En la audiencia convocada por la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) a fin de que el estado argentino de explicaciones sobre el incumplimiento de la sentencia dictada el 18 de setiembre de 2003 en el caso Bulacio, representantes del ministerio de justicia seguridad y derechos humanos debieron admitir que los dos puntos principales de la condena siguen incumplidos. Las abogadas de CORREPI, que representaron a la víctima, señalaron que las medidas anunciadas por el estado a cinco años de la condena, no son oportunas ni suficientes, ni modificarán las permanentes violaciones a los derechos humanos que comete el aparato represivo argentino, con un promedio de una muerte por gatillo fácil y tortura día por medio.