CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Murió el secretario de DDHH del gobierno kirchnerista.

Esta semana falleció el secretario de DDHH del gobierno kirchnerista, Eduardo Luis Duhalde. Las notas póstumas recordaron su actividad en la defensa de presos políticos durante las dictaduras militares de los ’60 y ‘70, junto a Rodolfo Ortega Peña y otros, primero desde el equipo legal de la CGT de los Argentinos, y luego en la Asociación Gremial de Abogados. No faltó la mención a su valiente intervención, junto a casi una veintena de abogados en Rawson y Trelew, en agosto de 1972. Duhalde intervino luego, personalmente, en las gestiones ante el gobierno de Salvador Allende para lograr que Santucho y los demás fugados pudieran ponerse a salvo en Cuba.

Semejante pasado, plagado de actos de solidaridad y de liso y llano heroísmo, hubiera justificado todos y cada uno de los obituarios y homenajes que se sucedieron esta semana, si no fuera porque, en el tramo final de su vida, Eduardo Luis Duhalde tiró por la borda esa honrosa historia y se ubicó en la vereda opuesta a la que ocupó en aquellos años.

Un pasado de lucha y compromiso no otorga impunidad para, más adelante en la vida, justificar cualquier cosa, incluso la quebradura y el abandono de los principios y las convicciones. Cuando Eduardo Luis Duhalde se sumó al proyecto kirchnerista, como operador principal de la tesis propagandística sintetizada en la definición de “gobierno de los DDHH”, aquel valiente abogado que pasaba los habeas corpus en favor de los compañeros presos en la Base Almirante Zar debajo de la puerta de la pieza de hotel del juez del Camarón Jorge Quiroga, se transmutó en el gran legitimador del gobierno que más y mejor (con más consenso) ha sabido reprimir desde 1983.

El respeto por el compromiso que llevó a la desaparición y muerte de Martins, Ortega Peña y otros destacados compañeros, que son nuestro ejemplo, no impide que evaluemos el rol que Eduardo Luis Duhalde (al que hace rato dejamos de llamar “el Bueno”), cumplió bajo la gestión kirchnerista, contribuyendo decisivamente a silenciar su carácter represor.

Hay muchos ejemplos concretos de lo que señalamos, como su intento de diluir la responsabilidad del gobierno nacional en el sistemático incumplimiento de la condena al estado argentino en la causa Bulacio, donde pretendió, a las órdenes de su entonces superior, el ministro Aníbal Fernández, convertirse en querellante, a la par de la familia de Walter y nuestros militantes. O sus denodados –y muchas veces exitosos- esfuerzos por cooptar familiares de víctimas de la represión policial, contratándoles abogados (como en el caso de Lucas Ibarrola) o concediendo subsidios, cargos y otros beneficios a quienes, desorientados o simplemente oportunistas, aceptaron trocar “protesta por propuesta”, como si pudieran señalar con claridad a los asesinos de sus hijos cobrando de la misma ventanilla.

Como Hebe Pastor de Bonafini, devenida de símbolo de la lucha independiente y principista en fogosa propagandista de los Kirchner (algo incómoda ahora, después del escándalo de su empresa constructora), Eduardo Luis Duhalde voluntariamente abandonó aquel pasado que lo hacía digno de un sentido recuerdo de los trabajadores y el pueblo a la hora de su muerte. Por propia decisión, la lápida sobre su tumba ya no puede decir “murió un defensor de los derechos humanos”. Indigno de su propio pasado, no murió un compañero. Sólo murió un funcionario del gobierno que tiene 5.000 compañeros sometidos a causas penales por luchar, que tiene presos políticos y desaparecidos y que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura.

Las cárceles y la lógica del sistema.

Como ocurre con la policía bonaerense, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) suele ser blanco de acusaciones de “autogobierno” y denuncias, por parte de funcionarios y organismos como el CELS, el Comité contra la Tortura, la Comisión por la Memoria y otros organismos que responden directamente al gobierno nacional, cuya función es limpiar la imagen del sistema en general, desviando el eje de la cuestión, como si el resto de las fuerzas policiales y el SPF (Servicio Penitenciario Federal) fueran diferentes.

El jueves 29 de abril, el kirchnerista Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, abogados del CELS, integrantes de la Comisión por la Memoria, el Comité contra la Tortura, legisladores de La Cámpora y la Defensoría del Pueblo de San Martín, realizaron una visita al penal de la misma jurisdicción. Al término de esa visita, Canal 7 realizó una entrevista a Mariotto y Verbitsky, donde puntualizaron las condiciones infrahumanas que padecen los presos y sus familias. Allí cargaron las tintas contra Daniel Scioli (gobernador de la provincia) y Ricardo Casal (ministro de Seguridad bonaerense), afirmando que “el Estado está ausente, no se cumple con la Constitución y se violan varios derechos humanos, situaciones que generan violencia al momento en que los presos quedan en libertad y propicia su reincidencia”.

Esta es una clara utilización de los presos y sus familias para hacer política, teniendo en cuenta que éste es otro capítulo en la novela de la interna dentro del kirchnerismo. Si hay una institución donde no solamente el Estado no está ausente, sino que, por el contrario, se muestra sin disfraces, es en las cárceles.

Se reiteran las denuncias sobre los penitenciarios, que proveen de armas a los internos para que se maten entre ellos, juntan grupos enfrentados o directamente los mismos penitenciarios asesinan por medio de la tortura, como en el caso de Patricio Barrios Cisneros (ver Boletín Nº 649).

Pero esto no es distinto en el resto de los penales que exceden el alcance de Scioli y Casal y que son responsabilidad directa del gobierno nacional. Claro ejemplo de eso es lo ocurrido en la UP Nº 1 de Corrientes, donde hubo más de 100 heridos con fracturas y cortes, por los golpes propinados por los penitenciarios (ver Boletín Nº 643). No es una cuestión de autogobierno o falta de control, es la función que cumple la institución en la sociedad, igual que la policía.

Y la función es el control social. Las cárceles son depósitos donde se barre bajo la alfombra lo que el mismo sistema genera, donde se pretenden tapar los resultados de las políticas que hambrean al pueblo y lo empujan a la violencia, la drogadicción y la miseria. Los mismos presos son la carne de cañón en los negocios de los guardias penitenciarios y los funcionarios, como es el caso de la megacausa por narcotráfico en Misiones, donde están involucrados miembros del SPF (ver Boletín Nº 647).

El mayor ejemplo de esto es el hecho de que la inmensa mayoría de la población carcelaria es pobre, gran parte en espera de juicio. Por el contrario, si es un policía el acusado, en el caso de estar preso es solamente a fuerza de la movilización popular. En la mayoría de los casos, los policías esperan sus juicios tranquilos en sus casas (como es la situación actual de Maximiliano Ledezma, policía asesino de Walter Robles y Leandro Pérez, quien fue recientemente beneficiado con el arresto domiciliario) o se dan a la fuga. Esto es sistemático, cuando la justicia no puede absolverlos directamente, como sí fue el caso de los policías que asesinaron a Julián Antillanca, o los penitenciarios que violaron y prendieron fuego a Luis Gorosito, todos ellos recientemente absueltos.

Nosotros sostenemos que no hay reforma que modifique la situación de los presos y que, al contrario de lo que postulan Mariotto, Verbitsky y el resto de los esbirros al servicio del poder, el Estado se manifiesta con toda claridad en una institución que, por la función que cumple en la sociedad, es imposible de modificar.

Ramón Arapí: ¡Presente!

Durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la movilización popular se alzó contra las medidas económicas que hambreaban al pueblo, y como reacción al estado de sitio ordenado por el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, que encabezaba Fernando De la Rúa, y que integraban radicales, peronistas y socialistas, la brutal represión dejó como saldo cientos de heridos y 39 asesinados por las balas policiales en todo el país.

Al día de hoy, diez años pasaron, y la mayoría de los autores materiales y políticos de aquellos terribles hechos siguen impunes. Luego de diez años de incansable lucha haciendo frente a todos los obstáculos impuestos por la “justicia” argentina, la única causa en la que se logra llevar a juicio a algunos de los responsables políticos de estos hechos, es la que, si nada más se interpone, comenzará a mediados de este año y que tiene como imputados al ex secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov; al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y a los comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero y, en la que se ha sobreseído al mayor responsable de la represión, el ex presidente y hábil escapista, Fernando De la Rúa. Otros de los responsables políticos, en cambio, andan caminando por ahí con el apoyo del actual gobierno, como, por ejemplo, el entonces subcomisario Ernesto Weber, quien comandó el grupo de combate que reprimió en la Plaza de Mayo, cobrándose la vida de Carlos “Petete” Almirón, Gastón Riva y Diego Lamagna, y que fue ascendido a comisario por Aníbal Fernández durante el gobierno kirchnerista, hoy retirado con todos los lujos.

Las condenas judiciales que se van obteniendo son, sin duda, fruto de la lucha popular. Así sucedió en la provincia de Corrientes esta semana. Tras largos años de lucha de la familia junto con la Red de Derechos Humanos de Corrientes, que coordina con CORREPI, se ha logrado condenar, tardíamente, a 20 años de prisión al policía asesino de Ramón Arapí.

En muchas provincias del país, la estrategia represiva durante las jornadas del 19 y 20, fue la de una cacería policial en los barrios para evitar que el pueblo se movilizara a los centros de cada ciudad. En Corrientes, el operativo policial que aterrorizó los barrios fue dirigido por el subsecretario de Seguridad Manuel Aguirre, el jefe de la policía Fleitas y el ex ministro de Justicia y Gobierno Pedro Cassani, todos funcionarios del actual Gobierno Provincial.

Ramón Arapí, de 22 años, estaba con amigos tomando tereré en el Barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F-100 bordó sin leyendas identificatorias y sin patente, con cinco hombres, cuatro con el uniforme de combate azul-celeste de la policía de Corrientes. Arapí trató de esconderse, pero dos de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió por la espalda. En esa fecha fue asesinado también el correntino Juan Alberto Torres, con una bala policial en el abdomen.

Por el crimen de Ramón, fue condenado a veinte años de prisión el policía Juan Ramón Vallejos, autor material del hecho. El subcomisario René Pirzi y los suboficiales Esteban Fabián Blanco, Estanislao Leiva y Alberto Alfonso, acusados de encubrimiento agravado, fueron penados con cinco años de prisión; y el suboficial Juan Carlos Díaz fue condenado a dos años de prisión en suspenso por haber adulterado el libro de guardias.

El camino no ha sido fácil, como dijo Hilda Presman, de la Red de Derechos Humanos. La familia, señaló la compañera, “luchó con fortaleza y coraje contra el encubrimiento policial y contra las complicidades de todo tipo” y nunca transó con el poder político ni aceptó acuerdo alguno, ya que, como siempre decimos, la sangre de nuestros caídos no se vende.

La lucha continúa en las calles, porque la represión contra el pueblo se hace sentir día a día. No nos olvidamos, y no nos reconciliamos.

El kirchnerismo trabaja para el imperialismo.

A fines de marzo, el ex jefe de gabinete de Eduardo Duhalde, y actual gobernador ultrakirchnerista, Jorge Capitanich, inauguró un “centro de asistencia y ayuda humanitaria” en Resistencia, provincia de Chaco.

La reacción de las organizaciones populares fue instantánea, al denunciar que ese centro es una base de operaciones del Comando Sur de EEUU. Ante esta denuncia acerca de la penetración del imperialismo norteamericano en nuestro país, el gobernador tuvo que salir a inventar algo, y no se le ocurrió mayor mentira que desvincular a las fuerzas armadas norteamericanas de la instalación del centro. No tuvo mejor idea que justificarse diciendo que había sido una donación de la embajada de los Estados Unidos. Una cosa no quita la otra.

En agosto de 2008, la embajada yanqui, entonces a cargo de Earl Anthony Wayne, informaba que en la mañana del 13 de agosto, Capitanich y Wayne habían encabezado “… la ceremonia de cierre del programa de ayuda humanitaria y alivio de desastres. Chaco fue seleccionada por el gobierno argentino para trabajar en conjunto con la embajada en la implementación del programa de asistencia civil humanitaria que involucra al personal de defensa civil provincial y seis municipalidades locales: San Martín, Sauzalito, Villa Angela, Puerto Tirol, Barranqueras y Tres Isletas. Este programa civil fue fundado por el Comando Sur de EE.UU. y coordinado por Orlando Tejada de El Salvador, un experto con amplia experiencia en la organización y planificación de defensa civil para desastres naturales en América Latina”. (http://argentina.usembassy.gov/chaco_event.html).

El 4 de noviembre de 2011, la página de la gobernación chaqueña informaba que el centro de emergencias “es financiado por el Comando Sur de los Estados Unidos y que tanto la mano de obra que lo construyó como los muebles y los equipos son chaqueños.”. (http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=19879).

La intervención del imperialismo norteamericano en una provincia es imposible sin la previa anuencia del gobierno nacional argentino. De hecho, es una ley nacional, la 25.880, dictada en 2004, la que permite que se autorice el ingreso de personal militar extranjero con inmunidad de jurisdicción. Fue así que Orlando Tejada, del Comando Sur, ya en 2008 estaba dirigiendo la “capacitación” de funcionarios locales. La misma gobernación señalaba que su participación en las reuniones: “forma parte del convenio suscripto con la Embajada de los Estados Unidos, con el Comando Sur del Ejército de ese país, a través del cual esta institución norteamericana brinda asistencia técnica para el armado de los programas y sistemas necesarios institucionales para la asistencia en la emergencia ambiental, acciones que se enmarcan en el HAP.” (http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=418).

El programa de asistencia humanitaria y alivio de desastres es uno de los principales arietes del imperialismo yanqui para penetrar en Latinoamérica. Dentro de este programa mayor, se pueden mencionar los ejercicios de entrenamiento para preparación de médicos (brigadas militares médicas, MEDRETEs) o el programa de Acción Cívica Médica (MEDCAP). En 2011 los Estados Unidos realizaron 88 MEDRETEs y MEDCAP, en 19 países de Latinoamérica, en los que se atendieron a 225.000 personas.
(http://www.southcom.mil/ourmissions/Pages/Humanitarian%20Assistance.aspx).

El programa MEDRETE está dirigido a mejorar la imagen de EEUU en el mundo. En palabras de uno de los militares yanquis, “En muchos casos es la primera interacción de un individuo con nosotros, y cuando el primer contacto es bueno, siempre tendrán una imagen positiva de nosotros”. Otros programas menores, de asistencia humanitaria son el “Beyond the Horizon” y el “New Horizons”, por los cuales el ejército norteamericano colabora en la construcción de escuelas, clínicas, centros comunitarios, pozos de agua, etc.

Una de las intervenciones militares más famosas, ocultada bajo el eufemismo del “alivio de desastres”, es el que lleva adelante el imperialismo en Haití con la cooperación ininterrumpida del Estado argentino desde 2004 (Minustah).

Los objetivos de esta política fueron explicitados en un documento del Departamento de Defensa, “Estrategia de Defensa Nacional”, de 2008: “Este conflicto es una campaña irregular prolongada, una violenta lucha por la legitimidad y la influencia sobre la población. El uso de la fuerza juega un papel, sin embargo, los esfuerzos militares para capturar y matar a los terroristas pueden estar subordinados a las medidas para promover la participación local en el gobierno y los programas económicos para estimular el desarrollo, así como los esfuerzos para entender y atender las quejas que a menudo se encuentran en el corazón de la insurgencia. Por estas razones, posiblemente el componente militar más importantes de la lucha contra los extremistas violentos no es tanto nuestra propia intervención, sino lo bien que ayudamos a nuestros socios a defenderse y gobernarse a sí mismos. Trabajar con y por medio de los agentes locales cuando sea posible para hacer frente a los retos de seguridad común es el enfoque mejor y más sostenible para luchar contra el extremismo violento. A menudo, nuestros socios están en mejor posición para manejar un determinado problema porque entienden la geografía local, las estructuras sociales y la cultura local mejor que lo que nosotros jamás podríamos. Es la colaboración entre las agencias de nuestros socios internacionales lo que ayudará a los Estados vulnerables y las poblaciones locales en su intento de mejorar las condiciones para erradicar el extremismo y desmantelar las estructuras que apoyan y permiten que los grupos extremistas crezcan”. (http://www.defense.gov/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf)

En resumen, los programas de asistencia humanitaria del Comando Sur tienen por finalidad generar consenso para que el imperialismo penetre en América Latina y desarrolle actividades de contrainsurgencia, que impidan el crecimiento de la organización popular independiente, contra el ataque a las condiciones de vida de las masas que llevan adelante sus socios menores, las burguesías autóctonas y sus gobiernos, en este caso, el kirchnerismo “nacional y popular”.

Después de la tormenta: Represión.

La terrible tormenta de la semana pasada no fue vivida de igual manera por todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. También en este aspecto se hizo notar la diferencia de clase de la que siempre hablamos.

En los barrios más pudientes, donde alcanza -y sobra- el dinero, y donde las construcciones, nada precarias, no sufrieron casi daños, la luz volvió rápidamente, el agua ya no falta, y el Estado se hizo presente rápidamente limpiando las calles, levantando árboles, y dejando todo en óptimas condiciones para que la vida continúe.

Otra fue la historia en los barrios humildes, donde las calles de tierra son parte cotidiana del paisaje, y donde el techo de chapa se logra con un esfuerzo importante. Allí donde las construcciones son precarias porque no queda otra, la tormenta hizo lo suyo, volando techos, derrumbando innumerables postes de luz y árboles, cobrándose la vida de 17 personas –por lo menos-, dejando sin electricidad a mas de 300.000 usuarios, y por ende sin agua a gran parte de la población.

En los barrios del conurbano como Moreno, Merlo, Ituzaingó, Florencio Varela, donde la única forma de resolver los destrozos es mediante la ayuda y presencia del Estado, las respuestas no aparecen, y los vecinos hacen notar su bronca, la organizan y salen a exigir lo que les corresponde.

En Merlo, los vecinos salieron a exigir respuestas marchando hacia el municipio, ahí el Estado, al mando del intendente Raúl Othacehé, se hizo presente, pero a través de la represión, deteniendo a manifestantes y mandando a su patota y a la Guardia de Infantería de la Bonaerense para amedrentar a los vecinos.

No es casualidad. Se repite en los barrios más afectados: una gran presencia del Estado a través de sus fuerzas represivas, para persuadir a los vecinos, para evitar que se organicen, para mantener todo controlado, y, si no lo logran, para meter balas, gases y palos a los que se atreven a levantar la cabeza.

Esa es la única respuesta que el Estado decide dar a los que se organizan y luchan.

Breves.

* Se cumplieron dos años del asesinato de la compañera Silvia Suppo, testigo de la causa contra el ex juez Brusa y otros represores de la dictadura. Hubo una gran movilización en Rafaela, liderada por el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que integra, junto a otras organizaciones, el Centro Cultural Estación Esperanza, nuestros compañeros en el Encuentro Nacional Antirrepresivo.

* En la causa contra los 49 militantes del FOC detenidos en la represión a la marcha docente en Plaza de Mayo el 24 de junio de 2011 y acusados por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, la defensa, a cargo de CORREPI, logró el sobreseimiento de todos los compañeros.

* Apoyado exclusivamente en los informes de inteligencia y testimonios de policías y gendarmes, el juez federal de Tres de Febrero rechazó los planteos de la defensa, a cargo de CORREPI, en la causa por dos cortes de la Panamericana contra el compañero Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, y decretó la elevación a juicio oral.

Próximas actividades:

* Viernes 13 de abril, 18:30, panel sobre criminalización de la protesta en la Facultad de Filosofía y Letras, con la participación de Eduardo Soares (Gremial de Abogados), Martín Alderete (CADEP) y María del Carmen Verdú (CORREPI).

* Viernes 13 de abril, 18:00, charla con CORREPI en la Biblioteca Popular 20 de Diciembre de Escobar, en repudio a los ataques de bandas fascistas que vienen sufriendo los compañeros.

* Viernes 20 de abril, desde las 22:00, a 21 años del asesinato de Walter Bulacio, video y música en vivo en nuestro local, Carlos Calvo y Alberti.

* Sábado 21 de abril, movilización y radio abierta en Benavídez, en repudio al asesinato de Marcelo Sepúlveda.

* El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire cuando lo decida el gobierno de la Ciudad, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
* El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
* Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.