CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Picana y tortura a la orden del día.

El pasado 12 de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, dos personas asaltaron al playero de una estación de servicio en Bahía Blanca. El hombre dijo que “uno alto y uno petiso” le robaron la billetera, con unos $500. Con esa “descripción”, los policías de la seccional primera salieron de cacería.

Enseguida, se cruzaron con Carlos I. José, un joven de 24 años que padece deficiencia mental, que, al ver a los policías, se asustó y trató de alejarse. Suficiente para que decidieran que era “sospechoso”. Total, qué mejor que un muchacho vulnerable y sin recursos para dar por terminada la búsqueda, y volver a la comisaría con un trofeo de su “eficiencia en la guerra contra el delito”.

Una vecina contó que inmediatamente lo tiraron al piso y le empezaron a pegar. Cuando ella se acercó a increparlos, diciendo que conocía a Carlos y era un buen pibe, un policía le advirtió: “Andate adentro porque te llevamos a vos también”.

Ya en la comisaría, los policías extremaron sus esfuerzos para “esclarecer” el robo:

“Me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza… me golpeaban por todos lados. Patadas, trompadas y con un palo tipo cachiporra. No podía respirar y del dolor me quería morir. Me caía al piso y ellos me levantaban de la cabeza y de las orejas. Me colocaban contra la pared y volvían a pegarme y me repetían ‘donde está el fierro’ y yo les decía que no sabía de ningún fierro. Querían que firme que yo había robado.”

Denuncia judicial mediante, los forenses constataron lesiones en el 70% del cuerpo de Carlos. La billetera, por descontado, no fue encontrada en su poder. Mientras el fiscal cavila sobre el asunto, el jefe de la distrital Bahía Blanca, comisario Marcelo Bianchettin, sentó la posición policial en el asunto: “Algunas veces pasa que los detenidos, tienen muchas pruebas en su contra, y entonces recurren a este tipo de denuncias”. Lo mismo que dicen los jueces cuando descartan las denuncias de torturas con la frase clásica: “un vano intento por mejorar su comprometida situación procesal”.

Ese mismo día, Jonathan Damián Alí, de 19 años, era trasladado desde San Pedro (lugar en el que viven él y toda su familia) hacia el hospital Fiorito de Avellaneda, para que se le extraiga una bala en la espalda, disparada, en un intento de robo, por el comisario de Mercedes Jorge Espíndola.

La operación se realizo el viernes 14 de octubre, con resultados exitosos, y Jonathan se recuperaba, esposado a la cama con la presencia constante de dos, y por momentos tres, oficiales de la policía bonaerense (uno de San Pedro y el resto de la jurisdicción del hospital).

Su situación había mejorado tanto, que el hospital informó a la familia que estaban por ordenar el traslado a San Pedro, por lo que su madre regresó a San Pedro a esperar la ambulancia que llevara a su hijo, ya fuera de peligro.

Pero, al día siguiente, un nuevo llamado los convocó urgentemente, ya que Jonathan se encontraba en una situación crítica. Al llegar al hospital, los padres de Jonathan, Liliana Medina y Oscar Alí, encontraron a su hijo con una brutal herida en un ojo y un abdomen agudo que requirió una operación de urgencia, en la que se descubrió que tenía gravísimas lesiones traumáticas, incluyendo el estallido del duodeno.

El hospital, institucionalmente, nunca admitió que las heridas eran claramente causadas por golpes propinados por los efectivos que cumplían la custodia, aunque sí lo hicieron algunos de sus trabajadores, médicos y no médicos. La dirección del hospital se limitó a hacer unos “partes” a la comisaría, que, desde luego, nunca llegaron a ninguna fiscalía.

Compañeros de CORREPI, al enterarse del hecho, acudieron al hospital para hablar con la familia. Advirtieron que los oficiales de la 1ª de Avellaneda, para defender a sus colegas de fuerza, habían cajoneado los partes médicos que denunciaban las nuevas lesiones, e inmediatamente acompañaron a la madre de Jonathan al Polo Judicial de Avellaneda para hacer la denuncia por torturas.

Ahora sí tramita la causa en la UFI n° 3, con intervención del Juzgado de Garantías nº 9, y ya se secuestraron del hospital los listados de guardias policiales y la historia clínica del chico, y están empezando a recibirse declaraciones testimoniales.

Estos episodios, lejos de ser excepcionales, son sólo dos muestras entre los muchos que cotidianamente desenmascaran el discurso oficial de “los DDHH”, y demuestran que la imposición de torturas no fue una exclusividad de la dictadura, sino que es una práctica constante y común.

La justicia no se mantiene al margen, y actúa de modo diferente según el caso. En Tierra del Fuego, nueve policías fueron detenidos por la aplicación de torturas, mediante una picana eléctrica, a dos detenidos el 27 de marzo pasado. La firme decisión se explica si sabemos que la víctima, Franco Torres, es el hijo del comisario Alberto Torres, director de la Escuela Superior de Policía de la provincia.

Frente a “uno de ellos”, no se cajoneó la denuncia ni se minimizó la acusación como invento del preso para defenderse. Es que el aparato represivo del estado actúa con su propia lógica, que es la de defender los intereses de la clase dominante y sus verdugos.

Profundización del modelo represivo: militarización de los barrios.

Con el Operativo Cinturón Sur y el Centinela ya concretados, el gobierno de Cristina Kirchner va por más. La semana pasada, al cierre de la campaña electoral, anunció la creación de una nueva Policí­a Vecinal y el refuerzo de las comisarías de la zona céntrica (ver Boletín Informativo nº 630).

Al mismo tiempo, en el NEA argentino se anunció la creación de espacios de coordinación entre las distintas provincias para unificar criterios y cooperar mutuamente entre las distintas fuerzas para el tratamiento de “delitos complejos” como el narcotráfico y la trata de personas. Y, a nivel nacional, la ministra Garré está seleccionando policías para un nuevo cuerpo de elite, compuesto por 60 hombres cuyos nombres serán reservados, como los de los agentes de inteligencia, para integrar el nuevo Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Su materia serán los delitos relacionados con el narcotráfico, la trata de personas y las bandas sofisticadas que se especializan en robar vehículos, en especial autos de alta gama, centralizando y analizando información de varias áreas, como la tributaria. O sea, una gran usina de tareas de inteligencia sobre los delitos que los mismos policías, prefectos y gendarmes gerencian y protagonizan.

Estas medidas, que pretenden maquillar y hacer pasar como avances contra la delincuencia y el delito, no son más que la profundización del modelo represivo y el control social. El modelo kirchnerista, para reprimir con el mayor consenso posible.

La militarización de los barrios no es un invento propio. Es un modelo imitado de Brasil y Colombia, donde la policí­a tomó el lugar de los narcotraficantes locales a los que antes les hací­an la logí­stica. Lo que sí­ es nuevo, es el dato significativo del grado de vigilancia a la que está sometida la sociedad porteña: en la ciudad de Buenos Aires, hay más policí­as que en Nueva York y en Londres. A partir de febrero seremos vigilados por 18.000 verdugos.

La mayor parte de estos verdugos están destinados a los barrios más pobres: Barracas, Lugano, Soldati, Pompeya, La Boca y Parque Patricios. Con los nuevos anuncios, se sumará Retiro. Es claro que estas medidas apuntan a la vigilancia de los trabajadores, de los pobres, para que no se organicen, para que vean saturada sus calles de policí­a. Con el tema instalado de la inseguridad, la clase dominante se asegura de tener a la clase media de su lado y a la clase trabajadora vigilada y amedrentada. Los “cursos de derechos humanos” y los “planes de seguridad ciudadana” que llaman al vecino a “involucrarse en la construcción de la seguridad”, no son más que la legitimación de esta militarización de la sociedad.

Una Papa caliente entre los chorros con gorra.

El 5 de agosto, el empresario Jorge Pereyra, dueño de la cadena de bingos Grupo Midas, y de varios studs de caballos de carrera, regresaba en auto a su lujosa casa, ubicada en una opulenta zona de la localidad bonaerense de San Isidro. Los ladrones que lo esperaban, lo redujeron y le sacaron un anillo y $6.000 en efectivo que llevaba encima. Se presume que la finalidad era el secuestro, pero los delincuentes no contaban con las dotes de pistolera de la mujer del empresario, que los echó a los tiros con su Magnum 357.

En la huida, dos ladrones fueron capturados, luego de que el hijo del empresario los chocara con su 4×4. En el auto robado en el que intentaron escapar, se encontraron uniformes de la policía bonaerense, chalecos antibala, handies y una baliza chichón.

A los delincuentes de uniforme les salió mal. Y para el gobernador Daniel Scioli, que no puede hacerse el distraído cuando los afectados por la criminalidad policial son poderosos empresarios, el caso trajo cola: tuvo que admitir que, en promedio, cada dos días tienen que echar a tres policías de la bonaerense “porque han sido partícipes de hechos delictivos”. Esta vez, además, están implicados nada menos que el jefe de la Distrital de San Isidro, el comisario inspector Raúl Papa, y su secretario en esa misma Distrital, el subcomisario Carlos Alberto Albornoz.

Claro está que el acceso que tienen los ricos a la justicia burguesa, es bien distinto al que tienen los pobres. Las investigaciones judiciales por este hecho avanzan velozmente. ¿Cuántos pobres, víctimas de la extorsión policial, la tortura y el gatillo fácil, pueden decir lo mismo?

Uno de los primeros investigados por el secuestro frustrado era Eduardo Vivas, un policía exonerado desde 2007, actualmente detenido. Al intervenir su teléfono, los investigadores se toparon con la voz de Papa, avisándole a Vivas todo lo que hacían la DDI y la fiscalía en la investigación por el intento de secuestro al empresario Pereyra, y le apuntaba a otros sospechosos para entorpecer y desviar la investigación judicial.

Ahí fue cuando cayó Papa, y, como no es un policía, sino toda la institución, atrás de él, arriba de él y debajo de él, hay muchos botones por saltar. El subordinado de Papa, Carlos Alberto Albornoz, había sido protegido por la institución policial y la justicia desde que, en 2009, cuando era comisario de la comisaría 6ª de Vicente López, Albornoz secuestró reiteradamente a trabajadores de una empresa de Carapachay (partido de Vicente López), a quienes llevaba a la comisaría y los “apretaba” (en connivencia con el dueño de la empresa) para que renuncien a cambio de no armarles una causa por robo y así ir presos.

Cuando esto salió a la luz, Albornoz fue trasladado a la 5ª de Vicente López. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Papa lo tuvo que rescatar de otro “escándalo” (como le gusta a los medio llamar eufemísticamente a la criminalidad policial) y lo llevó como secretario a la Distrital de San Isidro. El “escándalo” fue otra causa armada contra un joven que denunció a los policías de Albornoz por robo. el chico, y su novia, pasaron un año presos por una causa por drogas armada, hasta que al TOC N° 1 de San Isidro se le antojó liberarlos.

En el Boletín N° 630 comentábamos a declaración del comisario general Salvador Baratta: “no podría haber crimen organizado en la Provincia sin la protección del poder político y de personal policial”. Pues bien, Baratta designó,en 2009, a Papa en la jefatura de la Distrital de San Isidro.

“Existe la firme sospecha de que lo ocurrido con el comisario Papa no responde a un hecho aislado sino que hay una serie de casos que plantean la posibilidad de que exista una organización delictiva con participación policíaca en el norte del conurbano” dijo un funcionario judicial a raíz del caso Pereyra. ¡Chocolate por la noticia! decimos nosotros.

Se defienden entre ellos, cuando no se ve.

“Defensa propia”, tituló el diario Página/12 la nota en la que comentó, como hecho sorprendente, la reiterada denuncia que, desde la querella que integramos junto a APEL en la causa Mariano Ferreyra, hicimos por meses: que a los policías acusados, los defendían los abogados de planta de la Dirección de Asuntos Jurídicos – División de Asuntos Penales del ministerio de Seguridad.

Aunque esa parte de la noticia no era muy novedosa, la segunda parte sí fue primicia: al comenzar a trascender la información, a partir de que lo argumentamos en una de las audiencias públicas ante la Cámara Criminal, y algunos medios independientes lo reprodujeron, el mismo ministerio que primero autorizó que sus funcionarios tomaran esas defensas, inmediatamente tocó estratégicamente a retirada. Así, todos los abogados del ministerio presentaron sus renuncias, y fueron reemplazados por ilustres estudios privados, en su mayoría dirigidos por ex jueces y otros ex funcionarios judiciales.

El art. 733 y otros del decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que se puede brindar asistencia letrada a policías en actividad o retirados cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial. Es decir que, cuando un policía enfrenta una causa penal, debe consultar si el caso es considerado “defendible” por sus superiores del ministerio de seguridad, y, sólo si éstos dictaminan que sí, se le otorga un abogado del plantel de la Dirección para que lo defienda.

Queda claro, así, que la participación de los comisarios Mansilla, Ferreyra y Lompizano; del subcomisario Garay y de los oficiales Conti, Echavarría y Villaba en el plan criminal contra los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los acompañaban el 20 de octubre del año pasado, ameritaba, para el ministerio de Nilda Garré, Cristina Camaño y Gustavo Palmieri darles sus abogados de planta para defenderlos (gratis, además) institucionalmente.

Y también queda claro que no cambiaron de idea, sino que, ante la inminencia de “mala prensa”, rápidamente reaccionaron “a la kirchnerista”, y retiraron a los abogados del ministerio.

No hacen lo mismo, en cambio, cuando el delito por el que un policía va a juicio es un fusilamiento de gatillo fácil o la aplicación de tormentos. Una, y otra, y otra vez, a lo largo de más de 20 años, gobernara Menem, De la Rua, Duhalde o los Kirchner, nos hemos cruzado con los abogados del cuerpo oficial de defensa de la federal, tanto cuando se subordinaban al ministerio del Interior, al de Justicia o, ahora, al de Seguridad. Y ahí no renuncian, porque, total, no hay riesgo de “mala prensa” por defender al policía que le metió un tiro en la nuca o torturó a un pibito que bien pudo ser chorro.

Nombres de distinguidos abogados como Hermindo de María, Federico Hierro, Julián Marcelo Orlando, Francisco Marcelo Orlando, Marcelo Emilio Pecorelli, Marcelo Miño, Fabián Marcelo Oliden, Raúl Alcalde y otros se han turnado para defender al comisario Miguel Ángel Espósito (Walter Bulacio); a los “gatilleros” Juan José Luquet (Marcelo Báez), Jorge Goyochea (Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (“Kunky” Méndez), Alberto Segovia (Mauro Vega) o a torturadores como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo. También defendieron a los policías en la causa Cromagnon y a defienden la cúpula federal de 2001 en la causa del 20 de diciembre.

En una de esas causas, la que tiene a cuatro oficiales federales a punto de ir a juicio por el fusilamiento de Marcelo Maione Míguez (al que le metieron ¡19! tiros), sucedió hace unas semanas un episodio que explica bien el “alcance” de la defensa institucional policial. Uno de los policías, Carlos Rincón, que estaba en libertad por el homicidio, igual que sus camaradas de causa, cayó preso en La Matanza, pero porque saltó que fue el entregador en un robo a un banco. Su defensor, el Dr. Hierro, presentó entonces un escrito en la causa del homicidio contando este hecho, que termina diciendo: “Como es de público conocimiento, la institución se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación. Acorde a los nuevos lineamientos pautados por el Ministerio de Seguridad, la situación procesal del Sr. Rincón es incompatible con esta Defensa Institucional, por lo que renuncio al cargo conferido”. Y sigue defendiendo a los otros tres policías fusiladores.

Clarito. Lo “incompatible” con los nuevos lineamientos del ministerio, es que un policía esté preso por ladrón de bancos, porque eso –como que trascendiera lo de los policías en la causa Ferreyra- da mala imagen. Pero siguen, y seguirán defendiendo a los fusiladores y torturadores, porque para eso están, y para eso son parte del mismo ministerio, del mismo gobierno.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

La FUERZA DE LA REPRESIÓN para PROFUNDIZAR EL MODELO DE EXPLOTACIÓN: Viernes 25 de noviembre, acto en Plaza de Mayo para presentar el Archivo 2011 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.