CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

¡600!

El 7 de noviembre de 1998, CORREPI decidió estrenar una nueva forma de difundir ideas y actividades, con una corta reseña de noticias antirrepresivas que mandamos por correo electrónico a una docena de amigos.

En ese primer Boletín escribimos, por ejemplo, sobre el gatillo fácil del que fue víctima Matías Córdoba en Rafael Castillo; sobre la represión a los trabajadores del Hospital Israelita y sobre el triple crimen de Cipolletti, y anunciábamos, entre otras actividades, un seminario sobre “Seguridad Ciudadana o (IN)Seguridad del Régimen” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, y la tercera presentación del Archivo de Casos en Plaza de Mayo, que entonces reunía casi 500 casos.

Más de 13 años y medio después, llegamos a este Boletín nº 600, en el que seguimos denunciando los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes en la tortura (que ya superan las 3.150), la persecución judicial a trabajadores y las campañas de “ley y orden” que sirven de excusa para endurecer aún más la represión. Ese puñado de amigos lectores hoy supera los 6.000, muchos de los cuales colaboran con el reenvío de los materiales. A todos, gracias por recibir, leer, discutir y difundirlo.

24 DE MARZO, ACTO EN PLAZA LOREA Y MARCHA A PLAZA DE MAYO

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 vino a terminar de poner freno a la importante lucha que estaban llevando adelante muchos sectores de trabajadores y el pueblo organizado por mejorar sus condiciones de vida y, muchos de ellos, por una transformación social. Así vino el golpe, con más de 30.000 desaparecidos, hijos de detenidos secuestrados, tortura y asesinatos, no sólo para los militantes, sino contra el conjunto del pueblo trabajador, cuyas condiciones de vida eran caldo de cultivo para la organización y la lucha, derrotada por el poder represivo del estado que, a través del terror, logró sostener a la clase dominante en el poder.

Luego vino la “democracia”. El “se van, se van y nunca volverán” fue solo una ilusión. Además de que salieron por una puerta y entraron por la ventana, de la mano de la Obediencia Debida y el Punto Final de los radicales y el Indulto de los peronistas, todos los gobiernos posteriores a 1983, sin excepción, aplicaron toda la represión necesaria para garantizar la profundización de la explotación, claro que, como hacen las “democracias”, buscando, a la vez, todo el consenso posible.

Los cuadros policiales de hoy, a los que hace décadas ya no dirigen Camps ni Etchecolatz, son gatilleros, ladrones, coimeros, torturadores. Y esto es así porque, en dictadura o en democracia, las fuerzas de seguridad siguen cumpliendo con la misma función: el control social mediante la represión. Tampoco se diferencian en esto, más que en matices de discurso o en eficacia del maquillaje, gobiernos peronistas, radicales, “progresistas”; provinciales, nacionales o municipales.

Desde 1983, más de 3.150 personas fueron asesinadas por la policía, el servicio penitenciario, la gendarmería, la prefectura y otras fuerzas. Más de la mitad, son responsabilidad del gobierno peronista de los Kirchner, en el período 2003/2010. La tortura y el gatillo fácil nos matan casi un pibe por día, al amparo de la justicia, la gran legitimadora de la represión, que, al mismo tiempo que garantiza la impunidad, persigue y encarcela luchadores, con más de 4.000 luchadores encausados y presos políticos, como Olivera, Martino y La Gallega. Desde 1995, son 63 los caídos por luchar, en marchas y movilizaciones populares, 12 de ellos durante el gobierno de los Kirchner.

Nos quieren distraer con el circo electoral; crecen la miseria y la entrega, y, para aplastar la resistencia, también crece la represión, mientras nos tratan de pudrir la cabeza diciéndonos que los “peligrosos” son los pibes, o los pobres, para que, además de tolerar la opresión, aplaudamos la militarización de los barrios y agachemos el lomo, conformes de vivir siendo “sospechosos”.

CORREPI estará el 24 en la calle, a las 13:30 con un acto en Plaza Lorea, y luego en la marcha a Plaza de Mayo, para repudiar la represión de ayer y reivindicar a todos aquellos compañeros que cayeron luchando contra esa represión. Pero también para levantar esas banderas y luchar, organizados, contra la represión de hoy, la de esta “democracia” que, para defender los intereses de unos pocos, reprime y explota a la gran mayoría del pueblo.

Porque la única forma forma de reivindicar la lucha y homenajear a esos compañeros es seguir peleando por una sociedad de iguales, organizados y en la calle. Nuestra consigna histórica sigue vigente: “Contra la represión, organización y lucha”.

MÁS PODER DE FUEGO Y MÁS PRESUPUESTO PARA REPRIMIR

El gobierno soltará a las calles argentinas 2.000 policías federales, antes abocados a otras tareas, que recibirán, además, un aumento de $1.000, junto a otros 7.000 hombres que harán horas adicionales. Scioli, el gobernador peronista, aumentó un 32% el presupuesto en seguridad. Cristina les dio a los federales 110 patrulleros de última tecnología, equipados por los israelíes, expertos en esto de la represión.

Esto sucede mientras, según datos oficiales, se reciben 15 denuncias diarias por “irregularidades” de la policía federal. En la ciudad de Buenos Aires, hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarías allanadas por protección de prostíbulos. Se pasó a disponibilidad al comisario Lompizano, jefe de las comisarías porteñas, porque en el video que entregó a la justicia del asesinato de Mariano Ferreyra faltan nueve minutos de filmación, entre 13.30 y 13.39, justo cuando se retiraron los patrulleros y sonaron los disparos.

En la causa paralela contra la policía, el fiscal pidió la indagatoria a cinco oficiales superiores, Mansilla, Ferreyra, Conti, Garay y Villalba, por haber dirigido el ocultamiento y “extravío” de pruebas en el lugar del hecho.

En Calafate, dos custodios de Cristina Kirchner y un policía local salieron a buscar a quienes les robaron tres pistolas 9 mm de su puesto de vigilancia en el chalet de la Presidenta. Detuvieron a dos personas, los subieron a una camioneta, los golpearon y les pusieron una bolsa de nylon en la cabeza mientras les preguntaban por las armas.

Ya hace un año que el fiscal general adjunto de Pergamino procesó a seis uniformados porque se quedaron con el dinero de los vales de combustible destinados a la búsqueda de la familia Pomar. Ahora, están prófugos.

En Baradero, otros cuatro policías, entre los que figura un ex jefe departamental, son buscados por integrar una banda mixta de piratas del asfalto que robaba camiones con fertilizantes y vendía la carga en comercios que recibían protección policial a cambio de dinero.

En cuanto a la policía Metropolitana, en la causa por la represión y los asesinatos en el Parque Indoamericano, a pesar de no poder usar balas y postas de plomo y ser esto así declarado por Montenegro, la justicia le encontró en los depósitos de armas y municiones, en Chacarita, 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.

La mitad de los asesinados por el estado desde 1983 lo fueron por su gatillo fácil. Los fusilados en La Cárcova , en Baradero, en el Parque Indoamericano, sólo son una muestra más, no la excepción. La Policía y la Gendarmería militarizan nuestros barrios queriendo meternos miedo, subiendo a los trenes, a los colectivos, manoseando a nuestros jóvenes cuando los revisan, fraguando actas donde mienten impunemente y nos arman causas.

Hay 55.000 policías en la provincia de Buenos Aires y Scioli piensa incorporar este año un 20% más. Cerca de 60.000 policías Federales, entre 6.000 y 9.000 Gendarmes en el Gran Buenos Aires, cerca de 3.500 en la Policía Metropolitana de Macri.

Todas planean a futuro, incorporando cada vez más vehículos particulares a sus fuerzas. La Metropolitana incorporará en el trienio 2010/ 2012 un 42% de unidades sin visualización alguna como de la policía.

Cuanto mayor es la relación de la policía con la persecución y la muerte de nuestros jóvenes, con los delincuentes, cuanto mayor es la relación con los negocios clandestinos como prostitución, trata de mujeres, de menores, tráfico de drogas, robos, desarmaderos, etc, mayor es el número de policías que agrega el estado. Es que los negocios por izquierda que realizan y que los hace millonarios (a pesar, por ejemplo, que un comisario de la Bonaerense , sólo de sueldo básico recibe $14.330 ) los mantiene contentos y prestos a reprimir cuando el estado lo solicita. Policías y gobierno de turno se lavan las manos mutuamente, el jabón lo suministra la justicia y la toalla la arriman los punteros políticos.

A esta policía los gobiernos la premian con aumentos, equipos, protegiéndola de la gente cuando hace falta mandándola a otros destinos, permitiéndole que siga manejando sus negocios porque la necesita para reprimir y asesinar a los que se organizan para enfrentarlos.

TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS

El martes de la semana pasada fueron detenidos 15 militantes del nuevo sindicato de la construcción (SITRAIC- Lomas de Zamora). Los trabajadores se encontraban recorriendo obras del municipio, denunciando condiciones laborales precarias y promoviendo la organización independiente de los trabajadores por fuera de la burocracia sindical, cuando fueron reprimidos y detenidos con un operativo encabezado por la policía de Scioli en total colaboración con el intendente de dicho distrito.

Lejos de cumplir su objetivo, este suceso convocó a numerosas organizaciones, que se solidarizaron y movilizaron rápidamente, logrando la liberación de los 15 militantes.

Ese mismo día, comenzó el juicio contra el delegado gremial Néstor Segovia, integrante de la AGTSYP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro), una organización que también se desarrolla por fuera de la burocracia sindical.

El delegado fue denunciado ante la “justicia” por Metrovias, acusado de daño agravado, lesiones y amenazas coactivas.

Aquí tampoco se hizo esperar la solidaridad tanto de sus compañeros como de organizaciones políticas. Durante la jornada hubo una manifestación en las puertas de la sede judicial, apoyando al militante y exigiendo su absolución, la que se logró al día siguiente.

Le represión a los que luchan y se organizan de forma independiente tiene como objetivo apaciguar las intenciones de cambiar el orden establecido, intimidar a aquellos que se atreven a pensar que otra realidad es posible, generar miedo, paralizar.

Luego la “justicia”, esa que administra las leyes a favor de los intereses de los que más tienen, se encarga de convertir esa lucha, esa conciencia, en un crimen, y le aplica definiciones que son utilizadas para crímenes comunes.

Pero hay algo que no tienen en cuenta, y es que, cuando la conciencia dentro de la clase trabajadora empieza a transitar su camino, los que sufren día a día la represión, la persecución gremial y el aprovechamiento por parte de los empresarios, sólo conocen una sola salida, la solidaridad, la organización y la lucha.

ATAQUE IMPERIALISTA A LIBIA Y SITUACIÓN REPRESIVA INTERNACIONAL

Decíamos en el Boletín nº 599 que el Consejo de Seguridad no permitiría una intervención armada en Libia con mandato de la ONU , mientras China y Rusia, con poder de veto, se opusieran. Tres días después de publicado el Boletín, luego de que el G-8 no llegara a un acuerdo sobre cómo actuar en Libia y que la Liga Árabe prestara su conformidad para el establecimiento de una zona de exclusión aérea, China y Rusia modificaron su postura opositora y se abstuvieron. Esto posibilitó que el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEEUU, Francia y Gran Bretaña) lograran la aprobación para atacar Libia.

La diplomacia rusa indicó que “en el texto de la resolución se incluyeron cláusulas que allanan el camino a una intervención militar de grandes proporciones”. Fue la misma opinión de Fabio Mini, antiguo Comandante de la Fuerza Internacional de Paz en Kosovo, para quien “no hay ni un solo experimento de zona de exclusión aérea que haya terminado sin recurrir a la intervención de tropas terrestres”.

Como decíamos en el Boletín anterior, al imperialismo no le preocupan ni la democracia, ni los civiles, ni los derechos humanos. Sólo le interesa asegurar sus intereses en la región. En las primeras horas de bombardeos, EEUU y Gran Bretaña lanzaron más de 110 misiles, causando 50 muertes y destruyendo dos hospitales y una clínica.

No cabía esperar otra cosa. Lo mismo ocurre desde hace años en todos aquellos lugares donde el imperialismo lleva su política guerrerista. Esta semana un avión no tripulado yanqui bombardeó una casa y asesinó a veintidós supuestos insurgentes talibanes en Pakistán.

Que no le interesan ni la democracia ni los derechos de los civiles lo demuestra el hecho de que EEUU permitió el ingreso de tropas sauditas en Bahrein, sede de la V Flota de la marina, para reprimir las protestas chiítas en ese país.

Por otro lado, en los últimos cinco años el comercio mundial de armas aumentó un 24%, beneficiando a las potencias imperialistas que son las principales exportadoras de armamento. Su negocio no es la democracia ni los derechos humanos, su negocio es la guerra.

Sin embargo, mucho trabajo tendrá el imperialismo si desea contener la ola de revueltas que se está sucediendo en todo el mundo árabe y en algunas otras naciones de África. Como por ejemplo, en Burkina Faso, donde el asesinato de un estudiante en una comisaría, luego de una segunda golpiza, provocó el estallido del movimiento estudiantil de ese país. El gobierno, amparando a su policía, sostuvo en un principio que el estudiante golpeado había muerto por una meningitis fulminante.

Nada muy diferente a lo que ocurre en nuestro país y en el resto de Latinoamérica.

Colombia ha condenado en la ONU las violaciones de derechos humanos del régimen libio. El cinismo no podía ser mayor. Mientras permite a EEUU la instalación de bases militares y la inversión de más de u$s100 millones para “adecuaciones de alojamientos y construcciones menores”, en enero de 2011 la Fiscalía General de ese país publicó un informe en el que dice tener documentados 173.183 asesinatos, 1.597 masacres, 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, entre junio de 2005 y fines de 2010. Las desapariciones forzadas, en los últimos veinte años, ascienden a 250.000 personas. Colombia tiene el triste récord de mayor cantidad de desplazados de todo el mundo: 5.500.000 de personas. El terrorismo de estado en Colombia ha superado con creces a la dictadura argentina.

A fines de febrero, en Belo Horizonte, Brasil, un enfermero y su sobrino fueron fusilados por tres policías militares mientras estaban tendidos en el suelo. Los policías fueron apresados y uno de ellos fue “suicidado” en su celda. Para la misma semana, Sebastián Becerra Da Silva, militante de DDHH, fue encontrado estrangulado y torturado en una hacienda del municipio de Dueré. Había denunciado a policías militares por prácticas de tortura y asesinato. Las fuerzas de seguridad en Brasil han llegado al extremo de formar milicias, similares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que controlan y administran el delito en las favelas de Brasil. Control social y caja, dos pájaros de ¿un? tiro. La película Tropa de Elite 2 que retrata esta situación es récord de taquilla en ese país.

En Chile, se sigue reprimiendo a los mapuches mediante la utilización de la ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet. La represión no sólo cae sobre los adultos sino también sobre los niños. En la región de la Araucanía se registran cerca de cien casos documentados de violencia institucional. Representantes de comunidades mapuches han denunciado “la aplicación discrecional de la ley penal adolescente y a la violencia hacia los niños en los allanamientos”. Un buen recordatorio para quienes piensan que una ley de responsabilidad penal juvenil puede ser beneficiosa para nuestros adolescentes pobres.

El ataque a poblaciones indígenas se produce en toda Latinoamérica. Así como con los Qom en Formosa, y los mapuches en Chile, los aborígenes guatemaltecos de Alta Verapaz han debido sufrir un violento desalojo efectuado por la Policía Nacional Civil y aparatos clandestinos de represión, pese a que se encontraban en negociaciones con el gobierno a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios.

Cuánta razón tenía Mariátegui cuando afirmaba que el problema del indio es el problema de la tierra. Sabemos que no son estos gobiernos quienes lo solucionarán.

La represión estatal y sus diferentes niveles de implementación (represión preventiva, represión selectiva), pueden diferir en sus formas dependiendo del país que se trate, pero el contenido de clase es exactamente el mismo en todos los casos.

PATOVICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS SIGUEN REPRIMIENDO A ESTUDIANTES

El martes 15 de marzo, un estudiante de Derecho decidió ir a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras para preparar un final. Cuando salió de la biblioteca al patio, para descansar unos minutos, dos de los patovicas que custodian el edificio lo arrinconaron en un pasillo y, alegando que un “morocho mal vestido” no puede entrar a la universidad, le pidieron la libreta universitaria para que acreditara su calidad de alumno.

A las cinco de la tarde, y ante un patio repleto, los patovicas se sintieron lo suficientemente impunes como para cumplir su función: vigilar y reprimir a los estudiantes. Un grupo de compañeros que observaron la situación auxiliaron al agredido y se dirigieron al decanato a pedir explicaciones. Allí los enfrentó el decano K, Hugo Trinchero, quien argumentó que los estudiantes no debían “afligirse por ser negritos” y calificó a quienes le exigían una respuesta como “salames”. Esa fue toda la respuesta. Además, la secretaria de extensión, Silvana Campanini, sostuvo que todo “había sido un error” y que se solucionaba con “un pedido de disculpas” por parte de los represores.

La presencia de patovicas para vigilar y reprimir las actividades de los estudiantes que luchan por mejorar las condiciones en la que se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras data del año 2007, cuando fueron contratados, como de costumbre, para resolver supuestos “problemas de inseguridad”. Sin embargo, fue luego de la toma del edificio de 2010, en el marco de las luchas estudiantiles, que los guardias inflados se multiplicaron y su presencia se “oficializó”. Allí, no cumplen otra función que la de ser los ojos de las fuerzas represivas dentro de la Facultad. Su presencia responde a la lógica privatista de Trinchero. No es casual, entonces, que el decano “nacional y popular” recurra a estos métodos para vaciar a la facultad de contenido social y político.

En noviembre pasado reprimieron una actividad de agrupaciones de pueblos originarios. Además se encargan sistemáticamente de no dejar pasar a nadie que parezca pobre o “negrito” por órdenes de los directivos de la Facultad. Todo esto sucede a pesar de que a la casa de estudios puede ingresar cualquier persona sin darle explicaciones a nadie.

Esta es la política del decano Trinchero, integrante del grupo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta y fiel representante de la línea universitaria del gobierno nacional y del rector Rubén Hallú, represiva y antiobrera. Como a los trabajadores en las fábricas, a la lucha de los estudiantes también se les responde con represión.

MÁS MUERTES A CARGO DEL ESTADO

Sólo en la última semana, seis personas fueron asesinadas por el aparato represivo del estado, como consecuencia del accionar policial. Los perros guardianes del sistema no dudan en seguir apretando sus gatillos fáciles contra los pibes de la clase obrera.

En la noche del martes 15, en la ciudad bonaerense de Castelar, un llamado al 911 por parte de un vecino que creyó ver un asalto bastó para que la policía acudiera al lugar y asesinara a un joven, simplemente por sospechoso.

Ese mismo día, pero en La Matanza , un pibe de 14 años fue muerto por un policía que dice haber sufrido un intento de asalto por parte de tres jóvenes, “menores” según él. Intentos de asalto que abundan en las declaratorias de los policías, pero que siempre resultan con nuestros pibes muertos, curiosamente.

En Lomas del Mirador, el mismo argumento esgrime otro policía al intentar explicar la muerte de otro pibe, al que también quieren acusar de “intento de asalto”. Este otro policía resultó sugestivamente ileso, una vez más. Mientras que en Adrogué, al sur del Gran Buenos Aires, los argumentos se repiten para justificar la muerte de otro pibe, muerto por un tiro en la cabeza, disparado por un cabo de la Policía Federal de franco, en una estación de servicio ubicada en las calles Erézcano y San Martín.

Otro trágico ejemplo de esta modalidad la encontramos esta misma semana en el Barrio Mitre de la localidad de San Miguel, donde un policía de civil disparó en el pecho contra Ezequiel, quitándole la vida a este pibe, hijo de una familia humilde, que se sostiene cartoneando.

Por poco, Manuel Figueredo, un joven trabajador de 18 años no resulta una nueva víctima. Fue alcanzado por los tiros de los efectivos policiales de la comisaría tercera de San Miguel, quienes desataron una balacera en el barrio Mitre de esa localidad sin motivo alguno. Manuel sobrevivió a los impactos y hoy está luchando por su vida.

Y lo que algunos medios llaman “violencia en el fútbol” también da cuentas de la política represiva del estado: Mabel, la viuda de Ramón Aramayo, muerto ayer, antes del partido entre Vélez y San Lorenzo, pone el dedo en la llaga cuando describe con claridad el motivo de su muerte. “No tuvo ningún enfrentamiento con la policía, lo quisieron revisar pero el retrocedió, como que no quería dejar que lo revisen y le pegaron, lo esposaron y lo dejaron ahí, no fueron capaces ni de llamar a la ambulancia. Fue la policía, por puro gusto, como siempre hace”.

El accionar policial se reafirma en estos hechos, y se expresa a cada paso que da la realidad. En los barrios impera esa verdad y sabemos que la única respuesta ante la represión, está en nuestras propias fuerzas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Jueves 24 de marzo, a las 13:30, CORREPI convoca a un breve acto en Plaza Lorea (Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña), para marchar luego a Plaza de Mayo, contra la represión de ayer y de hoy.

A 20 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, CORREPI realizará, durante todo el mes de abril, actividades y jornadas en lugares públicos, escuelas y universidades, de las que iremos informando, para culminar, el viernes 29 de abril, con un acto-festival en Plaza de Mayo, con importantes bandas solidarias.