CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CANDIDATOS REPRESORES

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires se aproximan las elecciones para jefe de gobierno y gobernador respectivamente, así como para legisladores y diputados. Nuestra organización nunca se pronunció a favor de un candidato u otro, aun cuando casi siempre (y en esta ocasión también) miembros de CORREPI integren listas de partidos de izquierda.

Lo que sí ha sido nuestra tradición constante es la pública denuncia de “candidatos represores”. En 1999, por ejemplo, denunciamos desde un afiche a De la Rua y a Duhalde como candidatos de la represión. Poco tiempo después serían, respectivamente, responsables de las masacres del Puente de Corrientes, del 20 de diciembre y del Puente Pueyrredón.

En esta ocasión también el sistema lleva candidatos represores. En la provincia de Buenos Aires tenemos a los típicos fascistas como Aldo Rico, genocida y carapintada, candidato por el “adolfismo”. No hay mucho que ahondar sobre el autoritario intendente de San Miguel.

El otro arquetipo de la represión, obviamente, es el torturador Luis Patti, responsable de asesinar a los militantes montoneros Cambiaso y Pereira Rossi, autor de numerosos casos de gatillo fácil y que fuera procesado y encarcelado por aplicar tortura en el caso Barzosa y Gonzalez, del que zafó gracias a jueces cómplices como el actual camarista de San Isidro Tarzia. Patti fue sostenido durante todo este tiempo por la influyente prensa de derecha y en las elecciones presidenciales era una de las espadas del menemismo. Esta semana Patti tuvo que ir a la justicia federal acusado de encubrir la fuga de milicos de la dictadura.

El P.J. oficial (pues tanto Rico como Patti también se reinvindican del P.J.) lleva a impresentables varios, pero el represor por excelencia es el ex gobernador Carlos Ruckauf, el hacedor de la mano dura, del endurecimiento de penas, de la inexcarcelación de todos los delitos que cometen los pobres, el demagogo del “meta bala” y demás. Su sólo nombre es suficiente para repugnar a cualquier espíritu simplemente democrático.

La U.C.R. lleva como primer candidato a Federico Storani, ex ministro del interior de De la Rua, responsable de la masacre cometida por la gendarmería en Corrientes. Los pibes Francisco Escobar y Mauro Ojeda deben su muerte al candidato del centenario partido de Alem e Irigoyen.

Pasemos a la Ciudad. Veamos la lista de Mauricio Macri, empresario menemista. Su primer candidato a diputado es el ex radical Enrique Vanossi, ministro de justicia del gobierno de Duhalde. Días antes de la masacre que le costó la vida a Kosteki y Santillan Vanossi inventó una denuncia contra los piqueteros que todavía es investigada por el juez menemista Oyharbide, y que CORREPI caracterizó como la “pata judicial” del criminal plan integrado por otra pata periodística y otra militar. Según Vanossi. los piqueteros combativos preparaban un plan sedicioso para voltear a Duhalde. La realidad de esta causa era contar con un argumento judicial para justificar la represión y la muerte. Otro candidato de la lista de Macri es Santiago de Estrada, eterno colaborador de todas las dictaduras.

Por su parte, el candidato oficialista es Aníbal Ibarra. El ex frepajero es responsable de represiones como la del PADELAI, de tantos otros desalojos, la de los trabajadores de subterráneos o los vendedores ambulantes, todos casos en los que la Federal -a la que Ibarra permanentemente subsidia con mayores pertrechos represivos- sembró de detenciones y heridos.

PREVENTIVA PARA EL ASESINO DE RODRIGO CORZO

La jueza de garantías Mónica López Osornio del departamento judicial de Morón dictó prisión preventiva para el asesino de Rodrigo Corzo, el joven murguero fusilado por la espalda el pasado 28 de junio. El oficial inspector Cristian Solana permanecerá detenido en una cárcel bonaerense a la espera de ser juzgado en debate público una vez que se clausure la etapa de instrucción de la causa.

El fallo de la jueza –la misma que mandó a juicio oral al cura pedófilo Grassi- hizo lugar a la petición de la fiscal Rita Bustamante, que consideró agravantes para el homicidio simple “el fútil motivo que llevó a Solana a delinquir, la pena en expectativa, que será inexorablemente alta, y su condición de policía”.

Los intentos de la policía para simular que hubo un enfrentamiento incluyeron un arma “plantada” en el auto del padre de Rodrigo y dos testigos “truchos” que sostuvieron la versión policial, es decir, que una persona que iba con Rodrigo se arrojó del auto al ver el patrullero, y que Rodrigo disparó contra los policías.

De manera contundente quedó probado que nunca existió esa persona que sólo vieron los policías y su oportuno testigo que casualmente trabaja en una agencia de seguridad sin habilitación, y que nunca hubo disparos desde el auto de Rodrigo, pues por lo menos cinco testigos aseguraron que las cuatro ventanillas estaban cerradas, y para más datos, empañadas. El “testigo” que dijo ver dos disparos desde el auto de Rodrigo es un verdulero de la zona, que confesó que “saluda con la mano a todos los patrulleros, porque conoce a todos los policías”.

El chofer del móvil policial, el sargento Ariel Núñez, trató de apoyar la versión de su superior, pero como tampoco quiso “quedar pegado” salió con la maravillosa historia de que en el momento crucial, cuando iban a subir al puente Santa Rosa del Acceso Oeste, momento en el cual según Solana les disparaban desde el otro auto, “cerró los ojos porque sufre de vértigo, lo que oculta por temor a perder su trabajo”. Por eso, explicó, no vio toda la escena en el preciso momento que Solana disparaba…

No escuchábamos una excusa semejante desde el juicio oral al bonaerense Docampo, asesino de Walter Repetto, que quiso justificar que apretó el gatillo “porque se tropezó con las chancletas que llevaba puestas, y al sentir que se caía se agarró de donde pudo, y lo que tenía en la mano era la 9 mm., que se disparó…”.

La prisión preventiva de Solana es el primer paso en esta causa. La familia de Rodrigo exigió al ministro de seguridad Juan Pablo Cafiero que pasara a disponibilidad al vertiginoso Núñez, al que además se le ordenó una junta médica para verificar si sufre esa enfermedad. Ni él ni la policía de Villa Ariza, que contribuyó al armado del escenario falso del “enfrentamiento” se salvarán de ser investigados por falso testimonio y encubrimiento. Ya en este fallo preliminar la jueza expresa su duda acerca del modo en que llegó al lugar el arma confusamente secuestrada junto al cuerpo de Rodrigo, quien tenía un certero disparo en plena espalda. Nosotros no tenemos dudas: esa arma, con la numeración limada y defectos de funcionamiento, es uno más de los “perros” policiales plantados, un clásico en materia de gatillo fácil.

Tenemos la absoluta convicción de que, sin perjuicio de que tanto la jueza como la fiscal fueron objetivas y correctas al analizar las pruebas, llegando a la única conclusión lógica posible, esto, que debería ser la regla, no hubiera sido posible sin el alto grado de movilización de los amigos, familiares y vecinos de Rodrigo, que no pasaron un solo día desde el homicidio sin exigir justicia.

GATILLO FACIL EN TODOS LADOS

El gatillo fácil es un método que se aplica en todos lados, en cualquier circunstancia, por cualquier motivo, y por cualquier miembro de cualquier fuerza de seguridad. No es exclusivo de la bonaerense, como muchas veces se lo quiere presentar, ni es cometido por “loquitos” sueltos. Como herramienta de disciplinamiento social que es, se lleva a cabo en Rosario o en Haedo, en la Quiaca o en Ushuaia. Veamos qué pasó esta semana.

En Rosario dos chicas de 17 y 16 años, y otro adolescente de 16, fueron baleados en las piernas por un policía santafesino que atendía un quiosco en pleno centro. La excusa fue que disparó enfurecido porque un joven —que estaba con otro grupo— le había arrojado una botella de vidrio que se rompió contra las rejas del negocio y lo lastimó en la cabeza. Los jóvenes heridos por los balazos estaban sentados en la esquina, a pocos metros del quiosco y no habían participado del incidente.

“Igual está bien” -dirían los fachos de rigor- “así los pendejos aprenden a no estar vagueando en las esquinas”. El cana es cabo 1° de la santafesina y tiene 40 años, con lo que tenía 14 cuando comenzó la dictadura militar. Señalamos esto porque también nos pretenden hacer creer que el gatillo fácil es sólo “una rémora del genocidio”. Este represor, como la mayoría de los de hoy, fue criado en “democracia”.

El miércoles 6 de agosto un sargento retirado de la Policía Federal, que había sido convocado de nuevo para trabajar, fue detenido después que herir a tres personas —una también policía— dentro del vagón de un tren, cerca de Castelar. El represor Osvaldo Brenta (de 51 años) se había retirado de la fuerza y fue reincorporado en agosto de 2002 para “combatir la inseguridad”. Dentro del tren de la ex línea Sarmiento, Brenta discutió con un hombre, se pelearon y el “servidor del orden” sacó su pistola 9 milímetros y empezó a disparar.

El hombre con el que había discutido salió ileso, pero Brenta hirió a otros tres hombres. Uno recibió un balazo en el pecho; otro, uno en la pelvis. El tercero (Horacio Valdez, también policía federal) recibió un tiro en un glúteo.

Párrafo aparte merecen los periodistas radiales que repitieron como loros (o como boludos) la primera versión policial, que afirmaba que Brenta había repelido un intento de robo.

LA AMNISTIA ES IMPRESCINDIBLE: MÁS PIQUETEROS PROCESADOS

Durante la segunda reunión de las organizaciones que respondieron a la convocatoria de CORREPI para impulsar una ley de amnistía que cierre definitivamente todas las causas penales en trámite o con condena contra luchadores populares, Antonio Bitto, dirigente del MTR, contó que acababa de recibir una citación de La Plata en una causa caratulada “Prefectura Naval Argentina s/ art. 194 CP”.

Inmediatamente intuimos que se trataba de un expediente iniciado hace más de un año y siete meses, a raíz del bloqueo al polo petroquímico de Dock Sud protagonizado por el Bloque Piquetero Nacional. La citación notificaba a Bitto que sería sometido a indagatoria como autor penalmente responsable de la interrupción del tránsito vehicular terrestre el miércoles 13 de agosto a las 10:00. La firmaban el juez federal de La Plata Manuel Blanco y su secretaria Liliana Alico.

Desde el 11 de febrero de 2002 esta causa tramitó en absoluto sigilo, sin que jamás se notificara a nadie que era objeto de investigación. Al presentarnos para asumir la defensa, descubrimos que otros cuatro referentes piqueteros estaban en igual situación, citados a una indagatoria, pero que al carecer de sus domicilios se los notificó con edictos publicados en el Boletín Oficial, que no leen ni ellos, amenazando con la inmediata detención en caso de incomparecencia.

Son las empresas petroleras, y Aguas Argentinas –paradigmática privatizada- las “damnificadas” que impulsaron la causa contra los compañeros. Al juez le bastaron dos o tres escritos pidiendo que se los procese para citarlos y amenazarlos con la detención. Pocas veces se ve tan clara la alianza de los enemigos.

El miércoles el juez Blanco se va a llevar una sorpresa. Hace apenas una semana el secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde recibió nuestro proyecto de ley de amnistía, y dictó una resolución creando una comisión de juristas “ad hoc” con el fin de estudiar y proponer al gobierno una solución definitiva al problema de las causas como ésta. En lugar de concurrir a la indagatoria, los compañeros van a plantear la suspensión del trámite de la causa fundados en la inequívoca situación de criminalización de la protesta que surge del propio expediente, cuyas fojas 1 a 4 son el petitorio presentado por las organizaciones a las empresas petroleras en reclamo de trabajo genuino aquel febrero de hace un año y medio. Vamos a citar las propias palabras del presidente Kirchner y sus ministros que se han pronunciado por la “descriminalización de la protesta”. Vamos a ponerlos contra las cuerdas, para que hagan lo que dicen que van a hacer, o se les caiga la careta.

Obviamente la presentación no será un simple trámite burocrático, porque todas las organizaciones que estuvieron en el Dock Sud volverán a estar, esta vez frente a los tribunales federales de La Plata, en calle 8 y 51, y sus referentes ofrecerán una ronda de prensa a todos los medios locales para denunciar la permanente persecución a los que luchan.

TORTURA Y MUERTE EN CORDOBA

Como el gatillo fácil, la tortura se aplica en todo el país, y los jueces la apañan en todos lados. Normalmente cuando el infortunado torturado se les “queda”, los policías inventan que el tipo se ahorcó en su celda y los magistrados, que entienden que se trató de un “accidente de trabajo” -como alguna vez nos admitió un juez de Morón- tratan de encubrirlo. Y cuando las pruebas son tan contundentes que tienen que procesar a los policías torturadores, generalmente, le cambian la carátula y ponen apremios ilegales u otras figuras menos gravosas.

El hecho puntual sucedió en Córdoba, la provincia de De la Sota. Allí tres policías, Mauricio Carranza, Carlos Ledesma y Julio Pereyra, fueron acusados por la muerte de Pablo Ariel Fernandez (23) ocurrida en la noche del 24 de noviembre de 2001, en la comisaría de Despeñaderos, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

A pesar de estar acreditado que el muchacho fue torturado, el fiscal de Alta Gracia calificó el hecho como “homicidio simple”. De esta manera, nuevamente los policías son gratificados por calificaciones más leves. Mientras que el delito de tormento seguido de muerte tiene una pena de prisión o reclusión perpetua, el ‘homicidio simple’, es de 8 a 25 años.

Pablo Fernández había ido a bailar a un boliche de Despeñaderos y allí “puso el ojo” en la chica equivocada, ya que la piba había sido o era novia del hijo de un policía que, a su vez, era hermano de una mujer policía. Se produjo una pelea donde Pablo “fajó” al pariente de la yuta. Llegó la policía y detuvo a los dos. A las pocas horas, el familiar de los policías fue liberado y a la víctima, los uniformados le “enseñaron” que no se tenía que atrever a pegarle a uno de ellos.

La versión oficial fue que Pablo apareció “colgado de los barrotes y dicen que se había ahorcado con su propia camisa”.
Mientras los médicos policiales dibujaron un “ahorcamiento”, lo cierto es que después se comprobó que el muchacho sufrió una tremenda paliza que le destruyó los senos nasales, los huesos de la nariz y el maxilar superior, y que además fue estrangulado y no ahorcado.

Los tres policías imputados todavía no están detenidos, ni separados de sus funciones.

MOVILIZACIÓN POR GUSTAVO TRILLO

El caso, que parecía ser un enfrentamiento entre Gustavo Trillo y personal policial de Lanús 6ª, con secuestro de arma del pibe y todo, se transformó en un homicidio dado que los testigos han declarado en sede fiscal que a los únicos que vieron disparar fue a los policías, todo agravado por el hecho de que Trillo había tirado el arma 60 metros antes del lugar del supuesto enfrentamiento.

Además, el último viernes declaró el testigo del acta policial de secuestro del arma, afirmando que vio cuando la policía extrajo el arma del jardín de un domicilio a más de media cuadra del lugar donde estaba caído Trillo, y que luego lo llamaron a él para que saliera de testigo firmando que el herido estaba armado.

El fiscal actuante es Oscar Acevedo (primer detenedor de Castells), y hasta ahora esta tratando de encontrar justificaciones culposas para el accionar policial. Ya se presentaron los abogados de la bonaerense (uno de ellos es defensor de los policías en la causa del 26 de junio), aunque, dijeron, sólo defenderán al oficial involucrado en la redacción del acta (Subinspector Filito) y no a los “partícipes” en el enfrentamiento, sargento Alderete y agente Suárez.

El jueves 14 de agosto a las 10.30 horas habrá una movilización desde la estación de Banfield hacia Tribunales.

INTERROGANTE

El candidato a vicejefe de gobierno de la lista de Montenegro (Seineldin), quien aparece en las boletas como Jorge Silvio A. Colotto,

¿será el Comisario General (retirado) Jorge Silvio Adeodato Colotto, amigo íntimo del Comisario General Alberto Villar, jefe de la PFA durante las primeras acciones de su colateral la Triple A, y amigo de Massera y otros prohombres?

PROXIMAS ACTIVIDADES

MARTES 12, 14:00: Concentración en el Congreso por la nulidad de las leyes de Impunidad.

MIERCOLES 13, 10:00: Concentración reclamando la amnistía a los luchadores frente a los juzgados federales de La Plata, 8 y 51.

JUEVES 14, 10:30: Movilización por gustavo Trillo, de la Estación de Banfield a los tribunales de Lomas de Zamora.

JUEVES 14, 19.00: Reunión de las organizaciones que impulsan la ley de amnistía, en Corrientes 1785, 2º Piso “C”.

SABADO 16: Segundo taller “Herramientas prácticas contra la Represión” elaborado por CORREPI, ANRed y Repique en Libres del Sur, Pavón 1635, Avellaneda.

SABADO 16, 15:00 - FESTIVAL ANTIRREPRESIVO en Plaza Churruca, Loma Hermosa, (calles Churruca y Tucumán, a tres cuadras de ruta 8 y Churruca) por todos los pibes asesinados por el gatillo fácil. Te acercan los colectivos 237,
310, 176, 57.

DOMINGO 17, a un año del asesinato de Maximiliano Miño en un calabozo, concentramos a las 18:00 en Ruta 8 y Presidente Perón para marchar a la comisaría asesina, la 1ª de San Martín.

14 y 21 de Agosto, a las 18:00, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, jornadas tituladas “Políticas Represivas del Estado”. La primera jornada versará sobre “El discurso de la inseguridad ¿otra forma de
represión?” y la segunda sobre “Criminalización de la pobreza y de la protesta social”. Participarán por CORREPI los compañeros Gerardo Etcheverry y Claudio Pandolfi.

CORREPI