CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Medios y fiscales por el gatillo fácil.

“Asesinan un policía cada 9 días”, tituló en tapa La Nación, y repitió enseguida Clarín. El 90%, aclararon ambos, murieron fuera de servicio, casi todos resistiéndose a un asalto. De allí las “voces autorizadas” elegidas para opinar del asunto concluyeron cosas como que “hay que acostumbrar a los policías a que no lleven su arma reglamentaria de franco”, admitiendo que, aunque las normas dicen que el arma se porta y usa sólo en servicio, no hay modo de despegar un policía –o cualquier otro uniformado- del símbolo de su poder. “Los policías no están obligados a llevar armas cuando no están en el trabajo. Pero lo cierto es que uno es policía las 24 horas”, confesó a La Nación el jefe de la Metropolitana , Horacio Giménez.

El dato –que empalidece si lo comparamos con el pibe diario que esos policías asesinan a tiros o con la tortura- fue aprovechado para decir un montón de cosas. “Estas condiciones precarizadas de trabajo policial explican dos grandes tragedias en la provincia de Buenos Aires: una es el abuso de la fuerza, el gatillo fácil, el armado de causas sobre personas inocentes para poder sostener estadísticas eficaces y un montón de otros hechos que incluyen hasta desaparición de cuerpos. La otra cara de la moneda que convive con ésta es la realidad de los policías muertos en el cumplimiento de sus deberes”, se lamentó el ex jefe de la bonaerense y la policía aeroportuaria, hoy diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín.

O sea, el gatillo fácil, la criminalidad policial, los desparecidos y las causas armadas son “desgracias”, que tienen como contracara los policías muertos por resistir un asalto. Se instala así, con más fuerza todavía, la lógica de la guerra, donde lo que hay que hacer es contar muertos y no buscar razones.

Al mismo tiempo, al término del juicio oral al policía federal Hernán Javier Biasotti, que asesinó a Matías Bernhardt (18) en 2007, el fiscal de La Matanza , Alfredo Luppino, decidió no acusarlo, con lo que garantizó que la jueza lo absolviera. “Estoy cansado de las políticas baratas de derechos humanos”, dijo el fiscal para justificarse. Mejor dicho, para justificar el gatillo fácil.

Poblete y Fancchioti: una fotografía de la costumbre.

El policía Poblete, condenado a prisión perpetua por el asesinato del maestro Fuentealba en Neuquén, fue fotografiado caminando libremente por el centro de la ciudad de Zapala. Y el comisario Fancchiotti, asesino del Puente Pueyrredón, fue transferido a un centro de detención de régimen abierto, “con miras a su reinserción”.

Para muchos, se trata de un verdadero escándalo, es decir, algo inmoral, que asombra y a la vez indigna. No hay asombro para CORREPI.

Porque, cuando se sostiene que el andamiaje penal del sistema capitalista es selectivo y criminalizador de la pobreza y de la protesta, se postula también que el encierro y la persecución son herramientas que el estado usa exclusivamente para disciplinar a quienes, de un modo u otro, ponen en evidencia la esencia canalla de toda sociedad con privilegios de clase.

Porque, cuando se sostiene que la ley es un fetiche destinado a reglamentar la vida de los que sufren para encuadrarlos y sujetarlos, se dice, además, que la igualdad que ante ella proclaman los embebidos de ingenuidad o mala intención, evidencia la hipocresía de la institucionalidad burguesa que todos ellos defienden.

A la libertad de los asesinos del maestro Fuentealba y de los compañeros Kosteki y Santillán, similares al reciente retorno a domiciliaria del cura violador Grassi y del empresario masacrador Cirigliano, debe sumarse una infinita lista de policías: José Luis Díaz, asesino de Cristian Marcelo Bogado; Raúl Smith, que mató a Héctor “Pule” Otero; Justo José Luquet, juzgado por el homicidio simple de Marcelo Báez; los 4 policías procesados por el fusilamiento de Marcelo Maione (39 balazos en el auto, 19 en la víctima); el comisario Chaín, que contrató un sicario para matar a su ex mujer, Ana María Domínguez; el cabo Néstor Moroño, que baleó a Leandro Bazán, de 13 años, en Gerli en 2001; Ramón Medina, que fusiló a Pablo Martinolli en 1997; el oficial Marcelo Palleroni, excarcelado durante el proceso por torturas a 7 jóvenes en la comisaría 1ª de San Martín; la cabo Jorgelina Oviedo, condenada por la tortura seguida de muerte de Andrea Viera, beneficiada con un arresto domiciliario porque requiere tratamiento kinesiológico; el oficial Hernán Gnopko, condenado por la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo, y el sargento Eduardo Jurado, condenado por la tortura seguida de muerte de Cristian Campos, Jorge Ramón Fernández y Ramón Nicolosi, que torturaron hasta matarlo a Sergio Durán, Oscar Ayunta, asesino de Christopher Torres. Todos ellos, aun condenados, y a perpetua en más de un caso, siguen libres por decisión judicial.

La regla del sistema es clara: en todos los casos impunidad para los que mandan y, para sus verdugos, siempre que se pueda. Cuando no se puede, se atemperan las consecuencias, se conceden todos los privilegios, se permite lo que a nosotros está absolutamente vedado.

Poblete, policía, asesino, nunca fue a la cárcel, habita en la comisaría de Zapala, hasta se lo ha visto en procedimientos oficiales. Lo que acaba de suceder es que recién ahora se lo pudo fotografiar. Fancchiotti recibió un beneficio que preanuncia su anticipada libertad.

La regla es que un policía que mata a un trabajador que protesta no mata, cumple.

La regla entonces, tiene también la impronta de la lucha de clases: ellos, con sus privilegios, sus leyes e institucionalidad afines, sus incontables Poblete nutriendo la moral pestilente de la clase que lo dirige, esa moral que indigna pero que no asombra.

Nosotros enfrente, con Fuentealba, Maxi y Darío, compartiendo la historia, nuestra moral, confiando únicamente en nuestras propias fuerzas, fundando el porvenir en la lucha organizada, dónde se dispara la fotografía del verdadero asombro.

Criminalizan a toda la Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense.

El 14 de junio pasado, CORREPI intervino en la Asamblea de los trabajadores del Frigorífico Rioplatense, en puerta de fábrica, para informar a los trabajadores sobre la situación de persecución y criminalización a la que se encuentran sometidos todos los delegados de su Comisión Interna. En el Boletín nº 657 contábamos que la causa en que se encuentra procesado Carlos Zerrizuela, uno de los delegados, había sido elevada a juicio oral (ver “El Proyecto X manda a juicio a un trabajador”). De esta causa se desprendió otra que, con los mismos informes de inteligencia de Gendarmería Nacional y de la empresa, le sirvió al Juez Federal de Tres de Febrero, Mariano Federico Larrea, para imputar e indagar al resto de la comisión interna.

Luego de la asamblea, nos movilizamos, junto con los trabajadores del frigorífico, para llevar nuestra solidaridad al corte que estaban llevando a cabo los trabajadores de Kraft, en la Panamericana.

Por último, nos dirigimos al Juzgado Federal de Tres de Febrero, donde asistimos política y técnicamente a los delegados del frigorífico.

Allí asistió una importante representación de diferentes comisiones clasistas y de organizaciones políticas, en solidaridad con los compañeros. Una vez allí, nos enteramos que, además de los cuatro delegados que habían sido notificados, debían ser indagados otros tres, de modo que toda la comisión interna, más dos trabajadores que ya no se desempeñan en el frigorífico, han quedado sometidos a proceso por los cortes de la Panamericana del 5 y el 12 de abril del año pasado.

Los compañeros no han podido ser comprados ni amedrentados. Como llevan a cabo una lucha independiente y consecuente, como son luchadores, el Estado los intenta criminalizar en base a informes de inteligencia y de la propia empresa, que ha remitido al Juzgado la totalidad de los datos personales de los delegados.

El Frigorífico Rioplatense pertenece a la familia Constantini, que se lleva grandes ganancias con la explotación de trabajadores, ya que es el que posee mayor productividad de toda la industria de la carne. Es claro el interés que tiene en sacarse de encima a los compañeros.

Lo que está ocurriendo con toda la Comisión Interna es una advertencia de la triple alianza antiobrera, del Estado, la patronal y la burocracia sindical, de lo que les espera a todos aquellos que salgan a luchar en forma independiente por los intereses de los trabajadores. Se plantea, entonces, una lucha importantísima contra esta política, y por el cierre de las causas contra los delegados.

Por ello, es necesario redoblar los esfuerzos para poner en pie, en todas las zonas, espacios de coordinación clasistas como la que se está organizando en la zona norte. Para que, si atacan a uno solo de los representantes genuinos de los trabajadores, reaccionemos como si nos atacaran a todos.

De los actuales crímenes de estado.

Soledad del Valle Fonseca, una cordobesa de 35 años, fue detenida por la policía de esa ciudad durante un allanamiento, por una contravención. Apenas unas horas después, apareció muerta en su celda, según la versión oficial (y policial) “ahorcada con su corpiño”.

La inverosímil versión no sorprende, y las circunstancias tampoco. La mayoría de las personas detenidas -y asesinadas- en comisarías, “caen” por detenciones arbitrarias, es decir, por contravenciones o por averiguación de antecedentes, a fuerza del cuento de la “actitud sospechosa” que detecta el “olfato policial” y que es legitimada por las normas y fallos que convalidan la facultad que tiene la policía de todo el país para detener a quien le plazca.

Lo mismo ocurrió en San Lorenzo, Pcia. de Corrientes, cuando Raúl Cardozo fue detenido en un festival de doma en el mes de abril por “causar disturbios”, y murió con el 90% de su cuerpo quemado, dentro de la celda. Hoy, dos de los cinco policías detenidos, el comisario Anselmo Pruyas, y el sargento Carlos Sosa, fueron excarcelados.

Como ya sabemos, y estos episodios son muestra de eso, ni los policías están para cuidarnos ni los jueces y fiscales para hacer justicia. La policía y demás fuerzas represivas están para ejercer el control social, y el aparato judicial para garantizar que puedan continuar en sus funciones. Esta, es una política de estado.

Los lugares de detención, ya sean comisarías o cárceles, son los lugares por excelencia para el amedrentamiento, las torturas y el maltrato, dado que allí siempre manda la fuerza represiva, que pone y saca evidencia como quiere y que, además, tiene la ventaja de puede amenazar y amedrentar a gusto a los ocasionales testigos, porque, claro, están totalmente bajo su control.

Ricardo Cepeda, de 21 años, murió en la Unidad de Detención de Río Grande, también ahorcado en su celda. Luego de este trágico final, los otros detenidos protestaron y denunciaron “acá nadie se ocupa de nosotros y no tenemos acompañamiento para poder reinsertarnos a la sociedad, de ninguna manera”. Es que ese no es, justamente, el objetivo. Sí lo es el control social del pueblo explotado.

La justicia, esa que nos quieren hacer creer que es para todos, es una justicia de y para los ricos, la minoría explotadora. Detengámonos en otros ejemplos…

La Masacre de Magdalena, donde, en el año 2005, fueron asesinados 33 jóvenes presos, sigue totalmente impune, el juicio nunca llega y los asesinos están todos libres. Pero las cárceles están llenas de pobres sin condena alguna, presos de manera “preventiva”. O la causa de Juane Aguirre, quien fue asesinado en la comisaría por la policía de Campana, detenido por no querer “donar” 3.000 ladrillos a la policía, está por ser archivada a pesar de la lucha que su familia viene llevando adelante para sacar a la luz la verdad, que Juane no se suicidó, sino que fue brutalmente golpeado y asesinado por la policía. Pero su asesinato no merece la justicia de los ricos, aunque su familia si esté imputada por sacarle fotos a su cuerpo sin vida y lleno de golpes, para probar que lo mataron.

Garré, Casal y Pérez, y sus noticias semanales.

La semana pasada, Garré volvió a buscar consenso mediante declaraciones sobre la policía y la “Seguridad Nacional”.

En una charla en la sede central de la Asociación Argentina de Actores sobre “Seguridad Democrática en la Ciudad de Buenos Aires”, la ministra destacó que, desde la creación de la cartera de Seguridad, el “principal desafío ha sido resolver el problema de la Policía Federal “.

Desde el inicio de su gestión, la ministra se viene jactando de su intención de “humanizar” a la policía. En recientes declaraciones, dijo que “Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de denunciar cuando los procedimientos no son correctos, cuando las actividades son sospechosas, cuando hay omisiones injustificables. De participar no sólo con sus ideas, sus aportes y diagnóstico sobre el problema de la seguridad, sino también con el control de la actividad de la Policía “.

Una evidente maniobra para despegarse de la institución que ella misma preside, haciéndola ver como un ente independiente del Estado, cuando todos sabemos que en verdad se trata de su herramienta directa para perpetuar a los ricos en el poder y a los pobres en la miseria.

Garré hizo especial hincapié en su preocupación, y la de la Presidenta Cristina Fernández, por controlar políticamente a la Policía Federal para que sean abandonadas las prácticas de “gatillo fácil, abuso de funciones y de corrupción”, que no son errores, abusos o excesos, sino una política de estado sostenida por las propias directivas del gobierno que dirige las fuerzas. Como cuando se ordena –y ésta es una orden vigente- que los federales circulen por la calle con el arma en “posición de disparo inmediato”, es decir, con bala en recámara, sin seguro y amartillada.

Mientras tanto, las cifras de muertes por represión aumentan día a día, y más de la mitad del total de asesinados por el estado desde 1983 consignados en el Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal corresponde a la gestión kirchnerista.

Por otro lado, fue también noticia el pase a retiro de 200 efectivos en la bonaerense. Los oficiales, de hasta 30 años en la fuerza, en algunos casos simplemente se jubilaron, agotados de ser los perros guardianes de los poderosos durante tanto tiempo. Otros, en cambio, fueron pasados a retiro por estar directamente vinculados a muertes por gatillo fácil y casos de gran corrupción. O sea, en lugar de ir presos como cualquier pobre cuando comete un delito, los asesinos a sueldo del estado, cuando se los “descubre” en un acto de delincuencia, se van tranquilos a casa y a disfrutar de su haber de retiro.

El ministro Ricardo Casal destacó que ésta es una forma de “renovar la fuerza” con “policías más jóvenes”, volviendo a utilizar la excusa de que la policía violenta es un resabio de la dictadura. Ya no les cabe insistir con esa excusa, cuando a los que están retirando ahora los reclutaron en 1983.

La última noticia es mendocina. El gobernador de esa provincia, Francisco ‘Paco’ Pérez, anunció un paquete de medidas para “brindar seguridad”, entre las que se incluye a la gendarmería patrullando las calles. De la mano de Garré, a quien pidió ayuda, el gobernador invadirá de verde las calles de Mendoza, como si fuera poco con su propia y célebre policía.

Apenas si algunas noticias que muestran cómo, en todos lados, se preparan para reprimir más y mejor.

Próximas actividades.

- Miércoles 25, desde las 19:00, Festival al pie del Puente Pueyrredón (Avellaneda) al inicio de la vigilia previa al 10º aniversario de la represión que costara la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

- Martes 26 de junio, 8:30, movilización a los tribunales de Morón, Colón y Brown, durante el segundo juicio por el asesinato de Rodrigo Corzo, contra el sargento Núñez.

CORREPI en los medios

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