CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Gerardo Martínez y su patota: Represión y encubrimiento, las dos caras de una política de estado.

El martes 27 de noviembre, varios integrantes de organizaciones ambientalistas autoconvocados en la legislatura de Chubut, que se oponen a la minería contaminante, fueron reprimidos por 500 patoteros de la UOCRA contratados por funcionarios del gobernador Martín Buzzi. El resultado fue de varios heridos, algunos de gravedad.

La misma semana, varias organizaciones populares, entre ellas CORREPI, se concentraron en las puertas de los tribunales de Comodoro Py para exigir la reapertura de la causa contra Gerardo Martínez, alias Gabriel Mansilla, su “nombre de guerra” cuando era un informante del batallón 601 en la ultima dictadura militar.

La causa contra el secretario general de la UOCRA , que hoy forma parte de la CGT oficialista en la que se apoya el kirchnerismo, fue archivada porque, según los jueces y fiscales “No se registran desapariciones de trabajadores de la construcción al momento en que Martínez ingresó a los servicios de inteligencia” (ver boletín N° 674).

Lo cierto es que la causa fue archivada por orden del gobierno, quien necesita a Martínez para, por una parte, contrarrestar la ruptura con el moyanismo, y, por la otra, tercerizar la represión, como es el caso de Chubut.

Cuando un periodista le preguntó a Mateo Suárez, dirigente de la UOCRA en Chubut, si ellos habían actuado por voluntad propia, la elocuente respuesta fue “Nosotros no hacemos nada por cuenta propia”. Claro que no, ellos son el garrote que ejecuta las políticas represivas del estado.

El jueves, la audiencia que estaba prevista para tratar la reapertura de la causa a Gerardo Martínez en la cámara federal se pospuso por “problemas de agenda de los jueces”, hecho del cual se dieron cuenta el mismo jueves, aparentemente, ya que nada se notificó a las partes, en otra maniobra clara para continuar encubriendo al leal represor de ayer y hoy. En la nueva fecha fijada, martes 11 de diciembre, a las 10:30, volveremos a movilizar junto a los compañeros del SITRAIC, AEDD y todos los que denunciamos no sólo el pasado al servicio de la dictadura del burócrata, sino también su presente al servicio del actual gobierno, siempre para reprimir trabajadores.

Avanza la coordinación en la lucha antirrepresiva.

Hace poco más de un año, compañeros de diferentes organizaciones antirrepresivas de todo el país, nos planteamos aunar esfuerzos para que nuestra lucha se visibilice y sea cada vez más fuerte. Así, llegamos a noviembre de este año, para realizar el 3º Encuentro Nacional Antirrepresivo. Son parte de esta iniciativa compañeros de Córdoba, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Mar del Plata, Olavarría, Rosario, El Bolsón, Gran Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.

El trabajo conjunto de todo un año se vio reflejado en importantes avances en la discusión y la organización, y se plasmaron en el crecimiento del Encuentro, que llega a más lugares del país.

Frente a la política represiva del gobierno que se perfecciona y que sostiene los índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura, la impunidad ante los hechos de desapariciones, la persecución y los asesinatos a los que luchan, desde el Encuentro construimos diariamente, en distintas provincias del país, una coordinación que nos permite enfrentar juntos esta nefasta política con la que se ataca sistemáticamente al pueblo.

Mientras los esfuerzos del gobierno por cooptar organizaciones y despegarse de la responsabilidad política de los hechos de represión ante la “opinión pública”, hoy particularmente planteando una “Campaña contra la violencia institucional”, desde las organizaciones antirrepresivas nos toca contrarrestar este discurso y organizarnos más y mejor. En estas tareas están puestos nuestros esfuerzos en los que damos pasos firmes en el camino de la lucha.

Hoy podemos plantearnos que, a lo largo y ancho del país, ante cada hecho de represión, somos muchos más los compañeros que responderemos con ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

Maverick: Invirtiendo en represión.

Este mes llegó a Argentina una nueva herramienta represiva, el blindado Maverick. El vehículo, con el que nos encontraremos próximamente en las calles reprimiendo manifestaciones, tiene capacidad para 12 policías, está completamente blindado y fue construido específicamente “para las Fuerzas Policiales y organismos encargados del cumplimiento de la Ley , con el fin de controlar disturbios, el orden público y operaciones especializadas,” según la descripción de sus fabricantes, el Grupo Paramount (http://www.paramountgroup.biz/es/maverick). En otras palabras, es un vehículo hecho concretamente para reprimir manifestaciones.

El Grupo Paramount es una empresa sudafricana que se dedica a fabricar armas y elementos represivos para gobiernos en todo el mundo y se presentan de la siguiente manera: “Porque queremos la paz, trabajamos para la defensa y la seguridad interior“, frase que expone una realidad: la paz se hace con balas y ellos trabajan para eso, construyendo armamento para reprimir. Sabemos que el orden social se garantiza reprimiendo a quienes se opongan, como pueden ser los trabajadores llevando adelante luchas por sus reivindicaciones, como bien supieron los 33 mineros fusilados este año en Sudáfrica cuando estaban haciendo una huelga. El armamento que utilizó la policía del estado Sudafricano para fusilar a los mineros y así, terminar con la huelga, fue hecho por el Grupo Paramount.

El blindado está siendo probado por la policía de Buenos Aires, para su pronta incorporación al arsenal represivo con el que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado. De esta forma, el gobierno kirchnerista mantiene su inversión en elementos de represión. Frente a un escenario donde la crisis económica pesa sobre las espaldas de los trabajadores, y donde los reclamos del pueblo y los trabajadores se hacen sentir cada vez más, el gobierno sabe que, si quiere cumplir su tarea de garantizar ganancias a los empresarios y el orden que necesitan para esto, deberá seguir reprimiendo.

De hecho ha sido éste el gobierno que más efectivos policiales, gendarmes y prefectos puso en la calle, y el que más ha invertido en represión. En palabras del diario kirchnerista Página/12: “El presupuesto de la Policía Federal , la Gendarmería , la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria creció 800 por ciento en los últimos años. La Gendarmería tiene hoy 30.435 efectivos, 70 por ciento más que en 2003, y del año pasado a éste creció en mil efectivos. Sólo en 2011 y en lo que va 2012 se compraron 156 automóviles, 153 camionetas, 66 camiones, 20 furgones y 71 cuatriciclos. Seis mil efectivos se sacaron de las zonas de frontera y se sumaron a la seguridad en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las rutas claves de varias provincias.” (Nunca hubo tantos, Página/12, 26/08/2012), bastante para un gobierno que dice no reprimir la protesta social.

A poco de cumplirse dos años de la represión en el Parque Indoamericano, el gobierno no descansa en perfeccionarse su política represiva.

Libertad a los presos de Corral de Bustos.

El 4 de diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, conocida como “el triángulo de las bermudas” reaccionaron masivamente hartos ya de la impunidad, encubrimiento y complicidad con que jueces, fiscales y policías actuaron frente al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. A la falta de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores al hecho, se sumaron el manejo de pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas a cargo de la policía local; fiscales y policías dedicados al armado de causas a favor de los ricos y poderosos; encubrimiento de mafias en el lavado de dinero; la trata regenteada por el poder político y judicial que fueron el detonante, junto a la bronca contenida durante años, para que luego del entierro de Ariana, el pueblo estallara en rebelión popular y se dirigiera a la plaza a manifestar su rabia.

Durante el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco represivo a cargo de la guardia de infantería que generó la indignación de los manifestantes y que terminó con el incendio del edificio de tribunales. En los días siguientes, comenzó una verdadera caza de brujas cuyo saldo fue de 42 detenidos, de los cuales 34 fueron llevados a juicio después de una instrucción plagada de vicios y denuncias de torturas.

Seis de ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a penas de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini, condenados a 7 años de prisión efectiva; Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina Ripoll, Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César Suárez, a 2 años de prisión de ejecución condicional y Hugo Dobba a 3 años de prisión de ejecución condicional.

Como muestra de la connivencia de los poderes del estado, están las acusaciones y las imputaciones por las que fueron juzgados los compañeros, propias del paquete de las denominadas leyes antiterroristas: “incitación a la violencia colectiva”, “coautores e instigadores de incendio doblemente agravado”, “lesiones en riña”, “fabricación y tenencia de bombas incendiarias”, “fabricación y tenencia de materiales capaces de causar estragos”, al solo efecto, y con la firme decisión política, de escarmentar la rebelión popular, criminalizar la pobreza y la protesta.

Las condenas no están firmes, pero los compañeros continúan presos, padeciendo las peores condiciones de alojamiento. El estado, que premia a los policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios asesinos y torturadores con beneficios a manos llenas, y sólo excepcionalmente los mantiene en las cárceles aun con condenas firmes hasta a prisión perpetua, en cambio, es implacable con sus enemigos de clase. Si para los presos pobres no hay excarcelaciones, morigeraciones, prisiones domiciliarias, ni nada salvo los húmedos muros de las cárceles, para los presos políticos, menos aún.

Por eso, hace unos días, tres de los compañeros presos en Corral de Bustos iniciaron una huelga de hambre, que luego levantaron, a la espera del resultado de las actividades a realizarse en Bellville y Villa María y la movilización a la Casa de Córdoba en Buenos Aires el 17 de diciembre.

Desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA) expresamos nuestra rotunda solidaridad con los presos de la pueblada en Corral de Bustos, reivindicamos su condición de represaliados por enfrentar al aparato de poder estatal, y reclamamos su inmediata e incondicional libertad.

A 20 años de la muerte de Rodolfo “Fito” Ríos y Sergio Durán: La tortura en cárceles y comisarías sigue siendo política de estado.

“A nosotros nos llegó una comunicación de que mi hijo había tenido una descompensación y que estaba internado en el hospital Pirovano. No nos dijeron nada de golpes. Entonces mi nuera fue al hospital y le dijeron que en ese momento no podía verlo, que estaba internado ahí, con custodia policial y que fuera al día siguiente. Cuando nosotros fuimos, el lunes a la mañana, a primera hora, estaba el policía en la puerta y le preguntamos. Dijo: ‘¿Qué, uno flaco y alto? Murió ese pibe’. Y no pudimos preguntarle más nada porque desapareció.” cuenta Delia Garcilazo (67), mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, asesinado por agentes del Servicio Penitenciario Federal. “Preguntábamos en un lado, en otro… Después viene una mujer policía de la custodia y nos dice: ‘Señora, ¿usted es la mamá del pibito que estaba preso? Está en la morgue, ya le dimos parte al juez. Ese pibe no murió así nomás: estaba todo golpeado y lleno de barro. Yo me encargué de bañarlo y de esconderle la ropa’. Ahí nos enteramos de que estaba golpeado. Estaba descerebrado. Le habían pegado con un palo que le rompió el hueso etmoides. O sea que automáticamente pasó de estar con todos los sentido a un coma cuatro; era irreversible.”

Para 1992, Fito tenía 24 años y estaba detenido en la cárcel de encausados de Caseros. El 21 de noviembre de ese año, Fito estaba charlando con un vecino del barrio con el que se encontró en un recreo y demoraron unos minutos en reintegrarse a los pabellones. Como castigo, ambos fueron aislados por los penitenciarios en un patio, al que bajó el Cuerpo de Requisa. Los patearon ferozmente, calzados en sus gruesos borceguíes, y los apalearon con sus bastones. Entre otras muchas lesiones, Fito, que llevó la peor parte, sufrió cuatro fracturas en la base del cráneo.

“Tuve que sacar entereza, porque mi nuera estaba con la beba que tenía dos años y diez días y se quería derrumbar. Entonces yo no se lo permití, le dije que no era momento de llorar, que con llorar no hacíamos nada. La dejé para que se tranquilizara y yo me fui para el Servicio Penitenciario Federal. En la cárcel de Caseros me querían hacer callar porque yo quería hablar con la persona que estaba a cargo. Les dije que a mí ya no me hacían callar más nada, porque mi hijo entró caminando ahí y me lo sacaron en un cajón, ¿y no me van a dar explicaciones? Me trajeron una psicóloga. ‘No, no, yo no quiero psicóloga, no quiero nada’, les dije. En ese momento yo estaba muy tranquila porque me propuse que no iba a llorar adelante de ellos. Mi hijo siempre me decía: ‘Mami, el familiar de un preso nunca tiene que llorar ante los del Servicio Penitenciario porque ellos gozan’. Eso lo aprendí muy bien”, dice Delia.

Fue entonces cuando Delia comenzó a recorrer el mismo peregrinaje que le toca vivir a todas las familias pobres a las que las fuerzas represivas les asesina a un ser querido. Buscó ayuda en CORREPI para enfrentar el poderoso mecanismo de encubrimiento destinado a garantizar la impunidad de los asesinos a sueldo del estado. Siete años y medio después, comenzó lo que Delia caracterizó como una “parodia de juicio”. Durante los primeros cinco años de la instrucción, los jueces se empecinaron en acusar al otro preso por el homicidio. Recién entonces, y después de una importante movilización frente a la Cámara de Apelaciones, logramos que se imputara a tres oficiales jefes del SPF, los prefectos Mir, Tocayuk y Galarza, que llegaron a juicio acusados por “homicidio en riña”, y en libertad, desde luego, defendidos por abogados de planta del ministerio de Justicia.

“La causa era enorme, no sé cuántas fojas tendría. El juicio tardó 7 años y 8 meses en llegar, pero yo todas las semanas durante ese tiempo fui al juzgado. Los martes a la noche nos reuníamos en la CORREPI y a la mañana yo me iba al juzgado. No había una sola hoja, un solo papel que no estuviera firmado; lo leí todo. En el momento en que estaban testimoniando empezaron a decir que no podía ser, como yo dije, que mi hijo hubiera trabajado en el mercado central. Empezaron a sacar todos los antecedentes de Fito y entonces yo interrumpí el juicio, les dije a los jueces que yo había venido a que se haga justicia por el delito que habían cometido con mi hijo, y no para que me saquen los antecedentes. A los antecedentes yo los conocía, no precisaba que ellos me los dijeran. Yo no quería que se juzgaran los antecedentes de mi hijo, él estaba muerto ya. Él estaba cumpliendo por lo que había cometido, si no terminó fue porque ellos no lo dejaron. Yo quería que ellos cumplieran lo que debían cumplir. Fue una parodia de juicio.”, recuerda Delia.

Las condenas a los jefes del Cuerpo de Requisa de la cárcel de Caseros fueron ridículamente bajas, como siempre. El oficial Galarza fue condenado a tres años de prisión en suspenso por “homicidio en riña”. Y los oficiales Tocayuk y Mir, a dos años en suspenso por encubrimiento. Así y todo, poco después la Cámara de Casación les revocó la condena.

Organizada en CORREPI con otros familiares de la represión estatal, Delia conoció a la familia Durán, cuyo hijo Sergio “Gondi” había sido asesinado pocos meses antes en la comisaría 1ª de Morón. Segio Durán era un joven verdulero que, con apenas 17 años, era padre de un niño. El 6 de agosto de 1992 fue detenido por el servicio de calle. Lo levantaron en un patrullero con la excusa de la averiguación de antecedentes, herramienta legal que el poder político le brinda a la policía para que pueda actuar discrecionalmente en el ejercicio del disciplinamiento y el control social en los barrios, generando temor y sumisión hacia los uniformados.

Dentro de la comisaría 1ª, Segio fue torturado durante ocho horas para que confesara ser el autor del homicidio de un vecino. El subcomisario Miguel Ángel Rojido; los oficiales Luis Alberto Farese y Jorge Ramón Fernández; y los cabos Raúl Rodolfo Gastelú y Hugo Nicolosi, golpearon a Sergio, le produjeron la ruptura de un diente y un corte en la lengua, lo asfixiaron empleando el “submarino seco” o “bolsita”, le aplicaron picana en los testículos y lo sometieron a maniobras sádicas de masturbación violenta que, además de constituir una tortura en sí, intensifica el dolor causado por la picana. La intensidad del dolor agotó los recursos biológicos de defensa de su cuerpo, descompensando el sistema nervioso y endocrino y produciendo un paro cardio-respiratorio. En otras palabras, Sergio murió de dolor. Doce horas después de su detención, lo llevaron muerto al hospital. La familia Durán y CORREPI, desde entonces, libran una batalla desigual contra la impunidad de los policías torturadores facilitada por el encubrimiento de sus colegas.

Jorge Ramón Fernández fue el primer enjuiciado. Fue condenado a prisión perpetua en 1995. En diciembre de 2003, sin siquiera cumplir 10 años efectivos de esa “perpetuidad”, fue excarcelado por los mismos jueces que lo sentenciaron. Hugo Nicolosi estuvo prófugo. En 2003 fue enjuiciado y condenado a prisión perpetua. Ya se encuentra en libertad. Raúl Rodolfo Gastelú, también estuvo prófugo. Fue condenado a prisión perpetua en 2005. Sin embargo, su condena aún no está firme, lo que significa que una vez cumplidos los plazos legales (dentro de poco tiempo), estará libre nuevamente. El subcomisario Miguel Ángel Rojido y el oficial Luis Alberto Farese aún están prófugos, mientras que la salud de Olga Durán, la mamá de Sergio, se deteriora tras 20 años de espera por verlos tras las rejas. Una y otra vez, los prófugos fueron encontrados en sus propios domicilios y denunciados a los medios por CORREPI, con la ayuda de vecinos que nos pasaron la información, porque, como dicen nuestros afiches con las fotos de los policías escapados, “Si los ve, NO avise a la policía”.

En estos 20 años, la utilización de la tortura en cárceles y comisarías continuó siendo implementada en todo el país. En la última actualización del Archivo de CORREPI, contabilizamos 3.773 personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales, desde diciembre de 1983. De ese total, el 39% (o sea, 1.471 personas) corresponde a muertes violentas en cárceles y comisarías. El uso cotidiano del “submarino seco”, la picana, el apaleamiento, el “pata-pata”, el aislamiento en buzones, entre otros métodos de tortura, no escapa al conocimiento de fiscales y jueces, ni del poder político, ya que se debe a la aplicación sistemática de una política estatal en lugares de encierro, y no a meros “abusos” o “excesos” policiales.

“Desde hace 20 años no ha cambiado nada, -continúa Delia- siguen matando a los chicos sea el gobierno que sea, porque esto que pasó con mi hijo pasó en el gobierno de Alfonsín, pasó en el de Menem, en el de De la Rua , en el de Duhalde y sigue, sigue y sigue pasando. Políticamente no creo en ninguno de los gobernantes. Por eso yo una vez escribí que el ‘Nunca más’ es un nunca más mentiroso. Por esas palabras que yo dije una vez, tuve un problema con Alicia Conti. Para mí sigue igual, siguen matando a los mismos. Antes se perseguía a las ideas, ahora se persigue a las clases, y como los más vulnerables somos los pobres, a donde más nos quieren pegar es justamente en la clase baja. Pero creo que si nosotros, los familiares, nos ponemos firmes a luchar, podemos enseñarle a la gente también a que luche, que no se calle la boca, que reaccione. Yo aprendí que no hay que arrodillarse frente a los poderosos. Ellos también son vulnerables. Les tenemos que buscar la forma de que en algún momento podamos desgastarles ese poder.

Nuestra lucha, no tan sólo la mía, sino la de todos los familiares de CORREPI, es eso: hacer que la gente entienda, que nos comprenda. Este año se cumplieron 20 años del asesinato de Sergio Durán, muerto en la comisaría 1ª de Morón; se cumplieron 24 años del asesinato de Marcelo “Peca” Rivero, asesinado por policías de Rafael Castillo; se cumplieron 22 años de la muerte de Walter Bulacio.”

Su mensaje a las víctimas de la represión: “Yo no quiero servir de ejemplo de nadie, creo que cada compañero tiene su forma de luchar, pero lo que sí les puedo decir es que no es bueno quedarse encerrado en el dolor, porque ahí sí que los estamos matando del todo. Hay que ponerse la foto de ellos, hay que salir con ellos. Y entonces, no somos nosotros los que andamos en la calle. Es como que ellos son los que están hablando, los que están protestando, los que nos están dando fuerza. Es una forma de que uno salga a la calle. No puedo ser ejemplo de nada, no hago nada que sea sobrenatural, hago lo que como mamá debí hacer.”

Próximas actividades:

Viernes 7, martes 11, jueves 13 y viernes 14, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

Martes 11 de diciembre, 10:30, movilizamos junto a la AEDD, el SITRAIC, CADEP y otras organizaciones a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para acompañar la apelación contra la decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa seguida al burócrata de la UOCRA Gerardo Martínez por su participación como agente civil en el Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura.