CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Modelo de gobernador electo

El triunfo del candidato peronista Carlos Soria en las elecciones de Río Negro fue festejado por el gobierno y el conjunto del kirchnerismo con bombos y platillos, y aplaudido como un nuevo anticipo de lo que vendrá. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo calificó de “histórico”. Esos y otros halagos oficiales al candidato, sumados a su historia política y personal, dan una buena muestra del verdadero carácter del partido de gobierno.

Carlos Soria, hoy gobernador electo de Río Negro, fue uno de los hombres de mayor confianza de José Luis Manzano, de Menem y de Duhalde. En 1994, cuando el criminal de guerra nazi Erich Priebke, responsable de más de 300 asesinatos en las Fosas Ardeatinas durante la segunda guerra mundial, fue descubierto en Bariloche, Soria defendió a su compañero de almuerzos, y logró que, en mayo de ese año, Menem dijera: “por opiniones que recibo pareciera que Erich Priebke es una buena persona”.

Unos años después, cuando Videla fue detenido por el robo de bebés, puso en duda públicamente que existiera un plan de apropiación de los hijos de desaparecidos durante la dictadura.

En 1999, fue el autor de un paquete de leyes que profundizaban la dureza del sistema penal, aumentando penas para los delitos que les adjudican a los pobres y dificultando las excarcelaciones.

Poco después, fue designado ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que hizo fue hacer público su apoyo a los Sin Gorra, los policías bonaerenses echados en las grandes purgas después del asesinato de José Luis Cabezas. “Me pregunto si esos efectivos tenían de verdad malos antecedentes, porque me juego la cabeza que los verdaderos delincuentes quedaron adentro de la policía y que echamos a los que ponen el pecho diariamente”, dijo a los medios a poco de asumir. En la lista de exonerados, por ejemplo, aparecían –tardíamente, por supuesto- los torturadores y asesinos de Miguel Bru, de Sergio Durán y de Andrés Núñez…

En 2002, cuando Eduardo Duhalde asumió la presidencia, eligió a Soria para dirigir la SIDE. Como Secretario de Inteligencia, fue, junto a Juan José Álvarez y Alfredo Atanasof, el gestor de la operación represiva del 26 de junio de 2002 en Avellaneda. Desde mucho antes de la anunciada movilización, de la que participarían todas las agrupaciones de trabajadores desocupados, cortando simultáneamente todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, preparó informes de inteligencia basados en el espionaje de las organizaciones, que permitieran al gobierno justificar la represión.

En sus informes, hablaba de la existencia de una “nueva amenaza subversiva”
que debía ser “neutralizada” y denunciaba vínculos entre las FARC y los movimientos piqueteros.

En el juicio por la masacre del Puente Pueyrredón, donde sólo declaró como testigo debido a la decisión política de limitar la causa a los policías, lo dijo con todas las letras: “Yo analizaba junto a los ministros la situación y siempre surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta, escraches. Este era un caso testigo porque por primera vez todas las organizaciones sociales se ponían de acuerdo. No lo podíamos permitir. La democracia funciona con orden”.

Y no sólo no lo permitieron, y asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Enseguida, con los informes de la SIDE dirigida por Soria, el ministro de justicia, Vanossi, denunció ante la justicia federal a todos los referentes piqueteros, acusándolos de urdir un complot para derrocar el gobierno. Las “pruebas” eran la desgrabación de los discursos y conclusiones de la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, y una hoja del cuaderno con apuntes sobre el Hombre Nuevo que nuestro compañero Carlos Petete Almirón tenía en la mochila cuando lo asesinó la policía en 9 de Julio y Avenida de Mayo el 20 de diciembre de 2001.

Más recientemente, en marzo de este año, CORREPI se hizo eco de la denuncia del Foro por la Vivienda de Cipoletti, cuyos integrantes sufrieron aprietes de todo tipo por patotas y policías al servicio del intendente Alberto Weretelnikc, hoy vicegobernador elegido junto a Soria.

Ese es, entonces, el “histórico triunfo” del que habla Aníbal Fernández. El triunfo de otro representativo ejemplar del partido de gobierno, el mismo gobierno que, desde el viernes, ha sumado otros 5 presos políticos en sus calabozos, mostrando que sigue siendo, más allá de su discurso, lo que fue siempre: un gobierno represor, y de derecha.

Represión en las cárceles, la calle y las casas

EN PRISION…

La Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) denunció en su informe anual ante la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo que detectó 91 muertes en prisión entre enero de 2009 y el primer trimestre de 2011, dando cuenta de un significativo aumento del 40% en los casos de torturas y malos tratos en la cárceles federales.

En cuanto a las circunstancias de esas muertes violentas, el informe detalla ahorcamientos, muertes como consecuencia de incendios, caídas de altura, por heridas cortantes, y muerte producto de una meningitis, cuya infección es consecuencia de la fractura de los huesos por encima de los ojos, producida por una golpiza recibida al interior del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

EN LA CALLE…

Tres policías de la comisaría de Río Mayo, Chubut, son investigados por el ministerio Público Fiscal de Sarmiento en un caso de privación ilegítima de la libertad de un joven de 17 años, quien además fue torturado.

En un boliche, el pibe discutió con la novia, que no tuvo mejor idea que denunciarlo en la comisaría. Minutos más tarde, tres policías lo detuvieron en la calle. En la comisaría lo golpearon, para luego trasladarlo, a bordo del patrullero, hasta una zona descampada en inmediaciones del aeródromo de Río Mayo, donde le quitaron las medias y las zapatillas, le apuntaron con un arma de fuego y lo obligaron a que corriera en la oscuridad.

Y EN CASA…

En el Boletín Informativo 522, relatábamos lo que ocurrió el 8 de marzo, en Corcovado, Pcia. de Chubut, cuando, buscando a un prófugo, más de cien hombres del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) invadieron el pueblo de Corcovado, a 100 Km. de Esquel, provincia de Chubut, y, tras casi 11 días de militarización y estado de sitio, el saldo fue de un muerto, varios heridos graves, un desparecido (Luciano González) y dos decenas de allanamientos violentos y torturas.

Esos hechos, para jueces y fiscales, se resumen en “abuso de autoridad” y “vejaciones agravadas cometidas mediante violencia física y amenazas”, delitos por los que, el próximo 17 de octubre, comenzará a ser juzgado solamente el comisario Miguel Ramón Gómez.

Aquel mes de marzo, una comisión del GEOP, integrada por ocho policías bajo las órdenes del comisario Gómez, ingresó violentamente a distintas casas, buscando a Cristian Bustos, prófugo por homicidio. En el operativo, su hermano Wilson Ruperto Bustos (19) fue fusilado, y torturaron al de 16 años, Marcos Abraham Bustos, hasta dejarlo parapléjico luego de pegarle un tiro en el pecho. Al tercero, Daniel Ernesto Bustos (22), le dispararon en la pierna cuando se encontraba arrodillado y con las manos en alto.

En la ampliación del operativo fueron invadidas otras casa, y golpeadas y torturados otros vecinos, como un hombre atacado a culatazos y patadas en el cuello y espalda, mientras apuntaban a su hijita de 5 años a la cabeza, después de arrastrarla del pelo para que viera lo que hacían a su padre.

En el juicio que está por comenzar, sólo se analizará si hubo “se le fue la mano un poco” al comisario, en relación a sólo unos pocos casos por los que el fiscal pidió la elevación a juicio. No vaya a ser que pongan en cuestión su derecho a reprimirnos.

Los indígenas luchan por sus derechos, Evo los reprime

Hace más de 40 días, indígenas habitantes del Parque Nacional Isiboro – Sécure (Tipnis) iniciaron una multitudinaria marcha hacia La Paz, exigiendo que se detengan las obras de construcción de la carretera financiada por el gobierno de Brasil, que uniría los departamentos de Beni y Cochabamba. El reclamo indígena pone al descubierto la verdadera cara del gobierno de Evo Morales, quien valora, al mejor estilo neoliberal, el progreso económico de unos pocos contra el mantenimiento y preservación de una enorme reserva natural.

La primera medida de Evo Morales fue enviar un mediador, David Choquehuanca, para dialogar con los indígenas, quienes lo obligaron a marchar con ellos durante tres horas. Como esta medida no funcionó, recurrió a la vieja fórmula que tiene la clase dominante para hacer entrar en razón a cualquiera que proteste: la represión.

El domingo 25, con la excusa de “cuidar” a los cocaleros leales a Evo, la policía desplegó un operativo en Yucumo para dispersar a los manifestantes que incluyó gases lacrimógenos y balas de goma. Buena forma de cuidar, el resultado de la represión fue de decenas de desaparecidos, alrededor de 50 heridos y un niño indígena muerto. Inclusive la represión se descargó sobre los médicos y enfermeras de las ambulancias que quisieron socorrerlos.

La reacción popular no se hizo esperar, durante toda la semana hubo marchas en las principales ciudades del país. En Santa Cruz, más de 20 personas iniciaron una huelga de hambre; en Trinidad se realizó un paro cívico con bloqueo de calles y avenidas; en Sucre, Potosí, La Paz y Oruro se suceden las marchas de repudio al accionar del gobierno y en apoyo a los indígenas de la Amazonia.

Lo que tampoco se hizo esperar fue el intento, por parte de los funcionarios, de despegar a Evo Morales de la represión. Intento fallido, ya que el mismo ministro de gobierno, Sacha Llorenti, antes de presentar su renuncia, justificó la represión. La siguiente en presentar la renuncia fue la ministra de defensa, Cecilia Chacón, quien confirmó públicamente que la orden vino de Evo Morales. Lógicamente no faltaron las patéticas declaraciones de Evo Morales, asegurando que la marcha de los indígenas respondía a un plan comandado por la embajada de EEUU para desestabilizar su gobierno, recurriendo a la conocida fórmula de cualquier gobierno populista para justificar lo injustificable.

Como podemos ver, en todas partes, gobierne quien gobierne, todos recurren a la represión. El pueblo boliviano depositó sus esperanzas en Evo Morales debido a su origen aymara, pero para él pesa más su posicionamiento de clase y no duda en mandar a sus perros guardianes a reprimir a quienes lo consideraron su hermano.

Caso Candela: saltó el botón, y es un viejo conocido.

Cuanto más se avanza en la investigación por el asesinato de Candela Rodríguez, más luz se hace sobre el entramado mafioso que maneja la policía. El caso marca a las claras las relaciones estrechas entre peligrosos delincuentes profesionales (piratas del asfalto, narcotraficantes, tratantes de blancas, etc.) y las redes delictivas manejadas por la policía, delincuentes de uniforme.

El último detenido en la causa es un informante de la policía bonaerense. Héctor “el Topo” Moreira, fue señalado por el papá de Candela (preso por piratería del asfalto) como un posible sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato, enmarcándolo en el ajuste de cuentas. Pero lo que resulta más sospechoso es la forma en que detuvieron al “Topo”. Los policías lo fueron a buscar “como amigos”, para que los ayudara con un allanamiento. El “Topo” Moreira colaboraba frecuentemente con los policías; fue una pieza clave en allanamientos contra narcotraficantes y participó activamente en la investigación policial por el secuestro y muerte de Candela. De tanto “trabajar” con ellos, subió sin sospechar al patrullero.

Cuando llegaron a la comisaría de Villa Tesei (partido de Hurlingam) le informaron que se quedaba, pero ya no como amigo, sino como detenido.
Acá empezó a saltar el botón.

El “Topo” tiene aceitados vínculos con policías de San Martín, Hurlingam y la DDI de La Matanza, y era el informante preferido y brazo ejecutor de Claudio “el Orejón” Brítez en algunos de sus “negocios”. Claudio Brítez es un policía, fundador de una banda parapolicial mafiosa conocida como “Los Magníficos”, que funciona desde hace 12 años en San Martín y que es muy conocida por jueces, fiscales, abogados y vecinos de la zona. Aunque todo el mundo conoce sus vinculaciones con el narcotráfico, casualmente nunca se le pudo probar nada.

No obstante, fue pasado a disponibilidad en 2009 porque, siendo subcomisario en Matheu, Escobar, no pudo explicar qué hacía en San Martín tiroteándose con hombres del narcotraficante Gerardo Goncebat, señalado como el heredero de “Mameluco” Villalba (ocasión en que “bajó” a dos hombres de Goncebat) y competidor de su otro hermano, Daniel “Cartucho” Brítez (ver Boletín nº 522).

Una vez que sacaron a Goncebat del medio, el narcotráfico en San Martín pasó a manos de Carlos “El Negro” Gómez, un capo narco de la Villa 9 de Julio, que siguió siendo el socio de Daniel Brítez.

Ahora parece que la investigación del caso Candela seguirá esta línea. Mientras tanto ¿qué van a hacer con los “perejiles” que están presos? A saber: un carpintero, una depiladora, un verdulero, un fletero, un albañil, entre otros. Esta semana, Alberto Espíndola, el albañil, denunció ante el fiscal que los policías lo torturaron por 10 horas con golpes y el “submarino seco” para que imputara con su testimonio a otros tres hombres. Anteriormente, se había dado a conocer a los medios que el verdulero Fabián Gómez, había presentado en marzo un hábeas corpus luego de que agentes de la DDI de Morón le exigieron dinero a cambio de no armarle una causa judicial; y que desde abril, cuatro policías de esa misma departamental están detenidos por extorsión y por sus conexiones con piratas del asfalto, narcotraficantes y desarmaderos.

La DDI de Morón es una de las brigadas de la Policía Bonaerense que participó de la investigación del crimen de Candela. El caso Candela es muy sensible a la maquinaria mafiosa de la policía. A más de un mes de la aparición de la nena muerta, los policías tuvieron suficiente tiempo para entorpecer la investigación judicial y para reordenar sus vínculos y lealtades. Ellos tienen que proteger sus negocios, y sabe muy bien como hacerlo.

Inseguridad es la policía en la calle

Hasta julio de este año, Juan Manuel “El Chueco” Rossi era el agente, modelo, serio y trabajador, el más destacado de la Subdelegación de Drogas Ilícitas La Plata con sede en Lobos. Hasta que se descubrió que era quien protegía y proveía de cocaína a los narcos que comercializaban estupefacientes en las mismas zonas que él debía custodiar.

En el momento de su detención se encontraron dentro de su coche, algunas bochas de cocaína y una balanza de precisión. Rossi vendía drogas con el teléfono celular que le había entregado el ministerio para investigar policías.

La investigación, que comenzó en 2009, se encontraba frenada hasta principios de este año, cuando el detective (también policía) apodado “El Gnomo” comenzó a seguir a los sospechosos. Luego de pocos meses, pidió la intervención del teléfono celular de Juan Carlos “Roly” Coronel, un conocido vendedor de drogas de la zona y descubrió que dentro de los contactos de “El Roly” había policías, que protegían a los narcos y habían montado cocinas de cocaína para comenzar a proveer a los vendedores.

El miércoles 21/9 fueron detenidos Luis Oscar Warinet y Jorge Guillermo Viciconti, comisario y jefe de calle de la comisaría de San Miguel del Monte.

Los policías recibían la droga de manos de El Chueco Rossi y luego se la entregaban a dos dealers de la zona, a los que protegían y cobraban por el comercio de cocaína, También armaban causas a personas con antecedentes penales, obligándolas a vender la cocaína que ellos mismo proveían.

El 28 de septiembre, Javier Lucero, empleado de seguridad de la Cámara de Diputados de la Nación, fue detenido en el barrio porteño de Belgrano, cuando se trasladaba en una camioneta con 3,600 kilos de cocaína.

Dos días después, ocho agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron capturados y son los principales sospechosos de asaltar un supermercado. El robo se realizó en el marco de un supuesto operativo sin orden de allanamiento.

En esa misma ciudad, una mujer denunció que el subjefe de la comisaría 20ª la manoseó, cuando la hizo pasar a su despacho para tomarle una denuncia.

Todos estos casos siguen reafirmando lo que nunca vamos a cansarnos de decir, la policía esta presente en la mayoría de los hechos de criminalidad, desde los grandes atracos y redes de narcotráfico, hasta los robos menores, ya sea liberando zonas, o participando activamente de la organización de estos crímenes, al fin de cuentas, siempre salta el botón.

Estudiantes espiados, filmados y perseguidos

Agradecemos el envío de esta nota a los compañeros del Colectivo de Militantes por los DDHH de El Bolsón.

El pasado miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, los estudiantes de las escuelas secundarias de la Comarca Andina, nucleados en la Federación de Estudiantes Secundarios (F.E.S.), organizaron una marcha y sentada frente al edificio de Delegación Regional de Educación de Río Negro solicitando mejoras edilicias en los colegios secundarios, un reclamo que se viene realizando desde hace veinte años en la localidad de El Bolsón.

Parece que la cercanía con las elecciones puso nervioso a más de un candidato, como es el caso de César Barbeito, quien se desempeñara como ministro de educación de la provincia durante el gobierno de Saiz.

Como es costumbre, las fuerzas represivas no perdieron la oportunidad para intimidar a los jóvenes integrantes de la F.E.S., y durante estas actividades fueron filmados, primero por un empleado de educación, Horacio Muñoz y luego, durante la sentada por el Sargento Primero Julio Gatica y el Cabo Morales, de la policía de Río Negro.

Como es costumbre también, ante el reclamo de las directoras del CEM 30 y 48 por la filmación a menores de edad, el único referente local de la justicia penal, el fiscal Francisco Arrien le esquivó al bulto, considerando que mejor que denunciar, era que las directoras fueran a “charlar con el comisario Carlos Cabrera”, jefe policial máximo en la localidad.

La respuesta, como es lógico por parte del archiconocido en la localidad comisario Carlos Cabrera, por su efectiva gestión para reprimir, fue una nota hacia las directoras que no tiene nada que envidiarle al general Camps.

En ella deja entrever su animosidad hacia “…militantes de partidos de izquierda y del Partido Justicialista…” que participaran, según su letra, de las manifestaciones. Además cuestiona a las directoras, diciendo que si no saben por qué los filmaron es porque no estuvieron presentes (algo así como “si les pasó algo es porque usted no los cuidó…”); que no le pidieron permiso para manifestarse; que en la marcha había adultos, y no sólo jóvenes… Estos son algunos, por no abundar en detalles, de los desatinos con que responde el comisario.

Gracias a las movilizaciones y el alerta permanente en que se encuentran padres, docentes y estudiantes, la justicia dio lugar a un recurso de amparo presentado por el padre de uno de los chicos menores. A pesar de esto, el jueves 29 un joven integrante de la F.E.S. fue demorado durante veinte minutos en la comisaría por dibujar dos arbolitos con acrílico en una de las paredes de cemento del mástil de la Plaza Pagano. Cuando otros jóvenes se acercaron a la comisaría, los requisaron y les pidieron documentos.

A pesar de las intimidaciones, los jóvenes continúan movilizándose y organizándose, porque es la única forma de hacer frente a la red de impunidad que involucra a funcionarios políticos, policías y poder judicial. Colectivo de Militantes por los DDHH de El Bolsón.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.