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CORREPI denuncia las maniobras que buscan la impunidad y exige juicio y castigo ¡YA!
El 23 de octubre, a las 10:00, estaba pautado, desde hace meses, el juicio oral y público contra el teniente de la policía bonaerense Omar Brítez, que, el 21 de agosto de 2009, asesinó a Hernán Ibiris (29) e hirió gravemente a Fernanda Verón. Menos de 72 horas hábiles antes de su inicio, el fiscal de juicio de Campana, Dr. José Luis Castaño, solicitó al Tribunal Criminal nº 2 la suspensión, debido a que la Asesoría Pericial informó que no pudo realizarse una pericia psiquiátrica ordenada hace más de un año, porque en cuatro (4) oportunidades, el teniente Brítez se negó a ser trasladado desde su lugar de detención para las entrevistas requeridas por los peritos.
El informe pericial fue requerido por el fiscal a principios de 2010, como instrucción suplementaria, debido a que la defensa del policía sostiene que no estaba en su sano juicio cuando ingresó, de madrugada, a la casa de su ex mujer, Fernanda Verón, y descargó su arma reglamentaria sobre ella y su nueva pareja. Hernán murió acribillado por 11 disparos y Fernanda sobrevivió a más de media docena de proyectiles, con heridas en las piernas, la pelvis, el tórax y el abdomen.
Si bien hay en el expediente varios informes que contundentemente afirman que el teniente Brítez, más allá de sus alegaciones de “una laguna mental”, estaba en pleno uso de sus facultades, dirigía sus acciones y comprendía la criminalidad de sus actos, esta es la segunda vez que se suspende el debate por la misma razón. La primera fue en agosto de 2010, cuando, también horas antes de su inicio, el tribunal resolvió que había que esperar que se presentara la pericia que nunca se hizo porque el propio imputado se niega a que se evalúe su estado mental.
La sistematicidad y recurrencia de este tipo de situaciones muestra que no se trata de un hecho aislado, sino de una típica maniobra para dilatar la condición de procesado sin condena, que busca, además, desmovilizar y silenciar la denuncia contra la represión estatal. En los últimos años, se han fijado y suspendido fechas de juicio en casos como el de Romina Lemos o Miguel Da Silva, con excusas de todo tipo que postergaron hasta un año la llegada de la sentencia. En otros casos, como los de Walter Bulacio y Jonathan “Tato” Mansilla, seguimos esperando que los jueces tengan, alguna vez, disposición para juzgar a los perros guardianes de los poderosos que asesinaron a nuestros pibes.
No es sólo la defensa, ejercida siempre por los abogados de la propia fuerza o del ministerio del que dependen, o, como en el caso de Brítez, por exclusivos abogados imposibles de pagar sin una ayudita de los amigos de uniforme, la responsable de que se prolongue la impunidad. Ninguna maniobra dilatoria de un abogado defensor surte efecto sin un aparato judicial que la ampare y le de curso.
Exigimos: