CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

DE MARCHAS Y MARCHAS
La semana pasada, los diarios titularon profusamente: “Conmovedor pedido de justicia y seguridad en Plaza de Mayo”; “Multitudinaria marcha para reclamar seguridad”; “ La Plaza de Mayo se llenó de lágrimas por las víctimas”; “De Facebook a la Plaza : masiva marcha contra la inseguridad”.

Por debajo del manto “políticamente correcto” de esos titulares, lo que se vio en la plaza fueron carteles que pedían la pena de muerte o que reclamaban “basta de derechos humanos para los delincuentes”. No faltaron los que corearon consignas estilo Susana Giménez, “que los maten a todos”, mientras Juan Carlos Blumberg acompañaba con palmas.

Antes del acto, la madre del modelo publicitario asesinado en un robo fue recibida por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Después, la mujer apeló al “corazón de madre” de la presidenta, y los organizadores se esforzaron en que quedara claro que no era un acto “contra el gobierno”, sino “contra la inseguridad”.

Unos días antes, hubo otra marcha, tan lejos de los despachos de la Casa Rosada como de los flashes de los fotógrafos y las luces de las cámaras de TV. Vecinos de Villa Fiorito, junto a las familias de Walter Robles y Leandro Pérez, dos chicos fusilados por un policía federal, cortaron el Camino Negro, a metros de la comisaría de Ingeniero Budge, en Puente La Noria.

La noticia se reflejó en un sólo medio. “Demoras en Puente La Noria ”, decía el título. Y la nota desarrollaba: “En Puente La Noria , un grupo de personas cortaba el tránsito en el ingreso a provincia, en la mano hacia Lomas de Zamora, lo cual generó demoras sobre la General Paz.” .

En esa marcha, que sólo fue noticia por el “caos de tránsito”, no había actrices, ni famosos, aunque sobraba la policía. Los carteles y los cánticos no pedían “que los maten a todos”. Eran un grito de denuncia, un clamor contra la policía que fusila a nuestros pibes, contra los jueces y fiscales que amparan a los asesinos, contra el gobierno que nos reprime, contra los medios que invisibilizan cada uno de esos asesinatos, titulando “Peligroso delincuente abatido en enfrentamiento”. Enfrentamientos como el del custodio presidencial con Walter y Leandro, uno con 3 tiros en la espalda, el otro con 4…

Cuando el (entonces) ingeniero Blumberg convocó a su primera marcha, y todos le hacían la corte, CORREPI denunció la convocatoria reaccionaria, que buscaba más represión, y advirtió que, tras el mascarón del padre doliente, los trabajadores y el pueblo íbamos a ser víctimas de un refuerzo para reprimir más y mejor, y no precisamente a los ladrones de autos y secuestradores de chicos.

Poco después, el poder ejecutivo mandó al congreso el paquete llamado Plan Nacional Contra la Inseguridad , que incorporó varias reformas de las que el FMI, el GAFI y el departamento de estado yanqui le reclamaban a la Argentina , por esa fecha algo atrasada en el dictado de “leyes antiterroristas”.

No nos llama la atención esta nueva vuelta de tuerca reclamando mano dura. Una mano dura que vemos a diario, cuando contamos los muertos por el gatillo fácil, los torturados, los desparecidos.

El viernes 19 de noviembre, vamos a estar nosotros en Plaza de Mayo, con la lista de esos nombres, en la presentación anual de nuestro Archivo. Si quiere conocerlos, mejor venga a acompañarnos, porque casi seguro, al día siguiente, la noticia será “Embotellamiento en el microcentro”.

NADA NUEVO: SIGUEN TORTURANDOUna vez más, la justicia da muestras de que, la impunidad para la policía, en el estado argentino, está garantizada.

“Severidades”. Así caratularon los jueces la causa contra policías bonaerenses de la comisaría 6ª de Tolosa. Porque, como ya nos dijeron en repetidas oportunidades, “la tortura en democracia no es tortura”.

Lo cierto es que, en Tolosa, un pibe de 17 años fue detenido por la policía, en la casa de un amigo; lo golpearon en antes de subirlo al patrullero y luego en la comisaría, durante varias horas, mientas estaba esposado. Le dieron latigazos con la hebilla de su cinturón, le aplicaron “bolsita” (submarino seco) y luego lo sumergieron en agua podrida (el clásico submarino).

Y después de los hechos, todo como está previsto, cada uno hace lo suyo: el defensor oficial hizo la denuncia. Casal, ministro de Seguridad y Justicia, se comprometió a remover a los policías responsables y el juez dijo que se trató de severidades, con lo que los torturadores, cuanto mucho, irán a parar a otra comisaría o cumplirán, en suspenso, alguna pena mínima, y eso si, a la larga, no son absueltos.

Es que no es un policía, es la función de una institución que cumple en el adoctrinamiento permanente para mostrar quienes son los que mandan en el barrio. Y por sobre toda las cosas, que el pueblo no tendrá ningún derecho, a pesar de que los hechos sean tan evidentes como en este caso. Por eso, la única justicia es la que se puede garantizar con la organización y la lucha.

A pesar de que los medios se empeñan en hacer creer a sus consumidores que las situaciones más perversas y más violentas son responsabilidad de los más pobres; cotidianamente se evidencia en reiterados y frecuentes ejemplos, que, en esas materias, la clase dominante, es la que se destaca.

MARINO PEDÓFILO
Mediante torturas en cárceles y en comisarías, el gatillo fácil, las numerosas violaciones de curas a menores, e incluso mediante las miserable condición de vida a la que condenan al pueblo trabajador, los que más tienen, y sus agentes, demuestran la putrefacción de este sistema.

En este caso comentamos sobre un suboficial de la armada que irá a juicio acusado de integrar una red de pedofilia. El caso salió a la luz a través de Interpol España, que descubrió que el marino subió fotos de menores a un sitio web. El acusado sigue en libertad, pero podría ser condenado a seis años de prisión.

El suboficial, sólo identificado como Marcelo, tiene 36 años. Es casado, con dos hijas. Vive en la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere.

Interpol España detectó “dos usuarios registrados en un foro, uno de Argentina, que habría subido 34 imágenes de pornografía infantil a un sitio”, indicó el fiscal Aníbal Brunet, que explicó que esa cuenta, del suboficial, distribuía material pornográfico desde su casa y su trabajo, la escuela de Ciencias del Mar, dependiente del Ministerio de Defensa. Allí se encontraron más de 500 GB de imágenes y videos de menores de 18 años.

Este caso no es nada más que un ejemplo entre muchos. Un botón de muestra que vuelve a evidenciar que los que sostienen este sistema, son lo más hediondo de él.

REPRIMIR PARA EXPLOTAR
El jueves de la semana pasada, Ate (Asociación Trabajadores del Estado-Provincia de Buenos Aires) realizó una movilización a la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata , reclamando el pago de bonificaciones, el reconocimiento de tareas especiales, el pase a planta de los contratados, nombramiento de personal, y el reconocimiento de insalubridad para algunas áreas.

Mientras aguardaban los resultados de la negociación que se llevaba a cabo adentro del edificio, los trabajadores fueron provocados por la policía, que golpeó a un manifestante. Ante la reacción del resto de sus compañeros, desató una cacería disparando balas de goma y gases lacrimógenos. La represión dejó un saldo de cinco militantes heridos.

El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, no tardó en hacer honor a su puesto y declaró que “resulta una exageración decir que hubo represión”, al mismo tiempo que admitió que “la policía utilizó balas de goma”.

El estado, además de garantizar la explotación de la clase trabajadora, con salarios de miseria y condiciones laborales paupérrimas, reprime a todo el que se organice y luche en contra de esa situación.

TORTURAS A PRESOS POLÍTICOS VASCOS
En los últimos días, en Euskal Herria se renovaron las denuncias de torturas a presos vascos. Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, luego de haber sido detenidos por la Guardia Civil , soportaron -entre otras cosas- durante cinco días de incomunicación situaciones de asfixia, descompensaciones térmicas, fuertes golpes y largos enceguecimientos. Otro nuevo intento fallido de golpear cuerpos para aniquilar ideas.

El 28 de septiembre último, siete militantes de la organización internacionalista vasca Askapena fueron secuestrados por la policía nacional vasca. Walter Wendelin, Gabi Basañez, Unai Vázquez, Itxaso Lekuona, Rubén Sánchez, David Soto y Aritz Ganboa están acusados de “integración en banda armada” y “funcionamiento en el aparato internacional de la ETA ” por el juez Pablo Ruz (sustituto en el tribunal espacial del juez Baltazar Garzón, un verdadero experto a la hora de ponerse la careta de los derechos humanos y simultáneamente apalear a los luchadores populares).

En absoluta consonancia con los demás estados capitalistas, que, bajo el pretexto de combatir al terrorismo se proponen avanzar contra todo tipo de organización que ose oponerse a sus intereses, el estado español se viste a la moda y continúa sus cacerías, intentando aterrorizar, callar, disciplinar a quienes luchan por su independencia.

Frente a esta situación los medios masivos de comunicación de España y del mundo entero sólo ofrecen mentiras, manipulación de la información y justificaciones aberrantes del accionar represivo de quienes se comportan como verdaderos cipayos de los máximos representantes del imperialismo.

Los luchadores del país vasco siguen profundizando los lazos de solidaridad internacionalista con los pueblos del mundo y reafirmando con su práctica cotidiana la disposición absoluta a seguir luchando por la liberación de los pueblos oprimidos. En el país vasco, más torturas, detenciones y represión. En el país vasco, mucha más lucha y organización.

GATILLO EN MENDOZA Y EN FLORES
La misma semana que se cumplieron 13 años de la tortura y muerte del estudiante Sebastián Bordón a manos de la policía mendocina, uno de sus integrantes baleó a un pibe de 13 años. Afortunadamente, las postas de goma, disparadas a poca distancia, hirieron al chico en el rostro, manos y brazos, pero no lo mataron.

El hecho ocurrió en el barrio Provincias Unidas, de Maipú. Según la versión policial, cuando una cantidad indeterminada de uniformados llegó al barrio en respuesta a un llamado por un robo, un grupo de adolescentes les tiraron piedras. Para dispersarlos, un oficial ayudante de la comisaría 10ª, cuyo nombre tampoco trascendió, disparó su Itaka para dispersarlos, hiriendo al chico.

Tan impresentable es el relato policial, que el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, el director de la policía, Juan Carlos Caleri, y el jefe de Gabinete, Eduardo Bauza (hijo del funcionario menemista) se apersonaron en la casa del muchacho, según informaron los medios, “para dialogar con su madre e interiorizarse sobre su salud.

Luego, el ministro declaró que el policía se negó a declarar ante el fiscal, que, de todos modos, no consideró necesario indagarlo, sino que sólo le impuso sus derechos y lo invitó a una “declaración informativa”.

Así como no informaron cuántos policías eran, dónde era el presunto robo ni cómo se llama el tirador, lo que el fiscal sí se encargó de notificar al periodismo fue que las lesiones “no eran de gravedad, sólo eran superficiales”.

Menos afortunado fue un hombre de 35 años, muerto por varios disparos efectuados por un policía federal que esperaba un colectivo en Cobo y Puan, en el barrio porteño de Flores. Como de costumbre, la historia oficial es que el muerto, junto con dos cómplices convenientemente prófugos, intentó asaltar al policía. Sorprende al más confiado la frecuencia de estos fracasados robos a uniformados, que siempre terminan con uno o dos muertos, sin que jamás salga un policía herido.