CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Gatillo fácil, encubrimiento oficial y lucha popular en La Rioja

El 20 de noviembre del año pasado, a la madrugada, durante un baile organizado en un club, frente a la plaza, por la municipalidad de Aimogasta, en La Rioja, un altercado entre unos jóvenes que se retiraban dio la excusa a dos policías para hacer lo que les han enseñado, y lo que más les gusta: empuñar una escopeta y dispararla contra los chicos. Allí quedó tendido en el suelo el cuerpo sin vida de Belén Brizuela, de 17 años, con un disparo en la sien.

Según la autopsia y la pericia balística, la boca del arma se encontraba a una mínima distancia de la cabeza de Belén: entre 40 y 100 cm. Una escopeta, aunque esté cargada con postas de goma, a esa distancia es letal. Antes de disparar, el policía, de apellido Lucero, le pegó un culatazo en la cabeza al novio de Belén, Nicolás Palacio, quien estaba con ella y su hermano Diego Palacio.

La intensa y lógica reacción de bronca del pueblo de Aimogasta, especialmente de los más jóvenes, culminó con el patrullero quemado y destrozos en edificios públicos. Los dos hermanos Palacios, y otros chicos, están acusados en una causa que tramita en forma paralela a la del asesinato, corroborando que la “teoría de los dos demonios” sirve, también, más allá de las dictaduras.

La movilización popular y la decidida acción del padre de Belén, el conocido folclorista Carlos Brizuela, que ya se constituyó como querellante ante la jueza de feria, lograron que los policías Horacio Lucero y César Alfredo Mendoza fueran detenidos, imputados, por ahora, por homicidio calificado.

No es menor señalar que se trata de dos oficiales de 28 y 27 años respectivamente, que no llegan a tener dos años en la fuerza, con conceptos de 9 y 10 según sus legajos, y que La Rioja es una de las provincias más notablemente alineadas con el gobierno nacional. Una buena muestra, por partida doble, de que el gatillo fácil no es privativo de las “viejas y malas policías” ni de alguna provincia en particular, sino que es una herramienta de control social plenamente vigente entre los cuadros reclutados en democracia, y formados siguiendo la línea del “gobierno de los derechos humanos”.

Por descontado que los policías argumentan una de las recurrentes historias oficiales. Esta vez, la del forcejeo. La causa es ya un muestrario de “irregularidades”, como dicen los medios para evitar la incómoda afirmación de que todo el aparato estatal se está esforzando por darle una mano a los camaradas en apuros. Así, argumentan que se perdieron elementos de prueba esenciales, como los cartuchos disparados, “porque, debido a los desmanes, no se pudo preservar la escena del hecho”; no se ha podido determinar qué armas largas fueron usadas, ni qué arma llevaba cada policía, porque, según los jefes policiales, todos removidos después del homicidio, “no se llevaba registro de qué arma portaba cada efectivo”.

Carlos Brizuela, esta semana, se puso en contacto con CORREPI, y nos escribió: “Aquí se trata de tapar el hecho del homicidio con las reacciones sociales posteriores y plantear la postura de que los chicos no hicieron caso a la orden de irse de la vía pública”. Nos cuenta, también, que ante la repercusión del caso, el gobierno ya les mandó emisarios pretendiendo comprar silencio con plata, lo que obviamente la familia rechazó. En su mensaje, nos dice Carlos: “…no vamos a ser parte de una sociedad que encubre estas instituciones de poder… queremos movilizar para obtener una sentencia justa y que no cubra la corporación policial. Entre menos de 10 días en nuestra provincia ocurrieron dos casos similares y aún el Ministro de Seguridad y Justicia no ha dado explicaciones y mantiene su cargo como si nada hubiese ocurrido. Una verdadera burla”.

Apoyamos plenamente, desde nuestra organización, el camino de denuncia y lucha dignamente elegido por la familia Brizuela, a cuya disposición se ha puesto CORREPI por entero, con el compromiso de viajar a La Rioja apenas nuestros recursos lo permitan.

Un patovica con el puño fácil

El pasado 6 de enero, en la ciudad de Pergamino, Iván Hortiguera, de 16 años, fue asesinado por un empleado de seguridad privada, Fabián Núñez, quien lo golpeó y lo arrojó por el balcón de un séptimo piso.

Iván era el novio de la hija de Núñez, que como se oponía a la relación, cuando los encontró juntos en la casa de su ex esposa, decidió terminar con la vida de Iván tirándolo por el balcón.

Como no podía ser de otra manera, ahora Núñez está al resguardo en una comisaría, esperando las órdenes del juez. Sus seudo colegas lo cuidan mejor que nadie de la bronca de los familiares y amigos de Iván.

Como este caso, es cada vez mayor el número de víctimas de agresiones, torturas o asesinatos en manos de miembros de agencias de seguridad privada.

Cabe destacar además que, así como sucede muchas veces con miembros de la policía y demás fuerzas, estos agentes utilizan los recursos que les ofrece su “oficio” (la fuerza física, el entrenamiento, armas, la impunidad) para dirimir conflictos personales.

Muchas veces se ven verdaderos matones en las puertas de bares y boliches, en las tiendas de ropa, en los supermercados, etc. que a cambio de un sueldo están dispuestos a golpear y hasta matar si les parece necesario, a pedido del empleador.

Este ascenso en el número de asesinados por agentes de seguridad privada implicó que debiéramos incluirlos en nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado, como uno de los grupos intervinientes en la represión preventiva.

Así como vemos el perfeccionamiento en los mecanismos represivos con la utilización de barra bravas y patotas sindicales “tercerizando” la represión, se puede ver también como, estos agentes de seguridad privada se hacen cargo de manera creciente de la represión preventiva que golpea a diario a los sectores más vulnerables del pueblo: los jóvenes y los pobres.

De espías, proxenetas, policías y funcionarios

El 13 de febrero del año 2000, el diario Página/12 publicaba una nota titulada “HISTORIAS NEGRAS DE LA SIDE Y LA SEGURIDAD COMO EXCUSA - Un club de espías prósperos con negocios sucios”. Allí se repasaban las historias y negociados de célebres integrantes del aparato de espionaje estatal, desde Raúl Guglielminetti hasta Hugo Anzorreguy, pasando el comisario Mario Naldi o el famoso Jaime Stiuso, y se relataban sus vínculos con no menos conocidos proxenetas como Luciano Garbellano y los pingües negocios que ligan a todos ellos.

Un párrafo estaba dedicado a Raúl Martins: “un profesor de historia en colegios católicos, conocido en la SIDE como “Aristóbulo Manghi”, fue señalado como el titular de varios puticlubs, algunos con cierta fama, como es el caso de The One, Veo-veo y Top Secret. Martins había ingresado a la SIDE en 1974, de la mano de José López Rega, el monje negro que, respaldado por las ciencias ocultas y la logia masónica P-2, fundó la temible Alianza Anticomunista Argentina, avanzada de la represión ilegal posteriormente perfeccionada por la dictadura militar. Martins, conocido como “el profesor” y jubilado de la SIDE en octubre de 1987, fue denunciado por pagar coimas a funcionarios judiciales y policiales. Un testigo habría señalado que el juez Oyarbide recibía dinero de Martins a cambio de protección para sus locales nocturnos. Locales que le otorgaban ganancias que rondaban entre los 6000 y los 7000 pesos por noche. Por ese raro voyeurismo que suelen compartir los espías, el boliche The One tendría instalado un sistema de televisión donde se filmaban los encuentros sexuales de sus habitués. Los videos de esos encuentros tenían un claro destino: extorsionar a los clientes”.

Doce años después, nuevamente el nombre de Raúl Martins alcanzó los diarios, esta vez porque su hija Lorena formuló una denuncia penal contra él y sus asociados, brindando toda clase de datos sobre la red de prostíbulos en todo el país, la forma en que la banda coopta chicas en el exterior y en Argentina para someterlas a la prestación forzada de servicios sexuales, y, desde luego, aportando detalles de la manera en que tanto el gobierno nacional como el de la ciudad protegen la “empresa”, a cambio de jugosas coimas.

Lorena Martins realizó la denuncia como parte de la ofensiva que ella y su madre encaran contra su padre en el marco de la división de la sociedad conyugal, ya que, es obvio, los ingresos fabulosos del negocio de la prostitución no fueron reconocidos por el hombre en el juicio de divorcio. Sea cual fuere el fin de la denunciante, lo cierto es que brinda toda la información que conoce sobre la asociación de los proxenetas con la policía federal, tanto de comisarías como de Drogas Peligrosas y otras dependencias; con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, cuya campaña ayudó a financiar Martins, y varios de sus funcionarios y con funcionarios del gobierno de Mendoza.

El juez favorecido con el sorteo de la causa resultó ser Norberto Oyarbide, gran conocedor del tema, a partir de su relación con Luciano Garbellano, dueño de Spartacus. Como está de vacaciones en Punta Cana, mientras piensa cómo explicar que con su sueldo se pudo comprar un anillito de un cuarto de millón de dólares, lo reemplazó su colega el juez federal Martínez de Giorgi, que se sacó la papa caliente delegando la investigación a la fiscalía.

Como sea que evolucione el caso, algo ya está probado: como siempre afirmamos, el crimen organizado, en Argentina, es gerenciado por el aparato represivo estatal.

Más consenso para reprimir mejor

Hace pocos días, se conoció que el gobierno “de los derechos humanos” ha decidido reformar integralmente los planes de estudio de formación militar. Según las noticias, los militares de las tres fuerzas, podrán “cursar materias en universidades nacionales, disponer de mayor tiempo de estudio, realizar prácticas conjuntas entre las tres fuerzas, haciendo eje en el fortalecimiento de la libertad individual y la responsabilidad”. Sabina Frederic, antropóloga, fue la que dirigió el proceso de reforma desde 2006 hasta la actualidad. La intención de la reforma es, en lo esencial, formar a los militares “para que tengan capacidad de intervenir en situaciones inciertas, aplicando perspectivas diversas a una misma cuestión.” “No estamos en la Guerra Fría, no está claro el enemigo, no está claro con qué se tendrán que enfrentar. Hay que formarlos para que respondan con imaginación y creatividad”, explicó Frederic.

La reforma en los planes de estudios es, tradicionalmente, una de las herramientas de las que se vale el Estado, gobierne quien gobierne, para legitimar a su aparato represivo. Intenta crear la ilusión de que las fuerzas de la represión pueden ser reformadas, que todo es un problema de falta de educación. A esto también contribuyen personajes como Hebe Pastor de Bonafini, que sostiene que “Hay otra clase militar con la que debemos empezar a conversar.” (Boletín nº 636).

Sin embargo, durante el gobierno de los Kirchner, más de 5.000 militares y policías se entrenaron en cursos que brindan los Estados Unidos. Las fuerzas armadas, desde 2004 hasta la fecha, han realizado más de 150 ejercicios conjuntos con ejércitos de todo el mundo (principalmente de los EEUU y de Latinoamérica). Una de las principales hipótesis de conflicto de esos ejercicios, es la realización de “operaciones de mantenimiento de la paz” (Peace Keeping Operations, PKO), que es un eufemismo para designar a las operaciones de represión de rebeliones populares.

Para más datos, las reformas “a tono con las instituciones democráticas, con el fortalecimiento de la libertad individual y la responsabilidad”, es uno de los principales arietes ideológicos de la política imperialista de los yanquis, que destinan miles de millones de dólares al año para financiar, en todo el mundo, a ONGs que tienen por finalidad legitimar las instituciones de la democracia burguesa. Como se puede ver, en realidad, se trata de una reforma a tono con los intereses del imperialismo norteamericano.

El mismo sentido ha tenido la reciente aprobación de la última ley antiterrorista, la octava dictada por los Kirchner, por mandato imperial. Parte del arco supuestamente progresista que defiende al gobierno apoyó la ley, y aportó sus supuestos argumentos para generar consenso. En estos últimos días, el diputado “socialista” Jorge Rivas, salió a defenderla argumentando que no se trata de una ley destinada a reprimir la protesta social, porque el texto contiene un párrafo que dice: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

Ese agregado fue utilizado para hacer pasar una reforma reaccionaria como algo progresista. En realidad, esa aclaración, no sólo es superabundante, sino que es una mentira. Ya el código penal establece, en su artículo 34, inciso 4º, que no pueden ser castigadas las conductas realizadas en ejercicio legítimo de un derecho. Añadir la misma definición legal en otro artículo no implica ningún cambio. Es claro que la función de ese párrafo es engañar.

Asimismo, en la práctica, cada vez que procesan a algún compañero por luchar, los jueces se encargan de explicar que la ley no ampara el ejercicio “abusivo” de los derechos. De esa manera justifican el armado de causas contra los luchadores. Recordemos, además, la advertencia que hizo Cristina Fernández de Kirchner a los trabajadores, en su discurso de asunción, cuando dijo que derecho de huelga no es derecho de extorsión.

Así, se advierte con toda claridad cuál ha sido, y será, la política del kirchnerismo: lograr el mayor consenso para reprimir mejor.

Fotos en comisarías: hagamos como que algo hacemos

El defensor oficial de menores de La Plata, Julian Axat, hizo el año pasado una presentación en defensa de la “privacidad de los menores detenidos o demorados”, o sea, todos los chicos de menos de 18 años que entran a una comisaría, hayan o no cometido algún delito, cuestionando la práctica policial de fotografiarlos para los “álbumes de malvivientes” o de “modus operandi”. Luego, esas fotos son mostradas a víctimas de delitos para que elijan a quién identifican como su agresor. También planteó que la existencia de camaras de seguridad en colegios vulnera el mismo derecho a la privacidad de los chicos. El juez Luis Federico Arias, poco después, hizo lugar al pedido y ordenó al ministerio de Seguridad que la policía cese con esa práctica, que, como bien sabe cualquiera que haya pasado por una comisaría, es constante y extendida a todo el país.

Como siempre, en el tan garantista fallo se esconde más de lo que se muestra. Para empezar, ningún chico de menos de 18 años debería ser detenido ni “demorado”, a menos que se lo acuse formalmente por un delito. Más allá de las normas que regulan las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio, además de condenar y ordenar al estado argentino derogar tanto la AA (averiguación de antecedentes) como los códigos de faltas y contravenciones, expresamente se refiere a los menores de edad. El propio juez Arias, hace ya tres años, y a instancias del mismo defensor Axat, hizo lugar a un habeas corpus preventivo contra las detenciones arbitrarias de menores, incluyendo la averiguación de antecedentes o detención “para identificar”, el código de faltas y el “procedimiento de entrega del menor”, éste sin siquiera el respaldo normativo de las anteriores.

Igual que con el habeas corpus, sin mucha tardanza, en plena feria judicial, el gobierno bonaerense, con Casal a la cabeza, apeló este fallo planteando una “inatendibilidad sustancial de la pretensión, por considerar que no se encuentra acreditado cuales serían las dependencias policiales que llevarían los registros denunciados”, es decir, porque, dice, el juez no aclaró de qué comisarías se trata… ¡son todas, señor ministro, y bien lo sabemos!.

El tema eterno de las fotografías tomadas a detenidos, acusados o no de un delito, no sólo viola “el derecho a la privacidad de los menores”. Pocos derechos les quedan también a los adultos, sistemáticamente fotografiados (sobre todo cuando son detenidos en una movilización o cualquier tipo de protesta), al simple arbitrio policial, y usados, luego, como ocurriera con el militante -casualmente, de La Plata- Gabriel Roser, para ser involucrado en una causa judicial por un delito al que era totalmente ajeno, y que lo retuvo preso varios años, hasta que se demostró, ya en el juicio y al amparo de la movilización poular, que era una causa armada para disciplinar su activismo y el de su organización. El fallo de Arias cita, como ejemplo, el caso de un “demorado” por AA, que fue “reconocido” por una víctima de un abuso deshonesto”, y sólo fue desvinculado de la investigación gracias a que había muestras de tejidos que permitieron hacer un análisis de ADN.

Una vez más, vemos cómo el poder punitivo estatal, sin errores ni accidentes, elige sostener normas para reprimir más y mejor. Y cómo queda a criterio de los funcionarios “garantistas” denunciar, a veces, y siempre parcialmente, alguna de estas prácticas, consolidando, inversamente, las que no objetan. Ello no hace más que afirmar nuestra militancia, y la necesidad permanente de denunciar la realidad de las cosas.

Crece la lista del gatillo fácil y la tortura

Algo que no se discute con el kirchnerismo es la capacidad que ha tenido para reconstruir las instituciones burguesas después de 2001, dándole tranquilidad y estabilidad a su clase.

Por supuesto, y como siempre, la estabilidad de los ricos es lograda a costa de la sangre y explotación de los pobres. No es sorprendente, entonces, que el kirchnerismo sea el gobierno que tiene el índice más alto de fusilamiento por gatillo fácil de la historia reciente, llegando a ser más de 3.400 las victimas de la represión preventiva que lleva adelante el gobierno que se autoproclama “de los derechos humanos”.

Esto es posible gracias a lo hábiles que han sido en generar consenso y legitimación en torno a la represión, llevando adelante medidas que en otro contexto hubieran sido imposibles de implementar, como la militarización del país entero (Operativo Cinturón Sur, Operativo Centinela, Operativo Escudo Norte, etc.), o la aprobación de varias leyes antiterroristas.

El 25 de noviembre de 2011, presentábamos en Plaza de Mayo, y nuestros compañeros del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) en el resto del país, la recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983 hasta octubre del año pasado. Denunciábamos que el estado era responsable, hasta esa fecha, por el asesinato de 3.393 personas, la mayoría chicos jóvenes, pertenecientes al pueblo trabajador y asesinados en su enorme mayoría mediante la represión preventiva, aquella que apunta a las clases más explotadas de nuestra sociedad con el objetivo del control social.

Más de 1.800 de esos asesinatos corresponden al gobierno kirchnerista y la lista sigue creciendo. Entre el cierre del Archivo 2011 y esta semana, el aparato represivo del estado ha seguido matando al ritmo de casi un pibe por día. Son más de 30, ya, los casos chequeados que hemos debido incorporar al que será el Archivo 2012.

Entre los más recientes, están los casos de Walter Luna, de 25 años, asesinado a golpes dentro del penal de Magdalena; Fabián Zubrica, de 20, fusilado por policías bonaerenses el 15 de este mes; Dante Morelli, asesinado en un penal de Santa Fe; Luis Molina de 24; Matías Martín de 22; Daniel Luna en Tucumán; Andrés Lezcano; Roque Ceballos…

La lista sigue y seguirá, ya que no hay reforma, buenas intenciones o purgas que puedan detener o cambiar el objetivo del aparato represivo del estado que no es otro que disciplinar mediante el miedo y el asesinato a los más pobres y al pueblo trabajador, porque son ellos quienes tienen la capacidad de rebelarse frente a las injusticias que le presenta un sistema hecho por y para los poderosos y ricos, sistema que se sostiene con la explotación, el sudor y la sangre del resto de la sociedad.

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire a partir del primer fin de semana de marzo, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.