CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

POLICÍA CONDENADO POR FUSILAR A ROMINA

Hace 4 años y medio, Romina Lemos (15) fue a bailar a un boliche de Pacheco con sus amigos del barrio. A la salida del baile, un chico que conoció esa noche le ofreció alcanzarla a ella y a otro vecino hasta su casa, en San Fernando. Ninguno de los dos sabía que el auto había sido robado la noche anterior en San Isidro.

Un patrullero reconoció la patente, dio el alerta radial y comenzó la persecución a lo largo de 35 cuadras por la ruta 197. A los tiros, claro. La cosa terminó con el auto sin control, con dos ruedas en llanta, dirigiéndose de lleno a una camioneta policial cruzada a la bajada del puente de Pacheco, a la que embistió ligeramente, para luego chocar el cantero de cemento que separa las manos de la ruta. El conductor se tiró del auto antes que se detuviera, rodó y salió corriendo. Los dos patrulleros que venían detrás se dirigieron a buscar al prófugo.

En el lugar quedó el auto chocado, con la horrorizada Romina hecha un bollito, en posición fetal, en el asiento delantero, y su vecino, de 17 años, igualmente acurrucado en el asiento de atrás. El cabo Cristian Luján González bajó de la camioneta, amartilló una ametralladora UZI, y disparó tres veces, tiro a tiro, contra el lateral derecho del auto. Uno de los proyectiles atravesó el panel trasero derecho del auto, pasó como manteca por el respaldo de la butaca del acompañante, e impactó en la espalda de Romina, unos 6 cm . debajo de la escápula. Como estaba inclinada, con la cabeza entre las rodillas, la bala recorrió el tórax de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Fracturó una costilla, arrasó con el pulmón derecho, pasó por debajo de la clavícula y destrozó la yugular. Ahí quedó el plomo 9 mm , en el cuello de Romina.

El pibe de 17 años fue detenido, pero después de escuchar su declaración fue sobreseído. El policía fue acusado por homicidio simple, pero nunca se ordenó su detención. El juicio oral se suspendió dos veces sin otro motivo que “problemas de agenda” del tribunal.

Finalmente, el lunes 29, el tribunal oral nº 2 de San Isidro tuvo tiempo para ocuparse de Romina, la piba de 15 años que salió a bailar, y la mató un policía. La prueba era tan contundente como la presencia de los militantes de CORREPI, casi todos familiares de víctimas de la represión policial. Entre las banderas con la foto de Romina, estaba también la imagen de Marcelo “Peca” Rivero, el pibe de 17 años asesinado por la policía de Rafael Castillo en marzo de 1989, causa impune hasta hoy. Su mamá, Estela, militante histórica de CORREPI, era la tía abuela de Romina.

Iniciado el debate, el fiscal cambió de idea, y acompañó a la querella en la acusación por homicidio calificado. Llegados los alegatos, después del consabido desfile de policías desmemoriados y de testigos “del procedimiento” que juraron que no vieron nada y hasta uno que dijo que jamás fue a la comisaría a firmar el acta donde aparece su nombre, el fiscal también nos acompañó en pedir prisión perpetua. Exigimos, además, que terminara el privilegio de la libertad para el asesino, y se dictara el mismo martes 30, veredicto condenatorio y se detuviera al policía.

A fuerza de consecuencia y movilización, ése fue el resultado. Desde hoy a las cuatro de la tarde, el policía Cristian Luján González está preso, condenado por haber asesinado a Romina Lemos. El martes 7 de diciembre, a las 12:00, conoceremos la sentencia, y sabremos si lo condenaron a prisión perpetua por homicidio calificado, como pedimos los acusadores, o si se dan maña para inventar alguna cosa más livianita.

CAUSA MARIANO FERREYRA: EL PROCESAMIENTO Y LAS “FOTOS” QUE FALTAN

Se decretaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen político de Mariano Ferreyra, todos ellos, como co-autores de los delitos de homicidio calificado (respecto de Mariano) y tres tentativas del mismo delito (en relación a los otros tres compañeros heridos, entre ellos Elsa Rodríguez, todavía luchando por su vida).

El fallo reconoce que cada uno de los involucrados cumplió una función específica, sin las cual no se hubiera podido cumplir el plan completo, acordado por todos con anterioridad. Ese plan criminal incluía, como ocurrió, la aceptación de todos de los resultados, como lo fueron el asesinato de Mariano y las graves heridas a los demás compañeros. En la decisión judicial hay una descripción detallada, como una “foto” de cada uno y de su respectivo accionar.

CORREPI, patrocinante de parte de los querellantes en la causa, sostuvo siempre esa autoría plural: ni cómplices ni partícipes, todos homicidas, todos asesinos que se inscriben en la larga y ominosa lista de los verdugos del pueblo. Pero también venimos sosteniendo que esa calificación debe abarcar a los que, desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios socios del gobierno y desde los despachos oficiales de ese mismo gobierno, alentaron, facilitaron y organizaron el crimen.

En la misma causa, en el mismo fallo, está ya probado que los empresarios reunidos en la UGOFE tramitaron los celulares con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo. No ha sido citado (ni siquiera individualizado) ninguno de esos empresarios.

Lo mismo sucede con la policía federal, que prestó más que una “inestimable” colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Sólo se ha dispuesto la formación de una causa paralela, por fuera de la causa de homicidio, solamente para analizar si la policía cumplió o no sus funciones de prevención.

Es ineludible la responsabilidad de Pedraza y de cuanto burócrata ferroviario lo rodea. Al secretario general de la Unión Ferroviaria se le pidió la indagatoria, a regañadientes, cuando una de sus principales intervenciones fue la de avisar al más alto funcionario gubernamental en materia de Transporte que los compañeros iban a realizar una medida en reclamo de sus derechos.

Está probado, incluso con los parámetros judiciales, que el accionar del empresariado, los burócratas y funcionarios del gobierno formó parte insoslayable del todo criminal. El prontuario de la triple alianza antiobrera, por ahora, no registra todas sus fotos en la causa.

EL CASO DEL BLINDADO: NO PARAN DE SALTAR LOS BOTONES

Esta semana, la sección de policiales nos taladró con el caso de un camión blindado que transportaba unos 20 millones de pesos. En un intento de asalto, una banda muy bien organizada mató a dos de los policías que lo custodiaban, e hirió a otros dos. “Una masacre cometida por animales, inhumanos”, dijeron a coro los medios y los jefes de gobierno bonaerense. Adjetivos calificativos no usaron cuando fue el asesinato de Mauricio Vega por la espalda, o tras la muerte a palos, con bastones de caballería, de Diego Gallardo, ni tampoco con los más de 3.000 otros pibes asesinados por el Estado. “Héroes”, decía Scioli, como si morir en un asalto fuese heroico.

A los pocos días del hecho, se hicieron treinta y pico de allanamientos. ¿Hace falta decir que el primer allanamiento por la muerte de Mariano Ferreyra en el Departamento Central de policía se hizo recién 40 días más tarde, y que, según Aníbal Fernández no fue un allanamiento sino una “presentación”?. Pero volviendo a la causa por el robo, después de los allanamientos exhibieron un organigrama que identificaba como parte de la banda a un custodio vicepresidencial y como jefa de la organización a Adriana Romero, cabo de la policía federal, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Casi instantáneamente, esos nombres se borraron de los medios.

Cuando le preguntaron a Scioli, dijo: “se trata de otra causa similar del 2009, estos allanamientos estaban pensados desde antes del último robo”. De todas formas, y con una clara cuota de suerte, encontraron los coches usados en el asalto al blindado, y cosas que fueron robadas a los policías. Para pesar del gobernador, y como nunca nos vamos a cansar de decir, de nuevo “saltó el botón”. También en ese caso, la banda estaba dirigida por un ex policía, de apellido Jerez, instructor de tiro e involucrado en el asalto al Banco Credicoop de Saavedra, en noviembre de 1997. El asalto en el que uno de los ladrones, también policía, fusiló al cabo Ayala, porque lo había reconocido. Por más que intenten, no lo pueden disimular: todos polichorros.

HUELGAS DE HAMBRE EN CÁRCELES: SER ENEMIGOS, PERO DEL SISTEMA

El encierro institucional -en su inmensa mayoría de personas revictimizadas por el sistema de desigualdad social- constituye una herramienta del disciplinamiento y el control social, ejercido por el estado en su carácter de gendarme de los intereses de la clase dominante, con el ingenioso método de conceptuarlos como los “enemigos de la sociedad a los que deben resocializar y reinsertar”.

Ese encierro, debe además contribuir a la degradación humana del preso, afectando su subjetividad hasta minar las posibilidades efectivas de adquirir conciencia sobre las verdaderas razones de su situación. Es que cualquier alternativa que apunte hacia el conocimiento y potencie la actividad intelectual que todo ser humano lleva consigo, es un presupuesto peligroso para el sistema que basa su dominación en la explotación y la alienación, alternativas conjuntas y motivos reales de aquella “resocialización”.

Un preso que transita este camino es un potencial cuestionador del sistema y, si encima se organiza para hacerlo colectiva y autogestivamente, asume ya la condición que más preocupa a los administradores estatales de turno: ser enemigo, pero del sistema.

Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan C. Pérez, Jorge Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brossio, Diego Petrissans, (presos mal llamados “sociales”) son internos estudiantes del CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO, que hace más de un mes llevan adelante una huelga de hambre por los constantes impedimentos que el sistema penitenciario (avalado por el “gobierno de los derechos humanos”) les impone.

A su turno, en el penal de Marcos Paz, el compañero Roberto Martino, preso político, ingresó en una nueva semana de huelga de hambre, mientras la justicia debe resolver en estos días sobre su libertad.

En uno y otro caso, se han despertado solidaridades y reclamos conjuntos de sectores del pueblo, que sólo han de cesar cuando se destruyan los privilegios de clase, cuando se instaure una nueva sociedad, pero que, mientras tanto, seguirán bregando por el cese de toda represión, por la defensa de las luchas independientes y por la libertad de sus presos políticos.

REPUDIO ANTE LA FEROZ REPRESIÓN EN FORMOSA

El martes 23, por la noche, la policía de Formosa desalojó de manera violenta a los integrantes de la comunidad toba La Primavera , que mantenían cortada la ruta nacional 86 como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia feudal, de apellido Celía, reclama como suyas con el apoyo del gobierno provincial del gobernador Gildo Insfran, quien en su momento fue menemista, luego duhaldista y hoy es kirchnerista. Insfran gobierna Formosa desde 1995, y, antes, fue dos veces vicegobernador.

Los Celía forman parte de esa minoría poderosa que domina Formosa, tan linda y tan rica, pero que, sometida a este asesino sistema capitalista, que no le suelta el cuello y aprieta cada vez más, es una de las provincias más pobres del país, con los peores índices de pobreza, indigencia y muerte infantil, y más del 60% de su población bajo la línea de pobreza. Según informes privados, alrededor del 80% de los trabajadores del estado reciben salarios inferiores al mínimo vital. En este contexto, el clientelismo político se hace fuerte.

Desde hace tiempo, los integrantes de la comunidad advertían policías de civil, que, en complicidad con los Celía los amenazaban. Las acciones intimidatorias venían en alza y se percibía que se venia la represión. El martes finalmente sucedió. Y el resultado fueron por lo menos dos muertos, 30 heridos, dos niños desaparecidos y 30 casas quemadas.

No hubo un solo policía ni nadie de la familia Celía detenido. A esta maniobra, se suma la desinformación de los medios, tildando de violentos y salvajes a los habitantes de la comunidad, mostrando a la policía como víctima, y presentando el reclamo de los pueblos indígenas como si fueran depredaciones de hordas salvajes

Pero no es para extrañarse, esta ha sido una política del estado argentino desde sus primeros pasos como nación hasta los días de hoy. En 1877 asumía la presidencia Nicolás Avellaneda, con una pesada carga de deuda externa, que prometió a la banca, empresas y particulares ingleses: “Nuestro país pagará sus compromisos exteriores hasta la última gota de sangre del último argentino”. Inmediatamente, Avellaneda nombró ministro de Guerra a un tal Julio Argentino Roca, y litros de ese plasma salvador se recaudaron de venas indias.

En 1947, durante el segundo año de gobierno de Perón, se orquestó una masacre en el monte formoseño. La comunidad Pigalá resistió a un violentísimo desalojo masivo, donde no faltaron balas, incendios intencionales, mujeres violadas, persecuciones y fusilamientos.

Hoy, los tiempos del gobierno de los “derechos humanos” parecen demandar otros métodos, más disfrazados, aunque igual de perversos y premeditados. El estado argentino oculta y silencia la vida marginal y de extrema pobreza de los habitantes originarios de estas tierras, y mantiene un orden represivo y opresor para que las minorías poderosas sometan económicamente a las mayorías indígenas y mestizas.

Es necesario denunciar que el estado argentino lleva a cabo una silenciosa y perversa estrategia de control y exterminio silencioso de aborígenes en el interior del país, como lo hace con los jóvenes pobres en el conurbano.

GATILLO: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA REPRESIÓN

A 10 días de la presentación del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado, el aparato represivo ya se cobró nuevas víctimas. Además de los luchadores asesinados en Formosa, son tres los casos de gatillo fácil que salieron a la luz.

En San Luis, un pibe de 16 años fue asesinado por la policía de la provincia, que disparó contra su cuerpo por “no acatar la voz de alto”.

En Rosario, Santa Fe, una oficial de la Brigada de orden urbano, baleó a un pibe en el tórax que, según el policía, intentó robarle la moto. Murió en el hospital poco después.

En Tucumán, el oficial de la policía federal, Fabio Antonio Abregú (25), fusiló de un disparo en la cara a Pamela Núñez (24), quien viajaba con él y Cecilia Abregú en un automóvil hacia Famaillá. Las versiones declaradas por los hermanos Abregú son contradictorias, y difieren ambas con la exposición hecha por un testigo. Mientras el oficial declara haber sido “atacado a tiros por delincuentes”, el testigo aseguro que no hubo tal ataque, y los disparos se produjeron desde adentro del auto.

En distintas provincias, con distintos gobiernos (peronistas federales, socialistas o kirchneristas) la herramienta para mantener el control social es la misma: represión.

Próximas actividades: Sentencia por Romina Lemos

Convocamos a acompañarnos en la lectura de la sentencia condenatoria al policía Cristian González el martes 7 de diciembre, a las 12:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.