CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Sigue a la persecución a delegados por luchar.

El 31 de mayo comienza el juicio contra dos delegados de la Línea 60, Néstor Marcolín y Yuren Pérez Cardona.

Este juicio claramente forma parte de una persecución por su militancia sindical, pues los compañeros delegados van a juicio luego de la sostenida lucha que encabezaron los trabajadores contra la flexibilización de la empresa Monsa y luego de enfrentar fuertes amenazas por parte de patotas que actúan contra las asambleas protegiendo los intereses de esta empresa.

La misma situación enfrenta Néstor Piriz, delegado de la Línea C del subte agremiado en la AGTSyP, quien fue agredido por una patota en el marco de una asamblea y ahora la justicia lo lleva a juicio acusado de amenazas.

En ambos casos, los jueces se basan en los testimonios de un capataz y agentes de seguridad de las empresas para acusar a los trabajadores de las mismas agresiones que ellos sufrieron por parte de las patotas, agresiones de las que, además, estos “denunciantes” fueron partícipes o cómplices.

Estos casos son un claro ejemplo de cómo los compañeros delegados, además de enfrentar a las empresas que explotan a los trabajadores, deben enfrentar la acción concreta de patotas y del estado, que a manos del poder judicial, criminaliza a quienes luchan por condiciones laborales dignas.

Esta es la situación de decenas de trabajadores que luchan y son procesados, perseguidos y apresados por un estado que efectivamente pone todas sus herramientas al servicio de los intereses empresariales. Es el caso de delegados del frigorífico Rioplatense, Fate, Firestone, Kraft, Ferroviarios, Subte, Transporte de colectivos, Paty, etc.

Ante esta situación es sumamente necesario movilizarnos y hacernos presentes en la calle para denunciar esta persecución.

Esta semana continúa el juicio en Tribunales de Retiro contra Néstor Piriz, delegado del Subte. El 31 de mayo, comienza el juicio contra los delegados de la Línea 60, Marcolín y Cardona, en los tribunales de Tacuarí 138. Porque si tocan a uno, tocan a todos.

El imperialismo nos informa lo mal que está la situación con los DDHH.

Esta semana, el Departamento de Estado yanqui, a cargo de Hillary Clinton, presentó el informe anual de la situación de los DDHH en el mundo. En el apartado de Argentina señala tres puntos que cataloga como preocupantes: “Las acciones que podrían afectar la libertad de prensa”; “el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que a veces puede acabar con muertos” y “la continua violación de los derechos de los pueblos indígenas”.

En lo referido al aparato represor del estado en su conjunto, menciona “denuncias contra las fuerzas de seguridad por corrupción, pobres condiciones de prisión, maltratos a prisioneros”, “ocasionales arrestos arbitrarios” y “extensas detenciones previas a juicio”.

Para aclarar, cuando dice “uso excesivo de la fuerza, que a veces puede acabar con muertos” realmente se refiere a lo que denunciamos todos los días como represión preventiva, política de estado apuntada hacia los pobres para disciplinarlos e imponer la idea de que en la calle manda la policía, es decir: control social. Luego ahonda un poco más acerca de las condiciones de “vida” en las cárceles y muy cínicamente habla de “ocasionales arrestos arbitrarios” cuando no son ocasionales, al contrario, son sistemáticos y es una de las principales herramientas que tienen las distintas fuerzas represivas para ejecutar la tarea del disciplinamiento a los pobres.

Así y todo, el Departamento de Estado destacó la gestión de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. “Avanzó en el combate contra la corrupción en las fuerzas de seguridad, especialmente dentro de la Policía Federal”, sostiene. Es de todos modos esperable el elogio a una de las personas que más obedientemente siguió, en los últimos tiempos, los mandatos del imperialismo.

Es bueno recordar que las políticas de seguridad y derechos humanos en Argentina siguen a rajatabla los mandatos del Departamento de Estado yanqui. A fin del año pasado, el kirchnerismo realizó la octava reforma al código penal a través de “leyes antiterroristas” a pedido del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el FMI y demás organismos similares. Hemos hablado anteriormente del entrenamiento que reciben, por parte de EEUU, militares, policías y personal civil en materia de técnicas de interrogatorios (torturas), además del financiamiento por medio de becas (ver Boletín N° 595).

Se quejan de lo que ellos mismos promueven y financian. La instalación de la base de “ayuda humanitaria” en Resistencia, Chaco, es otra muestra de lo mismo (ver Boletín N° 652). Recordemos lo que padeció el pueblo de Haití con el “humanitarismo” yanqui, que contó con la colaboración de la obediente y eficaz Nilda Garré que les envió a los cascos azules para contribuir a las masacres de los genocidas ejércitos yanquis y haitianos (ver Boletines N° 585, 575 y 543) en el marco de la Minustah.

Nuevamente el Departamento de Estado yanqui nos somete al circo de la hipocresía, aparenta horror ante la situación internacional de los DDHH (¿y por casa como andamos?), al mismo tiempo que marca el camino que tienen que seguir los gobiernos obedientes. El estado argentino demostró ser un alumno destacado a la hora de ejecutar los planes para que el imperialismo profundice el saqueo de los recursos y la represión a los que se le opongan.

Las cárceles del sistema siguen asesinando.

Mientras en la provincia de Buenos Aires, Scioli, Casal y Mariotto, pretenden dirimir su interna política utilizando el tema del gatillo fácil y la muerte en las cárceles para conveniencia propia, los casos que se multiplican en el país muestran que no es una cuestión de jurisdicciones.

Esta semana que pasó, se conocieron diversos casos de muertes en cárceles, en diferentes provincias, lo que pone en evidencia que el asesinato en centros de detención es parte de una política que abarca a todo el país.

En San Lorenzo, Corrientes, Raúl Eduardo Cardozo (31) fue detenido y golpeado delante de su hija de 7 años. En la celda de la comisaría fue prendido fuego, hasta morir, para tapar las marcas de los golpes que los policías le habían propinado. En este hecho hay cinco policías implicados.

En General Pico, La Pampa, dos presos fueron “suicidados” convenientemente con sábanas y frazadas. Se trata de los presos Luis Wilson (29) que murió en la celda de la Comisaría 2ª de esa ciudad, y de Darío Ospital (34), quien murió en la celda de la Alcaidía de la Unidad Regional II. Este último estaba pronto a cumplir la condena y a recuperar su libertad.

En Mendoza, Leonardo Miranda (22), un interno del pabellón 16 del Penal de Boulogne Sur Mer, fue asesinado en un supuesto enfrentamiento con otros internos. El supuesto autor de la muerte de Miranda está imputado además por el homicidio de Carlos Soria, ocurrido en medio de una riña entre ocho internos en Almafuerte en noviembre pasado.

Es común en todas las cárceles y comisarías que los servicios penitenciarios entreguen a algunos internos, generalmente molestos para el servicio, para que sean asesinados por otros internos, en zonas que dejan liberadas dentro de los penales. Lo mismo ocurre con los incendios en cárceles y comisarías, que se utilizan para borrar los rastros de las torturas que se aplican sobre los detenidos.

La lógica del sistema, que reprime con el gatillo fácil en las calles, se reproduce, con otras formas, en los centros de detención de todo el país, sean provinciales o federales, a través de las torturas, los incendios, los supuestos suicidios, y los enfrentamientos provocados por los mismos servicios carcelarios.

Gatillo fácil con mala puntería.

Desde CORREPI decimos que el gatillo fácil forma parte de lo que denominamos la represión preventiva, aquella cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que, por lo tanto, se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, que son así disciplinados en el respeto al orden y la autoridad.

Este tipo de represión asesina a un pibe por día en todo el país, cuando los asesinos de uniforme tienen puntería.

Por suerte, a veces fallan. Es lo que ocurrió en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, donde cuatro policías que, según sus dichos, estaban buscando a unos delincuentes, desencadenaron una balacera contra unos estudiantes que se encontraban comprando una gaseosa en un kiosco. El saldo fueron más de 30 disparos, que pegaron en diferentes lugares. A uno de los chicos que estaban en el lugar alcanzaron a herirlo en una pierna. Un automóvil, donde se cubrieron otros chicos, quedó hecho un colador de la cantidad de balazos que recibió. Como no había muerto nadie, los policías amenazaron a los pibes para que se fueran sin decir nada.

En La Falda, provincia de Córdoba, la policía intentó terminar con una pelea afuera de un local bailable a los balazos. Tan cerca de las personas detonaron sus armas, tan al cuerpo dirigieron sus disparos, que una chica de 16 años recibió una posta de goma en su ojo y lo perdió. Tuvo suerte de que el policía no le disparara más de cerca, sino probablemente la hubiera asesinado.

Dos casos en los que, por suerte, no murió nadie. Si hubiera habido alguna víctima fatal, enseguida las fuerzas represivas habrían intentado plantar una escena de enfrentamiento, y los medios habrían publicado la noticia haciendo referencia a delincuentes abatidos.

De todos modos, aún con mala puntería, la finalidad de la represión preventiva se cumple: afectar la subjetividad de las masas, para que agachen la cabeza ante la autoridad y no se planteen la necesidad de enfrentar al aparato represivo, para cambiar el injusto sistema que nos mata un pibe por día.

Al este y al oeste llueven, lloverán… las balas y las leyes de la represión estatal.

No es noticia, frente a la barbarie del capitalismo, la respuesta de quienes, por su condición de oprimidos, se rebelan no sólo para frenar el avance de la miseria sobre sus vidas.

Así pasó en Montreal, segunda ciudad de Canadá, esta semana, cuando la Ley y la Bala asistieron a la revuelta generalizada que protagonizan trabajadores, estudiantes y desocupados. Lo que empezó como una medida de protesta con reivindicaciones concretas que evidencian la privatización de la educación por medio de fuertes cuotas en la matrícula, fue haciéndose eco también de la desocupación y los ajustes en la inversión de la economía social del estado canadiense. La multitudinaria marcha que convocó a miles de jóvenes en su mayoría, dejó un saldo de 120 detenidos, producto del avance de la policía con camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta. Los manifestantes no se quedaron atrás y mostraron la organización y solidaridad de los de abajo a más de 100 días de la primera gran huelga que continuó hasta la fecha con una seguidilla de manifestaciones.

A esta última se le ha sumado como consigna convocante el rechazo absoluto a las dos leyes vigentes desde el 18 de mayo, que buscan criminalizar la protesta social. Una de ellas, municipal, multará a quienes asistan con máscaras para proteger su identidad con una pena de entre 1.000 a 5.000 dólares canadienses. La otra, una Ley Especial del gobierno provincial, exige que todas las manifestaciones de disidencia popular se sometan al control fastidioso del estado. Cualquier manifestación, en cualquier parte de Quebec, debe presentar una hora de inicio y un itinerario completo a la policía local, por lo menos, 8 horas antes, o se la considerará ilegal. Además la policía se reserva el derecho de cambiar el itinerario en cualquier momento, no pudiéndose realizar manifestaciones en espacios de las instituciones académicas. Cualquier representante o cualquier miembro que bloquee el acceso a las clases, o aconseje a otros a hacerlo, estará sujeto a una multa que puede variar desde los 7.000 a 35.000 dólares. Si una asociación estudiantil entera es considerada culpable de lo antes mencionado, se les aplicará una multa de entre 25.000 y 125.000 dólares. Es también ilegal animar a cualquiera a participar en una manifestación y es, potencialmente, ilegal informar a través de internet.

Más cerquita, en Chile, la última movilización contra el gobierno antipopular de Piñera convocó a unas 100.000 personas, reprimidas con toda la violencia característica de los carabineros, quienes detuvieron a 70 manifestantes e hirieron varios de gravedad.

Mientras, en Siria, el régimen de Bashar Al Assad volvió a bombardear en Hula a 110 personas con las armas que Rusia le provee. En Colombia y Venezuela, sus estados se ocupan de controlar las fronteras desplegando una cualitativa militarización con la excusa de “hacer frente al avance guerrillero”.

Y así, se replican y multiplican las ofensivas del pueblo contra sus opresores, los ricos y poderosos, al este y al oeste, al norte y al sur, como las balas y las leyes de todos los estados. La represión está ahí, lista para desatarse con toda su furia cada vez que el control se les escapa de las manos.

Próximas actividades.

Jueves 31 de mayo, 9:00, todos a Tacuarí 138 a defender a los delegados de la línea 60, enjuiciados por luchar por los derechos de los trabajadores.

Jueves 31 de mayo, 18:30, charla sobre leyes antiterroristas organizada por la Comisión Antirrepresiva de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Marcelo T. de Alvear.

Viernes 1º de junio, 18:00, panel con la participación de CORREPI en el marco de las Jornadas Bios y Sociedad - I Jornadas Interdisciplinarias de Ética y Biopolítica, en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata.

Jueves 7 de junio, 14:00, acto de repudio al levantamiento del programa LEÑA AL FUEGO, tribuna de lucha de todos los trabajadores, en la puerta de Radio Porteña, Sarmiento y Paraná.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.