CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Sobre el asesinato de tres militantes del Frente Popular Darío Santillán.

En la noche del año nuevo, tres militantes del FPDS, Jonathan Brasante, Claudio Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, de 17, 19 y 21 años, fueron acribillados, en el Barrio Moreno de Rosario, por sicarios vinculados a barras bravas de fútbol y al narcotráfico. No es difícil advertir la mano de la policía santafesina detrás de estos asesinatos.

Como es común en estos casos, los medios de desinformación masiva, levantando la fuente policial, hablaron de “ajuste de cuentas” entre delincuentes, de enfrentamiento y de víctimas con antecedentes penales. En los barrios más populosos y pobres, de los que abundan en Rosario, son frecuentes este tipo de ejecuciones, luego presentadas como “ajustes” entre bandas.

Es innegable la vinculación de las barras bravas con la policía, que gerencia el delito en los barrios, y con los políticos y burócratas sindicales, que los utilizan como fuerza de choque.

En el Barrio Moreno tiene jurisdicción la Comisaría 15ª de Rosario, conocida porque en sus celdas, en 1996, los presos Acosta, Ramírez, Olivera, Comesaña y Bocutti murieron quemados y, porque Claudio Ramón “Caiola” Moreira, fue fusilado por un policía de esa dependencia mientras estaba tendido en el suelo.

Todo indica que los ejecutores son sicarios enviados por Sergio “Quemado” Rodríguez, traficante de cocaína desde hace 30 años, en el barrio La Tablada, en connivencia con la policía, que quiso vengar un ataque sufrido por su hijo Maximiliano a manos de otros barras bravas. Uno de los asesinos, que se encuentra prófugo, Ariel Sebastián “Teletubi” Acosta, estuvo involucrado hace años en el ataque contra un micro de Newell’s, donde murió Walter Cáceres, de 14 años, ataque que pudo realizarse gracias a las armas que proveyó un suboficial y, que fue organizado por el secretario de un comisario. Al otro prófugo, Damián “Damiancito” Martínez, le encontraron un chaleco antibalas en el allanamiento de su domicilio.

Es tan evidente la complicidad policial con las barras bravas, que el mismo gobernador “socialista”, Antonio Bonfatti, lo reconoció al declarar que “hay relaciones en las que es parte la policía, abogados penalistas, barras de fútbol y el narcotráfico”. Olvidó mencionar que los políticos y los burócratas sindicales utilizan a estos mercenarios como fuerza de choque.

Sin embargo, pese a este reconocimiento, su ministro de Seguridad, Leandro Corti, anunció mayor presencia de la policía en los barrios pobres, designados eufemísticamente como “zonas con altos índices de delitos”.

Para perseguir el castigo a todos los culpables de esta masacre, la única forma es la lucha independiente y organizada, la misma a la que recurrimos para enfrentar a la represión, en todas las formas que ésta se manifiesta.

Verano a todo control social.

En estos últimos días, el gobierno nacional comunicó, a través de Nilda Garré, las medidas que están siendo implementadas para que los que viajan a centros turísticos del país de vacaciones no escapen al control y vigilancia acostumbrados. Una de estas medidas es el Operativo Vigía, que abarca tres ejes: Retiro, el NOA y el Parador de la Ruta 197 y Panamericana.

En el NOA se sumaron 300 gendarmes y personal especializado en el Chaco Salteño; en Retiro se creó un Centro Operativo de Control en la terminal, que cuando esté instalado contará con 90 cámaras de vigilancia de alta definición, 200 efectivos suplementarios entre Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X y canes adiestrados; finalmente, en el Parador se apostarán 30 gendarmes para realizar controles de equipaje y personas.

Estas medidas se implementan con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos complejos, delitos que están en manos de las mismas fuerzas represivas.

Además, Cristina Kirchner prorrogó por decreto el Operativo Escudo Norte por un año más. Se ve que, en materia de control social, la gendarmería y la prefectura hicieron un “buen trabajo” en las provincias más pobres del país.

Por su parte, el gobernador Scioli lanzó el megaoperativo de temporada, que desplegó en las ciudades balnearias y las rutas de acceso a 7.500 policías, 600 patrulleros, 400 motos y 25 comisarías móviles.

Este impresionante despliegue de vigilancia está completamente en sintonía con la lógica represiva que vienen implementando el gobierno kirchnerista y sus aliados. Con estas medidas no se pretende cuidar a los turistas, sino mantenerlos bajo vigilancia y dejar bien en claro quiénes son los dueños de las calles.

En relación al control social y a la persecución a los que luchan, también hubo importantes avances en materia de identificación biométrica. En el Boletín N° 634 hablamos del lanzamiento del SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad) que permite identificar a las personas, mediante un software que procesa huellas dactilares y fotografías.

La meta que se propone el gobierno es que absolutamente toda la población del país esté en esta base de datos, para el cotejo de huellas e identificación de rostros por medio de rasgos que son característicos desde el nacimiento. Se vale para ello de los datos obtenidos en la reciente campaña de renovación de documentos a través del Registro Nacional de las Personas, que ya tiene datos de 14 millones de personas. Se estima que en dos años se cumplirá el objetivo de tener a toda la población en esta base de datos. Tampoco quedarán excluidos los extranjeros, ya que la idea es que Migraciones esté incluida en este sistema, que también cuenta con la capacidad de almacenar muestras de ADN y registros de voces.

Pensemos por un instante, recordando la reciente reforma de la ley antiterrorista, en los alcances de esta medida, en el marco de la criminalización a la protesta que este gobierno lleva adelante. Así se aprestan a estar en condiciones de perseguir a cualquiera que no esté dispuesto a dejarse adoctrinar y luche contra el sistema.

Gatillo fácil a diario.

El número de jóvenes asesinados por el aparato represivo del estado sigue creciendo, a medida que se profundiza “el modelo”.

El año empezó con el fusilamiento de una persona que todavía no pudo ser identificada, pero que, como siempre, era joven (25 años) y pobre. Esto ocurrió en Mendoza, una de las provincias donde gobierna el kirchnerismo, cuando el joven de Guaymallén, acusado de un robo, recibió cuatro tiros de la policía mientras se protegía atrás de una heladera en un patio.

Al otro día, 2 de enero, en Buenos Aires, un oficial de la Metropolitana asesinó sin dudar a un chico de 19 años que, argumentó, intentó sacarle la moto.

Intentos de robo repelidos a balazo vivo, que, sólo a veces, tiempo después quedan expuestos como lisos y llanos fusilamientos. Así ocurrió el día de reyes, cuando trascendió la detención de cinco oficiales de la policía bonaerense, entre ellos un comisario, por el homicidio agravado de Andrés Osvaldo Lezcano (38), ocurrido el 2 de enero de 2011 en Valeria del Mar.

Ese día, según los cables de la agencia Telam que a su vez reflejaban la versión policial, la policía intentó detener a dos hombres que habían cometido un robo, hiriendo a uno y matando al otro. El caso, presentado entonces como “grave hecho de inseguridad en la Costa”, terminó con el subcomisario Claudio Arnouk, el principal Jorge Alday, el inspector Diego Palacios, el principal Ariel Pantolone y el subteniente Guillermo Aranda detenidos, con una historia bien diferente. Los policías integraban el operativo de “seguridad” en la costa, y organizaban robos reclutando “mano de obra” al estilo de los “horneros” del caso Cabezas. Lezcano era uno de ellos, hasta que –quizás porque quiso “renunciar al trabajo”- fue ejecutado, simulando el robo y el enfrentamiento.

La represión “preventiva” del gatillo fácil apunta sistemáticamente hacia los más excluidos, y entre ellos, a los más jóvenes, para evitar, con ese disciplinamiento, que lleguen a ser capaces de rebelarse contra el sistema que los oprime, y los condena a la constante y creciente explotación.

Desde CORREPI no nos cansaremos de denunciar estos hechos represivos cotidianos y naturalizados, ni de decir que no hay reforma que valga con el aparato represivo del estado. Ni cursos de DDHH, ni purgas, ni cúpulas con civiles, ni “democratización”, todas tácticas de lavadas de cara de los verdugos, con el fin de generar consenso para la represión.

Viejas recetas de ajuste y represión en la renovación del mandato kirchnerista.

A pocos días del anuncio de Cristina Kirchner sobre la “ley de presupuesto y emergencia económica” y el pedido de ajuste a las provincias, ya comienzan a sentirse las consecuencias de las medidas que tienden a garantizar las ganancias de los empresarios y reforzar el disciplinamiento social.

El 29 de diciembre, los gremios de docentes, estatales, judiciales y municipales de Santa Cruz se movilizaron en contra del paquete de medidas de ajuste que el gobernador Peralta enviara a la legislatura para aprobar antes de finalizar el año 2011, y así hacer buena letra con los mandatos presidenciales.

En el anuncio del gobernador santacruceño, los trabajadores no sólo vislumbraron el futuro negro, sino que, además, tuvieron que soportar que se responsabilizara del déficit provincial a “las recurrentes medidas de fuerza de los gremios petroleros”.

Los trabajadores reaccionaron ante las clásicas medidas de ajuste como el tope salarial, la suspensión de paritarias, el recorte de sueldos, la suspensión de contrataciones y pase a planta de muchos trabajadores, el aumento de la edad jubilatoria, entre otras. Todas medidas que apuntan a “recortar el gasto público”, las mismas viejas recetas menemistas y delarruístas, que ahora utilizan los proclamadores del “proyecto nacional y popular”.

A la movilización de los trabajadores, el gobierno respondió con la represión de la gendarmería y la policía provincial dirigida por Hassan, el responsable de la represión a los trabajadores petroleros en 2007.

La represión, entre balas y gases, dejó al menos dos decenas de heridos y garantizó que los legisladores pudieran huir del recinto.

Con este escenario, el gobierno provincial optó por suspender la sesión y los funcionarios de La Cámpora, ni lerdos ni perezosos, aprovecharon para despegarse de la responsabilidad y renunciar en masa.

Pero, a pesar de la maniobra, lo que es imposible negar es que Peralta sólo intentaba cumplir con la política de ajuste nacional planificada desde la Casa Rosada, desde dónde también se apuraron a aprobar las leyes como las antiterroristas, que preparan el escenario represivo del nuevo periodo de gestión K.

Así se presenta el panorama del nuevo mandato kirchnerista: se preparan para gobernar garantizando el ajuste y la represión.

Pero ante esto, la respuesta popular sigue siendo la organización independiente y la lucha en las calles, para poner freno a las políticas de hambre y enfrentar a la represión.

José Pedraza y su teoría de la “confabulación”.

Y un día habló el jefe de la patota. Un día habló uno de los responsables de la muerte de Mariano Ferreyra. José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria (UF), escribió una carta que fue leída por su hija en un programa de C5N, en la que denunció “una confabulación” en su contra, y llegó a decir que “ha pasado más de un año y no se sabe quién mató a Mariano, pero nuestros afiliados siguen presos como rehenes”.

Desde el día que asesinaron a Mariano, CORREPI viene denunciando a la Triple Alianza Antiobrera (estado, empresa y burocracia sindical) como responsable de la emboscada que terminó con la vida del militante. La empresa dio licencia a la patota de UF para que aleccionara a los díscolos trabajadores. El estado, a través de la policía, le abrió camino a la patota para que actuara y le cuidó las espaldas para que escaparan con seguridad después del asesinato. La patota, dirigida por Pedraza y comandada por Pablo Díaz, fue la ejecutora del plan criminal común.

Ni los que están presos son inocentes “afiliados”, como dice Pedraza, ni la razón de su encarcelamiento es una “confabulación”.

Los que están presos son burócratas que no trabajan, que viven del trabajo de los ferroviarios, que entregan las luchas de los trabajadores y hacen millonarios negocios con las empresas tercerizadoras. Y están presos, como Pedraza, gracias a la movilización popular y su lucha.

La única confabulación fue la de los aliados históricos en contra del pueblo trabajador.

Duhalde agradecido

El 1º de enero se cumplieron 10 años del día en que Eduardo Duhalde fue designado presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa, después de la caída del gobierno de Fernando De La Rua y el fracaso de los intentos de presidencia de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño.

El ex presidente aprovechó el aniversario para agradecer a todos los dirigentes políticos y empresarios que “lo ayudaron a pacificar el país y mantener el sistema democrático”. Formidable salvavidas de plomo del ex intendente, gobernador y presidente, y, alguna vez, ex bañero, que recordó a los legisladores peronistas y de la UCR; al actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren; al gobernador chaqueño Jorge Capitanich; a Jorge Remes Lenicov y otros que lo acompañaron en su gestión y que hoy, si se lo cruzan en la calle, tratan de no saludarlo.

Más de uno de los actuales kirchneristas formaron parte de aquel gobierno, como antes habían apoyado, hasta que empezó su declive, a Carlos Menem. De Mendiguren, al que hoy Cristina Fernández llama familiarmente “Vasco” en sus discursos, fue ministro de la Producción de Duhalde. Daniel Scioli fue su secretario de Deportes y Turismo. Jorge Capitanich, su jefe de Gabinete; Aníbal Fernández secretario general de la Presidencia, y Carlos Soria, cuya muerte lamentó Duhalde con pesar, su jefe de la SIDE.

Todos juntos, “pacificaron el país”, a sangre y fuego en el Puente Pueyrredón, y “mantuvieron el sistema democrático”, engendrando al kirchnerismo. La burguesía, agradecida.

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire a partir del primer fin de semana de marzo, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com

-Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.