CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

“ACUERDO DEMOCRATICO” PARA DISCIPLINAR SIN QUE SE NOTE.

Despejando el ruido para encontrar las nueces, el tema del nuevo ministerio de Seguridad ofrece algunas lecturas que confirman que la represión está en la naturaleza del sistema y que la seguridad de los ricos es la inseguridad de los pobres.

No es novedad que, frente a crisis de envergadura, cuando se advierte algún signo de resistencia de los afectados por las políticas del privilegio, la presencia del estado opresor se hace sentir, no con respuestas a las demandas populares, sino con sofisticada ingeniería discursiva tendiente a encubrir la imperiosa necesidad de disciplinar cueste lo que cueste.

Cuando las calles rebeldes de estudiantes, jubilados y militancia antirrepresiva ponían en jaque la mentirosa paz del uno a uno, usando de excusa el atentado a la AMIA, Menem creó la secretaría de Seguridad, con el Brigadier Antonietti a la cabeza.

Hoy, que los episodios del Parque Indoamericano revelan la verdadera naturaleza del “boom económico” de la administración K y la dimensión del fascismo macrista, la receta se vuelve a aplicar, doblando la apuesta con rango de ministerio.

A nadie escapa que la cuestión de la inseguridad, batallada desde los medios con las estigmatizaciones sobre los pobres y sus barriadas, es un obstáculo a vencer para las aspiraciones electorales oficialistas. El descontento no pasa inadvertido para los diseñadores de campañas electorales, por lo que -siguiendo la lógica del sistema- es mejor perfeccionar la máquina de matar antes que reconocer que no pueden prescindir de ella.

Este ministerio viene entonces a cubrir ese “déficit” de la gestión K. Es algo más que una casualidad que la ministra Garré haya sido viceministra de Interior de Federico Storani en el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso en el año 2000, cuando se empezó a gestar el QUE SE VAYAN TODOS, circunstancia groseramente omitida por los unos y los otros…

La verdadera intención es la militarización definitiva de la sociedad: ahí se vienen 6.000 gendarmes, que, junto a los 50 mil bonaerenses y 40 mil federales, reforzarán el ejército dispuesto a saturar de uniformes las callecitas de Buenos Aires y sus suburbios.

Entre el autobombo progresista y las semblanzas “democráticas” de la nueva plana mayor, no se repara en que esa nueva cúpula policial (Capdevila- Di Nizo) provienen dos ámbitos claves de la institución policial. El comisario Capdevila, ascendido por Néstor Kirchner en 2006, viene de ser el jefe de Orden Urbano y Federal, del que dependen la Montada y la Guardia de Infantería, verdugos de la militancia, que suelen entrenar al grito de “estudiantes, piqueteros, zurdos…” para motivarse. De ese ámbito depende también el GEOF, grupo entrenado para el combate antiterrorista, conocido como 4T (todo tiempo todo terreno) ligado al FBI, de quien recibe entrenamiento y capacitación.

El segundo Jefe Di Nizo fue jefe de INTERPOL ARGENTINA. Inauguró, hace menos de 60 días, de la mano del ahora presuntamente devaluado jefe de gabinete Aníbal Fernández, su única sede latinoamericana.

Los firmantes del Acuerdo Democrático para la Seguridad, un amplio espectro en el que confluyen oficialistas y opositores (otra vez, peronistas y radicales unificados en temas vitales para la suerte de los intereses de clase que representan), alentados por el inefable Horacio Verbitsky, presidente del legitimador CELS y acompañados por las voces de una progresía que ignora la vergüenza, celebran estas decisiones y proyectaron este enroque tras el falaz e hipócrita discurso del “no se reprime la protesta social”.

Pero como la realidad es algo más que una construcción de laboratorio, ahí están las 10 muertes en manifestaciones de este año, y el muerto diario por el gatillo fácil o la tortura para desdecirlos.

Las experiencias de la gestión Arslanián en Provincia de Buenos Aires, a las que también proveyeron notables referencias de escritorio (muchos que se repiten en la presente etapa), parece no haber resultado suficiente: aumentó la represión en cantidad y calidad, y es mayor la impunidad consagrada en la esfera judicial).

Todos ellos se adaptan, a veces a cambio de reconocimientos raramente urgentes, como el de la ex fiscal Caamaño del caso Ferreyra, que será secretaria de seguridad.

Y desde su esporádica hegemonía, introducen cambios en la institucionalidad pretendiendo que su funcionamiento no es estructural, que sólo hay “nichos” de delincuencia en la fuerza, que los males se deben a una presunta autonomía y autogestión y que reemplazando a los malos por los buenos los resultados serán diferentes.

Nosotros insistimos en que la necesidad de reprimir está en la naturaleza del sistema, que la función policial está llamada a preservar los intereses de quienes dominan, y que maquillaje más, maquillaje menos, la cumplen siempre sin hesitaciones, unívocos, alineados, disciplinadamente tras el orden social que aquellos disfrutan y que los pobres sufren.

Que desde el progresismo se hagan cargo: suministran un discurso, legitiman, proveen responsables y aplauden medidas que no habilitan el retorno.

FEDERAL SIN ARMAS (A LA VISTA).

Los fabricantes de titulares de diarios están exultantes. A festejar en la calle, dicen. Ya no habrá armas policiales en las manifestaciones populares.

¿Cuántas veces, después de alguna represión en que la policía federal, la gendarmería o alguna policía provincial expuso sin velos la política estatal, nos vinieron con los “mecanismos de control para evitar excesos en las intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas” o alguna fórmula parecida?

¿Se acuerdan de la reunión, en 2002, de los organismos preocupados por la gobernabilidad democrática, como el CELS o la APDH, con el ministro del área para pedirle que la policía lleve identificación a la vista o que no use armas de fuego en movilizaciones? ¿O lo que anunciaron los gobiernos después del Puente Pueyrredón o después de la represión del 16 de julio de 2004 en la legislatura porteña, por ejemplo? Hasta se le escapó a Aníbal Fernández, que recordó que en esa fecha Néstor Kirchner prohibió que la policía porte armas en las movilizaciones.

Un par de años después, se instrumentó en el ministerio de Justicia, Seguridad y ¿DDHH?, un proyecto del que participaron la Secretaría de Seguridad Interior, funcionarios de la policía federal, la gendarmería, la prefectura, la policía aeroportuaria, el CELS, la APDH y la Academia de Policía de los Países Bajos, todo muy oficial, para “promover intervenciones del Estado respetuosas de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas, identificando buenas prácticas, mejorando la capacidad de control por parte de la sociedad civil y los organismos públicos (con especial énfasis en la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina), generando ámbitos de intercambio y aprendizaje.”.

Y nos siguieron apaleando, gaseando, baleando y asesinando en manifestaciones. En Neuquén, en Bariloche, en Salta o en Barracas. Como en Soldati o, después, como en Cachi, Salta, donde la gendarmería echó de su tierra a la comunidad diaguita, para que la ocupe, sin más título que el poder económico y la fuerza, el terrateniente usurpador Robles.

De nuevo, un poquito de música y verso, que parezca que algo cambia, para que puedan reprimir más y mejor.

GATILLO FACIL EN CIUDAD EVITA.
El 15 de este mes, en Ciudad Evita, un policía asesinó a un pibe de 21 años. Todo ocurrió cuando un muchacho que iba en moto con un amigo se cruzó con un policía de civil. Se bajó de la moto y se acercó a pedirle fuego. El policía federal Alberto Jorge Leguiza Ochoa dice que el otro chico metió la mano en el bolsillo, por lo que sospechó que lo estaban por robar. Sacó su arma y disparó. En la mano del muerto sólo había un cigarrillo sin encender.

El asesino se encuentra detenido, los diarios siguen titulando “posible” caso de gatillo fácil, y ni siquiera averiguaron más que su nombre de pila: Jonathan.

Apenas unos días antes había asumido la nueva jefa de Leguiza Ochoa. Queda claro así, que ningún ministerio de seguridad ni purga para el gatillo fácil.

REPRESIÓN EUROPEA.

“Un nuevo ajuste, genera movilización popular. Ante la movilización el Estado responde con represión.” ¿Hablamos de la Argentina? ¿Hablamos del subdesarrollo de un país tercer mundista, pobre?

No, se trata del primer mundo, Europa. En Italia, después de una gran puesta en escena, como aquí estamos tan acostumbrados, el congreso se ocupó de lavarle la cara al conocido Silvio Berlusconi. Conocido no particularmente por ser un tipo serio. Mientras que en Atenas, Grecia, se aplica un nuevo ajuste sobre la espalda de los trabajadores, cosa también conocida por nosotros.

En ambos casos, miles de trabajadores y estudiantes salieron a manifestarse y los gobiernos respondieron con represión.

En Grecia, según los medios, la policía del gobierno “socialista” causó apenas “más de una decena de heridos”. Por las escenas que se pudieron ver en la TV, claro que son más de diez.

Los medios defienden los mismos intereses, y nos cuentan que los manifestantes tiraron piedras a la policía, callan que la policía disparaba sus armas de fuego, mientras se ve a los policías pegándole a los camarógrafos para que no filmen.

Siempre que exista una sociedad dividida en clases, y una sea dueña de todo, mientras la otra sólo pueda vender su fuerza de trabajo, este tipo de cosas van a ocurrir. La única forma que tiene el pueblo para manifestarse es a través de su fuerza, y parando los medios de producción que gracias a ellos existen. Mientras más ajustes e “injusticia” (entendiendo justicia como lo justo y no lo que dicen las leyes), habrá mas movilización popular, y los gobiernos recurrirán a la cooptación o la represión, según lo necesiten.

REPRESIÓN EN CÓRDOBA: LEYES MÁS REACCIONARIAS, EL PALO ASESINO DE SIEMPRE.
La ley de medios de la dictadura prohibía el multimedio. La actual extiende el carácter capitalista de la comunicación y asigna más medios, por ejemplo, a las instituciones religiosas. Durante los setenta, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires ganaban más que en la actualidad.
Las leyes de la dictadura, a veces, son menos reaccionarias que las de la democracia. No es una defensa de la dictadura, desde luego, sino que da cuenta y demuestra la falacia de la “democracia” construida sobre la misma base que la dictadura: la explotación de la clase trabajadora, el desfinanciamiento de lo público y la misma represión, pero con todo el consenso posible.
En Córdoba, los verdugos parlamentarios aprobaron una ley que aumenta el subsidio a la educación privada, profundiza el desfinanciamiento de la educación pública, reconoce la educación religiosa y asegura “prácticas educativas” (mano de obra barata) en empresas, instituciones y gremios.
Como no podía ser de otra manera, estudiantes y docentes marcharon hasta la legislatura para repudiarla. Los medios titularon “incidentes”, “enfrentamientos”. Lo que hubo fue una brutal represión de la policía cordobesa que dejó 14 detenidos y 9 heridos, uno de ellos con fracturas en sus costillas.
Así funciona este régimen burgués: con leyes cada vez más reaccionarias y con el mismo palo que intenta adoctrinar al pueblo.