CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

REPRESIÓN EN LAS HERAS

Como en 2006, cuando el gobierno nacional, para quebrar la lucha de los petroleros, ordenó la toma de Las Heras con gendarmería, y las fuerzas federales, dirigidas por la jueza igualmente federal Ruata de Leone invadieron la ciudad santacruceña rompiendo puertas, encapuchados, torturando y deteniendo mayores y menores, amparados en el silencio de su entonces socio privilegiado Clarín, el domingo 3 de julio, nuevamente el kirchnerismo mostró su palma derecha extendida mandando a la justicia y a los gendarmes contra los trabajadores.

En la combativa Santa Cruz, donde los docentes recientemente votaron levantar su durísima lucha de casi dos meses tras haber sido apaleados por las patota de la UOCRA en la provincia y por la policía en Buenos Aires, los trabajadores petroleros tenían tomada la planta Las Heras 3, como un capítulo más de una lucha muy extensa. Tras negociaciones con la patronal, el Ministerio de Trabajo y el sindicato intervenido, decidieron levantar la toma en la madrugada del domingo, tras la firma de un acta, avalada también por los intendentes de Pico Truncado y de Las Heras. Allí se establecía la reincorporación de los trabajadores despedidos, el pago de salarios adeudados y el compromiso de no represaliar delegados y trabajadores.

Casi de inmediato, el gobierno desconoció el acta firmada, diciendo que era un simple petitorio, y nuevamente militarizó Las Heras con gendarmes y policías de la montada, llegados en al menos cuatro micros de la empresa Etap desde Río Gallegos y otras localidades del interior.

Bajo órdenes del juez de instrucción Eduardo Quelin, los uniformados realizaron allanamientos en los domicilios de delegados y trabajadores, rompiendo todo a su paso, y detuvieron al delegado José Acosta. Hay órdenes de captura para otros delegados, como Víctor Oñate, gremialista de Oleasur, y Franco Herrera, delegado de la Obra Social de los petroleros. Paralelamente, más de 30 docentes recibieron citaciones judiciales.

Claudio Vidal, delegado de la empresa Quintana, declaró: “El gobierno y la Federación nos traicionaron, porque en el acta que firmamos ayer estaba explicito que no habrían persecuciones, pero desde esta mañana están persiguiendo a los compañeros, esto es una caza de brujas”. En Las Heras, trabajadores, estudiantes y desocupados están realizando acciones autoconvocándose para rechazar y enfrentar las detenciones y los allanamientos.

Peralta, gobernador y amigo de los Kirchner, con la misma mano con la que firma los cheques de las ganancias inmundas de las multinacionales petroleras ordena detener y apalear trabajadores. En sintonía con él, y dirigiendo la orquesta represiva, el gobierno nacional responde a las protestas obreras y populares engordando el listado de los más de 4.000 compañeros procesados por luchar y mandando o bien patotas paraestatales, como la que asesinó a Mariano Ferreyra o la que reprimió a los docentes de Santa Cruz, o militarizando nuestras ciudades y barrios, como en Las Heras, o sumando a la policía a los gendarmes y prefectos, como en Buenos Aires y el gran Buenos Aires.

No va a ser denunciándolos solamente que lo evitaremos, necesitamos organizarnos para enfrentarlos en las calles, barrios y en nuestros trabajos.

¡Fuera la policía y la gendarmería de Las Heras y de nuestros barrios!

¡Basta de allanamientos y detenciones. Libertad a Acosta y a todos los presos políticos!

TRES CASOS DE GATILLO FÁCIL, TRES CRÍMENES DE ESTADO

Federico Taja, un pibe de 17 años, fue asesinado en Balcarce por Waldemar Chazarreta, un oficial de la policía bonaerense. El viernes 23 de junio, el policía le disparó un balazo durante un procedimiento antidrogas. El chico, que estaba desarmado, y no tenía antecedentes penales, era adicto a consumir estupefacientes y fue perseguido por un grupo de efectivos policiales. Taja, que estaba en su auto, fue alcanzado por un proyectil en la axila izquierda, que ingresó a través de la ventanilla trasera izquierda.

Tan grosero fue el hecho, que el fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Fiscal Descentralizada de Balcarce, debió ordenar su detención, al tiempo que la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires se vio forzada a iniciar una investigación sobre todos los policías que participaron del procedimiento.

Muy cerca, en Mar del Plata, Gonzalo Orellano, de 20 años, fue muerto por una bala policial. Ocurrió el miércoles 29, cuando luego de una persecución, el joven bajó del auto que conducía y, sin mediar palabra, ni representar una amenaza ni para el policía ni para terceros, recibió un disparo policial que ingresó por el intercostal izquierdo, cuando se estaba dando vuelta hacia el uniformado.

Como suele suceder, tras la inicial detención bien publicitada para mostrar que “hacen algo”, ni bien fue indagado por homicidio, el oficial recuperó la libertad.

Finalmente, otro pibe de 17 años fue asesinado, el jueves 1 de julio, en San Francisco Solano (Quilmes) por Carola González, de la policía Buenos Aires 2. La excusa policial fue la de siempre: dicen que tres “menores” le quisieron robar el automóvil, y que “en el marco de un bestial tiroteo” el pibe resultó muerto. Sin embargo, el brutal tiroteo no dejó ni un solo rasguño en el auto de la funcionaria, ni en ningún otro lado, excepto en el estómago del pibe, alcanzado por una bala de la 9mm reglamentaria.

Semana tras semana aparecen y abundan los ejemplos. Más y más pibes pobres mueren a manos de la policía. Estos son sólo los tres últimos casos de la larga lista que, gobierno tras gobierno, no cesa de aumentar.

POLICANDIDATOS

La campaña electoral muestran, como si fuera una novedad, a unos cuantos policías que se candidatean en todo tipo de partidos. Por ejemplo, el ex jefe del grupo Halcón Daniel Abaca, es candidato a concejal en La Plata en una lista que apoya la reelección de Cristina Kirchner. Abaca, premiado por Ruckauf cuando era gobernador, francotirador avezado y ex negociador del grupo Halcón, explicó hace poco, en un reportaje al Diario Hoy de La Plata, el rol de los medios en la represión: “La prensa juega un rol trascendental, si Crónica TV pone una placa roja y dice que el captor tiene 16 años y hay cien policías rodeando la zona, la gente se pone del lado del delincuente, pero si en esa placa se afirma que el sujeto tiene antecedentes penales, que mató y violó, la opinión pública se inclina por la Policía.”.

Otro policandidato, es el comisario general Salvador Baratta, candidato a concejal por una fracción del peronismo disidente en Lanús que enfrenta al intendente kirchnerista, Darío Díaz Pérez. Baratta, superintendente de Coordinación Operativa hasta febrero, era subcomisario de la 4ª de Lanús en 2002, y participó de la represión en Puente Pueyrredón. Estuvo mucho tiempo al frente del gran negocio que significan los adicionales en estadios de fútbol. En 2006 dirigió la represión y posterior cacería desatada en el marco del escrache al ex policía bonaerense en tiempos de Camps, González Conti, en La Plata , con decenas de heridos. Más tarde, en la zona norte, estuvo a cargo de Narcotráfico, donde desempeñó el muy político cargo de coordinar entre distintas fuerzas. En 2007 mandó desalojar los terrenos ocupados por familias sin techo en el barrio Altos de San Lorenzo, y fue quien dirigió a los policías que reprimieron a los trabajadores de la planta textil Mafissa. En 2009 dirigió la represión contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, y en diciembre de ese año también fue Baratta el que salió a “explicar” el incendio de la comisaría de Lomas del Mirador, donde murieron quemados y asfixiados Jorge Luis Moya, de 26 años; Pablo Sebastián Frías, de 20; Fernando Butaro, de 22, y David Moreyra, de 17.

El tercero es el comisario general Guillermo Britos, superintendente de Seguridad Norte, que se postula como diputado en la provincia, en segundo lugar, en la boleta de Francisco de Narváez, Alfonsín y González Fraga. Britos dirigió el fiasco del operativo de búsqueda de la familia Pomar-Viagran. Como jefe de distrital de Mar del Plata, Britos ordenó a la policía detener la marcha de cualquier colectivo, taxi o remise en que viajara una “persona sospechosa que amerite ser identificada”.

El cuarto, candidato a intendente de Mar del Plata por la Coalición Cívica, es el comisario inspector Gustavo Salvá. En 2007, dirigió la represión contra los trabajadores pesqueros en huelga. En 2008 la emprendió contra los trabajadores del supermercado híperexplotador Toledo, y, en abril de 2009, fue el turno de las familias de Barrio Pueyrredón de esa ciudad, que habían tomado las casas del Plan Dignidad, abandonadas sin terminar por la empresa constructora. La represión, con efectivos de infantería y caballería, terminó con 24 detenidos –entre ellos, el compañero Juan Pablo Gelemur, abogado del Frente Antirrepresivo-, numerosos heridos por balas de goma y palazos y las 54 familias nuevamente en la calle.

Como si hubiera poco para descreer de todos los que nos prometen el oro y el moro porque hay elecciones, sean radicales, peronistas de uno u otro pelo, o “progresistas”, en todos los casos, más de uno, creyendo que en la urna pone un voto, en realidad va a estar metiendo una bota.

ESTA VEZ, NARCOPENITENCIARIOS

El 25 de mayo, en la ruta nacional 12, cerca de la localidad de Puerto Rico, Misiones, un camión del servicio penitenciario fue detenido por gendarmería. Descubrieron 2.300 kilos de marihuana escondidos en los muebles que se transportaban. Los miembros del SPF dijeron que se trataba de una mudanza para un superior ¿Se imaginan la cantidad de muebles necesaria para esconder más de dos toneladas de droga?

Como un informante de gendarmería les había pasado el dato del cargamento, no fue muy difícil para los gendarmes interceptarlo. Recién en estos días, un juez federal de Misiones pidió la detención del jefe que había autorizado el traslado de los “muebles”, Armando Vallejos. En la investigación están involucrados otros 17 miembros de la fuerza.

Siempre que se habla de narcotráfico, salta el botón. Es imposible que entre droga a un país si de una u otra manera no esta involucrada las distintas fuerzas represivas del estado, sea por acción u omisión. Las formas en las que este tipo de mega cargamentos son descubiertos es variada. En este caso, seguramente será una “interna”, por un informante al que habrán dejado afuera del negocio o tendrá otro negocio en competencia. Otras veces es un “descuidado” o no avisado, como con las valijas de Antonini, revisadas por una mujer policía que revisó lo que no tenía que revisar, o algún problema imprevisto de los que mueven el cargamento, como el accidente de la Fiorino con 160 kg de droga que volcó en Salta hace unos años, un avión que entra en emergencia y debe aterrizar, etc.

Hasta los propios periodistas, que tanto esconden cuando un policía mata o tortura, debieron, frente a este último hecho, recordar antecedentes del SPF. Un diario importante hizo memoria: “En julio de 2008, un cabo de la Policía Federal fue asesinado en un asalto mientras estaba en la puerta del restaurante Dolli, en Tagle y Figueroa Alcorta, y la investigación a cargo del juez de instrucción Alberto Baños puso al descubierto una organización criminal comandada por oficiales del Servicio Penitenciario Federal. Estos falsificaban órdenes de traslado de detenidos y los ayudaban a robar. La pesquisa judicial también puso en evidencia la existencia de un desarmadero de automóviles dentro de la cárcel de Caseros.”

LA MINISTRA DE LA HIPOCRESÍA

La hipocresía es una cualidad del ordenamiento legal burgués a la que continuamente recurren quienes lo invocan para justificar la sofisticación del despliegue represivo estatal que administran. La ministra Garré es la confirmación de esta regla.

En el marco del operativo Cinturón del Sur, por el que la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires (barriadas de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, Bajo Flores, Soldati y Lugano) se verá militarizada con la presencia de 2.500 gendarmes y prefectos, completando el accionar represivo de la policía federal, la ministra de Seguridad anunció que las fuerzas armadas colaborarán con este despliegue represivo, prestando instalaciones y equipamiento técnico.

Convenientemente uniformada de custodia de la legalidad democrática, la ministra pretendió encubrir su concreto aporte a la militarización de la zona sur ciudadana con una ingeniosa maniobra dialéctica: “…hay comentaristas trasnochados que proponen comprometer a las Fuerzas Armadas en asuntos de Seguridad Interior”, dijo sin ruborizarse, siendo ella quien anuncia, precisamente, lo que descalifica en el discurso.

Y, para que no queden dudas de su malabarismo verbal, intentó diferenciar a los militares “formados para repeler la agresión entre estados”, de los policías “que previenen violación de normas y como último recurso utilizan gradual y mínimamente la violencia en la convivencia social”.

3.200 casos de gatillo fácil denunciados, desnudan la hipocresía del discurso ministerial.

La ministra -que en la era K manejó ambas áreas, confirmando que en materia represiva tampoco existen las casualidades-, en otra muestra de hipocresía coquetamente administrada, se escudó en el texto de la ley 24.059, que desde hace casi 20 años y con sus modificaciones, fue admitida por todos los sectores políticos como la barrera que impide recurrir a las fuerzas armadas en materia de seguridad interior. Hipocresía, porque, en verdad, esa ley jamás descartó la hipótesis de conflicto interior para que las fuerzas armadas intervengan, revelando lo peligroso que significa confiar en el discurso y en la legalidad impuesta gobierne quien gobierne.

La ley habla de dos situaciones autorizadas: desastre u operaciones de seguridad interior. En la segunda variante se inscribe el Operativo Cinturón del Sur. Y aunque en este Operativo se disfrace de simple colaboración, la actividad de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior contará con la venia oficial en otra prueba de fariseísmo.

La militarización de la sociedad es un camino que la burguesía se ha trazado, y la naturalización de este objetivo lo va consiguiendo paulatinamente. Poco importa el sesgo político de quien coyunturalmente le administra sus intereses, la hipocresía del ordenamiento legal es su prueba más rotunda: una ley gestada en tiempos de Menem sirve para justificar el discurso del “progresismo K”. La misma hipocresía reveladora de una constante: cuando hablan de seguridad, ellos hablan de represión, no hay diferencias, suman… y cuando ellos suman en materia de represión, corre riesgo la seguridad del Pueblo.

EL ESTADO ECUATORIANO ENTREGA GUERRILLEROS AL ESTADO TERRORISTA DE COLOMBIA

El lunes 27 de junio, en el sur de la ciudad de Quito, fueron detenidos dos integrantes del Frente 48 de las FARC-EP, Fabio Rodríguez Artunduaga y Yanenci Hoyos Alarcón, quienes se encontraban en esa ciudad bajo tratamiento médico.

El operativo se desarrolló en un centro comercial y presentó un despliegue gigantesco de fuerzas policiales que contaron con información de inteligencia del ejército colombiano para lograr la captura. Para Fabio Rodríguez Artunduaga, recién el 25 de junio las autoridades judiciales de Colombia habían emitido orden de captura por rebelión.

En poco más de 24 horas, el estado ecuatoriano resolvió la entrega de los integrantes de las FARC-EP. Se arguyó el formalismo de que los detenidos carecían de documentos y que habían ingresado ilegalmente a Ecuador, omitiendo que quienes son perseguidos por un estado terrorista no pueden cruzar “legalmente” las fronteras ni llevar los documentos que los identifiquen. Paralelamente, se omitió el otro “formalismo” de respetar los tratados de asilo político suscriptos por ese estado.

Este operativo, y la entrega de los guerrilleros, muestran una vez más la estrecha colaboración de los estados “progresistas” de Sudamérica con el estado fascista de Colombia. La actitud del gobierno de Correa, similar a la del bolivariano Chávez, constituye la mejor prueba contra la demagogia populista y la supuesta neutralidad frente al conflicto colombiano. Ambos gobiernos entregan luchadores al terrorismo de estado.

El estado ecuatoriano juega además un papel fundamental en el Plan Colombia, que es el de contener a las fuerzas insurgentes colombianas, desplegando para ello una enorme fuerza militar de frontera, de aproximadamente 15.000 soldados, profundizando la colaboración militar con el ejército colombiano, y recibiendo entrenamiento de contrainsurgencia de parte de las fuerzas israelíes, francesas, españolas y chilenas.

La persecución a los que luchan es política de estado y, la colaboración entre los distintos estados burgueses, demuestra que, para perseguir y reprimir, no conocen de fronteras geográficas ni ideológicas. Revela además que el Plan Cóndor sigue vigente.

En consecuencia, para los explotados y oprimidos la única salida es la organización independiente y la lucha fraterna con contenido internacionalista.