CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA TRIPLE ALIANZA ANTIOBRERA NOS GOLPEÓ DE NUEVO

Todos sabemos lo que pasó: Las balas de la patota de la Unión Ferroviaria se descargaron sobre los trabajadores tercerizados y los militantes que los acompañaban en su reclamo. La fuerza de choque de la burocracia sindical operó con las espaldas bien cubiertas por la policía. Mataron a Mariano Ferreyra e hirieron a Elsa Rodríguez, que sigue luchando por su vida, y a otros dos compañeros.

Los trabajadores ferroviarios vienen denunciando hace rato el perverso mecanismo de la tercerización, que permite a los empresarios profundizar la explotación e incrementar sus ganancias. Del mismo modo, el socio de los empresarios, el gobierno, terceriza la represión usando a su otra socia, la burocracia sindical, para ser más eficaz que cuando, directamente, manda sus policías y gendarmes.

Esta suerte de “privatización” de la represión no es cosa nueva. A fines del siglo XIX, durante la Crisis del 90, los punteros del partido conservador usaban a los “pitucos” o “cajetillas” para intimidar a los obreros que intentaban asomarse a la vida política. Durante la Semana Trágica de 1919, a la represión policial se sumó la Liga Patriótica Argentina, una fuerza de choque dirigida por la elite conservadora, que se dedicaba a atacar sindicatos, agrupaciones de izquierda y anarquistas, y de paso, también a los judíos. Después del golpe de estado del 30, apareció en escena la Legión Cívica Argentina, una banda paramilitar alentada por el gobierno del general Uriburu, siempre con el objetivo de vigilar y reprimir el accionar de los trabajadores.

Más cerca en el tiempo, tuvimos la “Triple A” del gobierno peronista de 1974/75. Después del ’76, muchos de sus miembros se diluyeron en los grupos de tareas que ejecutaron la política de exterminio de la dictadura.

Hoy vemos actuar a diario a las patotas del siglo XXI. Como las del pasado, están al servicio del partido gobernante, contra los trabajadores organizados, los estudiantes y los militantes de izquierda. El PJ, legatario del viejo tronco conservador en su rol de defensor de los intereses de la burguesía, siempre se ha caracterizado por disputar la calle a través de la violencia, con grupos de choque sindicales, vinculados a barras bravas de clubes de fútbol que dirigen sus propios punteros, o prestados por otras organizaciones, integradas a su amplio concepto de movimiento.

Durante el gobierno de Duhalde era constante el ataque de patotas a las asambleas barriales, como en Merlo, bajo la dirección de Otacehé, o en Santa Cruz, donde el gobernador era Kirchner. La patota de Barrios de Pie y otros nucleados en Libres del Sur apalearon desocupados y trabajadores no kirchneristas más de una vez, como el 9 de julio de 2004 en Tucumán. Los jóvenes de la FUBA fueron atacados por la patota de APUBA, liderada a cara descubierta por el kirchnerista Anró. En Neuquén, la patota de la UOCRA “liberó” la ruta cortada por los docentes frente una planta de Repsol-YPF, y en el Garrahan, la del gremio municipal protegió al ministro Ginés González García de la bronca de los trabajadores. ¿Se acuerdan de Sergio “La Tuta” Mohamad, hombre de Alberto Fernández y dirigente del PJ porteño, rompiéndole la cabeza a los trabajadores y a los periodistas en el Hospital Francés?.

La ecuación del gobierno es simple: si los que atacan, pegan y, como esta vez, matan, no llevan uniforme, siempre se puede recurrir a las tesis del desborde individual o del grupo de inadaptados. La “tercerización” de la función represiva permite que se laven las manos frente a ataques organizados y dirigidos desde los despachos oficiales, pero en los que no interviene su aparato armado oficial. Hasta pueden darse el lujo de exigir “esclarecimiento, juicio y castigo”, si la patota comete el error de dejarse filmar a cara descubierta. Ya vimos el desparpajo de los Kirchner, clamando para que se identifique a los autores materiales e intelectuales, o diciendo que la oposición quería tirarle un muerto, o que la izquierda necesitaba un mártir…

Pero tercerizar la represión también sirve para otra cosa. Con el imprescindible aporte de los medios, sirve para deslegitimar las luchas. Todos, kirchneristas o antikirchneristas, se apuraron a titular “interna entre gremios” o “enfrentamiento de fracciones sindicales”, como si ellos y nosotros fuéramos dos partes de lo mismo. A coro con la presidenta, cuestionan la “violencia”, la de la patota asesina, y la del piquete, el corte de vías, la capucha o el palo de autodefensa… como si no estuviera bien claro por qué y de quién tenemos que defendernos.

Con el asesinato de Mariano, ya son siete los muertos por la represión en marchas o manifestaciones durante el gobierno de los Kirchner. Mariano Ferreyra suma su nombre a la lista que se inició en 2003 en Jujuy, durante una movilización contra la tortura, con Luis Cuéllar, y que continuó con Carlos Fuentealba, el docente de Neuquén, en 2007; que siguió con Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo, en Mendoza, 2008, y tres muertos en manifestaciones contra el gatillo fácil policial en 2010: Facundo Vargas, en Talar de Pacheco, y Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche. No son menos asesinos los que hoy se llaman oposición, que gobernaron con el PJ de Menem, con el PJ de Duhalde y con la Alianza de los radicales, el Frepaso y demás “progres”, responsables, por turno, de que en esa lista ya estuvieran los nombres de Víctor Choque, de Teresa Rodríguez, de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes, de Aníbal Verón, Barrios y Santillán en Salta, del 20 de diciembre y del Puente Pueyrredón.

No nos olvidemos tampoco que este gobierno, que hoy habla de justicia, es el mismo gobierno que encausa y encarcela luchadores, y que, con otra variante represiva, la del gatillo fácil y la tortura contra la clase trabajadora no organizada, nos mata un joven por día.

La triple alianza antiobrera de los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical, nos golpeó de nuevo. El mejor homenaje al compañero asesinado, el único que está a la altura de su entrega, es profundizar la organización para luchar contra la explotación, y contra la represión.

LA JUSTICIA PROPATRONAL

Los trabajadores de FATE, hace años vienen dando una fuerte pelea por sus reivindicaciones enfrentando a la patronal, al gobierno, a la burocracia y a la justicia estatal.

El martes 26 de octubre, los trabajadores se movilizaron nuevamente a los tribunales de San Isidro para repudiar a la patronal y a los jueces que la defienden, que buscan, a través de acciones legales, dejar sin fueros y despedir al delegado Víctor Ottoboni.

Las razones que aduce la empresa para iniciar el juicio, no son ni más ni menos que la participación en las medidas de fuerza que los trabajadores votaron en 2008.

Este es uno más, entre otros juicios que ya ha iniciado la empresa por desafueros para los delegados, que son acusados por cumplir con su responsabilidad sindical. Los delegados Sosa, Bronzuoli y Gallardo son el antecedente de la situación que hoy enfrenta Víctor Ottoboni.

Nada puede esperarse a favor de los trabajadores de la mano de una justicia que responde a los intereses de los empresarios. Vemos, así, como rápidamente se actúa contra trabajadores por su representatividad sindical y nada se hace contra la empresa y la burocracia patotera que cuida sus intereses y asesina a quienes reclaman mejores salarios y condiciones de trabajo.

Provenga de donde provenga, la represión siempre es del estado, sus instituciones y los grupos para estatales que responden a sus intereses de clase contra el pueblo trabajador. Y sólo se la enfrenta con la lucha.

FÚTBOL: PASIÓN DE MULTITUDES… REPRIMIDAS

Años atrás alguien acuñó una frase ingeniosa: AL FUTBOL SE JUEGA COMO SE VIVE, aludiendo al carácter y a los objetivos que propone el juego según las convicciones de quien lo practica. Desde hace mucho tiempo, en el negocio del fútbol, más allá de lo estrictamente lúdico, hay un espejo de cómo se vive.

El pasado domingo, en Avellaneda, al término del partido Independiente-Boca, para desalojar rápidamente a la parcialidad visitante, la policía de la provincia de Buenos Aires no tuvo mejor idea que disparar sus armas sobre la multitud. La habitual “invitación”, que los uniformados resolvieron ensayar para terminar pronto su adicional del domingo, no se inscribió entre las páginas más negras de la violenta historia del accionar represivo estatal, tan sólo porque la suerte o la mala puntería lo impidieron. No obstante, hubo más de una docena de heridos por las balas de goma.

Sin embargo, a la hora del análisis que la dirigencia de uno y otro club hicieran sobre semejante amenaza a la integridad física de simples asistentes a un pretendido espectáculo deportivo, el énfasis se colocó sobre la posible “locura” de los portadores del arma provista por el estado y en “el exceso” en las funciones en el que habrían incurrido.

Un tal Beraldi, dirigente boquense, pero antes que nada empresario del transporte de carga, fue el encargado de explicar que en el momento en que la gente se retiraba tranquila un “loco” de la policía comenzó a disparar sobre ella. El presidente del club de la Ribera, el también empresario Amor Ameal, fue quien calificó de “exceso” a la agresión policial.

Sin perjuicio de que la más actualizada normativa policial provincial (Resolución interna 1219 del año 2006) en materia de portación de armas largas en espectáculos deportivos exige al policía el uso de munición de estruendo (salva) para dispersar tumultos y sólo cuando hay desbordes incontrolables habilita el uso de postas de goma, lo ocurrido revela que la represión estatal puesta en acto, lleva el visto bueno de la institución que, al formar, instruir y suministrar las armas a sus agentes, alienta el uso de la violencia indiscriminada sobre la población como práctica usual, más allá de subjetividades o estados emocionales individuales.

Los numerosos actos a repetición, que constituyen moneda corriente en las canchas del país, dan por tierra con los argumentos de los empresarios dirigentes. Ni locura ni exceso, violencia institucional para no desperdiciar ni una sola posibilidad de disciplinar.

Los dirigentes lo saben, y también lo encubren con los eufemismos de rigor, son coherentes con su condición de empresarios. Después de todo, “al fútbol se juega como se vive”.

TORTURA EN CORRIENTES

El 13 de octubre, Cristian Albornoz fue llevado a patadas hasta su celda, donde sufrió más golpes, que tuvieron como resultado la fractura de un dedo y dejaron marcas en su tórax y muslos. Sus compañeros Mario Escobar y Juan Valle, que intentaron detener la agresión, también fueron golpeados.

Los oficiales Villanueva, Hidalgo y Molina, y el sargento González, ejecutores de la tortura, ya convirtieron este accionar en una práctica cotidiana dentro de la unidad, protegidos por el mismo servicio penitenciario, que garantiza que esto sea posible. Albornoz había realizado cinco pedidos de audiencia para denunciar esta situación, pero, como siempre ocurre, habían sido cajoneados.

Otro caso que no se puede contar como exceso, brutalidad ni crueldad. Hay una sola definición: TORTURA. Pero si es en democracia, mejor que no se note.

GATILLO FÁCIL EN VIEDMA

La madrugada del domingo 24, en el barrio Lavalle, uno de los más pobres de Viedma, Guillermo Trafiñanco, de 16 años, se asustó cuando vio venir un patrullero. Un certero disparo 9 mm en su espalda cortó la breve carrera.

Inmediatamente se movilizaron los vecinos del barrio, acompañados por organizaciones populares. Para amainar la tormenta, la jefatura de la policía provincial dispuso la disponibilidad (suspensión transitoria) del sargento 1º Meza, autor del disparo, y de otros dos policías. El juez de instrucción debió reconocer, frente a la movilización popular, que “No se descarta que haya estado en el piso cuando le dispararon”.

Al mismo tiempo que el juez ordenaba el arresto del sargento, se supo que en el juzgado de al lado, el nº 2, hay dos causas iniciadas este año contra el mismo policía, por torturas, claro que livianamente calificadas como apremios ilegales. De más está aclarar que no sólo el policía estaba en libertad, sino que seguía trabajando, armado y en la calle.

Otro joven pobre asesinado por el gatillo fácil, herramienta policial de una política de estado que se ha cobrado más de 3.000 vidas desde diciembre de 1983.

NUEVA “MODA” PARA LA IMPUNIDAD

En su cotidiano afán por producir novedades y sentar nuevas doctrina, jueces y fiscales vienen recurriendo, en los últimos tiempos, a una llamativa variante procesal para cumplir su función de garantizar la impunidad de los represores.

Parece que se dieron cuenta que archivar las causas de gatillos fáciles o torturas sin juicio, o absolver escandalosamente, contra la plena evidencia, a los policías y otros uniformados, a veces trasciende y les da mala prensa. Entonces, hacen como si se fuera a juzgar al asesino o torturador, y, a último momento, con cualquier excusa, suspenden el juicio.

Pasó, hace no mucho, con la causa por el fusilamiento de Miguel Da Silva (16), con el fiscal de Mercedes de luto por un largo año. Se repitió con el gatillo fácil del que fuera víctima la niña Romina Lemos (15), a raíz de “problemas de agenda” del tribunal de San Isidro. El pasado lunes 25, en Morón, CORREPI tuvo que escrachar al tribunal que suspendió el juicio contra el policía Nogueira, asesino de Jonathan “Tato” Mansilla, a la espera de que se determine “si está en condiciones psiquiátricas de afrontar el debate”.

El lunes 1º de noviembre debía comenzar el juicio contra el federal Alberto Segovia, que mató con un tiro en la nuca a Mauricio Vega, joven integrante de la murga “Los Incansables de Chacarita” la última noche de carnaval del año pasado. Pero los señores jueces sufren “problemas organizativos” que “los obligaron a suspender el debate”.

Problemas organizativos que les impiden hacer el juicio, pero no obstaculizan el trámite de la “probation” (suspensión del juicio a prueba de conducta”) que la defensa acordó con la fiscal. Total, ya sabemos que, para jueces y fiscales, un tiro policial en la nuca de un pibe de barrio es, a lo sumo, “un accidente”, y, si es un accidente, ¿por qué no ofrecer al desafortunado funcionario público que enjugue su culpa con unas horitas de tareas comunitarias y portándose bien un par de años, después de los cuales ni siquiera tendrá un antecedente penal?

El 11 de noviembre, mientras en la sala del TOC 21, en Lavalle y Libertad, debatan si conceden al asesino el beneficio de una “solución alternativa a la pena”, afuera, en la calle, la familia de Mauro, los militantes de CORREPI y el movimiento murguero, nos movilizaremos para decir lo que pensamos de todos ellos, y de la “nueva moda” de las suspensiones para garantizar la impunidad de sus perros guardianes.