevaron todos, juez, fiscales y funcionarios policiales
incluidos, cuando el policía que hacía las veces del asesino Leonardo
Ranieli, al tener que simular que gatillaba contra González (quien era
representado por un amigo del fallecido) GATILLÓ DE VERDAD Y DOS VECES
contra el menor, quien no había aceptado portar un arma verdadera para la
reconstrucción y le tuvieron que acercar una de juguete.
Cuentan los familiares que en el escenario de los hechos se produjeron las
más diversas reacciones: primero se escuchó un UUUUHHH generalizado, el
juez se quedó mudo, los fiscales le gritaron “¿pero Ud. está loco?” y el
comisario que se encontraba presente dio vuelta la cara y le dijo a otro
cana “¡Qué boludo!” mientras intentaba inventar alguna forma de disculparse
por su subordinado.
Esto no le impidió a los agentes policiales buscar testigos falsos cuyas
declaraciones fueron impugnadas por los familiares de CORREPI por falsas e
inverosímiles siendo respondido por los fiscales que efectivamente las
habían suspendido porque habían notado esas irregularidades.

CORREPI

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