CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Amenazan a compañeros de CORREPI.

En la madrugada del sábado 3 de septiembre, dos autos aparecieron frente a la casa de Patricia Bolaño, compañera de CORREPI, y balearon el frente de su vivienda en Grand Bourg, donde vive con su madre, sus hermanos y sus tres hijitos, al grito de “dejate de joder o te vamos a matar toda la familia”.

Luis Alberto Bolaño, un joven discapacitado motriz de 27 que se ganaba la vida vendiendo estampitas en la estación de tren, fue fusilado en marzo de 2009 por Juan Pablo Rodríguez, un vigilador privado de la agencia de seguridad Clave SRL, contratada por el municipio de Malvinas Argentinas para custodiar un predio municipal.

Este ataque es el de mayor gravedad en una espiral que viene aumentando desde hace unos meses, con aprietes de todo tipo, como sacarle fotos a los hijos de Patricia cuando juegan en la calle y seguimientos a varios miembros de la familia, que desde el homicidio está comprometida en una activa militancia antirrepresiva, organizada en CORREPI. Todos los hechos fueron denunciados en las fiscalías de Malvinas Argentinas.

Los primeros ataques coincidieron con el avance de la causa penal contra el vigilador Rodríguez y recrudecieron con la fijación de fecha para el juicio oral, que comenzará el martes 20 de septiembre a las 9:00, ante el tribunal oral nº 2 de San Martín. El vigilante privado, aunque acusado por la fiscalía y la familia representada por CORREPI por homicidio simple, está en libertad, pues el juez de garantías considera que “no hay peligro de fuga ni de que entorpezca el procedimiento”.

Lejos de lograr su cometido, estas amenazas han sido una nueva motivación para la familia Bolaño a seguir organizados, y a profundizar la lucha por justicia para Luis, y una muestra de la entereza de nuestra compañera, que, en pleno tiroteo, logró apuntar la patente de uno de los autos, ya que el otro carecía de chapas.

El martes próximo, en los tribunales de San Martín, estará la familia Bolaño, junto a CORREPI, enfrentando una vez más a la represión estatal y reclamando juicio y castigo al asesino contratado por el intendente menemista/kirchnerista/duhaldista Jesús Cariglino.

Federal, bonaerense o metropolitana: siempre el gatillo fácil.

En la madrugada del lunes 5 de septiembre, en la localidad bonaerense de Avellaneda, el cabo 1º Sergio Bovadilla (34) de la comisaría 12ª dela PFA, mató a dos adolescentes de 16 y 17 años. La crónica en los medios, siempre fiel a la versión policial, habló de un intento de robo en la puerta de la casa del policía, con el “condimento” de que los “sujetos armados” amenazaron a la hija de 10 años del policía, que, así, “debió defenderse”, originándose “un feroz tiroteo”.

La policía sí que sabe armar versiones “vendibles” a tono con el marketing mediático por la seguridad y la mano dura: el policía héroe, los hampones torpes, y un “final feliz” para que los periodistas estrella de las cadenas de medios puedan impunemente vociferar “que Dios me perdone, dos menos”. Sin embargo, éste es un caso más de gatillo fácil, encubierto como “muerte en tiroteo” o “confuso episodio”.

La experiencia con los casos de gatillo fácil nos ha enseñado que no hay “episodios confusos” sino versiones deliberadamente confusas, y que una lectura comprometida de la realidad nos lleva a buscar la verdad, no a “comprar” la mentira. Los chicos muertos son Hugo Arce (17) y Carlos Dante (16), ambos de Isla Maciel. Hugo Arce era jugador de fútbol en las divisiones inferiores del Club San Telmo. Horas antes de su muerte, en la tarde del sábado 3, había vuelto a jugar un partido con la camiseta de su club luego de una lesión que lo mantuvo fuera de la cancha durante casi un año.

Desde el Club San Telmo no creen la versión de la policía. Los familiares y vecinos de los pibes, incluido el párroco de la villa, menos aún. Ellos denuncian que los chicos habían salido junto con otros dos adolescentes del barrio en un auto, cuando, detrás del shopping de Avellaneda, se cruzaron con el policía Bovadilla, quien, sin enfrentamiento alguno, tiró a matar. Primero fusiló a Arce, y cuando los otros pibes fueron a socorrerlo, hirió a Dante, quien murió camino al hospital. Con el patrocinio de CORREPI, y el apoyo del barrio, ambas familias intentarán demostrarlo en la causa penal.

Otro caso de gatillo fácil encubierto bajo la versión de la “muerte en tiroteo” sucedió el jueves 8 de septiembre al mediodía, en el barrio porteño de Chacarita, cuando, de nuevo según la fuente oficial, dos muchachos, con una pistola de juguete, intentaron robar la mochila y la billetera a un efectivo de la policía metropolitana que iba vestido de civil, y, de nuevo, “se tuvo que defender”… con un tiro en la cabeza.

La familia y vecinos de Bruno Germán Pappa (26), que vivía en Villa Fraga, un asentamiento del barrio Chacarita ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho, afirman, en cambio, que el muchacho estaba reducido en el piso cuando el policía lo ejecutó. Y para denunciarlo, esa misma noche unos 50 vecinos se concentraron frente a la sede de la metropolitana en la esquina de las calles Guzmán y Jorge Newbery, donde quemaron gomas y apedrearon el edificio.

Finalmente, y para completar la trilogía que muestra que no hay fisuras en la política de control social de todas las policías, esta semana conocimos la historia de Adrián Andrés Andrade, un chico de 22 años que vivía con su hermano en Ezpeleta. El 24 de agosto, sus padres, radicados en Neuquén, recibieron la noticia de que un policía había matado a su hijo. Según pudieron reconstruir una vez que viajaron a Buenos Aires, Adrián recibió un disparo en plena espalda apenas a dos cuadras de su casa, por parte de un policía de la zona a quien en reiteradas oportunidades había denunciado ante las fiscalías de Quilmes por los constantes aprietes ocasionados por su negativa a “trabajar” para la brigada de la comisaría local. También con patrocinio de CORREPI, intentarán demostrarlo ante la justicia bonaerense.

“Seguridad”: Dos versiones de una sola realidad.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, antes de partir a Francia junto a la presidenta para recibir el premio de la UNESCO llamado “Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny”, afirmó que en materia de derechos humanos en la Argentina “se abrió un camino que no se cerrará jamás”. También dijo que “estamos humanizando la seguridad”.

“La seguridad” de los ricos, como venimos planteando semana tras semana, es el gatillo fácil, la tortura y la violencia constante para los pobres.

Bien lo sabe Aníbal René Herrera, muchacho de la provincia de Catamarca, que tras una discusión familiar fue despertado a los golpes por la policía delante de sus hijos y llevado a la fuerza a una sesión de torturas en la comisaría.

También está bien al tanto Juan Vega, oriundo de la localidad de Huillapima, en la misma provincia, que fue brutalmente golpeado por la policía a la salida de un boliche al que él había llegado para buscar a su primo. Juan fue golpeado en la patrulla y en la comisaría, sin recibir acusación o “explicación” alguna.

Lo saben, igualmente, el fotógrafo de El Ancasti, Enrique “Quito” Contreras, y su colega de otro reconocido medio gráfico, que esta semana se presentaron ante la justicia para efectuar una denuncia por “apremios ilegales” contra los uniformados durante una violenta represión en un partido de fútbol.

El fin de semana pasado, se le recordó esta realidad también a David López, de 17 años. En la celda de la comisaría 1ª de Cañada de Gómez (Santa Fe), lo golpearon, le tiraron hielo y agua fría, y le golpearon la cabeza contra las rejas. Finalmente, lo tiraron inconsciente en un baldío. Cuenta su hermana que “hace tres o cuatro años, había unos policías que le daban droga a mi hermano y a un grupo de amigos, y los mandaba a robar”, y agregó que “los mismos policías les dan la droga y los mandan a robar cosas, y nadie puede salirse porque el que quiere irse lo matan. [No hay mejor ejemplo que el de Luciano Arruga]. Al final los pibes terminan quemados por la droga.”. David se recuperó de la adicción impuesta. Cuando, con su familia, quiso denunciar las torturas, argumentando que “contra la policía no declara nadie” les negaron hacerla en su pueblo, por lo cual se tuvieron que trasladar a Rosario.

A pesar del engañoso discurso del oficialismo, en el que juegan sus roles el aparato judicial y el ejecutivo, la policía sigue, sin perder tiempo, con el disciplinamiento social a lo largo y ancho del país. Esa es la “seguridad” de Cristina Fernández, que defiende Estela Carlotto.

Contra la violencia del estado, organización y lucha del pueblo.

“En la medida en que toda la sociedad no se ponga de acuerdo para parar la violencia, seguirá cobrándose ví­ctimas inocentes”. “Es un problema de la sociedad, no de la Justicia ni de las fuerzas de seguridad, ni de las prisiones, ni de los abogados, sino de toda la sociedad”. “Ni los jueces, ni las leyes, ni las prisiones pueden parar la violencia, quizás pueden parar a algún violento o a algunos violentos, pero no la violencia”.

La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay hizo estas declaraciones en el marco del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de la Argentina que se realizó en Catamarca capital, cuyo tema central fue “ La Trata de Personas y Esclavitud Sexual”.
Lo que no dijo y oculta la magistrada, es que la “violencia” de la que ella habla, tiene un destinatario, la clase trabajadora, y un ejecutor, el estado, a través de sus fuerzas represivas.

En la semana siguiente a estas declaraciones, la realidad se encargó de mostrarnos, de vuelta, que, cuando se trata de criminalidad, siempre, tarde o temprano, salta el botón.
En La Rioja, condenaron a un policí­a a dos años de prisión, por estar involucrado en la trata de personas. El efectivo intentó engañar a una joven para introducirla en una red de trata. Aunque también fue inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos públicos, quedó en libertad condicional.

El lunes 5 de septiembre, el integrante de la marina, Julio Cesar Barrientos, de 41 años, disparó a quemarropa desde su moto a un hombre de apellido Soria, que se encontraba manejando su auto. Ocurrió en la provincia de Catamarca, luego de que el ex militar fuese echado por Soria de un prostí­bulo en el que trabaja como personal de seguridad. Barrientos se encuentra detenido y, además, está siendo investigado por un robo de $700, que cometió luego de atacar a la ví­ctima. Gabriel Soria se encuentra internado y en grave estado, ya que el proyectil se encuentra alojado en su cabeza, poniendo en riesgo su vida.

Además de cometer crí­menes, la policí­a es la primera en hacer oí­dos sordos y cerrar los ojos cuando la ví­ctima es parte del pueblo trabajador, como ocurrió en la localidad de Ingeniero Juárez, Formosa, cuando en la noche del domingo 4 una niña Wichí­ fue violada por 7 hombres en un predio frente a la comisarí­a de la ciudad. El hecho casi no tuvo difusión, y solamente trascendió por un comunicado emitido por la comunidad y reproducido por diversos medios alternativos.

Caso Colman: Condenado por asesino, absuelto por policía asesino.

La sentencia dictada por el tribunal oral nº 3 de San Isidro contra el policía Oscar Alberto Benítez, que fusiló a Sonia Colman el 27 de diciembre de 2007 en pleno centro de Del Viso, es una muestra clara de cómo funcionan los mecanismos institucionales para defender la “legalidad” de su aparato represivo, aún si, para ello, deben abandonar por un rato, a su suerte, a uno de sus integrantes, y contradecir sus propios argumentos.

Por unanimidad, los jueces condenaron a Benítez a 8 años y medio de prisión por homicidio simple, y ordenaron su inmediata detención, como habíamos exigido desde la querella, sin perjuicio del previsible recurso de casación que interpondrá su defensa. La pena, al borde del mínimo previsto para quien mata a otro sin agravante alguna, muestra por sí misma el esfuerzo hecho por los magistrados para recurrir al costo menor para su verdugo de uniforme, en un caso que, por sus características, no admitía ninguna otra hipótesis que la condena.

Tanto el fiscal como el tribunal rechazaron la acusación que formulamos en representación de la familia de Sonia, reclamando prisión perpetua ya que se trató de un homicidio calificado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones operativas. Es evidente, juicio tras juicio, que este delito, como el de torturas, o, más aún, el de aplicación de tormento seguido de muerte, está en el código penal exclusivamente para que los distintos funcionarios del gobierno puedan exhibir su letra en bonitos discursos derechohumanistas en foros internacionales, donde argumentan que el estado argentino castiga con dureza los crímenes cometidos por su aparato represivo.

Así como la tortura es una palabra prohibida para jueces y fiscales, que no dudan en usar el mismo argumento al derecho o al revés para, cuando no les queda más remedio que condenar, hacerlo por la figuritas menores de “apremios ilegales” o “vejaciones”, excarcelables y sin la connotación de crimen de estado, el delito previsto en el artículo 80 inc. 9º del código penal es esquivado sistemáticamente, porque implica reconocer que es el aparato estatal el que ha asesinado.

En el juicio contra el bonaerense del Grupo Halcón que fusiló a Christopher Torres, la “vuelta” para descartar la prisión perpetua y condenar sólo a 12 años de prisión por homicidio simple, fue que el oficial Ayunta no estaba de servicio cuando salió a buscar a dos pibes que habían robado un celular, y, en el camino, se cruzó con Christopher y lo ejecutó. Igual argumento fue usado con el también integrante del grupo bonaerense de elite Ernesto Bencardino, que le puso un tiro en la nuca a Camilo Pérez después de reducirlo y hacerlo tirar al piso. El TOC 3 de La Matanza calificó como “homicidio simple con abuso de arma” para poder condenar a sólo 10 años y 8 meses de prisión, en lugar de perpetua, considerando que, como Ayunta, no hubo “abuso o exceso en la función policial”, ya que estaba de franco.

En el caso de Benítez, que estaba de uniforme, en servicio y participando de un operativo cerrojo a bordo de un patrullero, junto a una docena más de policías, los jueces tuvieron que dar vuelta el argumento, y, entonces, concluyeron que “no se advierte un abuso ni aprovechamiento personal de la función policial”. Así, con exactamente el verso opuesto al usado en los crímenes de Camilo y Christopher, también optaron por el homicidio simple, como si, en lugar de un policía asesino, se tratara del homicidio que puede cometer cualquier civil, y que engrosa las estadísticas que luego usan para denunciar la “inseguridad” que, claro, requiere más policías como Ayunta, Bencardino y Benítez.

Pasó, igualito, con Matías Tarditti, aquel federal que fusiló por la espalda, en Palermo, a Lisandro Barrau, que no acató la voz de alto cuando pasó con su moto. La condena a perpetua por el homicidio calificado del TOC 28 fue revocada por la cámara de casación, que salvó al policía con un “homicidio culposo” y apenas 4 años de prisión en suspenso.

El escenario se completa con las leyes, que impiden al particular damnificado discutir en casación la calificación legal, con lo que ponen un obstáculo difícil de salvar para recurrir semejante dislate. Así, jueces, fiscales y legisladores muestran que no sólo no es un policía, sino toda la institución. Es también un mismo aparato, que usa todos sus recursos, incluyendo decir hoy una cosa, y mañana la contraria, para poner a resguardo al conjunto del estado, y garantizar la profundización de su tarea represiva, revestida de su “legalidad”.

Represión en la cárcel de Coronda.

Agradecemos esta nota a los compañeros de la CADH Rosario (Comisión Antirrepresiva y por los DDHH).

El lunes 29 de agosto, junto al militante y periodista Oscar Castelnovo, fuimos a la Unidad Nº 1 de Coronda, increíblemente llamada la “Modelo” para presentar el libro “Cárceles de Mala Muerte”, un informe que denuncia claramente las atroces condiciones de detención en que se encuentran los detenidos en las cárceles de nuestro país. Este informe y los participantes de esta actividad fueron los destinatarios del odio represivo del servicio penitenciario del “socialista” Binner y sus secuaces.

Las violentas requisas a cargo primero del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias), una especie de robocops, asesinos y ladrones, y luego de la guardia armada del servicio, se ensañaron con las escasas pertenencias de los detenidos a los que obligaron a permanecer desnudos en los pasillos mientras eran insultados, verdugueados y saqueados por los delincuentes de uniforme.

Más allá de los falsos argumentos para justificar estas acciones, queda claro que el objetivo es disciplinar a la población carcelaria, impidiendo su organización y cualquier contacto con los que luchamos contra la represión del estado capitalista hacia los sectores sojuzgados del pueblo, y, en especial, a los encerrados en sus cárceles de mala muerte.

Desde la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos, sostenemos que es deber de toda organización popular denunciar y enfrentar al aparato represivo del estado en cualquier lugar donde éste se manifieste, sea en el accionar policial en las calles, en el gatillo fácil, en las torturas y vejámenes en las comisarías o en la condición infrahumana de los presos en los penales.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.