El pasado lunes 19, la jueza Lucía Casabayo volvió a demostrar que es el propio estado quién avala y protege a los miembros de las fuerzas represivas en cada una de sus acciones, al dictarle prisión domiciliaria al asesino de Iago Ávalos, el subcomisario de la policía federal José Pérez Buscarolo.