CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El lunes 19 de marzo, a las 7 de la mañana, los vecinos del barrio Villa Alegre de Escobar, encontraron las calles de tierra copadas por policías, gendarmes, infantería, caballería y camiones de traslado de detenidos, en un gigantesco operativo para desalojar a 70 familias que hace un año comenzaron a vivir en un terreno de 16.000 m2, en la esquina de las calles Falucho y Namuncurá, que estuvo abandonado por más de 30 años por el padre de quien hoy se proclama dueño, Eduardo Talarico. La orden de desalojo fue impartida en una causa por el Juzgado de Garantías N° 3 de Escobar, a cargo del juez Luciano Marino. El operativo fue comandado por el comisario Marcelo Guerra, jefe distrital de la policía de Escobar; el comisario Carlos Vara, de la comisaría 1ª de Escobar, y supervisado por una funcionaria judicial cuyo nombre, señalaron los vecinos, sería Inés Muñoz.

Los vecinos intentaron obtener alguna explicación de parte de los responsables de semejante asedio, consiguiendo sólo tratos humillantes y amenazantes de parte de la funcionaria (”ya me están desalojando, vamos, vamos, salgan del predio”) y del comisario Vara (”no hace falta mostrar la orden de desalojo”, “así van a aprender que con la policía no se juega”).

De esta forma, los vecinos intentaron rescatar desesperadamente todos los bienes que les fuera posible. Camas, techos de chapa, ventanas, fueron saliendo mano en mano, entre gritos y llantos de niños aterrorizados. A medida que la gente salía, se les impedía entrar nuevamente. Luego, las topadoras de la municipalidad, derribaron todas las viviendas, ensañándose por orden de la funcionaria judicial contra la casa de la familia García, que durante 33 años vivió en ese predio y lo cuidó sin recibir retribución alguna.

Las 70 familias quedaron literalmente viviendo en la calle, por lo que decidieron realizar una protesta en la Avenida San Martín, a pocas cuadras del lugar, con la intención de movilizarse a la Municipalidad de Escobar, ocasión en que recibieron otra amenaza del comisario Vara: “si van en masa a la municipalidad, los llevo en cana a todos”.

El miércoles 21, luego de haber entregado un petitorio en la municipalidad el día anterior, que nunca recibió respuesta, los vecinos organizaron una olla popular en el predio desalojado, pues desde el lunes había niños y adultos sin comer. Nuevamente, la policía invadió el barrio con 50 efectivos que emprendieron contra las familias desahuciadas, pisoteando a los niños y avanzando con palos y balas de goma y plomo, con el resultado de chicos y mayores heridos.

El martes 27, nuevamente se movilizaron a la municipalidad, recibiendo un trato hostil de parte de policías de la comisaría 1ª que rápidamente armaron un operativo e intentaron impedir la entrada de representantes para dialogar con funcionarios municipales. En esta ocasión, el comisario Vara amenazó a uno de los vecinos “A vos te voy a hacer mierda”. Cuando, junto con una compañera de CORREPI, intentaron hacer la denuncia por amenazas ante la fiscalía descentralizada de Escobar, la policía intentó negarles la entrada al edificio público, y luego, se les negó tomarles la denuncia en dicha fiscalía.

Las protestas continúan, pues los vecinos de Villa Alegre están en pie de lucha para recuperar lo que a fuerza de trabajo y sacrificio consiguieron para sus familias, y no para que un montón de burócratas se lo arrebate y destruya en minutos con esa satisfacción de clase que les genera ver al pueblo trabajador oprimido, desesperado y suplicante.

Los docentes de las escuelas a las que acuden los niños diariamente fueron los primeros en solidarizarse, contactando a las organizaciones populares que acompañamos y nos comprometemos con la lucha de quienes a diario sufren la violencia del despojo, ejercida a través de los representantes y defensores del poder político y económico. Jueces, fiscales e intendentes, burócratas que, muy cómodos en sus lujosos despachos, deciden sobre la vida y el futuro de las familias trabajadoras, con todo el aparato represivo estatal a disposición para oprimir y disciplinar.

CORREPI denuncia y repudia públicamente la violencia, la represión y las amenazas a las que los vecinos de Villa Alegre fueron sometidos. Exigimos a los responsables del aparato estatal una urgente respuesta a la situación de calle que están padeciendo estas familias, así como su reivindicación por los daños físicos, psicológicos y materiales sufridos.