CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

PERFECCIONAN LA POLÍTICA REPRESIVA CONTRA LOS LUCHADORES

El autoproclamado gobierno de los derechos humanos continúa con su política de reprimir con el mayor consenso posible. El 29 de marzo de este año se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales, a fin de implementar una política común para reprimir la protesta social.

Teniendo en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta” para “evitar cualquier tipo de desborde”.

El plan consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión. Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente. Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir, se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá. Se señala además que habrá un grupo especial listo para entrar en acción “como último recurso”.

Así, quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en el lugar de la movilización y la actuación de grupos de élite especializados en la represión de la protesta.

Esta decisión política será coronada luego con el armado de causas a los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones de vida, en delitos con penas durísimas.

Actualmente CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados: buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones políticas. Así, ubicaron a los compañeros Juan Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro y les achacaron ser los “responsables” de los cortes. El 2 de agosto es el juicio oral.

Este 24 de mayo los compañeros Pedro Kuperman y Rubén Saboulard van a juicio por dos movilizaciones efectuadas en noviembre y diciembre de 2009. Los policías los identificaron por ser quienes habitualmente hablan con ellos para avisar por dónde van a ir. Nuevamente, puede verse el procedimiento que realiza el estado para castigar a quienes osan organizarse y luchar.

En todos los casos los jueces y fiscales intentan utilizar las figuras penales más graves, es decir, las que contienen una pena mayor.

Es lo que ocurre con los compañeros Hospital, Merino, (militantes de Causa Ferroviaria y del PO), Morales (militante de Causa Ferroviaria) y Belliboni (militante del PO) quienes fueron acusados por extorsión, que contiene una pena de hasta diez años de prisión, por las protestas ocurridas el 23 de diciembre de 2010 en la estación Constitución, donde no estaban los compañeros. Los identificaron con tareas de inteligencia de la policía (División Roca), por fotos y videos y seguimiento y vigilancia en las casas. Los mismos policías que hicieron esas tareas están imputados como co-responsables del plan criminal que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.

El 2 de marzo de este año, doce trabajadores ambulantes y dos militantes de la TPR fueron detenidos durante una movilización cerca de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Reclamaban el pase a planta permanente de los vendedores. El juez federal Armella, de Quilmes, el mismo que interviene en la persecución de Hospital, Merino, Morales y Belliboni, también los acusó del delito de extorsión, además de interrupción del servicio ferroviario, del tránsito, lesiones y resistencia a la autoridad. La causa fue iniciada por un gerente de UGOFE y como testigos están ofrecidos los mismos policías que están imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Para estos jueces, fiscales y empresarios, es extorsión reclamar por un derecho.

Otro compañero, el “Neno” Abella, de la agrupación gremial ferroviaria “4 de Octubre” fue acusado y se lo llevará a juicio, entre el 8 y el 10 de junio, por realizar pintadas en la estación Constitución el día posterior al asesinato de Mariano Ferreyra. Se le imputa el delito de daños y, concretamente, pintadas de organizaciones a las que no pertenece. Lo acusa el mismo gerente de UGOFE que persigue a los vendedores ambulantes, a Hospital, Merino, Morales y Belliboni y declaran contra el compañero los mismos policías cómplices del asesinato de Mariano.

Esos ejemplos concretos muestran que la supuesta nueva política de “control inteligente de la protesta social” es nada más que un eufemismo para decir que continuarán perfeccionando la política represiva sobre los luchadores, política que tiene como protagonistas y socios al gobierno, a los empresarios, a la burocracia sindical, a la policía y a los jueces y fiscales.

PARA MUESTRA BASTA UN “BOTÓN”

El 9 de octubre de 2002, un chico de 19 años, Enrique Redondo Martínez, que era arquero del Club Atlético Victoriano Arenas (Primera D) y un ex cabo de la policía federal de 41 años, Martin Venturini, se cruzaron por la calle en una barriada de Remedios de Escalada.

El saldo, tres disparos sobre el joven, dos de ellos mortales. El juicio oral se inició, como muchas veces ocurre, después de 9 años y con el policía en libertad, con una causa que estuvo contaminada desde el primer momento con el encubrimiento protagonizado por la comisaría 4ª de Lanús, que, para proteger al colega federal, trató de tirar carne podrida señalando como autor del hecho a un individuo que, a la postre, resultó que estaba muerto hacia un año.

En el juicio que acaba de terminar, a la hora de los alegatos, momento en que el fiscal, la defensa y el abogado de la víctima repasan lo sucedido en el juicio y piden sentencia, el fiscal Jorge Michelini, en lugar de pedir que lo condenaran, directamente pidió que la absolución, con el argumento de que “el joven portaba un arma y por eso fue legitima defensa”. Así, simplificó el trabajo del defensor del policía homicida, que, claro está, pidió lo mismo. Por su lado, el abogado de la familia del pibe asesinado pidió condena por homicidio simple a 12 años de prisión.

Durante el juicio, varios testigos sostuvieron la versión de la querella: el chico y el policía se conocían de antes, siempre jugaban juntos a las cartas en una sociedad de fomento por lo que la versión de que el chico fuera armado y a cara descubierta a asaltar a un hombre conocido, no resulta verosímil. El arma que le adjudican al muerto no tenía sus huellas y no había sido disparada, entonces ¿donde está la legitima defensa?.

El fiscal y el defensor basaron su alegato en un sólo testigo, dueño de una metalúrgica, que dijo que un empleado de él había llevado en un coche a dos chicos que buscaban a ese policía y uno sería Enrique.

Una vez más vemos como funciona la justicia para el pueblo: un homicida que dispara tres veces sobre un joven es exculpado con meras especulaciones por quien debe acusarlo pese a todas las pruebas que en su contra. Una vez más un policía de gatillo fácil es justificado por un fiscal que usa como herramienta las leyes que les brindan los legisladores, todos ellos convenientemente encubiertos por las mentiras que titulan los medios: otro “delincuente abatido”. Y en esa justificación, poco importa si está probado que el policía tiró a matar tres veces, que el arma atribuida al pibe no tuviera sus huellas ni hubiera sido disparada, que la historia del robo fuera ni que nadie lo viera. Igual que poco importó al fiscal Michelini que Diego Gallardo muriera apaleado en la 3ª de Avellaneda tras una sesión de tormentos que para él no fue tortura sino apremios.

El martes 24 estará la sentencia. Sabemos cómo cuesta condenar a un policía cuando el fiscal también acusa, siempre por la figura menor que tenga a mano, como homicidio culposo o simple en lugar de homicidio agravado; homicidio preterintencional en lugar de torturas seguidas de muerte, o apremios en lugar de torturas, etc.). Esta vez se confirmará la indignación, pero no sorprenderá si lo absuelven.

AGENTE ANTIDROGAS NARCOTRAFICANTE Y PENITENCIARIO LADRÓN

Un oficial principal de apellido Varece, que prestaba servicios en el estratégico Registro Único de Información de Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Drogas, fue detenido hae unos días, tras un allanamiento ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide y realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los investigadores llegaron a Varece tras cinco mese de escuchas telefónicas que lo vincularon con una banda que compraba y vendía drogas a nivel local. Tenían un departamento en la calle Corrientes donde hacían “delivery” de cocaína. El efectivo fue detenido en su propia oficina de Drogas Peligrosas.

Por otra parte, un agente penitenciario bonaerense fue detenido cuando una comerciante lo reconoció mientras caminaba por el centro de La Plata y lo señaló como el autor de un robo en su local.

Efectivos policiales aprehendieron al agente y entre sus ropas le hallaron un celular que había sido robado días atrás a esa mujer.

Durante la investigación, averiguaron que estuvo presente en más de diez asaltos a comercios de venta de calzado e indumentaria en la ciudad de La Plata cometidos entre abril y lo que va de este mes.

Se trata de un hombre de 39 años, quien trabajó como agente penitenciario en el penal de Sierra Chica. Quedó acusado de haber cometido 11 asaltos a comercios de la ciudad.

Diríamos que estos casos son “el colmo” si no no fuera porque, lamentablemente, son simples muestras del normal funcionamiento de la institución policial y de cada uno de sus integrantes. A esta altura no caben dudas: el negocio del delito es organizado por el aparato represivo del estado.

DEMOCRACIA, DICTADURA, LA TORTURA CONTINÚA

No solo a la policía se le escaparon “un par” de golpes, sino que a la justicia, se le escapó la subinspectora Natalia Verón, prófuga por un año y detenida recién el sábado pasado.

Claro que no fueron solo “un par” los golpes que recibieron los tres jóvenes que, en la madrugada del 20 de julio del año pasado, fueron, además, humillados y picaneados en la Comisaría 23 de la Capital Federal. La prófuga y dos policías más fueron procesados por tortura y detención ilegal; otros seis policías por no evitar ni denunciar las torturas (ver Boletín nº 569, Picanas en Palermo.

Algo parecido, y no es casual, pasó también el año pasado, pero en octubre y en La Plata. Héctor Alonso, que en ese momento tenía 17 años, fue sorprendido en las calles de su barrio, en Tolosa, por agentes de la comisaría 6ª de La Plata.

Los policías le pegaron, lo subieron a un patrullero y, entre amenazas de tiros de gracia y empujones al Río de La Plata , lo llevaron a la dependencia, donde alrededor de veinte oficiales se fueron turnando para aplicarle técnicas de tortura, bien conocidas por la fuerza, tales como el “submarino seco” y el “submarino húmedo” sin dejar de golpearlo.

Héctor, como los tres jóvenes de Capital, denunció haber sido víctima de torturas, pero la impunidad no se vistió de escape en La Plata , sino que la denuncia se convirtió en la excusa para alargar los tormentos.

La atrocidad no cesa de actualizarse. Hasta el día de hoy, Héctor no sólo es perseguido y acosado por policías de civil (entre los que pudo identificar a dos de sus torturadores) y autos sin identificación; sino que en enero pasó veinte días detenido imputado por un homicidio en grado de tentativa. El fiscal Cartasegna, frente a quien, paradójicamente, realizó la denuncia de lo ocurrido en octubre, fue quien ordenó allanamientos en su domicilio, y su abogada afirma que, como ésa, le imputaron decenas de causas.

La gravedad del caso hizo que la Organización Mundial Contra la Tortura le solicitara al estado nacional, al gobierno provincial y al municipal que tomaran medidas de protección y de reparación a la víctima. Por parte del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense pasaron a disponibilidad a ocho policías de la dependencia, pero la Comisión Provincial por la Memoria denunció que dos de esos agentes retomaron su trabajo en la misma comisaría y volvieron a acosar a Héctor, a quien nadie protege.

Esta Comisión, como si fuese ajena al estado que la creó, pide a los órganos judiciales, al estado provincial y subsidiariamente al nacional, responsable del cumplimiento de los tratados internacionales, “que investiguen las torturas y se brinde protección al joven, para garantizar su vida y para que esta democracia no se cobre otra víctima de la violencia policial”.

Nosotros, desde CORREPI, haciendo memoria como acto político, repetimos que no es un policía, que es toda la institución: la federal, la de La Plata , la que se supone que se le escapa al estado que la forma, la que impune sigue torturando, la que esta democracia parece necesitar.

MORÓN: LA UTN ENREJA , GENDARMERÍA AMENAZA, SABATELLA FILMA.

Al lado de la Universidad Tecnológica de Haedo, en el “progresista” partido de Morón, desde hace más de 30 años existe una canchita de barrio que es usada por los pibes y no tanto. La dirección de la universidad, en homenaje a la seguridad de los que tienen, ha decidido enrejarla para instalar allí un estacionamiento.

Para custodiar y llevar adelante esta decisión, un par de gendarmes han sido apostados allí provocando la bronca e indignación de la vecindad que no encuentra razón de ser ni a las rejas ni a la presencia milica.

Poco a poco los vecinos van organizando la resistencia, y, poco a poco, también, la respuesta de la fuerza represiva va creciendo al amparo de la impunidad de que goza en el municipio sabatellista: en dos oportunidades, desde dos autos identificados como Renault 19 gris, patente THF478 y Fiat Uno blanco, patente AHE166, los vecinos fueron intimidados, en el primer caso esgrimiendo armas reglamentarias.

Mientras esto ocurre en una barriada emblemática del satelismo K, se anuncia con toda la pompa que se sumarán 50 cámaras más de vigilancia ciudadana, a las ya numerosas instaladas por todo el partido de Morón.

Por las sendas de las sociedades con privilegios de clase y de la mano del estado que los garantiza, todos los caminos conducen a la represión, aunque se tomen los atajos del progresismo.

LOS PARAMILITARES DE ABU DHABI

Esta semana, el New York Times sacó a relucir una nota donde se investiga la situación paramilitar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

El jeque Mohammad Bin Yazed firmó un contrato por 529 millones de dólares con un hombre de experiencia en el rubro paramilitar, que supo participar en Blackwater.

Tanto Bien Yazed, la burguesía de los Emiratos Árabes Unidos y el Departamento de Estado estadounidense están preocupados sobremanera por evitar que la ola de reivindicaciones del pueblo árabe (primavera árabe) afecte sus intereses, es decir, el petróleo y el económico, ya que estos 800 mercenarios fueron destinados a oleoductos y rascacielos.

Las fuerzas paramilitares fueron reclutadas en Sudáfrica y Colombia, ya que el perfil buscado es el de tropas que tengan experiencia en conflictos paramilitares. No obstante, participan de la formación los grupos especiales del Reino Unido, EEUU y Francia, dejándonos bien en claro que a la hora de reprimir al pueblo unen sus fuerzas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 24 de mayo, desde las 13:00, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución de los compañeros Oscar Kuperman y Rubén Saboluard.

Miércoles 8 de junio, desde las 11, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución del trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella.

Lunes 4 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo, La Matanza , durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez (14).