CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL MACARTISMO CON FALDAS (Y MAQUILLAJE, MUCHO MAQUILLAJE…)

Ataviada y producida para su primera aparición pública como ministra de Seguridad, Nilda Garré dio una formidable muestra de que nada hay de cierto en que su nombramiento es fruto de que “el progresismo” kirchnerista le ganó una batalla al “estilo Aníbal Fernández”. La conferencia de prensa posterior a los hechos del 23 de diciembre en Constitución apenas se diferenció de la que dio Aníbal Fernández el 4 de septiembre de 2008, después de la pueblada del Sarmiento.

Claro que con menos aplomo que el experimentado Aníbal, en definitiva Garré hizo lo mismo. Armó una versión a la medida de las necesidades represivas del gobierno, justificó la acción policial que todos pudimos ver a través de los medios (amague de uso de armas incluido) y cargó con la tesis del “complot”, acusando a diestra y siniestra (literalmente) a Duhalde, Macri y partidos de izquierda, que se habrían aliado para desestabilizar al gobierno democrático, nacional y popular. En resumen, otra vez sopa.

Igual que Fernández, cuando acusó a militantes del PO, y en especial al docente José María Escobar, de haber quemado los trenes en Castelar hace dos años y medio, las acusaciones de la mejor alumna se deshacen con sólo mirarlas. Por eso fue confusa, deliberadamente, mezclando la legítima medida de fuerza de los trabajadores tercerizados en Avellaneda con el saqueo de negocios en Constitución, ocurridos cuando ya el corte había sido levantado, y en el que, de más está afirmarlo, no participaron los trabajadores ni los militantes que apoyan su reclamo.

La ministra dio nombres. Nombres de compañeros que fueron identificados a partir de fotos y videos tomados en el corte de Avellaneda, pero también a partir de los legajos de los trabajadores, de imágenes de marchas de hace tres o cuatro años, de declaraciones fraudulentas de funcionarios de UGOFE y de los policías de la división Roca, los mismos que son co-responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.

Así, por ejemplo, mencionó a una compañera de la lista Bordó, que hace más de un mes está con licencia por un grave cuadro de salud, y anunció su inminente detención. Al mismo tiempo, la empresa la intimó por carta documento a presentarse el día 30, bajo apercibimiento de configurar un abandono de trabajo. Junto al CePRoDH, interpusimos un recurso de habeas corpus a favor de Carolina. El resultado fue el obvio: todos los juzgados nacionales respondieron que no está sospechada, imputada, requerida ni siendo investigada en causa alguna.

Sólo el juzgado federal de Quilmes respondió que, aunque no hay denuncia alguna en su contra, aparece “mencionada” en la causa iniciada por UGOFE y la secretaría de Transportes contra los trabajadores que se manifestaron en el corte de vías de Avellaneda el 23 de diciembre.

En esa causa, los abogados de CORREPI y el CeProDH pudimos comprobar que la policía (insistimos, los mismos de la División Roca , que estamos imputando en la causa Ferreyra), informaron al juez que en una imagen de C5N del día del corte se ve una persona “que sería Carolina Torrilla Hoppe”. Luego, el médico de planta de UGOFE apareció para declarar bajo juramento que ese día “pasaba de casualidad” y la vio en el corte. La casa de la compañera fue sometida a vigilancia y fotografiada por –de nuevo- los mismos policías de la División Roca. Claro que basta ver la foto, leer la descripción del “testigo” y compararlas con la foto del legajo laboral de la compañera, también agregada en la causa, para darse cuenta que ni por asomo hay un parecido. Pero Carolina es una militante, y su nombre sirve para criminalizar el reclamo de los trabajadores.

Similar entidad tienen todas las acusaciones de la ministra, sólo fundadas en la necesidad de deslegitimar la lucha de los trabajadores y romper las redes de solidaridad de la clase.

Como decíamos, una muestra clara del año que nos espera, con más persecución para los que luchan, y de que, aunque se afeite los bigotes, se aplique una generosa capa de maquillaje y vista ajustadas faldas, la política represiva del gobierno kirchnerista es la misma que ya conocemos.

OPERATIVO CENTINELA: LA VIEJA NUEVA POLITICA, SIN EUFEMISMOS

El debut de la “nueva etapa en materia de seguridad” no ha sido todo lo auspicioso que pretendían sus promotores, no sólo Constitución y el patético papel de la ministra Garrè practicando macartismo, en versión femenina del Aníbal Fernández de las puebladas en el ferrocarril Sarmiento.

Cuatro gendarmes fueron baleados en Villa Diamante, provincia de Buenos Aires, mientras custodiaban un predio en el marco del operativo Centinela, la saturación de gendarmería dispuesta por el decreto 2099/2010. Resultaron heridos, aunque no de gravedad, en zonas no protegidas por sus chalecos antibalas. Los disparos, según se informó, se produjeron a distancia y con armas de precisión, lo que sugiere la existencia de “tiradores especializados”.

El tecnicismo sirve a los funcionarios para evitar mencionar a la policía bonaerense, a quien, extraoficialmente, se atribuyó el hecho, como consecuencia de los “resquemores” que generó la presencia de gendarmería en territorio provincial.

La nada creíble desmentida oficial que siguió a las primeras insinuaciones puso en evidencia que el término “resquemores” es otro eufemismo, usado para disimular que la cosa tiene que ver con el negocio del delito, que la policía bonaerense explota, y que no está dispuesta a compartir con otra fuerza.

Se trata, como sucede siempre que aparece otro color de uniforme a compartir el territorio, de la imperiosa necesidad de marcarle la cancha a quien quiera pasar sin peaje, y de la negativa a compartir la enorme “caja chica”.

Pero a no confundirse, no son conductas autónomas que den respaldo a la tesis progre de que “no hay un control político” de los uniformados. Esa es la trampa que nos tienden quienes diseñan estas “nuevas políticas”, un modo ingenioso de generar las condiciones para que el disciplinamiento social se naturalice. Las disputas por dinero, poder y control territorial, enfrentan a diario a las distintas fuerzas. Pero como toda interna de sectores de la burguesía, son rápidamente puestas a un lado cuando prevalece el objetivo institucional, el control social a fuerza de lo que sea.

El mayor eufemismo se halla en el texto mismo del decreto 2099: en el contexto de la Ley de Seguridad Interior, el gobierno nacional dispuso de una partida presupuestaria de 150 millones de pesos y 500 móviles para desplazar 6.000 nuevos gendarmes sobre el sur y oeste del conurbano y más tarde al norte. Seis mil que se suman a los 3.000 que ya estaban y a una dotación de la Prefectura Naval , reunidos en una “mesa de trabajo” conjunta con los 50 mil efectivos de la Bonaerense.

En el marco de la realidad urbana, ya comenzamos a ver los resultados: la verdadera inseguridad es la policía en las calles, sin eufemismos.

LA FAMILIA Y AMIGOS DE GIULIANO GALLO DENUNCIAN AMENAZAS

Como es frecuente, la policía, tras haber herido dolorosamente a una familia trabajadora llevándose la vida de uno de sus hijos, continúa el tormento por medio de amenazas en busca de evitar la organización de los pobres contra la represión en los barrios.

En este caso, mediante teléfonos pinchados, amenazas de muerte, seguimiento con patrulleros, sitios web atacados, la policía de la ciudad de Bahía Blanca intenta amedrentar a Sonia Acuña, madre de Giuliano Gallo, el chico de 14 años fusilado por la policía la madrugada del 2 de febrero de 2008, y a otras personas cercanas a ella.

Como si no alcanzara con la escandalosa absolución del policía Rodolfo Guidobono, asesino de Yuli, que hoy camina tranquilo por la ciudad y hace alarde de su “proeza” de haber fusilado a un pibe que no había cumplido 15 años, es constante el acoso que sufren familiares, amigos y vecinos que siguen denunciando la represión cotidiana y militando activamente en el barrio.

CORREPI se solidariza con los compañeros, y responsabiliza al gobierno provincial y nacional por su seguridad.

TRES CASOS DE GATILLO EN MENOS DE UNA SEMANA

Concluido 2010, cerramos uno de los años con más cantidad de casos de personas asesinadas por el estado debido a la acción cotidiana de la policía que dispara, y en todo caso, después pregunta.

La última semana del año habla sola de la sistematicidad del gatillo fácil policial, que, junto con la tortura en lugares de detención, se cobra una muerte diaria.

En Rosario, un cabo de la comisaría 24 mató de un tiro en la cabeza a un chico de 27 años, aduciendo un supuesto “enfrentamiento”.

En San Martín, la policía mató a un nene de 14 años en otro supuesto tiroteo. Ocurrió cuando quisieron detener un vehículo en un control policial. Como el auto no paró, la policía comenzó a disparar hasta que se detuvieron al chocar contra un portón. En el auto viajaban tres chicos, dos quedaron detenidos y el tercero ya estaba muerto.

En la ciudad de Buenos Aires, custodios de un banco tuvieron otro típico “enfrentamiento” en una salidera bancaria. El saldo fue el asesinato de una persona de 60 años que caminaba por el lugar, alcanzado por la bala de uno de los custodios.

Así es que, en menos de una semana, se pinta de cuerpo entero lo que sucedió todo el año, bajo la versión oficial del “enfrentamiento” y del “delincuente abatido”.

EL CHAVISMO ENTREGÓ OTRO LUCHADOR A COLOMBIA

Nuevamente el chavismo se ha posicionado de acuerdo a los intereses de clase a los que defiende: los de la burguesía.

El gobierno de Venezuela entregó a Colombia a uno de los jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nilson Albín Terán, alias “Tulio”. Con éste, ya son cuatro los luchadores que ha entregado el chavismo en el último año, luego de capturarlos en su territorio. La entrega de Terán en Navidad, se suma a las de Nilson Navarro Mojica, Osvaldo Espinosa Varón, de las FARC, y Priscila Ayala Mateus, del ELN, entregados en el mes noviembre.

Hace cinco lustros, el militar Hugo Chávez Frías apareció en la escena política. Muchos pensaron que algún cambio podría avizorarse con este militar que se llenaba la boca con palabras como “socialismo del siglo XXI” o “justicia social”. Un discurso muy inteligentemente trabajado que escondía lo que hoy ya no puede ocultarse: Chávez ha sido la mejor expresión de la burguesía venezolana para frenar la rebelión popular y desviar la lucha de clases.

En Venezuela, la represión continuó con la llegada del “militar progresista”: cientos de presos políticos, sindicalistas disidentes asesinados y miles de casos de gatillo fácil.

Con este hecho queda claro que la burguesía, cuando tiene que defender la continuidad de su régimen de explotación, no duda en aliarse con quien en la retórica puede calificar de enemigo, tal como lo hizo Chávez con el gobierno de Colombia durante mucho tiempo. Y para ello no dudará en entregar a cualquier luchador popular que intente derribar el sistema de opresión capitalista.

MÁS REPRESIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Luego de la represión sufrida el 23 de noviembre, varios integrantes de la comunidad Qom se encuentran desde hace casi cuatro semanas en Buenos Aires exigiendo una respuesta a sus reclamos.

Dentro de las medidas de fuerza que llevaron a cabo, se encuentran la huelga de hambre encabezada por su dirigente Félix Díaz, y el corte diario de la Av. 9 de Julio, que los medios no dudan en caratular como “Caos de Tránsito”.

Esta incansable lucha que llevan adelante, tuvo su pronta respuesta, y es así como nuevamente tenemos que estar denunciando la represión sufrida por varios integrantes de la agrupación Lalacnaqom, que vienen soportando amenazas telefónicas y mensajes escritos en la casa de sus militantes con textos como “no jodas más” o “no entienden”. En una casa violentada sustrajeron una notebook, rompieron y revolvieron toda la propiedad. Por último, llegaron a la agresión física a otro militante, al que advirtieron “no jodas más con los indios”.

Por otra parte, el 17 del diciembre fueron desalojadas cinco familias de la comunidad Originaria Diaguita Calchaquí “Las Pailas”, ubicada a 16 km del municipio de Cachi, provincia de Salta. La represión estuvo a cargo de un grupo de casi 25 policías, a las órdenes del usurpador de las 25 hectáreas de tierras ancestrales, Carlos Alberto Robles.

Luego de leer la orden de desalojo, un comisario dio la orden y los efectivos, pico en mano, comenzaron a romper las casas, dando apenas tiempo a las familias de rescatar sus pertenencias. Cerraron el operativo cerca de la medianoche, con una máquina topadora para terminar de derribar las casas.

La represión debe dar más fuerza y motivos para seguir adelante. Estos hechos ponen en evidencia el real funcionamiento de este sistema de explotación, y desenmascaran al gobierno, que, aunque siga hablando de Derechos Humanos, cotidianamente reprime a la clase trabajadora.

LEÑA AL FUEGO, PROGRAMA ESPECIAL EL 8 DE ENERO

Debido a un corto y merecido descanso veraniego de Herman Schiller, habitual conductor del programa Leña al Fuego, este sábado 8 de enero la conducción estará a cargo –como ya ha sucedido este año- de los compañeros María del Carmen Verdú y Federico Pollevik.

El tema de la emisión serán las luchas obreras en curso y la represión cotidiana que enfrentan, pues ni unas ni otras se toman vacaciones.

Estarán en el piso compañeros que protagonizan diversas experiencias de organización sindical antiburocrática, y que atraviesan conflictos que no tienen toda la difusión que el calibre de su pelea merece.

Como siempre, a las 18:00, por Radio Porteña, AM 1110, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita. www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600.