CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA FEDERAL MATA, EL GOBIERNO NACIONAL DEFIENDE Y LOS JUECES PROVINCIALES ABSUELVEN

En silencio absoluto, sin que saliera en la tele ni fuera tapa de los diarios, estas últimas dos semanas el tribunal oral nº 1 de La Matanza tuvo que juzgar a un policía federal que fusiló a un pibe de 17 años. “Tuvo que juzgar” y no “juzgó”, porque desde el principio, como no es ninguna novedad, todo el aparato estatal se puso a disposición del cabo Luciano Cruz Gaete Ossandón, de la división Apoyo Tecnológico de la policía federal, para salvarse, y, en el camino, salvar al asesino confeso.

El 11 de febrero de 2010, en Rafael Castillo, a eso de las 7 de la mañana, el policía salió de su casa hacia su segundo trabajo, como custodio del banco HSBC de Flores. Aunque iba de civil, llevaba su Bersa Thunder 9 mm reglamentaria en su funda, sobre el costado derecho del cuerpo. A pocos metros de su casa, se cruzó con Kunky Méndez, un pibito que, con su camiseta de la Selección y unas bermudas, volvía a su casa después de festejar el cumpleaños de 15 de una primita.

Kunky, de apenas 1 metro 56 y unos 50 kilos de peso, pero morochito, y con pinta inequívoca de barrio, era el prototipo del “caco” que cualquier policía está entrenado para exterminar, en nombre de la seguridad ciudadana. Así que bastó un roce casual al pasar, una mirada, o incluso el clásico “Amigo…una moneda…”, para que el federal hiciera, mecánicamente, según explicó en el juicio, todo lo que le enseñaron en la academia: “Le pegué un empujón, gané distancia, desenfundé y efectué dos disparos en resguardo de mi vida”, declaró el asesino.

Según explicó en el juicio el Dr. Romero, jefe de la morgue judicial de Lomas de Zamora, los dos disparos ingresaron al cuerpo de Kunky a la altura de la clavícula izquierda, con una trayectoria de arriba hacia abajo que sólo pudo ocurrir de dos maneras: O Kunky estaba parado, y el policía trepado a un árbol, o el policía estaba de pie sobre la vereda, y el pibe caído en el piso, agachado. Y un detalle: una de las balas, antes de entrar al cuerpo, atravesó la mano izquierda, de la palma al dorso. O sea que, además de estar caído, Kunky tenía la mano extendida, cubriéndose en un gesto típico de automática e inútil y defensa. ¿Habrá suplicado “no me mates”, también?

En el juicio, su defensa trajo dos “testigos” nuevos, que dijeron que, esa misma madrugada, vieron a dos pibes, uno vestido con la camiseta de la Selección, con un arma en la mano. Eso alcanzó para que los jueces, en la sentencia, dijeran: “de tales testimoniales, (…) se desprende que se ha divisado al fallecido Méndez en poder de un arma de puño y en compañía de otra persona del mismo sexo, y permite afirmar que el occiso se encontraba recorriendo la zona con intenciones de atentar o cometer ilícitos contra la propiedad ajena, horas antes de los eventos aquí ventilados, y que aquél se encontraba actuando con un cómplice y portando el mismo adminículo, con el que amedrentó al imputado aquella fatídica mañana, ocasión en la que se produjeran sendos disparos”. Y absolvieron al policía federal por legítima defensa.

El fusilamiento de Kunky Méndez no sólo fue considerado “acto de servicio” por los jueces bonaerenses. Mostrando que no es un policía, es toda la institución, y que el gatillo fácil, como herramienta de la represión preventiva, es una política de estado, el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad, dispuso que el cabo Gaete Ossandón fuera defendido por los abogados de su Dirección de Asuntos Jurídicos, y que siete expertos del gabinete pericial de la policía federal actuaran como sus consultores técnicos. Así, el cabo fue defendido por funcionarios del estado nacional, y absuelto por los del provincial. Eso es cooperación interjurisdiccional efectiva…

NARCOPOLICÍAS EN LA DELEGACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS

Una vez más comprobamos que la policía está involucrada en todos los negocios sucios. En Lobos, provincia de Buenos Aires, el oficial principal Juan Rossi y el sargento Sandro Guzmán, de la delegación de drogas ilícitas, lideraban una banda de narcotraficantes que comercializaba drogas en los municipios de San Miguel del Monte, Lobos y Ezeiza.

En la casa donde los narcopolicías cocinaban la droga, había cocaína, marihuana, una ametralladora, una carabina con mira telescópica, autos importados y varias motos de alta cilindrada. Asimismo, estos policías, que se “encargaban” de desmantelar redes de narcotráfico, eran los que liberaban la zona para el comercio de las drogas.

Además, habría más policías involucrados en la organización y las complicidades llegarían a lo más alto de la cúpula bonaerense. En este sentido, la policía no está sola en el negocio, que también involucra a políticos y empresarios de la zona. Porque la policía está para cuidar a los poderosos y someter y tener bien controlado al pueblo, es que tienen las garantías que necesitan para enriquecerse con impunidad. Las garantías se las dan jueces y políticos, tanto cuando lideran las redes del narcotráfico como cuando nos matan pibes por el gatillo fácil o las torturas.

Estos son los verdaderos ladrones, los que siempre están involucrados en los más grandes y miserables negocios que hay, con la connivencia de la justicia y de los políticos de turno. Por esto es que su seguridad nunca puede ser la nuestra.

La podredumbre de estas institución se huele a lo largo y ancho del país, porque no es un policía, es toda la institución.

VIOLENCIA CONTRA LOS POBRES, DE SUR A NORTE

Comallo, Río Negro, a 80 km. de Bariloche. Una comunidad mapuche que resiste, como puede, la usurpación territorial que realiza un empresario de apellido Chechile, socio de un camarista. Con la inestimable ayuda del juez provincial Calcagno, la custodia y protección de la policía provincial y los servicios de una patota armada, entraron al Lonco mapuche y agredieron a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas y humildes bienes. La razón, la propiedad de todas esas tierras, con vistas a emprendimientos comerciales.

La Overa, a 250 km. de la ciudad capital de Santiago del Estero. Veinte familias campesinas organizadas en el MOCASE, fueron atacadas por el empresario Suárez, a través de una patota que cuenta con la bendición de la policía local y la protección del organismo estatal INTA, que tiene al hermano del empresario agresor como alto directivo. La razón, desalojar al campesinado para desmontar, alambrar y cambiar la cultura agraria de la región.

Plaza Independencia, pleno centro de San Miguel de Tucumán. Con la presidenta Cristina de Kirchner en el escenario, una patota de encapuchados vinculados al gobernador K Alperovich, atacó las carpas de los médicos autoconvocados que luchan por condiciones de trabajo y vida dignos y que resistieron la pretensión oficialista de “no afear” el acto de la independencia.

A lo largo y ancho del país, los gobiernos argentinos actúas en defensa de los intereses de la clase que representan. Cuando no lo hacen con sus fuerzas regulares, lo hacen con sus fuerzas de choque, y, en todos los casos, con la justicia y otros organismos responsables que legitiman mirando para otro lado.

Represión tercerizada, diseño represor para los tiempos que corren. De la Patagonia al Norte, del mar a la cordillera, en el campo y la ciudad, paisaje argentino en las rutas de la democracia burguesa.

REPRESIÓN CONTRA TRABAJADORES DE TARTAGAL, NEUQUÉN Y BS. AS.

Desde el fin de la última dictadura militar, los distintos gobiernos democráticos han continuado la represión sobre el pueblo. Tanto de forma preventiva, con la tortura en cárceles y el gatillo fácil en los barrios, como de manera selectiva, reprimiendo la protesta y actualizando los métodos para profundizar la represión.

Una de las banderas que levantó el gobierno kirchnerista es que “jamás reprimió la protesta”. Sin embargo, desde 2003, desde Luis Cuéllar hasta el Indoamericano, se han producido 12 asesinatos en protestas, a manos de sus fuerzas represivas. Éste también ha sido el gobierno que propuso y votó la actualización de las leyes antiterroristas en 2005 y 2007.

En estos últimos días, los hechos siguen desmintiendo el discurso del gobierno y de sus aliados en los medios que dicen que “las policías actúan sin control político”.

Organizaciones de trabajadores y sindicalistas denunciaron que los procesamientos y persecuciones que están sufriendo los trabajadores de la Zona Norte de Bs. As. “son una práctica organizada por las empresas y el aparato judicial”. Denuncian que, desde los juzgados, se llama a los directivos de las empresas para que señalen a los trabajadores, generalizándose la apertura de numerosos procesos penales contra delegados y el desarrollo de tareas de inteligencia contra los participantes de las protestas.

El jueves 14, en la ciudad de Tartagal, trabajadores de cooperativas intentaron tomar el edificio de la municipalidad para que sus reclamos fueran escuchados. La policía reprimió, y hubo unos cuantos heridos y detenidos. Al día siguiente, mientras los trabajadores volvían a marchar para exigir la libertad de los presos por luchar, la jueza que interviene en la causa ordenó otras 20 detenciones de trabajadores identificados por fotos y filmaciones.

En Neuquén, se presentó el nuevo paquete de medidas y “grupos especiales” para perseguir, criminalizar y judicializar la protesta. Es el “nuevo protocolo de actuación en casos de usurpaciones y cortes de ruta” que implementará la policía de Neuquén, siguiendo las directivas del fiscal del Tribunal Superior de Justicia, según el cual “se deberán tomar fotografías y filmaciones de los manifestantes”. El artículo 73 de la Constitución Provincial dice: “no podrán crearse organizaciones o secciones policiales especiales de tipo represivo…”. Así se demuestra que las leyes son un correlato de las necesidades de los poderosos para mantener y defender sus intereses.

La excusa para este nuevo paquete de normas represivas es la misma que usó Filmus para justificar la represión a los docentes de Santa Cruz en la capital porteña: “para garantizar los derechos de los vecinos que se ven afectados de transitar”.

Aunque el discurso busque confundir, en democracia o en dictadura, con el palo y con las leyes, la represión contra el trabajador organizado continúa.

EN JUJUY TAMBIÉN SE PERSIGUE A LOS POBRES QUE LUCHAN

Hace casi un mes y medio que dos pibes jóvenes de un barrio de San Salvador de Jujuy están arrestados en una “comisaría del menor” por una causa armada por la policía. Las víctimas se llaman Rodrigo Cajal (18) y Samuel Guzmán (16), el primero activista y referente de “jóvenes Kurmi”, una organización territorial.

El 11 de junio a la madrugada, Rodrigo y Samuel fueron detenidos. Rodrigo salió a defender a un amigo frente a una patota que le quería robar. Los chicos lograron defenderse pero cuando llegó la policía, los arrestó a ellos y dejó ir a los agresores. Ya preso, en la comisaría, conoció a Samuel.

Al parecer, uno de los patoteros es hermano de una mujer policía que investiga en la causa, y hay rumores en el barrio de vínculos con grupos de choque oficialistas. Las irregularidades del arresto demuestran el rol del poder judicial en el aparato represivo, con imputaciones que fueron variando a medida que “acomodaban” las pruebas.

La agrupación “Jóvenes Kurmi” y otras organizaciones sociales se siguen movilizando para exigir la libertad Rodrigo y Samuel, y para denunciar que el estado, a través de la policía y el poder judicial, persigue a los pibes pobres de los barrios y a los que se organizan para reclamar por sus derechos.

CHILE: CONTINÚA LA LUCHA POR LA ESTATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Este jueves, los estudiantes chilenos volvieron a movilizarse, por tercera vez en este mes, en reclamo de un cambio sustancial de la educación chilena. La manifestación fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores, en reclamo al actual modelo chileno que permite que empresas privadas lucren con la enseñanza escolar y universitaria. Docentes y alumnos reclaman una educación gratuita y de calidad. Hoy en Chile, es paga, y carísima. Un estudiante de medicina, por ejemplo, puede egresar de la universidad puede egresar con una deuda de 50.000 dólares o más.

El presidente privatista Piñera, luego de los anteriores reclamos del estudiantado, había diagramado un proyecto de ley que en nada modifica las cuestiones fundamentales de la educación estatal chilena. Ha prometido fondos para abaratar los costos de los créditos con los que los alumnos pagan sus estudios superiores. Es por esto que la comunidad educativa en conjunto sigue saliendo a las calles a reclamar lo que es justo.

La masiva movilización se dirigió por la avenida Alameda en dirección al palacio presidencial en un ambiente festivo, y contó además con la presencia de obreros, jubilados, ecologistas y otras agrupaciones sociales, que se solidarizaron con el reclamo. Al pasar los manifestantes por el palacio presidencial, Piñera desató a su policía para que reprimiera la marcha, con el argumento de que “no había sido autorizada”. La policía arremetió con hidrantes y gases lacrimógenos. Hay 54 detenidos.

El mandatario, mientras su policía apaleaba al pueblo trabajador, señaló que “La calidad, el acceso y el financiamiento de la educación está en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno”, sin embargo, no deja de demostrarnos con sus actos que esto es mentira, que no está en los planes de Piñera dejar de lucrar con el negocio que es para él la educación del pueblo, así como lo es para las empresas a las que él defiende.

Reivindicamos la lucha chilena, único mecanismo efectivo del pueblo para arrancarle victorias al gobierno.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 21 de julio, 20:30, en el Centro Cultural y Social “Estación Esperanza”, Int. Giménez 950 de la ciudad de Rafaela, proyección del documental “YO SABIA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA”, con compañeros invitados de CORREPI y CADH Rosario.