CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

La patronal aprieta, los trabajadores protestan y la gendarmería reprime.

Luego de la asonada, la gendarmería volvió a lo que mejor sabe hacer, y para lo que está preparada, sin el menor problema: reprimir trabajadores. Este jueves 10, desalojó a cincuenta compañeros dela Línea 60 que cortaban la Panamericana, en reclamo por el despido de cuatro trabajadores, y por el apriete que recibieron de parte de la empresa DOTA. Una vez más, el operativo fue encabezado por el ex carapintada, segundo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, Sergio Berni quien, como hace unas pocas semanas, cuando desalojaron la misma autopista a la altura de Pacheco (ver boletín N° 671), se puso al mando de los 200 gendarmes, descendió de un helicóptero, al mejor estilo de libreto barato hollywoodense, quizás queriendo rememorar su pasado, antes de ser “nacional y popular”.

La medida de fuerza de los trabajadores de la Línea 60 se originó como consecuencia de un nuevo apriete. La patronal DOTA, y la burocracia de la UTA, enviaron tres micros llenos de patoteros, que a punta de pistola y con barras de hierro quisieron desalojar a los choferes, que estaban apoyando a un compañero despedido que, a su vez, estaba encadenado a las rejas de la empresa, exigiendo su reincorporación. Gracias a la resistencia de los obreros, la patota no avanzó, pero éste es uno más de una serie de actos violentos que vienen sufriendo. Recordemos los incendios a los autos de los delegados Nestor Marcolín y Héctor Cáceres; la entrada a la casa de otro delegado, Daniel Farella, donde llegaron hasta a maniatar a su nieta y destruyeron todo el mobiliario, así como un largo etcétera que incluye acciones como la más reciente, en las terminales.

Luego de este nuevo ataque, los trabajadores decidieron llevar su reclamo a las calles para que tome estado público. Es por eso que decidieron cortar la autopista. Pero a la hora de reprimir, los gendarmes olvidan sus diferencias con el gobierno y se aprestan a hacerlo con celeridad. Es sabiendo esto, por la función de desclasados que cumplen, que en CORREPI no estamos dispuestos a apoyar ningún reclamo reivindicativo de los verdugos. Sabemos que ante el llamado del amo ellos responden inmediatamente, como perros guardianes de sus intereses que son.

En lugar de eso, nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los compañeros de la Línea 60, los únicos trabajadores de este conflicto.

El asesinato de Miguel Galván, otro muerto de este “modelo”.

Miguel Galván, comunero perteneciente al pueblo Lule-Vilela y miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, fue asesinado por defender su territorio, el pasado 10 de octubre en el Paraje Simbol, al norte de la provincia de Santiago del Estero, por sicarios que trabajan para la Empresa Agropecuaria Lapaz SA, de Rosario de la Frontera (Salta), que pretende alambrar parte del territorio que ocupan las comunidades indígenas y campesinas de la zona.

En septiembre de este año, luego de una gran cantidad de amenazas, el territorio que habita la familia Galván comenzó a ser relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que desde la sanción de la ley 26.160, de Emergencia Territorial, en 2006, tiene a su cargo el relevamiento de todas las comunidades del país. Sin embargo, seis años después, los resultados son ínfimos, ya que no sólo no se ha avanzado en este punto, sino que se han multiplicado y recrudecido los conflictos territoriales, mientras que el gobierno de CFK se llena la boca hablando de los derechos y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Cansados de que la política indígena, proclamada por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, se quede sólo en palabras adornadas, en abril de 2011, varias organizaciones campesinas impulsaron un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos y realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras, que llegó al Congreso, con mayoría kirchnerista en ambas cámaras, y un año y medio después no ha sido ni siquiera analizado.

Queda en evidencia que el reconocimiento del territorio comunitario va en contra de la implementación de un modelo agropecuario basado en los agronegocios, que llevan adelante grandes corporaciones avanzando sobre el territorio de cientos de familias campesinas e indígenas. En este contexto, la presencia de topadoras, las continuas amenazas y los asesinatos, en manos de agencias de seguridad y bandas parapoliciales, contratados por empresarios sojeros que cuentan con la complicidad de la policía local, el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo (GETOAR), el encubrimiento del poder judicial, y el apoyo del gobierno provincial y nacional, son parte del accionar necesario para garantizar y defender los intereses de grandes terratenientes y empresas transnacionales que continúan saqueando, contaminando, desmontando, expulsando familias del campo y explotando a los trabajadores rurales.

Las cifras dan cuenta de esta situación: la producción de soja transgénica, que en 1996 ocupaba seis millones de hectáreas, se triplicó para el año 2011, representando el 55% de la tierra cultivada de Argentina. Este crecimiento demuestra que el modelo agropecuario actual impulsado por el gobierno “nacional y popular”, lejos de defender los intereses de campesinos y pueblos originarios, impulsa cada vez más un modelo extractivo, a través del avance minero y de los agronegocios.

El asesinato de Galván se suma al de tantos otros compañeros, como Javier Chocobar de la Comunidad Chuschagasta de Tucumán en 2009; Sandra Ely Juárez, quien murió frente a una topadora, de un paro cardiaco, en 2010, en Santiago del Estero; Roberto López y Mario López, comuneros de Formosa asesinados por la policía en 2010; Mártires López, dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco, y de la CCC. en 2011; y Cristian Ferreyra, militante del MOCASE-VC, asesinado en noviembre de 2011.

Una vez más, son los trabajadores del pueblo los que sufren la brutal represión en manos de las fuerzas represivas del Estado que lo único que hace es defender los intereses de los explotadores capitalistas.

Un “sindicato” policial entre las filas de los trabajadores.

El pasado 10 de octubre, la CTA de Micheli convocó a un paro y un acto a Plaza de Mayo, por reivindicaciones muy justas de los trabajadores: contra el ajuste, por aumento de salario, por condiciones dignas de trabajo, contra el impuesto a las ganancias, etc.

Hasta aquí, se podría decir que era necesaria y correcta la jornada de lucha. Pero las discusiones entre las organizaciones gremiales, sobre si asistir o no, no fueron pocas, entre otras cosas, pues los trabajadores fueron convocados a un acto en el que no sólo aparecería como conducción de esa medida Micheli (secretario general de la CTA), sino que acompañarían desde el palco la Federación Agraria (es decir los “pequeños” explotadores rurales), y el Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA, defensores de los derechos de quienes asesinan un pibe por día en los barrios humildes de Buenos Aires).

Estas direcciones, junto a las organizaciones que defienden la participación de las patronales, la burocracia y las fuerzas represivas en las luchas de los trabajadores, son las responsables de mucha confusión. En un mismo acto, las patronales, la burocracia y la represión, haciendo creer a quienes padecen su explotación, su traición y sus balas (los trabajadores) que defenderán sus derechos.

Mientras este cinismo entra en escena, debemos recordar que se está llevando adelante el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que tiene por responsables a la burocracia, el gobierno y la policía, por su política de negociados y represión contra los trabajadores. Y éste no es un hecho aislado, es cómo, históricamente, la clase dominante dirime los conflictos con la clase obrera y el pueblo.

Los patrones no son trabajadores. Para existir necesitan de la explotación.

Los burócratas no son trabajadores. Su reclamo al gobierno es que se pacte con ellos para garantizar sus negocios.

Los policías no son trabajadores. Su reclamo por mejoras atentan directamente contra el pueblo explotado que lucha. En sus propias palabras: “Para que nunca más pase esto… aunque parezca un chiste….. SIPOBA seguirá luchando… “¡Atención a todas las unidades! Los vándalos ya se dieron cuenta que otra vez estamos sin municiones, ¡Necesitamos refuerzos urgente!!!”

(http://www.facebook.com/pages/Movimiento-Policial-Democr%C3%A1tico/160452083988292 del 11 de agosto de 2012).

Es necesario entender que quienes reprimen nuestras luchas, no están de nuestro lado, que sus derechos y reivindicaciones atentan contra los nuestras. No podemos volver a permitir en las filas del pueblo una bandera portada por las fuerzas reivindicando que “ellos también tienen derechos”.

La lucha de los trabajadores no es la lucha de los verdugos de los más de 3.700 pibes asesinados por el gatillo fácil y la tortura.

Más muertos por la represión del gatillo fácil y la tortura.

Pese a lo que parecen creer algunos, ninguna represión del aparato estatal es buena, salvo que creamos en el cuento del policía bueno y el policía malo, con el que nos bombardean desde los medios de comunicación, y olvidemos a la institución y su función estratégica.

Así, pese a los eventuales reclamos salariales, los desclasados nunca cesan de cumplir con la función para la cual existe la institución a la que pertenecen: reprimir.

En la semana que pasó hubo muchísimos casos, protagonizados por miembros de distintas fuerzas del aparato represivo, continuando con la política represiva de disciplinamiento social.

Natalia Almada, de 17 años, fue “suicidada” en una comisaría de la provincia de Misiones, luego de haber sido detenida arbitrariamente horas antes por encontrarse, supuestamente, en estado de ebriedad.

Alejandro Vidal, fue encontrado ahorcado en el pabellón 16 de la Unidad Penal 11 de Piñero, a cargo del Alcalde Mayor Roberto C. Marchesín, de la provincia de Santa Fe.

Dos policías de una comisaría de Wilde, localidad de la provincia de Buenos Aires, fueron detenidos por haber fusilado de un tiro en la nuca a un empresario, Juan Carlos Caggiano, que estaba siendo secuestrado, y sin que mediara enfrentamiento alguno.

El subjefe de la División Criminalística (D6), de la Policía de la provincia de Santiago del Estero, intentó dirimir una interna policial a los tiros, asesinó a su jefe tras una discusión dentro de la dependencia, e hirió a otros dos compañeros de armas.

Alexander Damián Zarcovich, de 16 años, fue fusilado por la policía de El Palomar, provincia de Buenos Aires. La versión de la fuerza fue un inexistente tiroteo con quien, hasta ese hecho, era obligado a robar para ellos. Crónica tituló “No roba más. Murió ‘ladroncito’ baleado por la policía” (29/09/2012 – ver también Boletín Informativo nº 675). La movilización de los vecinos de la villa Carlos Gardel impidió que esta versión se consolidara. Por su parte, el progresismo sabatellista, que vota leyes antiterroristas, enseguida intentó capitalizar este hecho a su favor, para insistir sobre la organización de otra policía, sólo que dirigida por ellos.

En el complejo habitacional Centenario, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un policía asesinó a un hombre. La versión oficial fue similar a la primera noticia sobre el asesinato de Alexander Zarcovich, y que se repite en todas las crónicas policiales de asesinatos perpetrados por represores: El policía, según esa versión, fue abordado por tres hombres armados, con intención de robo. El represor tuvo el tiempo de identificarse como policía, dar la voz de alto, sacar su arma, participar de un tiroteo del que salió ileso, y matar al supuesto asaltante. Digno relato de películas estilo western, que es básicamente el mismo que se repite cada vez que ocurre un hecho de este tipo. Y, a su vez, es el mismo relato que ya denunciaba Rodolfo Walsh, en 1968, cuando escribió la nota sobre “La secta del gatillo alegre”.

El último caso que conocemos es el de Brenda Solange Guerault (23), asesinada por su novio policía, Maximiliano Villarda, de una comisaría de Olivos, Provincia de Buenos Aires. Como también escribía Walsh por esa época “La vocación de violencia de los policías bonaerenses no se agota en estos episodios. Sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del ‘arma reglamentaria’.”

Es así que, mientras algunos sueñan con quebrar al aparato represivo estatal, o la cadena de mandos, con la ayuda de algún reclamo reivindicativo, en estos días los desclasados no descansaron en el cumplimiento de su función. Siguieron asesinando y torturando como lo hacen desde que existen.

Otra vez sobre la asonada de los desclasados.

Como decíamos en la nota sobre los compañeros de la línea 60, poco después de finalizado el conflicto por los salarios, los gendarmes los desalojaron de la Panamericana.

Es que los integrantes de las fuerzas represivas no son trabajadores, sino desclasados. Son aquellos que, proviniendo en su mayoría de la clase trabajadora, están dispuestos a matar en defensa de los intereses de los capitalistas, a cambio de una paga.

Por eso, lejos estamos de confundir al perro con el amo. No los consideramos burgueses, sino perros guardianes de la burguesía.

Su conciencia está determinada por su existencia. Ingresaron voluntariamente a una fuerza represiva, en la que se forman profesionalmente para vigilar, controlar y reprimir. Su vida está determinada por esta tarea y su subjetividad adaptada a la misma. Esta subjetividad se forma a lo largo del tiempo en cientos de hechos, desde la participación en torturas en comisarías, en hechos delictivos, hasta en la vigilancia en los barrios, con las lógicas detenciones arbitrarias de los pibes pobres, por portación de cara, y el consabido verdugueo que diariamente sufren millones de pobres en nuestro país.

Luego, en cada hecho represivo que descargan sobre los trabajadores, muestran la imposibilidad de solidarizarse con quienes fueron, en algún momento, sus hermanos de clase.

Ruptura de la cadena de mandos.

Dentro del campo popular hay quienes creen, de buena fe, que el reclamo salarial protagonizado por los represores, puede provocar una ruptura en la cadena de mandos. Dentro del conjunto de estas organizaciones, no son pocas los que estigmatizan a otras organizaciones como la nuestra, con calificativos como sectarios, ultraizquierdistas, o infantilistas, por negar esa posibilidad.

Suponer que los integrantes de las fuerzas represivas, que están preparadas técnica e ideológicamente para reprimir rebeliones populares, puedan romper con la ideología que los estructura, dentro de la cual está la cadena de mandos, por un recorte salarial, es cuanto menos ingenuo. Concluir que puedan llegar a solidarizarse con los trabajadores y negarse a reprimir, por el mismo motivo, roza el delirio.

Quien no tiene escrúpulos para desarrollar todo tipo de acciones represivas, desde el verdugueo hasta la tortura y la muerte, pasando por la criminalidad policial, no abandona su puesto por un recorte de salarios. Mucho menos cuando sabe que es imprescindible para el mantenimiento del orden de esta sociedad de clases. En cambio, hace valer su importancia, para que rápidamente le solucionen el problema. Todo ello sin dejar de reprimir, sin dejar de saturar los barrios, sin dejar de vigilar. Lograr sus objetivos los reafirma en ese pensamiento y en el orgullo de la “labor” que llevan a cabo; los envalentona.

Es más, este cambio en la subjetividad, por cuestiones reivindicativas, no sucede ni con los trabajadores que, con un 20% de desocupación votaban por Menem, o que votaron por Cristina Kirchner, aún cuando desde 2003, hasta la fecha, se dan la mayor cantidad de casos de gatillo fácil que afectan a sectores provenientes de la clase trabajadora.

La sindicalización.

Asimismo, creer que la sindicalización puede tener como efecto esa ruptura de cadena de mandos, o cuestionar la jerarquía verticalista, sigue siendo tan ingenuo como lo anterior.

La sindicalización no cuestiona las estructuras verticalistas, ni es incompatible con ellas. Los trabajadores estatales están estructurados dentro de la jerarquía de la administración pública. De hecho, la jerarquía administrativa es uno de los fundamentos de la potestad disciplinaria. Sin embargo, ello no es incompatible con la agremiación de miles de trabajadores estatales.

Por otra parte, es ignorar las experiencias de otros países. En España, por ejemplo, el titular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), ha justificado las represiones contra el movimiento de los indignados, la infiltración, el uso de policías encapuchados (Europapress, 26/09/2012), el actual tratamiento brutal a los independentistas vascos, y ha pedido mantener represión contra ETA, aún luego de anunciado el alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011). En Grecia, además de que vienen reprimiendo las luchas contra el ajuste desde hace tiempo, el sindicato policial ha advertido a las autoridades del Estado, a título de amenaza, que se negarán a reprimir las protestas de trabajadores si se les reduce el sueldo (Boletín informativo nº 674). Ése es el trabajo que realiza el aparato represivo estatal. El trabajo de un mercenario.

Además, desconoce que la sindicalización no es impulsada por miembros de la base de las fuerzas represivas. Al contrario, entre los principales impulsores se puede encontrar a más de un comisario. Valga el ejemplo de Edgardo Mastandrea, comisario retirado que se paseó por todo el arco político “progresista” durante la década del ’90, y parte de la primera década del siglo XXI, impulsando la sindicalización policial, y que cayó en desgracia cuando fue detenido y procesado por su participación en crímenes cometidos durante la dictadura.

No tiene en cuenta, tampoco, la naturaleza de los reclamos que suelen enarbolar estas organizaciones autodenominadas sindicatos: mejor equipamiento (represivo) provisto por el Estado, mejores condiciones de trabajo (de ejercicio de la represión), o asistencia jurídica estatal por hechos de servicio (léase, asistencia jurídica gratuita cuando deben enfrentar acusaciones por gatillo fácil o tortura) son los más usuales (ver Boletín informativo nº 428 respecto de las “reivindicaciones” del sindicalismo policial español).

La quiebra del aparato represivo.

No desconocemos que, en determinado momento, ante las luchas del pueblo organizado, el aparato represivo se puede quebrar y hasta disgregar. Pero ello ocurre cuando estos desclasados se enfrentan a la violencia organizada del pueblo. Parafraseando a Roque Dalton, cuando los represores dejan de ver al pueblo como un montón de espaldas que huyen, y comienzan a verlo venir de pecho y con cada vez más fusiles.

Lejos de estar en una situación como esa, las últimas elecciones muestran un fortalecimiento de la hegemonía burguesa, no sólo por la votación masiva por Cristina Kirchner, sino por el hecho de que el resto que votó, lo hizo también por otras variantes burguesas, más o menos reaccionarias. Lo demuestra también el hecho de que, pese a los continuos ataques represivos sobre organizaciones de trabajadores clasistas, que ya nos costaron varios compañeros muertos en los últimos años, no puede ponerse en pie un espacio de coordinación para combatir, siguiendo una política de frente único, esa misma represión. Ni hablar de organizar la autodefensa o de tener una política de seguridad común en las movilizaciones.

Así, la política de las organizaciones que llaman a intervenir en el aparato represivo estatal, sea a título de agitar consignas por afuera, o a organizar a los mismos represores, en este contexto es grave. Por un lado, porque dan la falsa idea de que el aparato represivo puede ser reformado y se puede alterar su naturaleza sin combatirlo. Por el otro, porque pese a lo que se dice, no actúan en consecuencia. En los hechos, ninguna organización de izquierda tiene tal intervención, por lo que terminan llevando a cabo una política de disputa con otras organizaciones del mismo campo, corriéndolas por izquierda, pero sin tener una política que coincida con sus discursos.

La técnica determina la táctica.

Esto, que quiere hacerse pasar como la palabra certera de la política revolucionaria, ignora una indicación de método, básica de los grandes revolucionarios: la táctica militar depende de la técnica militar. Ninguna organización de las que levantan estas posturas tiene un estudio de la técnica militar del aparato represivo estatal. Reducir la cuestión técnica al tipo de armamento sería de simplificar la cuestión. Ésta remite al tipo de preparación de la fuerza represiva, las hipótesis de conflicto que manejan, y cómo se organizan para enfrentarlas. Todo esto remite no sólo a la cuestión político–militar, sino también a la ideológica.

Así, despreciando este tipo de cuestiones, algunas organizaciones han hasta levantado la condición 4ª, para la admisión de los partidos comunistas en la III Internacional, como justificativo de la necesidad de intervenir en las fuerzas represivas (“El deber de propagar las ideas comunistas implica la necesidad absoluta de llevar a cabo una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas. En los lugares donde la propaganda abierta presente dificultades a consecuencia de las leyes de excepción, debe ser realizada ilegalmente. Negarse a hacerlo constituiría una traición al deber revolucionario y en consecuencia incompatible con la afiliación a la III Internacional”).

Se hace así una analogía apresurada. Se hace abstracción de que esas condiciones se establecieron en la etapa de la primera posguerra, luego del triunfo de la revolución rusa, en forma contemporánea a las revoluciones húngara, alemana y italiana, en una situación de agotamiento de la economía europea, de franca debilidad de los estados, y de la existencia de organizaciones que aglutinaban a millones de trabajadores, con una perspectiva de clase revolucionaria.

Pero, además, también hace abstracción del tipo de ejércitos existentes en ese momento. Los ejércitos de los principales países eran organizaciones de leva forzosa. Su componente mayoritario era de soldados obreros y campesinos que habían sido obligados a alistarse para, transitoriamente, prestar servicios militares. Lejos de tratarse de hombres que hacían de la represión su modo de vida, las fuerzas armadas estaban sobrepobladas de hombres cuya existencia estaba determinada por el trabajo en la fábrica, en la ciudad o en el campo.

Es decir que, este tipo de propuestas, ignora la indicación de método de estudiar las características del aparato represivo, para luego determinar qué tipo de táctica adoptar.

Pero aún cuando no consideremos todas estas cuestiones, es decir, aún cuando nos neguemos a analizar la situación concreta en la que se propone actuar, los mismos revolucionarios explicaban cuánto había de rutinario en la concepción que pretendía que las tropas se pasarían de bando como consecuencia del trabajo realizado en ellas. Por el contrario, indicaban que, llegado el momento, habría que dar una lucha física por quebrar a las tropas, para que algunos sectores se pasen a las filas del pueblo (vgr. Lenin, Las enseñanzas de la insurrección de Moscú).

En la actualidad no existen las organizaciones capaces de llevar adelante tal política.

En cuanto al aparato represivo, en septiembre la Gendarmería Nacional fue anfitriona de un Encuentro Regional para la Policía Internacional de la ONU (UNPOL). La hipótesis para la que se prepara gendarmería es intervenir en un Estado con conflicto interno (rebelión popular), en lo que denominan como Operaciones de Paz. Esto es, invasión de fuerzas militares bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, tendiente a reprimir el conflicto, y a reestablecer una Policía Nacional, que pueda asegurar la represión interna sin intervención de las Naciones Unidas (Boletín informativo nº 674).

Nuestras Fuerzas Armadas también realizan ejercicios conjuntos, con otros ejércitos americanos, con dirección de los Estados Unidos, en hipótesis de conformación de fuerzas multinacionales bajo mandato del Consejo de Seguridad, en Operaciones de Paz. Ejercicios conjuntos como el “Cabañas” son paradigmáticos.

Asimismo, existe la política de utilizar locaciones militares de los países anfitriones, para encubrir bases militares yanquis, o de realizar misiones humanitarias para legitimar al ejército ante la población, al mismo tiempo que se hace reconocimiento del terreno y de la cultura en la que se intenta intervenir (“Plan Ahí” en la Argentina, o los Medrete’s, Beyond Horizons, entre otros, del Comando Sur).

La colaboración de nuestras fuerzas represivas con el imperialismo yanqui y europeo es total. Miles de integrantes de estas fuerzas se han formado en los últimos años en cursos norteamericanos financiados por el Departamento de Estado (Ver en su página de Internet, Foreign Military Training).

La principal hipótesis de intervención es siempre la represión de rebeliones populares mediante una fuerza multinacional dirigida por los Estados Unidos. Para esto se preparan diariamente nuestras fuerzas represivas. Y todo esto sin contar aquélla colaboración que no conocemos por ser clasificada.

Por eso, el “andate zurda” que le gritaron a una dirigente de izquierda tiene un significado muy diferente al que le pudo haber gritado un trabajador de la burocracia sindical. La izquierda tiene un trabajo de años formando agrupaciones antiburocráticas que buscan arrebatarle los sindicatos a la burocracia. En cada rama de la producción, es posible encontrar núcleos de revolucionarios desarrollando esa tarea. Es lógico que un burócrata le grite eso a un dirigente de izquierda porque desarrollan una lucha todos los días por el control del gremio. No ocurre lo mismo en las fuerzas de seguridad, donde no hay trabajo alguno que pueda balancearse. El “andate zurda” no remite a un enfrentamiento cotidiano, pero también histórico en el seno de la clase obrera, sino a la preparación ideológica de la fuerza organizada para reprimirla.

Plantear una política de intervención, desconociendo las características de la fuerza represiva es, por lo menos, irresponsable.

Un poco de represión no está mal.

Luego, hasta se han dado justificaciones que rayan con el pensamiento más reaccionario. Todo con el objetivo de lograr un convencimiento sobre la necesidad de militar a las fuerzas represivas.

Así, hemos leído que se justificaba un tipo de represión estatal porque es la que se abate sobre el delito común, cuyo principal damnificado es el trabajador y su derecho de propiedad. En consecuencia, compañeros que se dicen revolucionarios, sostienen que esta represión no es mala. Si no es mala, ¿será que es una consecuencia adecuada al tipo de fenómeno que enfrenta?.

Curiosamente, en esas notas no se plantea atacar las causas del delito, el capitalismo mismo, sino que se intenta justificar cierto grado de represión sobre la base de la existencia de delito. Nada que envidiarle a cualquier campaña de inseguridad de la burguesía. Decimos curiosamente, porque luego se sostiene que el “reciente” fenómeno de lumpenización de la fuerza represiva (criminalidad policial) tendría como causa los bajos salarios de los policías, por lo que en este caso sí se propone atacar esa supuesta causa, reclamando que se los aumenten. Véase cómo, respecto del delito que sería protagonizado por el pibe chorro, la represión sí está justificada, mientras que no se postula reprimir a los represores por la criminalidad policial. Como decíamos, un discurso que podría sostener cualquier burgués reaccionario.

Además de reaccionario, es ignorante, porque la criminalidad no es, ni de lejos, un fenómeno reciente. En su momento, Rodolfo Walsh escribía en el diario de la CGT de los Argentinos, que la secta del gatillo alegre era la logia de los dedos en la lata, señalando correctamente la relación que existe entre la función represiva y la criminalidad policial (1968). Este fenómeno hasta se puede observar en películas como “Pandillas de Nueva York”, de Martin Scorsese, ambientada en 1865, en donde un irlandés, devenido en policía, va por las noches a los escondites de los pibes chorros de los “Five Points” a reclamar parte del botín. Pudo verse también en el robo de propiedades de algunos desaparecidos por parte de la jerarquía militar de la última dictadura. Luciano Arruga nos recuerda permanentemente quién organiza el delito en los barrios, para quiénes trabajan los pibes chorros, y qué les pasa cuando quieren negarse a trabajar para la policía.

Ninguna colaboración.

En el momento actual en el que se encuentran nuestras organizaciones, plantear algún tipo de colaboración entre el campo popular y el aparato represivo estatal es, en primer lugar, imprudente. Se abriría la puerta a un mayor conocimiento de parte de integrantes del aparato represivo de nuestras organizaciones. Permitirlo linda con lo criminal.

En cambio, es necesario consolidar la colaboración entre organizaciones para hacer efectivo, en la realidad de la militancia cotidiana, el frente único. No para salir en forma espasmódica ante la represión de alguna lucha popular, sino para que ese frente único exprese una política de coordinación sistemática de defensa de todo compañero represaliado por luchar.

Lejos de estar en una situación en la que debamos preocuparnos y distraer fuerzas en generar conciencia popular en el aparato represivo (algo que nosotros negamos que se pueda lograr actualmente), debemos generar conciencia antirrepresiva en el pueblo, para que no vea con naturalidad la saturación de fuerzas de seguridad en el territorio. Que no sea natural para nuestro pueblo que haya policías provinciales, municipales, federales, y de tipo militar, saturando con retenes de control el territorio. Debemos generar conciencia de que no es normal que nuestros barrios se hayan convertido en un gueto.

Por eso es que constantemente decimos que, en este aspecto, no hay política de reforma, que la única política viable contra la represión es la que llama a organizarse y a luchar.

Próximas actividades:

Lunes, martes y jueves, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

Sábado 20 de octubre, movilización a dos años del asesinato de Mariano Ferreyra.

Viernes 16 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 2012.

CORREPI en el aire:

El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

Los jueves, alrededor de las 19:00, escuchá la columna de María del Carmen Verdú en el programa Aguantando de Pie que conduce, de 18:00 a 20:00, el periodista Herman Schiller en FM 97.3, Radio La Caterva. Seguilo en vivo en fmlacaterva.blogspot.com o escuchá los programas anteriores en www.ivoox.com. Teléfono para mensajes: 4302-1203. Mail: fmlacaterva@gmail.com.