CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Mariano cayó defendiendo los derechos de los trabajadores y enfrentando la triple alianza antiobrera.

El 20 de octubre de 2010, en el marco del plan de lucha, los trabajadores tercerizados decidieron reclamar por el pase a planta permanente cortando las vías del FFCC Roca.

La medida no pudo ser llevada adelante porque al llegar a las vías, los trabajadores y quienes los acompañaban se encontraron con la triple alianza antiobrera dispuesta a reprimir y disciplinar a todo aquel que decida organizarse para luchar.

Para el gobierno, los empresarios y la burocracia, la cuestión no era menor. El reclamo de los tercerizados ponía en juego millones de pesos que, a través de subsidios, llegaban a las cooperativas manejadas por la burocracia y organizadas por contratos entre el gobierno y los empresarios. Así todos ganaban. El gobierno podía seguir hablando del ‘crecimiento laboral’, la burocracia mantenía su lugar de poder y los empresarios facturaban cada vez más y las tres partes cumplían su función: mantener a los trabajadores en condiciones precarias para explotarlos mejor.

Compartiendo los mismos intereses, la triple alianza antiobrera –gobierno, burocracia y empresarios- se puso en acción, y sus balas se descargaron sobre la manifestación ferroviaria. Hirieron a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto y asesinaron a Mariano Ferreyra, militante del PO.

Para reprimir a los trabajadores, la burguesía recurrió una vez más y como siempre a sus más efectivos instrumentos, la burocracia y la policía, ambos participes necesarios en el asesinato de Mariano.

La policía no sólo libero la zona para dar paso a la patota de la burocracia y cerrar la salida a los trabajadores, también garantizó que el ataque se llevara a cabo, y que los ejecutores pudieran fugar con impunidad.

Fue la movilización popular la que llevó a juicio a algunos de los responsables del asesinato de Mariano, entre ellos la patota y la policía. De no haber existido la lucha organizada, es probable que quienes hubieran sido juzgados fueran los mismos trabajadores. Los jueces hubieran procesado por “extorsión” “interrupción del servicio ferroviario” o algo parecido a los manifestantes, efectuando otra de las políticas kirchneristas, la criminalización de la protesta social. De hecho esto mismo está siendo pedido hoy por algunos de los defensores.

CORREPI, como organización que se posiciona junto al pueblo trabajador y en lucha contra la represión estatal, es parte de la querella, y desde un primer momento estuvimos movilizándonos para conseguir el castigo a los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra. Un primer triunfo fue haber podido instalar como eje del planteo jurídico que lo sucedido en octubre de 2010 fue parte de un plan sistemático y criminal de la triple alianza antiobrera para aleccionar a los trabajadores organizados e independientes de la burocracia y el gobierno.

Pero sabemos que nada vale un proceso judicial sin la movilización popular que llene las calles reclamando justicia por su compañero y por todos los que han caído bajo las balas estatales luchando contra la explotación.

La burguesía tendrá instrumentos como la burocracia y la policía, pero nosotros tenemos los nuestros: la organización y la lucha, los únicos capaces de conseguir juicio y castigo para todo aquel que reprime al pueblo trabajador.

La “murga tumbera”: siempre, la selectividad.

La aparición, a través de una tapa de Clarín, del video que muestra a presos condenados por femicidios o violaciones y homicidios bailando y tocando el bombo al compás de consignas kirchneristas en actos proselitistas del partido de gobierno, desató una de esas polémicas mediáticas donde es más lo que se contrabandea que lo que se dice.

En lugar de concluir, como lo muestran las imágenes, que además de sacar presos de la cárcel para robar o para trabajar en cocinas de drogas, como tantas veces se ha comprobado (recordar el emblemático caso Dolly, o el preso de Coronda mandado “en comisión” por el servicio penitenciario de Santa Fe a “trabajar” en Avellaneda), usan a determinados detenidos para hacer propaganda partidaria, el “debate” se centró en si los presos (todos) tienen o no derecho a salidas transitorias, laborales, familiares o para participar de actividades culturales.

No se puso en discusión, por ejemplo, el largo tiempo que debimos movilizarnos para lograr que a Karina Germano, la “Galle”, e le reconociera el derecho a salidas transitorias, ni la infinidad de veces que denunciamos, junto a organizaciones anticarcelarias como la Agencia Walsh, que no se autorizaba a presas, por ejemplo, a concurrir –con custodia, claro- a recibir premios por su labor literaria. Es más. Cuando Ricardo “Chacho” Berrozpe ya había obtenido de la Cámara de Casación penal su excarcelación, y sólo faltaba que se notificara la cámara criminal de Mar del Plata para que recuperara su libertad en la causa que lo tuviera imputado por la manifestación contra Bush (Mar del Plata, 2004), fue necesario que su defensa depositara la plata necesaria para la nafta del móvil que lo llevaría, tardíamente, al velorio de su madre.

Se soslaya, deliberadamente, en este tipo de “grandes debates”, que los policías procesados y hasta condenados por homicidios de gatillo fácil o por torturas y torturas seguidas de muerte no deben preocuparse por salidas transitorias, porque, directamente, y a pesar de la gravedad de sus crímenes, no van presos. Pregunten a Jorge Ramón Fernández o Ramón Nicolosi (caso Durán, condenados a perpetua y liberados anticipadamente); al oficial Gnopko (condenado a perpetua en el caso Gallardo y nunca preso); a Oscar Ayunta del grupo Halcón (condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Christopher Torres y nunca preso) y tantísimos otros.

Si vamos a discutir las cárceles, hablemos del hacinamiento, de la comida apestosa, de las torturas, de las requisas invasivas, de los asesinatos. Es decir, de lo que le pasa a cualquier preso pobre. A esos que no son privilegiados para ir a actos políticos, ni son, a su vez, la fuerza de choque para disciplinar a los que se niegan a “transar con la gorra” y sus jefes políticos.

Otro fallo que muestra la única cara de la justicia burguesa.

La noche del 24 de abril de 2004 y los tres días siguientes, en la U11 de Neuquén, 27 verdugos se dedicaron a hacer lo que mejor saben: torturar detenidos. Tiraron gases lacrimógenos en los pabellones 1, 2 y 5, previo al siguiente baile que incluyó golpes con puños, bastones y patadas (ver boletín N° 557). De todos los imputados, 21 fueron sobreseídos por la Cámara Criminal de Neuquén. Los 6 restantes fueron condenados por vejaciones y severidades, figuras penales que el sistema inventó para garantizar la impunidad de los que ejecutan sus políticas represivas, que conllevan penas mucho menores que la de tortura, que llega hasta la cadena perpetua, mientras las otras son excarcelables y tienen penas de 5 años, y licuan la responsabilidad estatal.

Las defensas habían apelado pidiendo la absolución y la querella, es decir las víctimas, la condena por torturas.

Sostenemos que las torturas en lugares de detención son sistemáticas, sólo hay que repasar las noticias que semanalmente publicamos para dar cuenta de ello, que no son hechos aislados ni de guardiacárceles particularmente crueles, es una política de estado y con un fin bien específico: disciplinamiento.

En la requisa se arrojaron granadas de gases, dispararon con armas de fuego y balas de goma, golpearon a los presos con bastones en las plantas de los pies, los obligaron a adoptar posiciones humillantes y dolorosas estando esposados a las rejas, como arrojarse al piso, mientras les pisaban las manos, los pateaban en todo el cuerpo y los golpeaban con una barra de hierro, los obligaron a cantar el himno y quien se equivocaba recibía un violento golpe. Todo esto, sumado al trato habitual que incluye, como en todo lugar de detención, la aplicación de picana, submarino seco, etc., lo que para la justicia no es tortura.

El Tribunal Superior de Justicia confirmó lo resuelto por la Cámara Criminal con estos argumentos:

“…por torturas debe entenderse aquel sufrimiento que supera en su gravedad a las severidades y vejaciones siendo ya indiferente que se persiga o no una finalidad (es decir, obtener o no información). A su vez la intensidad del dolor físico o moral es, según la doctrina predominante, la característica de ese tormento y en ello reside su diferencia con las otras formas de maltratos o mortificaciones” … “Todo lo cual, me lleva a afirmar que conforme a los hechos probados, las lesiones documentadas, la individualización de los autores con indicación específica de las conductas realizadas y no habiéndose acreditado que se haya producido un maltrato de gran intensidad sean físicos o psíquicos, sistemático, ni que se hayan prolongado en el tiempo, como requiere el delito de tortura, la calificación imposición de severidades y vejaciones escogida por la sentencia resulta ajustada a derecho”.

Es decir, es atribución exclusiva de los jueces asegurar cuánto sufrieron los presos los cuatro días ininterrumpidos de golpes y humillaciones.

En el caso de los guardias sobreseídos, se siguió la lógica que dice que si no se puede identificar qué guardia golpeó, no se lo puede condenar, como ocurrió en los hechos del Parque Indoamericano en que absolvieron a 44 policías (ver boletín N° 645).

Siempre decimos que para muestra solo basta un botón, con este fallo nuevamente la justicia burguesa muestra cuál es su verdadera cara. El derecho sigue a los hechos: el Estado necesita disciplinar, la tortura es una herramienta, la aplican los penitenciarios, la legitiman los jueces.

Gatillo facilísimo en Quilmes.

El domingo pasado, en Quilmes, Lorena Santos fue asesinada dentro de su casa. Dieciocho oficiales de la bonaerense entraron por un operativo de búsqueda por un robo. Ella, se encontraba en la cama, al oír ruidos extraños quiso incorporarse.

Lorena tenía 19 años, sufría de esquizofrenia y era discapacitada. Mientras trataba de incorporarse en la silla de ruedas, uno de los policías, Jorge González, le disparó un certero balazo, que luego de pocos minutos de agonía terminó provocándole la muerte.

El asesino se negó a declarar. Sus compañeros salieron con la típica excusa de que “él no había querido disparar”, “sintió un ruido raro y se asustó”… habría que preguntarse cómo puede representar peligro para un policía armado una chica desarmada y discapacitada.

Jorge González fue acusado de homicidio calificado y separado de la fuerza. El caso era demasiado bochornoso como para no trascender, y fue muy mediatizado, pero este tipo de prácticas suceden todos los días. Como siempre, no se trata de “un loquito suelto” que abusó de su poder. No hay ningún tipo de “abuso”, no es más que lo que están mandados a hacer: hostigar al pueblo trabajador, demostrarle su debilidad para tenerlo en línea, convencido de que tiene que agachar la cabeza y obedecer a los poderosos.

Pero si la policía está para reprimir, los jueces para absolver y los medios para encubrir, todo en función de los poderosos, nuestra única salida es organizarnos con nuestros pares para poder cambiar esta realidad.

Mossos d’esquadra, la madre patria de la tortura en democracia.

Tras el asesinato de Juan Pablo Torroija, argentino, okupa y “militante indignado”, a manos de la policía política catalana, más conocida como mossos d’esquadra, se reactualizan los conceptos de sistematicidad y política de estado, que convierten a la tortura en herramienta disciplinadora de los estados donde imperan la división y los privilegios de clase.

El argentino había sido detenido en Girona por esa fuerza policial, y “misteriosamente” apareció muerto en su celda. La versión oficial fue la del suicidio y por eso apuraron el archivo de la causa. Nada diferente a lo que solemos ver por estas tierras.

Pero la autopsia reveló golpes en las costillas y en los brazos, lo que indica claramente la existencia de un proceso previo de aplicación de torturas, sesión que incluyó prácticas como submarino seco o estrangulamiento, lo que habría derivado en la asfixia que determinó la muerte del militante. Otra vez, nada distinto a la versión criolla.

Los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, fue creada en el siglo 18. Contiene una rigurosa formación militar y está abocada a tareas de “protección del orden público, seguridad ciudadana y tráfico”. Desmintiendo a quienes, desde el progresismo de todas partes, imaginan que con una formación “democrática” la policía dejará de ser perro guardián de los ricos, estos “mossos de mierda” (como los llama el pueblo) tienen en su carrera de casi un año de formación, la materia derechos humanos como obstáculo indispensable para acceder al cargo activo.
Sin embargo, registran el índice más alto de violencia institucional de Europa.

Es por eso que aquí en la Argentina, en distintas épocas, bajo diferentes gobiernos, esta policía catalana fue tomada como modelo a la hora de diseñar las estrategias represivas locales. Decíamos en las páginas de este mismo boletín, en el número 496 de 2008, que Macri la eligió para espejar a la Metropolitana. Y aún antes, en el 2006, en plena euforia del gobierno autodenominado “de los derechos humanos” encontramos la más clara adhesión a sus prácticas. En la provincia de Buenos Aires, el modelo catalán para el disciplinamiento social fue tomado como referencia a la hora de dictar el Curso de Planificación Estratégica en Materia de Formación Policial.

El curso tuvo una orientación que henchía de orgullo la autoestima y la currícula de los progresistas de estas latitudes: Nada mejor que una policía torturadora y asesina “para reafirmar las políticas de seguridad ciudadana y consolidar una sociedad democrática, productiva y con inclusión social”, decíamos en el Boletín nº 398 de 2006.

Nuevamente nos encontramos frente a un caso de represión policial en un barrio. Se dio a conocer la semana pasada la noticia de una joven asesinada por un policía bonaerense y, en las noticias, apareció como un caso trágico por lo poco común. Nosotros sabemos que la muerte de todo ser humano es terrible, sobre todo en manos de asesinos a sueldo, pero así como no deja de indignarnos, tampoco nos sorprende, ya que sabemos que es moneda corriente la violencia por parte de la policía hacia el pueblo trabajador.

Próximas actividades:

- Movilización a Comodoro Py en el inicio del juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra.

Convocamos a movilizar a los tribunales de Comodoro Py en el inicio del juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, el 6 de agosto a las 9:00.

- Viernes 10, desde las 22:00, Peña por mariano y por Todos, en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.