CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

NOS VEMOS EN LA LUCHA , COMPAÑERA ADRIANA

Porque la constancia de su militancia sólo es comparable a su coherencia. Porque no olvidó, no perdonó, no se reconcilió y nunca dejó de luchar. Porque la invitaron a los palcos y los actos oficiales, y nunca transó. Porque siempre privilegió los principios a las conveniencias, y tuvo claro quién es el enemigo.

Compañera Adriana Calvo, ¡nos seguiremos viendo ahí, en la lucha!.

GATILLO FÁCIL EN AVELLANEDA

El 16 de noviembre, en la puerta del Hospital Finocchietto de Avellaneda, Lautaro Aragón, de 19 años, fue a comprar un sándwich a un kiosco. Un efectivo del servicio penitenciario que iba a relevar a su compañero, creyó que este chico y otros dos lo querían asaltar. Neutralizó el “temor” con dos tiros a quemarropa por la espalda. El policía estuvo sólo un par de horas detenido (recordemos que por averiguación de antecedentes nos retienen hasta 12 horas). La fiscal que interviene en la causa opina que actuó en “legitima defensa” y decidió no aceptar la entrevista que le pidieron los padres del chico. La familia se movilizó, para que, al menos, se difunda la noticia.

Como vemos, semana a semana, con el justificativo de asaltos o presuntos asaltos, las fuerzas de seguridad tiran a matar. Desde los medios, se encargan de demonizar a las víctimas fatales, alertando que tenían antecedentes o que venían “en un raid delictivo”. Mezclan las declaraciones de vecinos que dicen que siempre los roban en ese lugar, como si hubiese sido esa misma persona. Como si fuera poco, se suman, a la policía con “gatillo fácil” y a los medios con “noticia fácil”, los fiscales y jueces que “absuelven fácil”.

“NO SE ADVIERTE ABUSO” EN UN TIRO EN LA ESPALDA

“Tenemos por probado que, con el auto deteniéndose, y cuando el conductor huía a pie hacia la izquierda, el oficial Cristian Luján González tomó su ametralladora UZI, la amartilló, y efectuó por lo menos tres disparos hacia el lateral derecho del auto en cuyo asiento delantero derecho se acurrucaba la niña Romina Lemos, de 15 años de edad. Uno de los proyectiles penetró por el panel trasero derecho, atravesó la butaca del acompañante y se incrustó en la espalda de Romina, siguiendo su trayectoria hasta su cuello, debido a la posición fetal en que se encontraba”.

Palabras más, palabras menos, así describieron los jueces del TOC nº 2 de San Isidro lo ocurrido el 30 de abril de 2006, a las 6:30 am, en la bajada del puente de Pacheco, sobre la ruta 197. Los tres magistrados coincidieron en que “no había motivo alguno para que el imputado disparara, porque Romina “ningún peligro generaba, para el policía ni para terceros”.

Ninguna duda, entonces, de que Romina fue fusilada. El policía fue condenado y detenido al término de los alegatos, cuando se anuncio el veredicto. Pero cuando se leyó la sentencia, unos días después, resultó que, en lugar de prisión perpetua, como corresponde al policía que mata en ejercicio de sus funciones (art. 80 inc. 9 del código penal), y como habíamos pedido desde la querella con acuerdo del fiscal, la condena fue por homicidio simple (art. 79 del código penal), a unos cortos 11 años a la sombra.

Si un ciudadano cualquiera mata a otro, sin atenuantes ni agravantes, el código define esa acción como “homicidio simple”, con una pena de 8 a 25 años. Otra cosa son los “homicidios calificados”, casos agravados como el parricidio, el crimen del sicario (por plata) o el homicidio cometido por un miembro en servicio activo de la policía “en abuso de las funciones operativas normales dentro de la fuerza”.

Es claro que ni el homicidio de Romina ni ningún caso de gatillo fácil es un “abuso”, sino estricto cumplimiento de una política de estado, pero así lo define la ley. Y aún así, no alcanza para que los jueces lo apliquen a los policías. La palabrita “abuso” se convierte en la puerta por la que escapan, a diario, los policías y otros funcionarios que asesinan de uniforme, porque, como en el caso Lemos, los jueces dicen que “no se advierte el uso abusivo de la función”.

Si meterle un tiro de ametralladora a propósito por la espalda a una chica adolescente desarmada y agachada (como el juez Mirabelli reconoce que se probó en este caso) no es siquiera “abuso” para el policía, se entiende mejor cómo funciona el mecanismo de la impunidad judicial. Así, sorprende menos que el tribunal de casación provincial, esta misma semana, haya confirmado la escandalosa absolución del policía Carrizo, que fusiló a Gustavo Mareco (16), argumentando que pudo creerse en peligro, porque el pibe lo apuntaba… con el celular que le iba a devolver.

POLÍTICA DE ADOCTRINAMIENTO ESTATAL CON TODO EL CONSENSO DE LOS MEDIOS

Fue en diciembre de 2009. Luego de un año salió a la luz. Y saltó por las mismas peleas intestinas que se dan dentro de cada fuerza represiva para quedarse con los negocios del lavado, el narcotráfico, el crimen organizado y el helado rico y gratis de alguna heladería.

Un mail anónimo llegó al Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) amenazando con divulgar la fotografía de más diez niños posando con armas largas, si se hacían cambios en la cúpula de un grupo de tareas de esa fuerza. A los niños de 4, 5 y 6 años se los ve empuñando FAL, ametralladoras, chalecos antibalas, máscaras antigás y cascos.

Nada de asombrosa tiene esta postal militarista. En dictadura o democracia, los cerdos están para reprimir y adoctrinar a los trabajadores y a los empobrecidos. Así invitan e imponen los represores a los niños a ser desclasados desde muy pequeños.

Párrafo aparte merece el diario Página 12, que a esta altura ya es un pasquín oficialista. En la nota publicada por Raúl Kollmann, el periodista intenta aparecer la escena como una rémora de espíritu militarista. Asegura que desde que dejó de ser influída por la Fuerza Aérea , en la PSA “se puso en marcha un proceso de transformación democrática” e intenta lavarle la cara a la fuerza, describiendo todas las tareas que realizan a favor de la burguesía.

Ni rémora militarista, ni resabio de la dictadura: política de adoctrinamiento estatal. Y con todo el consenso posible de los medios

LIBERTAD A MARTINO Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

A más de un mes de haber iniciado una huelga de hambre exigiendo su libertad ante la injusta detención, la vida de Roberto Martino está en riesgo. Fue internado el último viernes 10 de diciembre, por sufrir hipotensión, falta de calcio y potasio, condición que aumenta el riesgo sobre su ya deteriorada salud.

Roberto Martino está preso por solidarizarse con los pueblos agredidos por la política criminal del Estado de Israel. Y es por eso mismo que, aún en el momento más crítico de su huelga de hambre, la Cámara de Casación confirmó su prisión preventiva, en un claro pronunciamiento en contra de la lucha popular.

Del mismo modo, los estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), continúan con su huelga de hambre, que ya lleva más de 50 días, en reclamo contra las constantes amenazas y obstáculos impuestos a su funcionamiento.

Una muestra más de cuál es la política de estado, gobierne quien gobierne, a la hora de garantizar las condiciones de detención del pueblo trabajador. Un estado que decidió primero encerrar, luego apalear, más tarde cercenar su derecho a la educación y ahora deteriorar su salud y poner en riesgo sus vidas. El gobierno de Cristina Kirchner hoy es responsable por la vida y la integridad física de estos compañeros.

CHILE: 83 PRESOS MUERTOS EN UN PENAL

En el penal de San Miguel, al sur de la ciudad de Santiago de Chile, un incendio causó 83 muertos y 14 heridos graves. El incendio se inició en la madrugada del 8 de diciembre y casi una hora más tarde dieron aviso a los bomberos, desde un celular desde adentro del penal.

La represión no tardó en llegar cuando centenares de familiares de los presos se concentraron en las afueras del penal para exigir información sobre los muertos y denunciar las condiciones en que tienen a los presos. El propio ministro de justicia chileno, Felipe Bulnes, tuvo que asumir que es escandaloso el nivel de hacinamiento en que el estado tiene a los presos, reconociendo que el penal de San Miguel tiene capacidad para 1.000 personas, y había 1.960.

Es el estado, a través de los servicios penitenciarios, el que asume la responsabilidad de la custodia, y encuentra esta forma para vaciar las cárceles y acomodar los números.

Es el estado el responsable, que cuando no mata, deja morir.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Domingo 19 de diciembre, a las 10:00, nos concentramos en el cementerio de Derqui, para homenajear a Sonia Colman, fusilada el 23/12/2007 en Del Viso por el teniente 1º Oscar Benítez, que sigue en libertad.