CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

GATILLO FÁCIL, ASISTENCIA A LA VÍCTIMA Y COOPTACIÓN: TODO POR EL MISMO PRECIO

“La sangre de nuestros familiares no se vende”, es la frase que repiten una y otra vez los familiares de CORREPI. Es que así, como hoy lo hacen en José León Suárez, el estado primero alista y dispara sus armas contra el pueblo pobre y luego lo consuela como un padre protector a lo largo y a los ancho del país, gobierne quien gobierne.

La semana pasada, el secretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, y el jefe de la policía provincial, Juan Carlos Paggi, se reunieron con los familiares de Franco y Mauricio, los chicos asesinados en Suárez por la policía, para “transmitirle a las familias de las víctimas que desde el gabinete provincial se está a su disposición para colaborar en lo que ellos necesiten. Ellos nos pidieron que trabajemos por el esclarecimiento de los hechos para castigar a los culpables.”

Hicieron lo suyo los punteros del PJ y su Movimiento Evita, con el diputado Navarro a la cabeza, llamando a una marcha para pedir justicia. Así, el kirchnerismo garantizó mantener tranquila a la gente para que la gente del barrio no volviera a expresar su legítima bronca frente a la policía asesina.

Todo el circo está montado de manera perfecta. Todos los organismos creados para controlar la situación. El ministerio de Seguridad instruye, disciplina, provee de armas y demás a sus fuerzas armadas para reprimir y combatir al enemigo interno: preventivamente (a los jóvenes pobres) y selectivamente (a los activistas sindicales o militantes políticos y populares).

Consumado el hecho represivo, ya tienen alistados a los funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos para salir a recorrer el barrio y prometerles a los familiares que “el hecho se esclarecerá”, “que se hará justicia”, “que cubrirán todos los gastos”, “que los proveerán de ayuda psicológica” y por qué no, “que les darán algún subsidio, unas chapas y algo de mercadería”. Eso sí, “que se queden tranquilos que todo está en manos del estado”, el mismo estado que los mató y que hoy se propone comprar su dignidad.

También están preparados para actuar los jueces “que harán justicia”, utilizando como pruebas siempre el testimonio de la policía y los peritajes de la gendarmería. Sigue todo bajo control.

De paso, los medios siempre dan una mano, haciendo correr versiones que legitiman la represión y los asesinatos y convierten a las víctimas en delincuentes.

Este aceitado aparato que reprime, legitima esta represión y luego coopta, es el que se pone en funcionamiento ante cada hecho. Es que lo hicieron con Julio López, con Luciano Arruga, con los pibes de Bariloche, en Soldati…

Es por eso que tanto insistimos en la necesidad de la lucha independiente, porque en un estado que garantiza la explotación y para eso la represión, como decía el Che, “no puede confiarse ni un tantito así”.

TORTURAS: CHOCOLATE POR LA NOTICIA

Esta semana, desde la Defensoría General de la nación, salió una noticia llamativa. Stella Maris Martínez, defensora general, a raíz de una presentación en diciembre, les pide a sus colegas defensores públicos que denuncien los casos de tortura de las distintas fuerzas. Alguno se habrá preguntado ¿No tenían ya la obligación de hacer la denuncia? ¿O los defensores saben que torturan a los pibes y recién desde marzo lo van a empezar a denunciar?.

La noticia se complementa con el anuncio de que, desde la defensoría, van a iniciar un “padrón” de las personas torturadas. CORREPI nunca pudo organizar un archivo completo con los torturados, por tratarse de centenares de casos diarios y por falta de información de todos ellos. Hubo iniciativas oficiales anteriores, como la base de datos de tortura que, con bombos y platillos, creó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hace casi diez años, y que hoy descansa en paz, totalmente olvidada. Es que, cumplido el objetivo de propaganda inicial, ¿cuál es el sentido para el estado de registrar sus propios delitos?

De todas formas, y antes que los ya conocidos “democráticos” digan que esto es un gran avance, les recordamos que la defensoría sólo interviene para denunciar la tortura. Pero depende exclusivamente del fiscal, uno de los socios infaltables de la policía en todos los casos de tortura y gatillo, y del juez, el garante de la impunidad, llevar adelante la acción, y decir que la tortura es tortura, y no excusables “apremios” o “vejaciones”.

TERCERIZACIÓN DE LA REPRESIÓN : LA PATOTA DE LA UOCRA ATACA A TRABAJADORES DEL SITRAIC

El miércoles 2 de febrero, a las 9 de la mañana, un grupo de trabajadores del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic) se movilizó a las puertas de la obra donde se levantará un supermercado Carrefour, en Lomas de Zamora. Reclamaban puestos de trabajo para los obreros de la zona y para dar a conocer sus propuestas a los obreros que ya estaban trabajando en la obra.

Fueron atacados por una patota de la UOCRA , de unos 50 matones, que hirió a tres trabajadores, entre ellos a una mujer embarazada. La policía liberó la zona permitiendo así el ataque de esa banda de lúmpenes y mostrando una vez más la íntima relación que existe entre el estado burgués y la burocracia sindical. Las víctimas de este ataque han señalado, además, que participó un patotero que ya había estado el 20 de octubre de 2010 en la emboscada que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra.

Al día siguiente, un delegado del Sitraic fue interceptado, mientras conducía su auto por la avenida Espora de Almirante Brown, por otros diez matones a bordo de dos automóviles, quienes le arrojaron un bloque de hormigón sobre el parabrisas de su auto y lo golpearon salvajemente.

Los medios masivos de comunicación presentaron la noticia como un enfrentamiento entre trabajadores, cuando en realidad se trató de un hecho represivo tercerizado por el estado en la patota de la burocracia sindical, verdadera policía política cuya función es evitar la organización independiente de los trabajadores en sus sindicatos. Además, la utilización de esta represión tercerizada cumple una función ideológica al hacer uso de la ilegalidad mientras el estado burgués que las defiende y organiza parece permanecer en la legalidad.

Sin embargo, cuando los trabajadores deciden levantar la cabeza y pelear contra estos ataques, el estado deja de lado esa aparente imparcialidad y cae con todo el peso de su aparato represivo para perseguir a los luchadores que cometen la osadía de enfrentarse a la burocracia sindical. Es lo que le pasó al delegado del Sitraic, Carlos Olivera, quien hace más de un año que está detenido, imputado de intento de homicidio, luego de que sufriera un ataque de la patota de la UOCRA con la complicidad de la policía que aquélla vez también liberó la zona para que estas bandas pudieran actuar libremente.

Para el gobierno nacional y popular, esta burocracia sindical asesina representa al sindicalismo que construye. Celebra la reconstrucción de la Juventud Sindical Peronista (JSP) en manos de uno de los hijos de Hugo Moyano, que en los ’70 fue dirigente de la JSP –Mar del Plata. No debemos olvidar que la JSP era una de las tantas bandas fascistas de la derecha peronista, junto con otras como la JPRA (jotaperra), Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A. La manipulación descarada que efectúa el kirchnerismo sobre la memoria de aquellos años no alcanza para ocultar que no existe ninguna Juventud Trabajadora Peronista (JTP) apoyándolos. Quienes dicen ser la última línea de contención contra la derecha se apoyan en aquellos que en los ’70 buchonearon, asesinaron y entregaron a miles de activistas gremiales, siendo socios del genocidio perpetrado por el estado y su partido militar. La impostura no podría ser más burda.

AMENAZAS Y COIMAS EN LA CAUSA FERREYRA

Este mes comenzó con una noticia vinculada al asesinato de Mariano Ferreyra que no sorprende. El 1º de febrero allanaron la casa y el estudio del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, quien intentó coimear a un juez de la cámara de Casación que debía definir la excarcelación de su defendido, Armando Uño, patotero de la Unión Ferroviaria , y de los otros seis detenidos.

A esto se sumaron las amenazas que sufrieron cinco testigos del asesinato que, con sus testimonios, complicaron la situación de los detenidos.

José Eduardo Sotelo, Gonzalo Damián Fernández, Damián Reynoso, Alberto Mariano Esteche y José Luis García, no dudaron en denunciar las amenazas sufridas, lo que fue tenido en cuenta por los jueces para rechazar los pedidos de excarcelación.

La triple alianza antiobrera (UGOFE, la burocracia sindical, y el gobierno) seguirá intentando doblegar a aquellos que puedan evidenciar su accionar.

En la vereda de enfrente, sin callarnos, debemos estar aquellos que conociendo el carácter de clase de la represión, no dudamos en denunciarla y combatirla.

EEUU: SOBRE DDHH ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO.

Hace unos días, el departamento de Estado yanqui publicó su informe anual sobre prácticas de DDHH en el mundo. En el apartado sobre Argentina, remarca que “siguen existiendo problemas con la defensa de los DDHH”. Reproduce datos de informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), pero no se priva de transcribir datos textuales del Archivo de CORREPI.

En el informe denuncia que hay gatillo fácil, torturas a detenidos en comisarías y otros centros de detención, desapariciones y detenciones arbitrarias, todas ellas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Significativa la cita que extrae del CELS, en donde dice que: “…Hay brutalidad policial y presunta tortura ocasional de sospechosos, especialmente durante los traslados penitenciarios”. Lo que llaman “brutalidad” es la realidad cotidiana que desde CORREPI venimos denunciando a diario, y la “presunta tortura ocasional” una práctica sistemática que forma parte de una política de estado. Elegante forma que muestra cómo tratan de despegar al gobierno de su responsabilidad.

Lo que no debemos olvidar, como lo remarcamos en el Boletín pasado, es que el mismo departamento de Estado yanqui es el que marca el ritmo de cómo deben entrenarse las fuerzas represivas en Argentina y el mundo. Nuestro país recibe, desde febrero de 2004, financiación yanqui en un programa de becas de contraterrorismo dirigido a las fuerzas de seguridad, con preferencia para los grupos especiales de operaciones como el GEOF de la federal, los bonaerenses GEO y HALCÓN, los ALACRANES de gendarmería, los ALBATROS de prefectura, y todo el menú de grupos de elite de las demás provincias, a los que ahora se han sumado los de la metropolitana. En total, unos 600 uniformados argentinos son entrenados anualmente por los yanquis, además de jueces, fiscales y funcionarios del ejecutivo nacional y provinciales. Y aunque sea una obviedad, hay que decir que no estamos hablando de inocente entrenamiento “para combatir la inseguridad”, sino en técnicas de interrogatorio –eufemismo para no decir tortura- y otras lindezas con la excusa de la “guerra al terrorismo”.

Esta semana, una revisión de rutina de un avión yanqui en Ezeiza, seguramente llevada a cabo por empleados de la aduana a los que se olvidaron de avisar, detectó un gigantesco cargamento de armas, más de la mitad de las cuales no estaba declarada en el manifiesto de carga ni informada al RENAR. Toneladas de armas sofisticadas (ametralladoras pesadas, granadas de mano, municiones de todo calibre y equipos de comunicaciones especiales para interceptar y escuchar llamadas y para realizar decodificaciones) estaban destinadas a un curso de entrenamiento para las fuerzas especiales, a cargo de instructores norteamericanos en el país.

Ante el requerimiento periodístico, los ministros de Seguridad y Relaciones Exteriories “No negaron ni confirmaron”, informó un matutino porteño. Y agregó: “Los ministros Nilda Garré y Jorge Timerman sólo se quejaron por permitir que ‘un tema tan sensible’ haya trascendido”.

Así funciona hoy el dominio imperial. Mientras aparentan condenarla, son los ideólogos y los financistas de la represión, para que los gobiernos locales controlen a los pueblos y no haya oposición a su saqueo.

GATILLO FÁCIL Y MOVILIZACIÓN POPULAR EN BARADERO

Baradero es una linda ciudad de unos 35.000 habitantes, que promociona su ribera sobre el Paraná, sus estancias y su tranquilidad pueblerina como destino de miniturismo bonaerense. Desde 2007 es gobernada por el kirchnerista Aldo Carossi, personaje de esos que los medios llaman “polémico” por la multiplicidad de denuncias que lo vinculan con actividades no muy legales, y su destemplada lengua. Hace poco, por ejemplo, calificó de “faloperos” a los dirigentes locales de la oposición.

En Baradero hay “vecinos ilustres”, como el comisario Osvaldo Somohano, de pasado procesista, amigo íntimo del subcomisario Luis Abelardo Patti, y jefe de la policía bonaerense en épocas del gobernador peronista Antonio Cafiero. Somohano mostró que perpetúa su progenie cuando su hijo Gastón, policía federal, dirigió hace unos años la partida que torturó a Ezequiel Demonty tirándolo a las aguas del Riachuelo.

Y en Baradero también hay policía. Como el oficial Gonzalo Capp, que el 12 de febrero asesinó por la espalda a Lucas Rotella, de 19 años. Lucas iba en moto y no llevaba casco. Como no se detuvo para ser sancionado, el policía usó su escopeta, cargada con cartuchos de postas de plomo, y le disparó dos veces. Buena puntería y relativamente corta distancia, porque cada cartucho suele tener 9 perdigones. Los forenses contaron 18 heridas en la espalda del muchacho, o sea que embocó todos, y estaba lo suficientemente cerca como para que no se dispersaran más allá del cuerpo del chico.

El caradura del intendente, mientras usaba términos como “hecho aberrante” para no comprometer su futuro político, dijo cosas como que: “nadie puede establecer cuáles son las razones que llevaron al policía a terminar con la vida de este chico”, y se despachó con una parrafada sobre la “problemática fundamental de que los chicos no usen casco”… De cómo usa la policía sus escopetas no se quejó…

Como en marzo del año pasado, cuando los adolescentes Giuliana y Miguel fueron embestidos deliberadamente por un inspector municipal porque no se detuvieron en un control de tránsito, buena parte de los vecinos, en especial jóvenes, se movilizaron a la comisaría, que fue apedreada, y quemaron gomas mientras cortaban la calle.

Rápido de reflejos, el comisario Paggi, jefe de la bonaerense, voló a Baradero para entrevistarse con la familia Rotella, a la que le arrancó –vaya a saber con qué promesas- el “compromiso de no realizar marchas para no enardecer el ánimo de los baraderenses”. Como decíamos más arriba, gatillo fácil, asistencia a la víctima y cooptación: todo por el mismo precio.