CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El ejército “humanitario” de Cristina y Bonafini.

“Después de la tormenta, represión”, titulamos en el último Boletín. Nos referíamos a la respuesta represiva que padecieron los vecinos de las zonas más pobres y más afectadas por el temporal que dejó incontables muertos (no sólo los casi 20 reconocidos oficialmente, según se habla por lo bajo en los barrios) y miles de familias de trabajadores sin techo, o directamente sin casas, y muchos más sin luz y sin agua hasta ahora.

A la represión directa de la policía y la gendarmería sobre los vecinos que salieron a cortar calles, a hacer piquetes y se movilizaron para denunciar el abandono absoluto en que se encuentran, se sumaron esta semana las fuerzas armadas, enviadas por la presidenta Cristina Fernández a realizar “tareas humanitarias”, como repartir bidones de agua. Tareas “humanitarias” como las que, desde 2003, sostiene el actual gobierno en Haití, donde ya son tan frecuentes las denuncias por asesinatos, torturas y violaciones cometidas por las tropas de ocupación que ni siquiera trascienden en los medios.

Siguiendo el ejemplo del amo imperial, que hace rato dejó de lado las invasiones desembozadas para reemplazarlas por “acciones humanitarias” como los Operativos MEDRETE y otros similares (ver Boletín nº 652), el ejército argentino se desplegó en las barriadas, imponiendo por mera presencia el necesario control social para dificultar, cuando menos, que la bronca acumulada estalle –y, menos aún, que se organice. La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, ratificó su rol de propagandista del gobierno y legitimadora de la represión, cuando, en declaraciones a la agencia oficial Telam, calificó de “medida sensacional de la Presidenta” el despliegue de las FFAA en los barrios.

Seguramente impulsada por la necesidad de remontar las posiciones perdidas a raíz de escándalo por el negociado de Sueños Compartidos con Schoklender SA, agregó que “hoy el Ejército está con los más necesitados”; destacó “los cambios” generados por la hoy ministra de Seguridad Nilda Garré; ponderó los “nuevos planes de estudio”, pidió a los vecinos que “reciban bien a los uniformados” y remató remedando patéticamente al Che: “En el Ejército hay hombres nuevos, que están haciendo lo que soñaron nuestros patriotas”.

Entre las “medidas sensacionales” de la presidenta y el apoyo logístico de una de sus principales propagandistas, queda el pueblo trabajador, forzado a tolerar otro color más de uniforme, como si ya fuera poco con las diversas policías, la gendarmería y la prefectura, patrullando sus calles y disciplinando sus vidas.

Justicia para Mauricio Vega, 23 y 25 de abril.

La noche del 28 de febrero (madrugada del 1 de marzo) de 2009, después de haber recorrido los corsos de varios barrios de la ciudad porteña, bailando con la murga Los Incansables de Chacarita, Mauricio Vega (32) fue asesinado por el policía Alberto Segovia, de la comisaría 33ª de la PFA. Terminados los desfiles del carnaval, la murga tenia la costumbre juntarse a comer una pizza y hacer un cierre familiar juntos, de niños a abuelos. Cerca de las 3:10, Mauro fue a comprar gaseosas y cervezas en la moto de uno de sus amigos, acompañado por un chico de la murga de 15 años.

Cuando paró, cerca de la esquina de Moldes y Zabala, dos policías que pasaban en su patrullero decidieron que eran “dos personas sospechosas”. Uno de los policías redujo al chico y lo tiró contra el piso. Mauro salió corriendo, y, a las dos cuadras, se topó con la vía del tren. Mientras trataba de saltar un portón de reja cerrado, de espaldas a Segovia, recibió el tiro en la nuca, a quemarropa. Lejos de inmutarse, el policía intentó simular un enfrentamiento y le dijo a su compañero: “Me mandé una cagada: me parece que lo maté. ¡Vámonos!”.

A pesar de estar ostensiblemente probado que se trató de un fusilamiento, no sólo porque las pericias determinaron que fue un disparo con el arma apoyada en el cuero cabelludo, sino porque, además, el policía admitió en su indagatoria que Mauro le daba la espalda al momento que lo remató, y que “tenía los dos brazos pasados del otro lado del portón que intentó saltar”, el juez de instrucción Eduardo Daffis Niklison decidió que el policía “no tenía otra opción” que meterle un tiro a Mauricio, y lo sobreseyó. Desde CORREPI apelamos el fallo, nos movilizamos y logramos que la causa se reabriera.

En noviembre de 2010, teníamos fecha para la iniciación del juicio. Pero el TOC 21 (el mismo que juzgará la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra) lo suspendió, porque la defensa del policía propuso que se perdonara al policía a cambio de una promesa de buena conducta, otorgándole una “probation”. Así, con unas pocas tareas comunitarias, pretendían evitar el juicio. No es menor que la defensa fue asumida institucionalmente por el Departamento de Asuntos Penales del ministerio de Justicia y Seguridad (hoy, sólo Seguridad).

Frente a este intento de ganar impunidad, desde CORREPI volvimos a movilizar, y logramos que el TOC rechazara la probation. Aun así, la defensa (entre los que estaba el Dr. Federico Luis Hierro, defensor del comisario Espósito, del asesino de Kunky Méndez y tantos otros, y varios de los que un año más tarde defenderían a los policías en la causa Ferreyra) recurrió a la cámara de Casación y, ante el nuevo fracaso, a la Corte Suprema.

Con ese recorrido procesal, se perdió todo 2011. Hoy, gracias a la lucha sostenida de los compañeros, logramos llegar al juicio oral, que se hará los días 23 y 25 de abril, en Lavalle y Libertad, a partir de las 10:00. Una vez más, la familia de Mauricio, los amigos del barrio y de la murga, y los militantes de CORREPI, nos movilizaremos frente al edificio judicial, para decir ¡basta de impunidad garantizada, basta de matar a nuestros pibes y cuidar a sus asesinos! ¡Basta de gatillo fácil! ¡JUSTICIA PARA MAURICIO Y PARA TODOS LOS PIBES ASESINADOS!

Represión a los que luchan, impunidad para los perros guardianes.

Amenazas, persecuciones con el código penal en mano y represión directa son los métodos del gobierno para tratar de disciplinar a los trabajadores que se organizan en forma independiente, por fuera de su burocracia sindical.

El martes 10 de abril, dos docentes catamarqueños, agremiados en ADUCa (Docentes Unidos de Catamarca) fueron blanco de atentados mafiosos en sus casas: a Pablo Pinela, Secretario Adjunto, le quemaron la entrada de la casa con bombas molotov y una rueda de auto que tení­a un guardapolvo blanco adentro, rociados con combustible; al mismo tiempo a Olga Ponce de León, Secretaria General, le pintaron un mensaje mafioso en la casa: “Con la democracia no se jode. Son boleta”.

Los docentes denunciaron las amenazas y agresiones de militantes de La Cámpora, que los acusan de “destituyentes” porque llamaron a un paro para el dí­a 11 que no obtuvo respuesta alguna de las autoridades.

El mismo martes, en el norte de Buenos Aires, los trabajadores de la línea 60 iniciaron un paro que duró cinco días para reclamar a la empresa MONSA la reincorporación de cuatro compañeros despedidos y la solución de problemas en el servicio que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y afectan tanto a los choferes como a los usuarios.

La respuesta del gobierno fue el envío de gendarmerí­a, que rodeó a los trabajadores y los amenazó con soltarles los perros. Los trabajadores, acompañados por delegados de otras fábricas cercanas y organizaciones políticas, resistieron dentro de las instalaciones de la empresa a la espera de una instancia de diálogo.

El informe sobre la criminalización de la protesta, realizado entre varias organizaciones, entre ellas CORREPI, y que se sigue actualizando, muestra, entre otras cosas, que la inmensa mayorí­a de las causas judiciales más recientes son contra delegados de base e integrantes de comisiones internas antiburocráticas.

Como contracara, esta semana se conoció el sobreseimiento de los policías que asesinaron a Roberto y Mario López, integrantes de la comunidad Qom, La Primavera. El juez Santo Gabriel Garzón consideró que uno de los policías, Gustavo Coronel, no había participado en el hecho y el otro, Orlando Paredes, habí­a actuado en “legí­tima defensa”. Defensa de los intereses de quienes querían desalojar a la comunidad Qom de sus tierras ancestrales.

Así es la lógica del sistema: para los que se organizan y salen a reclamar por sus derechos, represión. Para sus perros guardianes, impunidad.

Policías “especiales” para barrios “vulnerables”.

Quien quiera saber qué cosa es un “barrio vulnerable”, puede darse una vuelta por la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal en Chacarita. Ahí se entrenan 210 policías especiales en un escenario que despliega todos los estigmas sociales.

“Tal como si fuera un asentamiento, los aspirantes simulan situaciones de conflicto en los cuales los instructores, personificando a agresores y víctimas, les enseñan a intervenir en situaciones de riesgo”, relataron las páginas de Tiempo Argentino. Resulta que este “espacio de forma laberíntica en el que abundan los pasillos angostos y obstáculos en el suelo”, simula ser uno de los barrios vulnerables donde actuará un nuevo grupo especial de la Policía de Prevención Vecinal de la PFA.

La verdadera confesión del comisario Leonardo Palmieri, jefe del primer grupo que entrará en acción, quien señaló que “el 70% de los problemas en estos lugares tiene que ver con la violencia doméstica y disyuntivas entre vecinos”, pone en evidencia que la función preventiva de la represión sigue siendo política corriente de las diferentes fuerzas estatales y que cualquier excusa viene bien a la hora de militarizar los barrios.

Según lo explicó Garre (http://youtu.be/FR9sZhLZUPU), se trata de la “Prevención del delito y la disuasión, el relacionamiento con la comunidad más profundo que lo que sería expresamente la conjuración del delito o la represión del delito, es decir las instancias previas”. Para ello, “el estado los dota de técnicas específicas de reducción del sospechoso, los forma en el aprendizaje de la comunicación no verbal y los propone como mediadores de conflictos”.

Para prevenir que la bronca se organice, para imponer el control social en nombre de la “intervención vecinal”, se proponen la naturalización de la presencia de más uniformados en los barrios más pobres.

Otra confesión de parte: “…esta mirada no está tan vinculada al delincuente concreto ubicado, sino a una prevención y a una disuasión del delito”. Así se desnuda la concepción legitimada por las relaciones de poder de considerar que el enemigo es el habitante de ese eufemismo para la pobreza: los barrios vulnerables.

Juicio a la tortura en Rauch.

Seis policías de la localidad de Rauch, Pcia. de Buenos Aires, serán llevados a juicio por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y omisión de denunciar, el próximo 7 de Mayo.

Dos años antes, los policías Cristian Orlando Peralta, Hugo Daniel Mansilla, Gustavo Walter Caputo, Diego Hernán Muñoz, Oscar Damián Calvo y Liliana Soledad Ravenna, detuvieron a dos jóvenes acusándolos del robo de unas gomas.

A pesar de que el dueño de las cubiertas declaró que estos chicos no habían sido quienes las robaron, los policías los trasladaron a la comisaría, donde los golpearon y picanearon.

Tan evidente resultó el hecho, que cuando los muchachos denunciaron lo ocurrido, el fiscal ordenó el allanamiento de la comisaría, en el que pudieron secuestrar una picana eléctrica y otros elementos de tortura descriptos por las víctimas.

El allanamiento provocó la indignación de quien fuera intendente por esos años, Jorge Ugarte y el secretario de Gobierno, Jorge Luis Ugarte (hijo), quienes negaron los hechos y reivindicaron la conducta policial.

Este caso, explicita la conducta policial que continúa aplicando la tortura como forma de hostigamiento y represión, y de los jueces, que cumplen su rol hablando de delitos menores, como los apremios, cuando la cantidad de pruebas no permite desestimar la denuncia.

En dictadura, la utilización de estos métodos, eran avalados por un régimen político que decía combatir a la subversión en una situación de guerra. En democracia, la aplicación de la tortura cuenta con misma la impunidad que garantizan desde el estado. En lugar de condenarlos por torturadores, se los convierte en simples “abusadores del poder” que se “exceden en el uso de la violencia”. Nada mejor para dejar a salvo al conjunto del aparato estatal.

Próximas actividades:

Jueves 19 de abril, 11:00, charla con militantes de CORREPI en la Escuela Media nº 2, Caseros y Directorio, Haedo.

Viernes 20 de abril, 19:00, charla con Ismael Jalil (CORREPI) sobre Leyes Antiterroristas en La Boca, Hernandarias 1739. Organizan Monte, PRIS y Agrup. Hombre Nuevo.

Viernes 20 de abril, desde las 22:00, a 21 años del asesinato de Walter Bulacio, video y música en vivo en nuestro local, Carlos Calvo y Alberti.

Sábado 21 de abril, 18:00, en El Churqui, calle Joly 2637, Moreno, charla “Ferrocarriles: Una tragedia anunciada”, con Juan Carlos Cena (MONAREFA), Alejandro Bercovich (economista) y María del Carmen Verdú (CORREPI).

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire cuando lo decida el gobierno de la Ciudad, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.