El Estado Argentino, cuyo gobierno nacional tanto declama el respeto a los DDHH, sigue sin cumplir la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo de la Corte Suprema que ordena reabrir la causa Bulacio no cumple con lo ordenado por la Corte Interamericana de DDHH al estado argentino. Los cortesanos se negaron a reconocer el carácter de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD al crimen policial, no repusieron a la querella como parte en la causa y no apartaron del trámite futuro a los jueces señalados por el tribunal internacional como responsables de la gravísima situación de impunidad.