CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

La bala que mató a Mariano salió desde el corazón del estado.

Transcurrieron ya cinco jornadas desde que, el pasado lunes 6 de agosto, comenzó el juicio a la burocracia sindical y la policí­a federal por la represión del 20 de octubre de 2010 contra los trabajadores del Ferrocarril Roca en lucha contra la tercerización laboral, que dejó como saldo el asesinato de Mariano Ferreyra y varios compañeros heridos.

En la primera audiencia las defensas de los policí­as y de los burócratas de la UF centraron su estrategia en tratar de suspender el debate (lo cual fue rechazado por el tribunal), en cuestionar el requerimiento de elevación a juicio de CORREPI y APEL y el derecho de Nelson Aguirre, Elsa Rodrí­guez, Arnaldo Esteban Duré Duarte, Miguel Hugo Espeche, Emiliano Francisco Bonfliglio, Federico Manuel Lugo y Marí­a Wenceslada Villalba, heridos durante la represión, de presentarse como querellantes.

En las audiencias posteriores, dilataron la realización de las indagatorias, pidiendo que se pasaran todos los videos, se oyera el audio de las modulaciones policiales y se mostraran todas las fotografí­as habidas en la causa, material que estaba a disposición de las partes desde mayo de 2011. Las imágenes que se exhibieron muestran a las claras la actitud agresiva y provocadora de la patota, la ejecución del ataque y la forma en que procedió la policí­a para garantizar esa represión.

Cuando se les acabaron las chicanas, Pedraza, Fernández y su patota se negaron a declarar. Lo mismo hicieron los siete policí­as, que sólo proporcionaron sus datos personales. Así­ nos enteramos, por ejemplo, que los comisarios Mansilla y Lompizano, pese a estar en disponibilidad desde marzo de 2011 por esta causa, cobran $16.000 y $18.000 mensuales, mientras “redondean” sus ingresos, uno con el haber de retiro de su esposa, también policí­a federal, y, el otro, con su sueldo como titular de cátedra en el ISEF nº 1, instituto de formación de docentes en educación fí­sica de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano es el mismo que, en junio de 2010, viajó a Sudáfrica a cargo del operativo de seguridad de los barra bravas oficialistas nucleados en las Hinchadas Unidas Argentinas.

Finalmente, en la tarde del jueves 16, Nelson Aguirre, uno de los heridos que CORREPI patrocina junto con APEL, trajo a la sala su detallado recuerdo de los sucesos. Nelson, que recibió dos disparos, uno en el muslo y otro en el glúteo, fue el primer testigo de una larga lista que continuará, el próximo martes, con otros sobrevivientes del ataque.

La declaración del compañero fue tan precisa como emotiva. Los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada llegaron cuando relató el momento en que vio a Mariano caí­do en la vereda, herido de muerte. Con profusión de detalles y mucha firmeza, Nelson describió al tirador que vio, y respondió la infinidad de preguntas con que las defensas y la fiscalí­a quisieron poner en crisis su testimonio.

En una clara muestra de su estrategia, que consiste en culpabilizar a las ví­ctimas e instalar una “teorí­a de los dos demonios” a la moda, los defensores, en particular los de Pedraza y la patota, insistieron una y otra vez con preguntas dirigidas a convertir el ataque disciplinador de la triple alianza antiobrera en una trifulca pareja entre dos grupos armados. El defensor del picaboletos Uño, Dr. Igounet, llegó al extremo de apuntar a la presencia, entre las organizaciones que apoyaban el reclamo de los trabajadores ferroviarios, de compañeros del SITRAIC, el sindicato antiburocrático de los obreros de la construcción, para sostener que Carlos Olivera, miembro del SITRAIC, “fue condenado por abuso de armas”.

Recordemos que el compañero Olivera, por cuya libertad CORREPI se comprometió desde un principio, tanto fuera como dentro de la sala, fue criminalizado por el grave delito de defenderse del ataque de una patota de la burocracia de la UOCRA. La introducción de este tema por la defensa de los asesinos de Mariano es una nueva prueba de cómo funciona la tercerización de la represión, con las patotas de la burocracia sindical -dirigidas por Pedraza o por el espí­a del Batallón de Inteligencia 601 Gerardo Martí­nez- al servicio y en defensa de los intereses que comparten esos burócratas con el gobierno y las patronales.

No se pueden soslayar en este resumen semanal las hipócritas declaraciones de Cristina Fernández, que dijo que “la bala que mató a Mariano Ferreyra también rozó el corazón” de Néstor Kirchner y que el gobierno nacional habí­a colaborado con la justicia acercando un “testigo clave”, lo que, según ella, permitió que se pudiera empezar con el juicio. Como siempre dijimos, fue por la movilización popular y la lucha organizada en las calles que pudimos llegar al juicio, venciendo el intento del gobierno de salvaguardar a sus policí­as, tratando así­ de despegar el aparato estatal de su responsabilidad.

Fue el gobierno el que mandó a reprimir -a pedido de los empresarios de UGOFE-, utilizando para ello a barrabravas y a la burocracia sindical, tercerizando la represión para evitarse el costo polí­tico y poniendo a la policí­a al servicio de la patota. También fue el gobierno el que trató de defenderlos en la causa, por medio de los abogados de planta del Ministerio de Seguridad -los cuales debieron apartarse tras nuestra denuncia- y el que habló, en su momento, de “enfrentamiento” entre los manifestantes y trató de responsabilizar a la propia izquierda sobre estos hechos: “Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina y como no lo pudieron lograr desde las fuerzas de seguridad comandada por los sectores polí­ticos de la democracia, aparecen bandas”, declaró Cristina dos dí­as después del asesinato de Mariano.

Llamamos a todos los sectores populares a seguir movilizándonos para apoyar el juicio y a asistir a las audiencias, para que la presión se sienta dentro y fuera. La movilización y la lucha son el único camino para lograr justicia.

Falsos debates para ocultar lo que no quieren decir: cárceles para aniquilarnos.

A partir de las “salidas culturales” de presos para hacer número en actos proselitistas oficiales, decí­amos hace unas semanas que el dedo en la llaga mediática y en el “debate” entre oficialismo y “oposición”, no era precisamente discutir cuál es la funcionalidad y quéhace necesarias las cárceles y los institutos de menores.

Muy a pesar de números y estadí­sticas -la demandada metodologí­a de cifras para quienes no quieren oí­r y dicen luego sorprenderse-, la cotidianeidad atravesada por la violencia más cruel del sistema en la vida de las presas y presos escapa a cualquier posibilidad de representarla en tablas o mapas. Dicen recientemente los organismos oficiales, como la Comisión Provincial por la Memoria, que, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires (discurso hábilmente enfatizado para resaltar la disputa de poder con el sciolismo, previamente enaltecido por medio de las visitas de Mariotto al ámbito controlado por el SPB) la tortura es método sistemático, hay superpoblación en todo el sistema, las condiciones de detención son inhumanas y es estructural la corrupción en la administración penitenciaria.

En su informe anual sobre las condiciones de detención, la CPM describe la falta de atención médica, la afectación del ví­nculo familiar, el aislamiento, las condiciones materiales de infraestructura, los problemas de alimentación y golpes, y enumera 126 muertes en 39 de las 54 unidades del servicio penitenciario bonaerense en un año.

Agregan que, en 2011, la CPM hizo 2.371 presentaciones con la denuncia de un total de 7.089 hechos de violaciones a los derechos humanos en cárceles, y se escandalizan muy especialmente porque “gran parte del presupuesto carcelario se pierde en los circuitos de corrupción”. Como si no fuese condición necesaria para la existencia de este sistema recuperar aquello que los poderosos pierden por mantener a delincuentes. Así­, la palabra corrupción, muy en boca en tiempos de renovadas y edulcoradas democracias, no es más que la negación persistente (filtrada en el discurso popular) de la explotación de la minorí­a con sus medios e instituciones sobre la gran mayorí­a.

Una de las figuras honorables del reformismo progresista y miembro del CPM, Adolfo Pérez Ezquivel, dijo que, en una reunión con Scioli: “se acordó conformar una mesa de trabajo y considerar este informe como un aporte para la solución de los problemas para poder desterrar los casos de tortura y maltratos en las comisarí­as como las condiciones en las cárceles”. Pero nuestro hombre en cuestión omite a sabiendas que, desde que fueron construidas las cárceles, en su propia génesis radica aquello que se muestra como “excesivo”: la tortura, el sometimiento y la ruptura de todo medio deseable para el desarrollo del ser humano. Porque aunque mañana las pinten de rosa, construyan un lugar acondicionado para que cada individuo se desarrolle en una “convivencia armónica”, etc., siempre serán espacios destinados a perpetuar relaciones asimétricas de poder y sometimiento mediante el castigo y la vigilancia.

El Estado las necesita para exterminar pobres, condenar rebeldes y adoctrinar con el miedo a quienes estamos afuera, para que desechemos cualquier acción de rechazo contra su orden esclavizante.

En Formosa, como en cualquier provincia, la policí­a tortura y el estado garantiza su impunidad.

En la ciudad de Formosa, militantes sociales denunciaron públicamente el permanente hostigamiento de la policí­a hacia los pibes que se niegan a robar para ellos.

“Estos oficiales les iban a buscar a su trabajo para obligarles a robar y como se negaron entonces los agarraron en la comisarí­a y los torturaron a palos. Queremos parar la tortura a la que están siendo sometidos los jóvenes. Aquí­ están encadenados conmigo dos jóvenes, que son Hugo Javier Mareco, con señora e hijos y Marcos Matí­as Leiva, aquí­ de este otro lado, que por no querer salir a robar para el oficial Noguera y otros más, le llevaron a la comisarí­a y le dieron una brutal paliza, a uno le rompieron el hombro”. Estas fueron concretamente las denuncias que hicieron los vecinos.

Con la ayuda de medios alternativos, lograron dar mayor visibilidad a lo que sucede a diario en los barrios más humildes de todo el paí­s: los jóvenes pobres son forzados a robar para la policí­a y quienes se niegan son golpeados, torturados o asesinados por las fuerzas.

Así­ como sucediera con Luciano Arruga en enero de 2009, o con los pibes ví­ctimas del Escuadrón de la Muerte en la zona norte del conurbano bonaerense, la historia se repite prácticamente a diario, cuando los pibes viven la violencia de las fuerzas de seguridad que garantizan sus negocios empleándolos para delinquir.

También se repite la historia cuando la realidad, evidente para todos, no es suficiente prueba para jueces y fiscales, que garantizan la impunidad a la policí­a para seguir robando, torturando, matando y desapareciendo.

Para nadie es una novedad lo que hacen la policí­a y demás fuerzas en los barrios pobres, ni la violencia que ejercen sobre los pibes. El grado de exposición de la situación llega a ser tal que podemos encontrar los videos de torturas en las comisarí­as por internet o en los canales de televisión.

Y ante semejante evidencia, los gobiernos responsables (nacional y provinciales), se esfuerzan en crear “organismos buenos” para describir y hacer escandalosas estadí­sticas acerca de cómo “las instituciones malas” denigran la condición humana. Cí­nicamente nos muestran por los medios una realidad que nosotros ya conocemos y los más pobres padecen para hacer como que cambian algo, para que nada cambie.

Estos organismos son los que lavan la cara del verdugo estatal con el discurso del “progresismo” y garantizan el control social al menor costo polí­tico posible.

Gatillo fácil por dos en Mendoza.

En menos de una semana, dos casos de gatillo fácil sacudieron a Mendoza. El segundo ocurrió el 14 de agosto, en Guaymallén, cuando un policía de civil salió a perseguir a dos jóvenes que robaron $700 y una billetera en una pizzería. Aunque la versión oficial (que ya le valió la libertad al asesino) es que al dar la voz de alto los jóvenes le dispararon, y por ende, “repelió la agresión”, lo cierto es que Marcos Arias (20) murió fusilado por la espalda. El otro chico, de 14, fue encontrado escondido en el techo de una casa cercana. Él sí está detenido.

Apenas unos días antes, en Las Heras, uno de los suburbios más pobres del Gran Mendoza, Maximiliano Ríos, de 16, fue asesinado por la policía durante un operativo en su casa, debido a la denuncia de una familia vecina con la que había un viejo pleito vecinal. “Estábamos durmiendo a las 6.30 cuando los del GES –Grupo Especial de Seguridad-, me tiraron la puerta abajo. Dispararon dos veces, me golpearon a mí, lo tiraron al suelo a mi marido y fueron a la pieza donde estaban los niños. Lo apuntaron desde la cama y le dispararon”, relató Sandra Agüero, la mamá de Maximiliano sa los medios.

Tampoco en ese caso fue detenido el policía, cuyo nombre, además, fue reservado por sus superiores, mientras, como siempre, se lanzó la versión de que el pibe estaba armado… en su cama y mientras dormía.

Así, mientras la ministra Nilda Garré hace propaganda porque tardíamente decidió echar de la policía al cabo Naredo, el federal que fusiló a Jon Camafreitas, al que todavía no se ha detenido ni procesado pese a que las pericias demuestran que disparó a quemarropa con el arma apoyada en la cabeza del adolescente, la policía mendocina, como las del resto del país, mantienen al día sus estadísticas, a puro gatillo fácil.

Amor materno estilo policial.

También en Mendoza fue noticia que una pareja fuertemente armada asaltó una casa de cambio en San Rafael, sin reparar que sus imágenes quedaban grabadas en una cámara de video. La sorpresa fue cuando se identificó a la mujer como integrante de la policía provincial, y se descubrió que el cómplice era su amante, un taxista casado que había abandonado su mujer e hija para fugarse con la uniformada. También la mujer policía tiene hijos, tres, y de corta edad, a los que dejó al cuidado de una niñera para irse a robar con su novio. Fueron detenidos en San Juan.

Y en la bonaerense localidad de Isidro Casanova, otro episodio delictivo involucró a una mujer policía. En una escuela, el hijo de una oficial principal de la policía federal hirió a un compañero con un punzón. La mujer, de la comisaría 39ª, fue a buscar a su hijo al colegio. Cuando se iban, los amigos del chico lesionado los rodearon, increpando al agresor. Ni corta ni perezosa, la federal extrajo su arma reglamentaria y la disparó dos veces. Afortunadamente, no hirió a ninguno de los indignados pibes.

Dos patéticos ejemplos del amor materno estilo policial.