CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA RECETA DE GARRÉ PARA SEGUIR REPRIMIENDO CON TODO EL CONSENSO POSIBLE

Estuvieron todos los verdugos. Los ministros de Seguridad del país, los jefes de las policías provinciales y los titulares de las fuerzas federales, la Policía Federal , Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fueron convocados por la ministra de Seguridad, bajo la fachada del “Consejo de Seguridad Nacional”.

La anfitriona habló de “un aumento de los niveles de violencia” y destacó que “no solamente creció la delincuencia común sino también subió la criminalidad, protagonizada por organizaciones delictivas que cuentan con desarrollo logístico y operativo y que producen una altísima rentabilidad económica”. Mucha razón tiene la ministra, pero se le olvidó aclarar que la principal organización criminal se viste de uniforme y anda en patrullero.

La reunión fue para “diseñar políticas de seguridad mediante la construcción de consensos para atender a una de las principales demandas de la sociedad”, según la ministra. En verdad el tema central del encuentro, fue la coordinación de métodos y aunamiento de criterios para reprimir la protesta. Los funcionarios neuquinos fueron “sinceros”: se negaron a firmar por la “gran conflictividad y protesta social que tienen”.

Todo se cerró con un “acta-acuerdo” en el que “se buscará garantizar el control del tránsito para minimizar los inconvenientes para personas ajenas” (como en Formosa con los QOM), “que no usen armas de fuego durante protestas sociales” (como en Constitución en la navidad de 2010), “que todo el personal policial esté identificado y la misma se vea claramente sobre el uniforme” (cosa que nunca ocurre), “se prohíba la utilización de vehículos no identificados (nada dice de los buchones que se infiltran entre los manifestantes), “que los balazos de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente” (como en José L. Suárez) y “se propuso que los poderes ejecutivos de cada distrito designen un funcionario con responsabilidad en cada una de las acciones”.

Según los medios genuflexos del poder de turno, el espíritu general del texto es “la voluntad de no reprimir la protesta social, garantizar la libertad de expresión y atender a las causas de los conflictos por vías políticas y no violentas de entendimiento”.

Pregúntenle a Mariano Ferreyra, a los vendedores ambulantes del Ferrocarril Roca, a los que pedían viviendas dignas en el Parque Indoamericano.

Cabe recordar que en julio de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner había dado la orden de que la Policía Federal actuara sin armas en las manifestaciones. Ya se han sucedido 12 muertes, desde aquel día, en protestas. En la provincia de Buenos Aires existe, desde 2006, una resolución en la Bonaerense que impide el uso de postas de plomo en manifestaciones y hace responsable al jefe del operativo, sin que se sepa hasta hoy de ningún jefe que haya removido por este motivo, y Río Negro tiene un protocolo similar, cuyo valor sólo formal probaron las muertes en Bariloche hace menos de un año. Todo ello demuestra el carácter meramente publicitario de la medida.

El gobierno actual es un gran generador de consenso. Y con ese consenso y su discurso “progre” quiere tapar lo que los números no pueden: que desde 2003 hasta el día de la fecha carga con la muerte de más 1.600 pibes por la tortura, el gatillo y la muerte bajo tutela; y una decena de muertos en protestas populares.

CONFESIONES CHILENAS

Sin ruborizarse, lo dijo el chileno Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior del sonreidor presidente Piñera: “Asesinar a un policía - aunque suene duro - es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente en el orden de sociedad que nosotros nos hemos dado”.

Destacamos el final de la categórica afirmación, porque no slo completa la frase que los medios de comunicación soslayaron al tratar el tema, sino -y fundamentalmente- porque en esa “confesión de parte” está el verdadero sentido que la clase dominante le asigna al rol policial.

Palabra autorizada si la hay, la del ministro del área encargada de coordinar las políticas de “seguridad” del estado tomado como ejemplo de la región. No hay segundas lecturas. El jefe civil de la policía chilena representa el concepto de todas las administraciones capitalistas del mundo. Pudo haberse expresado así:

“El orden social ‘que nos hemos dado’ está atravesado por un indisimulado antagonismo de clase; reaccionamos como lo hacemos, decimos lo que creemos, porque como la policía está llamada a cuidar ‘nuestros intereses’ (de clase) ofician de perros guardianes de nuestras pertenencias, y necesitamos atribuirles una entidad superior, que los distinga de quienes amenazan con quitárnoslas al tiempo que sirva de renovada advertencia para quienes se corran de ese orden social del modo que sea”.

Pero no todo es sincero en la confesión del ministro. Lo que no dijo, es que, cuando los carabineros chilenos matan a los pobres (originarios o no) su situación también es distinta; que se recurre a cuanto artilugio se pueda para garantizarle impunidad y que, cuando eso no se puede hacer, atemperar de cualquier modo su situación es el cometido del estado. No se les aplican las figuras agravadas, se bajan las condenas, se los deja en libertad, se los “autoriza” a burlar la ley y todo, en aras “del orden social que nosotros nos hemos dado”.

Y esto vale tanto para la derecha más rancia chilena como para la progresista argentina: ¿Acaso la sentencia que, condenando a 12 años de prisión al asesino de Christopher Torres, sin embargo lo deja en libertad, se dictó sobre el Pacífico?

Todas las teorías que, desde la derecha - y sobremanera en sus expresiones progresistas- se formulan sobre la presunta autonomía policial y la inmanejabilidad institucional, caen. Tanto como las formuladas desde pretendidas izquierdas, que ven en el policía a un “trabajador”, que, sindicalizado, podrá separar su condición del trabajo que realiza.

El orden social capitalista, requiere de policías dispuestos a ejercer el control social capitalista, y el estado capitalista debe proveer a su cuidado y protección. Así en el Chile que sonríe a la derecha, como en la Argentina que pretende sonreír hacia una desvaída pseudoizquierda, pero que, al tiempo de ponerse serios, ejecutan para el mismo lado.

REPRESIÓN EN POMPEYA

Es sabido que el gobierno de Mauricio Macri se caracteriza por sus constantes desalojos y allanamientos a personas en situaciones paupérrimas o trabajadores desocupados que se las rebuscan para generar un sustento a sus familias. Por su parte, el gobierno nacional hace la vista gorda a esta situación, o la critica desde la palabra sin mostrar real interés en que esto cambie, dejando en claro su conveniencia política.

Esta vez fue el turno de Pompeya. Oficiales de la policía Metropolitana allanaron un depósito ubicado en Lebensohn 900, que era habitado por tres familias que comerciaban ropa y juguetes en la plaza de Pompeya los fines de semana. Desde luego, les incautaron toda la mercadería que es su medio de vida.

La orden fue dada por el juez penal y de faltas de la ciudad Carlos Aostri, quien consideró que la mercadería era “aparentemente clandestina”. No sería descabellado pensar que la causa real del allanamiento tenga que ver con la subsistencia de uno de tantos chanchullos macristas.

Los puesteros, al verse hostigados por la fuerza policial, hicieron frente al operativo con piedras. La policía respondió con gases.

Un vecino de la zona se quejó del accionar policial: “No se puede hacer una cosa así al mediodía, a la vuelta de la escuela” dijo, y sugirió que a Macri “se le había escapado la tortuga”, como si se hubiera tratado de un exceso dentro de un legítimo accionar. ¿Hubiera sido menos grave que la policía despojara de su sustento económico a estas personas si el accionar hubiera sido en un horario “más propicio”?

Luego, como protesta a la medida, los vendedores realizaron un corte en la esquina de Lebensohn y Sáenz.

Una vez más vemos cómo jueces y policías, lejos de garantizar nuestra seguridad, se ocupan de acribillar nuestra dignidad e integridad, porque esa es su verdadera función, la de oprimir al pobre, al trabajador, al luchador, que cada vez más, ve la necesidad de defenderse y denunciar estos actos de injusticia cada vez mayores y más visibles.

OTRA DE GARRÉ

Esta semana, la ministra de seguridad Nilda Garré, anunció el desplazamiento de varias docenas de comisarios porteños y su reemplazo por otros miembros de las fuerzas de seguridad. Asimismo, once comisarios rotaron de seccional. El argumento esgrimido por la ministra es que los comisarios que han sido desplazados tienen denuncias o causas judiciales por delitos como los mal llamados “apremios ilegales”, es decir, tortura; acoso sexual, corrupción y vínculos con redes de trata. Uno imaginaría, desde esta lógica, que ante semejantes acusaciones, estos integrantes de la fuerza serían expulsados. En cambio, serán trasladados a posiciones no operativas, es decir, tareas administrativas…cuestión de no perjudicarlos demasiado, y tenerlos a resguardo hasta que los puedan reciclar.

No se trata, por cierto, de una exclusividad federal. Esta misma semana, por ejemplo, en Pilar, el jefe de la Distrital , comisario Ernesto Ortega, fue removido de su puesto, después de una serie de robos en los countries privados de la zona, que escandalizaron a sus acaudalados habitantes.

Este “plan de seguridad” incluye, no sólo el desplazamiento de estos comisarios, sino la rotación frecuente de los jefes de seccional actuales para, según Garré, evitar la instauración de redes delictivas amparadas por la policía. “El poder político siempre trató estos temas como un procedimiento administrativo, y ahora hay una supervisión del poder político que hace que los perfiles de los comisarios se ajusten a los objetivos de una política de seguridad”, se afirma cerca de Garré. Este argumento esconde, por un lado, que siempre ha habido una política de seguridad que defiende los intereses de la burguesía y reprime, preventivamente a los pobres, y selectivamente a los luchadores, política de seguridad que la policía es la encargada de llevar a delante, gobierne quien gobierne.

Por otro lado, esconde, con todas estas modificaciones, idas y venidas, que en el fondo nada cambia. De hecho, de los más de 3.150 pibes asesinados por la tortura y el gatillo fácil desde 1983, más de la mitad ocurrió en el gobierno de los Kirchner. Estos hechos sí muestran una clara política de seguridad, que busca esconderse bajo discursos progresistas y modificaciones en las fuerzas represivas del estado, intentado generar el mayor consenso posible, “lavandole la cara” a la institución, para que nada cambie.

ABRIL: CARLOS FUENTALBA, VÍCTOR Y TERESA

El 4 de abril se cumplen 4 años del fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba en medio de una jornada de protesta docente. En la represión ordenada por Jorge Sobisch, gobernador, ex discípulo de Carlos Menem y socio en los negocios del petróleo de Néstor Kirchner, el policí­a José Darí­o Poblete (integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales) disparó una granada de gas lacrimógeno, contra el vidrio trasero del Fiat 147 en que iba Fuentealba, ya desconcentrando el corte en Arroyito. El cartucho impactó en su nuca. Carlos agonizó un día entero.

El hecho causó conmoción y repudio generalizado entre los trabajadores, aunque la CTA y la CGT , unidas en la preservación del gobierno nacional, sólo convocaron a un “paro simbólico” de dos horas. El paro docente en Neuquén, ante la traición de la CTERA de no convocar a una huelga nacional de todo el gremio exigiendo el juicio y castigo, se extendió por más de 50 días, exigiendo lo que no hizo el kirchnerista Yasky desde el gremio.

En todo el país, el repudio a la represión y al asesinato se expresó con paros, asambleas, movilizaciones y actos de solidaridad sin esperar a que las burocracias decretaran algo. Mientras tanto, el gobierno kirchnerista enseguida quiso despegar de su responsabilidad como hacedor de la política educativa, patrón en las paritarias docentes y asociado de Sobisch. Como cuando haban del “loquito suelto” policial, esta vez fue el “facho desenfrenado”. Y se bajó línea a las cúpulas de las burocracias sindicales afines para enfriar el conflicto, sacarlo de las huelgas y las calles y llevarlo a los tribunales. Basta recordar la declaración del siempre candidato Daniel Filmus, ministro de Educación por esos días, quien justificó la represión diciendo que la lucha de los docentes no domesticados por la kirchnerista CTERA fue una “provocación impulsada por un grupo de troskistas”.

En Neuquén, para preservar a Sobisch del juicio político, la legislatura provincial se mantuvo cerrada durante casi dos meses. Los legisladores del partido oficialista, MPN, no asistieron a las sesiones. Pasado el chubasco, volvieron todos para cambiar y que no cambie nada.

La justicia aportó lo suyo, dividiendo la causa penal, y separando al autor material de las responsabilidades de sus jefes políticos. Poblete fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado, mientras todos los demás quedaron impunes.

Entre los nutridos antecedentes de Poblete, no porque fuera un “policía especial”, sino, justamente, porque es igual a tantos, había dos ocultas condenas por torturas (caratuladas “apremios ilegales”, claro) y otro fusilamiento en una movilización. También en abril, pero diez años antes, en 1997, fue uno de los policías que disparó en el puente de Cutral-Có, cuando la trabajadora caída se llamó Teresa Rodríguez. El mismo día, digamos de paso, que hace 16 años, 12 de abril de 1995, y un poco más al sur, en Ushuaia, el asesinado en una manifestación era un obrero metalúrgico, y se llamaba Víctor Choque.

POLILADRONES

Tres efectivos de la Policía bonaerense enfrentan un pedido de arresto hecho por el fiscal Álvaro Garganta. La acusación describe el modo en que estos tres uniformados intentaron hacerse unos pesitos extra: Asaltaron en su propia casa a Luis María Lapera, de 75 años, quien se encuentra cumpliendo con un arresto domiciliario.

Los efectivos se presentaron en el hogar de su víctima, con la excusa de que debían entregarle una notificación. Una vez dentro de la vivienda, extrajeron sus armas de fuego y redujeron al hombre, a su nuera y a sus dos nietos. El teniente Javier Leguizamón, el subteniente Jorge Ramayo y el sargento Osvaldo Gómez, se llevaron 15 mil pesos y varios electrodomésticos. De todas maneras, los sospechosos, recientemente separados del Destacamento Unión del partido de La Plata , presentaron una eximición de prisión, y, por el momento, continúan en libertad.

Este es sólo uno de los más recientes ejemplos en los que se evidencia cuál es el normal funcionamiento del aparato policial. Semana tras semana, aumentan los casos de policías que se vinculan, regentean o directamente ejecutan el enorme negocio del crimen organizado. Inseguridad, es la policía en la calle.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

En el mes de los 20 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, ésta es la agenda de actividades:

Viernes 8 de abril, 18:30, charla en el Instituto Joaquín V. González, organizada por la secretaría de DDHH de ADEMYS, panel con María del Carmen Verdú (CORREPI), Carla Lacorte (PTS-CeProDH) y Vanina Biasi (PO).

Martes 12 de abril, 20:00, charla de CORREPI en la librería EL GATO ESCALDADO, Independencia 3548 esq. Boedo.

Miércoles 13 de abril, 19:00, charla de CORREPI en el Joaquín V. González.

Viernes 15 de abril a las 18:00, panel de CORREPI en la Universidad de Lanús.

Martes 19 de abril, presentación del video de Walter.

Sábado 23 de abril, radio abierta desde las 16:00 en Parque Centenario y proyección del video al atardecer.