CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

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Boletín informativo n° 607

CORREPI :: 16.05.11

Sumario: 1. Hipocresía sobre las cárceles argentinas. 2. Desalojo disimulado. 3. Terrorismo imperial. 4. Los polichorros de la semana. 5. Todos a hacer campaña

HIPOCRESÍA SOBRE LAS CÁRCELES ARGENTINAS

Esta semana, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) presentó en la Feria del Libro su informe anual sobre derechos humanos. El kirchnerista organismo, presidido por el Horacio Verbitsky, principal asesor gubernamental en la materia, y, hoy, verdadero ministro de seguridad en las sombras, afirma que los avances son notorios con respecto, una vez más, a los juicios a los genocidas de los ´70, pero muestra preocupación por el alto grado de prisionización y las condiciones de la ¿vida? carcelaria.

Hay mucha gente en las cárceles argentinas, en eso estamos de acuerdo. ¿A qué sectores de la sociedad pertenece la enorme mayoría de la población carcelaria? Lógicamente a la clase trabajadora. ¿Quién es el responsable de las prisiones? El gobierno nacional, principalmente, y los gobiernos provinciales. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven los presos? Paupérrimas: hacinamiento, falta de higiene, mala alimentación; sumado a eso está el continuo maltrato de los guardacárceles: torturas, bailes, violaciones, cuando la situación no llega directamente al asesinato, sin contar cuando el mismo servicio penitenciario usa a los presos para salir a “trabajar”, o sea robar para ellos. ¿Cómo se puede pensar que lugares así sean de reinserción en la sociedad? En lugar de eso, son depósitos inhumanos, donde el que entra no puede aprender otra cosa más que a odiar a la sociedad que lo dejó ahí.

Recordemos que, como demostramos todas las semanas a través de este boletín, los policías que nos asesinan un pibe por día con el gatillo y las torturas en centros de detención son sobreseídos o en los pocos casos que son condenados, reciben penas ridículamente bajas o directamente se los premia con el arresto domiciliario, que dicho sea de paso, tampoco cumplen. ¿Qué pasaría si se aplicara el mismo criterio que aplican jueces y fiscales a los policías con el resto de la población? Simplemente tendríamos que importar presos, ya que las cárceles estarían vacías. Esto es lo que nos muestra a las claras cual es la función que cumplen las cárceles. Esa función de control social que cada tanto estalla como una olla a presión.

Sin tener en cuenta todo esto, o, más bien haciendo la vista gorda a todo esto, el CELS presentó un libro en el que propone una serie de reformas para, entre otras cosas, bajar la cantidad de presos en las cárceles. Esto, ante la mirada del garantista Zaffaroni, que bien sabe cual es la situación de los presos en Argentina, que bien sabe lo que sufren los pibes en los barrios, pero que no le tiembla el pulso al afirmar que en la Argentina los derechos humanos están mejor que nunca.

Por esto es que no debemos confiar en estos lacayos del poder. Desde CORREPI denunciamos todo el tiempo que tanto el gatillo y las torturas son políticas de estado, no excesos de algún loquito en la fuerza o resultado de la “autonomía de las fuerzas policiales”, como tanto gustan postular actualmente. Las cárceles responden, también, a la misma búsqueda de mantener el control sobre la clase trabajadora, enjaulando como animales a quien le sobra y a quien lucha, como lo demuestran el encierro de presos políticos como la Gallega Germano y el Negro Martino, que estos sinvergüenzas ni siquiera mencionan.

DESALOJO DISIMULADO

Una vez más, vemos cómo sirven al poder los medios de “desinformación” masiva. El viernes temprano, circularon entre la militancia antirrepresiva mensajes de texto alertando que gendarmería se preparaba para desalojar a la comunidad QOM, que lleva una lucha ancestral por sus tierras y una vida digna, del acampe de meses en el centro de la ciudad. Poco y nada aparecía en los medios, sólo algunas notas online que hablaba de un acuerdo y de un levantamiento pacífico de la medida.

Más tarde, en los medios “opositores”, salió una entrevista en vivo a Nora Cortiñas, dirigente de Madres Línea Fundadora, que decía que, si bien gendarmería se había ido en ese mismo instante, fueron los “jóvenes que siempre nos acompañan en todos los actos K” de la Cámpora los que, de forma violenta y acelerada, metieron a los compañeros y sus pocas pertenencias en un micro y los mandaron para Formosa. Aunque ella intentaba desligar la responsabilidad del ejecutivo ¿Quién más, sino el gobierno, puede dar órdenes a gendarmería para que se retire al mismo tiempo que la juventud K “ayudaba” a que la desconcentración sea rápida?

Luego, aparecieron comunicados oficialistas, como el del CELS, suscripto por uno de los líderes de la comunidad La Primavera , afirmando que el levantamiento del acampe fue pactado en un acta suscripta por ellos y otros, como APDH, SERPAJ y las Madres Línea Fundadora. ¿Habrán pactado la forma del desalojo también?. También, desde el gobierno, por boca del ministro Randazzo, salieron a decir que “Cortiñas faltó a la verdad”.

Como ya sabemos, la información publicada siempre responde a los intereses que defienden los medios que la publican. ¿Qué le queda a las personas que no tienen una empresa o un estado que los financien?.

TERRORISMO IMPERIAL

Como ya es de público conocimiento, esta semana el gobierno de EEUU asesinó, una vez más, “en nombre de la paz”. La información que circula es muy diversa, desde quienes dicen que Bin Laden estaba muerto hace 10 años y lo tenían congelado, por ejemplo, porque según los estadounidenses, lo mataron 3 ó 4 veces. De todas formas, esta parece ser la definitiva. Lo admitieron sus hijas y se pronunció Al Qaeda, entre otros. La información que sí parece confirmada es que Bin Laden vivía desde 2005 en esa casa de Pakistán, así que la invasión a Afganistán poco se explica por este lado, así como en Irak siguen buscando las armas de destrucción masiva, cuando su objetivo real son sus vastos recursos naturales, petróleo y gas.

Pero sin lugar a dudas, lo más interesante, bien sabido por cualquiera que quiera saber, es que, mediante la aplicación de la tortura en cárceles como Guantánamo, obtuvieron la información del paradero; por meses lo investigaron y entraron a su domicilio a asesinarlo. No a detenerlo, para hacer, al menos, la pantomima de enjuiciarlo como con Saddam. Acá también se habló de mil teorías distintas, al principio circuló que alguien tomó a una chica de rehén y que los seals (fuerza especial del ejercito) dispararon contra ambos, y cuando el mundo los criticó salieron a decir que tenia un arma cerca y por eso le dispararon. Después de muerto, para evitar procesiones y movilizaciones desaparecieron el cuerpo, práctica también habitual de todos los estados. Recordemos casos como el de Santucho o el “Che”.

Con su grupo comando invadiendo otro país, para asesinar a una persona desarmada cuyo cuerpo luego desapareció, EEUU muestra, esta vez sin siquiera el intento de disimulo, cómo ejerce el terror en los pueblos que oprime. También mostraron su rol legitimador del guerrerismo imperial los que ayer celebraban la llegada al gobierno yanqui de alguien “diferente”, a tono con los tiempos hasta en su color de piel, y que ahora, cuando lo ven cometiendo y festejando un asesinato para facilitar su reelección, no saben cómo explicar que lo premiaron de antemano con el Nobel de la Paz.

LOS POLICHORROS DE LA SEMANA

Esta semana, dos agentes de la policía federal fueron detenidos por integrar sendas bandas de ladrones. Uno de ellos pertenecía a la comisaría 36ª de Bajo Flores y usaba un auto robado para dar los golpes junto a dos cómplices; era buscado desde el 23 de abril, cuando se escapó durante un tiroteo con otros policías en Lomas de Zamora. El otro pertenecía a la comisaría 52ª y asaltaba casas junto a dos ex presidiarios.

Los conflictos de la policía se resuelven puertas adentro y la exoneración que les espera a estos polichorros por haber sido atrapados con las manos en la masa, desde ya no implica una ruptura en sus vínculos con la institución. Entre ellos se protegen y los negocios turbios son la veta económica para un retirado de la fuerza. Tal es el caso del federal Gabriel del Valle y los bonaerenses Abel Romano y Mariano Moreno. Del Valle y Romano se conocieron hace cinco años, cuando estaban presos en la Unidad 9 de La Plata por robo. Cuando salieron, no
tuvieron que “reinsertarse a la sociedad” como ex convictos comunes sino que, aprovechando sus contactos, formaron una sociedad para la compra y venta de vehículos.

Con el tiempo, sumaron al tercer policía, Moreno. La redituable sociedad duró hasta que, en septiembre del año pasado, dirimieron diferencias de dinero de la única forma que saben hacerlo: a los tiros, resultando malheridos. Los tres fueron detenidos en octubre. Hace pocos días, la Cámara de Apelaciones de Morón confirmó su prisión preventiva por tentativa de homicidio.

TODOS A HACER CAMPAÑA

Esta semana, fuimos testigos, entre otros, de dos actos de campaña kirchnerista, disfrazados de actividad cultural de presentación de libros.

Por una parte, en España, el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, presentó un libro de recopilación de documentos sobre la dictadura militar. Según “Duhalde el bueno”, como le dicen sus amigos para distinguirlo del lejano y cabezón primo, al cabo de 8 años, los gobiernos kirchneristas “han permitido reducir excepcionalmente la marginalidad y la pobreza y establecer políticas de equidad e igualdad y el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo argentino”.

Silencia el funcionario lo que opinan sobre el anuncio los miles y miles que sobreviven apenas cartoneando; los que se hacinan en las villas y barrios pobres de todo el país, y que reciben balas como respuesta si intentan levantar un rancho en algún terreno fiscal baldío; lo que opinan los trabajadores, que ven su vida cada vez más pauperizada, con condiciones laborales de híper explotación, y, que, cuando protestan, deben enfrentar al aparato represivo oficial y a las no menos oficiales patotas de la burocracia sindical; lo que opinan los padres de los chicos que mueren por desnutrición en el Chaco, o de los que sufren las consecuencias de vivir en tierras contaminadas en el conurbano.

Y silencia lo que opinan los pibes de los barrios, que todos los días padecen el hostigamiento de la policía, de la gendarmería y de cualquiera con uniforme; lo que opinan los familiares de los asesinados por el gatillo fácil en las calles o por la tortura en los lugares de detención y los compañeros que se organizan para defender a los presos políticos y para denunciar la persecución a los militantes populares.

El segundo acto proselitista disfrazado de cosa cultural, fue la presentación, en la feria del libro, del informe anual del CELS sobre la situación de derechos humanos en Argentina.

En el panel estaban su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, y un aliado de lujo, el juez de la corte suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, que dijeron que las cosas, en materia de DDHH, están bárbaro en Argentina, porque se está juzgando a los represores de la dictadura, y porque se aprobó la ley de matrimonio igualitario…

Así, detrás de los necesarios, pero tardíos y lentos juicios contra los genocidas, quieren invisibilizar que hoy (no hace 30 años, hoy) la policía, la gendarmería y las demás fuerzas nos fusilan o nos matan en la tortura un pibe por día, y que hay presos políticos y perseguidos por luchar en Argentina.

Para que la operación de propaganda fuera más efectiva, las únicas críticas a la política represiva actual las centraron en sus adversarios electorales. Según el distinguido plumífero y el brillante magistrado, el problema de la represión en Argentina se reduce a la Metropolitana de Macri y la bonaerense de Scioli y Casal. Ni una palabra para la gendarmería o las policías y servicios penitenciarios nacionales y de las provincias aliadas al gobierno nacional.

Es más, puesto a decir algo de la federal, ya que la realidad no le deja otro remedio, el señor juez dijo que “el problema policial” es que tenemos un “modelo policial del siglo XIX basado en la autonomía y la recaudación propias a cambio de garantizar la gobernabilidad”. Y que, en ese esquema que atribuye exclusivamente a la propia inercia policial, es la fuerza la que corrompe y compromete partidos y políticos, y no a la inversa. ¿Se imaginan a un comisario, por pesado que sea, imponiendo su voluntad a Néstor Kirchner o Cristina Fernández? ¿O corrompiendo a Scioli, Insfran, Binner o Aníbal Fernández?

Silenciando los casi 2.000 asesinados desde 2003, con tiros en la nuca o la espalda, muertos en cárceles y comisarías, asesinados por su querido gobierno de los DDHH, sigue la campaña.


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