CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Bariloche: cárcel, movilización, gendarmería y más cárcel, todo bien Nac&Pop.

Saldada quedó la interna entre Omar Goye (intendente de Bariloche) y Alberto Weretilneck (gobernador de Río Negro), resultado éste último vencedor. La que no quedó saldada es la deuda que estos verdugos, así como el gobierno nacional, tienen con el pueblo, sino que se incrementó, luego de que, a la detención de cinco personas, acusadas de organizar los saqueos en Bariloche el 20 de diciembre, se sumaran otras seis, el pasado 21 de enero, cuando la gendarmería reprimió un corte de ruta en reclamo de la libertad de los primeros detenidos.

Además de algunos menores de edad, que luego del clásico maltrato fueron liberados, los seis nuevos presos fueron golpeados, arrastrados de los pelos y detenidos por la gendarmería nacional.

Las tres mujeres de la primera tanda de presos, iniciaron hace varios días una huelga de hambre, ya que las trasladaron fuera de Bariloche, alejándolas de sus hijos. Ahora se suman estos seis compañeros, entre los que se cuentan Blanca, conocida militante antirrepresiva de los barrios del Alto de Bariloche, y nuestro compañero Gabriel Anderete (Colibrí), militante anarquista que viajó desde Bahía Blanca para solidarizarse con los detenidos.

El corte de la ruta Nº 40, que comunica Bariloche con El Bolsón, fue reprimida no por el gobierno provincial, sino por el nacional, usando la gendarmería y bajo la dirección del juez federal Leónidas Moldes, conocido verdugo de toga de la zona, encargado de asegurarse que los pobres del Alto no anden interfiriendo con la circulación entre dos centros turísticos en plena temporada, afeando el paisaje y dando una muestra cabal de cómo se reprime la protesta y se criminaliza la pobreza en democracia.

El costo de vida está cada vez más alto y el conflicto social aumenta de manera consecuente con esta realidad. A pesar de que intenten negar la realidad, el pueblo sabe cuál es, porque la sufre. Hubo saqueos por el hambre, ahora los meten presos porque osaron levantar la cabeza y no toleran la realidad mansamente. Durante los saqueos hubo muertos por la represión policial y todavía tienen resto para proclamarse “el gobierno de los Derechos Humanos” y festejar el retorno de la Fragata Libertad, con su séquito de aduladores y aplaudidores.

Ante la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, CORREPI, que está presente en Bariloche a través de los compañeros patagónicos del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo), y colabora con la defensa técnica asumida por la compañera Marina Schifrin, de la Asociación Gremial de Abogados, estará presente, también, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en la conferencia de prensa que convocamos el martes 29 de enero a las 12, frente a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí anunciaremos las medidas colectivas que llevaremos adelante para denunciar la situación y defender a los compañeros, a los que el juez federal denegó las excarcelaciones.

Como dice el compañero Gabriel en la carta que hizo llegar desde la celda de gendarmería, “…Estas palabras son sencillas, son un llamado a luchar, a organizar el descontento a este sistema, a alimentar el sueño de otro mundo con la certeza que somos muchxs, de que la esperanza crezca con cada gesto solidario, con cada nuevxs conpañerxs que sentimos en la lucha”.

Para el estado, un policía que es violento en la casa, no lo es en funciones.

Hace algunos días, se dio a conocer la resolución 1515 del ministerio de Seguridad, que dispone la restricción la restricción de la tenencia, portación y transporte del arma de dotación y las municiones correspondientes a los efectivos de las fuerzas de seguridad que tengan licencias psicológicas, estén exonerados o dados de baja por sanciones disciplinarias. En sus considerandos, la ministra Nilda Garré menciona “que se han recibido en el ministerio de Seguridad denuncias de personas víctimas de violencia ejercida por sus cónyuges, parejas y/o familiares integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad”, y, citando convenientemente la ley 26.485 contra la violencia de género, concluye con notable perspicacia que “la situación de violencia puede verse agravada por la tenencia, portación y transporte de las armas particulares y de dotación de dichos integrantes”.

Hasta ahí suena como una resolución lógica, que sólo mueve a preguntarse cómo es que, hasta ahora, los exonerados, dados de baja por sanciones disciplinarias y suspendidos por licencias psiquiátricas seguían gozando de sus licencias de tenencia y portación.

Son muchos los casos registrados en nuestro Archivo de asesinatos policiales, usando el arma reglamentaria y aprovechando la impunidad del uniforme, que remiten a situaciones de violencia intrafamiliar o de género. Caso paradigmático es el del teniente de la policía bonaerense Omar Brítez, que había sido denunciado judicialmente por su ex pareja, Fernanda Verón, por el hostigamiento y amenazas contra ella y su nuevo compañero, Hernán Ibiris. De uniforme y en servicio, Brítez ingresó de noche al domicilio de Fernanda, vació el cargador de su reglamentaria, mató a Hernán y lesionó gravemente a la joven mientras dormían. Aproximadamente el 20% de los asesinatos cometidos contra mujeres en el marco de situaciones de violencia de género son obra de integrantes del aparato represivo estatal, y el 8% del total de víctimas registradas en nuestro Archivo de Casos corresponde a muertes intrafuerza (compañeros de trabajo) o intrafamiliares (parientes, parejas o ex parejas).

Pero el dato que no destacaron los medios es que, en cambio, aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que estén en servicio activo, aunque posean denuncias por violencia doméstica en su contra o padezcan de algún trastorno psiquiátrico, podrán utilizar sus armas durante su horario de trabajo. La única restricción es que deberán entregarlas en la dependencia al salir de franco. Es decir que el ministerio supone que ese policía que genera situaciones de violencia con sus armas de fuego en sus ámbitos privados, no será igual de violento durante su servicio con el resto de la población. Lo que preocupa al ministerio no es el uso habitualmente violento que hacen sus funcionarios de su equipamiento letal, sino que, por la visibilidad que se ha logrado recientemente que adquieran los asesinatos por violencia de género, eso le de mala prensa. Entonces lo resuelve haciendo que el arma esté sólo disponible en el horario de trabajo. El 92% de las víctimas del gatillo fácil no eran parientes ni amigos de los policías asesinos.

Por otro lado, se dio a conocer que, en el mes de diciembre de 2012, desaparecieron del RENAR cerca de 200 armas que iban a ser destruidas. En el lugar cumplen funciones miembros designados de la policía federal y adicionales de la misma fuerza, con lo que queda claro cómo viene la mano con este robo, que, dicho sea de paso, afectó a las armas que se encontraban en mejor estado.

Muchas de esas armas robadas por policías serán algún día secuestradas cuando caiga alguna banda de polichorros, o aparecerán en la escena de un gatillo fácil, como “perros” plantados.

La Sala Alberdi resiste. El estado criminaliza la protesta y persigue a los que luchan.

La Sala Alberdi, en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, resiste desde hace más de dos años el intento del gobierno de Macri y su ministro de cultura Lombardi de desmantelar la cultura, a través de la privatización de los pocos espacios públicos que quedan. Los compañeros vienen resistiendo frente a la persecución del gobierno, que en varias oportunidades amenazó y golpeó a gente de la Sala, además de impedir otras veces que pudieran ingresar al sexto piso, restringiendo los horarios de entrada y salida al CCSM.

La novedad de en enero de 2013 fue que, con la excusa del receso estival, cerraron con candado la reja de la Plaza Seca -que es una plaza pública-, impidiendo la entrada al edificio y dejando encerrados sin acceso a baños y sin víveres a los compañeros que quedaron en el 6º piso, a merced de las amenazas constantes tanto de la policía metropolitana que se encuentra dentro, como de matones no identificados. Lombardi no sólo le niega el diálogo a los compañeros, sino que ordena que nadie pueda ingresar a la Sala e impide la salida y el acceso a baños de la gente que quedó encerrada arriba, inhabilitando los ascensores y cerrando con llave todas las salidas de emergencia.

El acampe cultural realizado en la Plaza Seca, ahora llamada “Plaza Recuperada”, es una medida que los compañeros tomaron frente a esta situación y a las agresiones tanto físicas como verbales de la policía y los patovicas del CCSM. A tal punto llega el hostigamiento, que tienen que subir alimentos y agua a los que están en el sexto piso, mediante una canasta con una soga, que en una ocasión fue cortada por uno de los matones. En otra oportunidad, los compañeros que subían los víveres fueron agredidos por uno de los patovicas, que les arrojó un bidón con dos litros de agua desde el quinto piso, ante lo que no hubo ningún lesionado sólo por la mala puntería del cobarde.

Los episodios de persecución y hostigamiento a los compañeros y la criminalización de la protesta más que legítima que llevan adelante tanto en el acampe como en la Sala, muestran una clara estrategia del gobierno para desgastar y debilitar la medida de fuerza.

Además de los golpes que vienen recibiendo aquellos que intentan acercar comida y agua al sexto piso, hace poco más de una semana seis compañeros que se solidarizaban con el acampe fueron detenidos por la policía federal y hoy se encuentran imputados en una causa penal. Unos días después, dos compañeros de la agrupación Horizonte de Libertad, también solidarizándose con el acampe cultural, fueron golpeados a una cuadra del CCSM por unos diez matones con bastones largos, que se retiraron tranquilamente en dos autos al grito de “Vamos a volver”, frente a la mirada atónita de vecinos y transeúntes. Al mismo tiempo, otra compañera de la Sala era perseguida por un patrullero de la metropolitana hasta la puerta de su casa en el conurbano bonaerense y varias personas recibían amenazas telefónicas por participar en la lucha.

Días después, otro compañero del acampe fue detenido a una cuadra del CCSM por cuatro policías de civil que lo mantuvieron tres horas encerrado en un auto con vidrios polarizados, amenazándolo tanto por su participación en la Sala como por su lucha junto a los hermanos qom.

El último lunes, 21 de enero, se notificó a los compañeros del acampe y de la Sala sobre una denuncia penal por “usurpación del espacio”, en lo que es un intento descarado de criminalizar esta protesta y esta lucha legítimas contra el desmantelamiento de la cultura y la mercantilización del arte.

Además de todos estos episodios que estamos enumerando, se suma la cantidad de servicios de inteligencia infiltrados que intentan generar disturbios en el acampe y recabar información de todo el que se encuentre allí, haciéndose pasar por auto convocados y sacándole fotos a la gente.

Desde CORREPI seguimos acompañando el acampe cultural de la Plaza Recuperada y la toma de la Sala Alberdi, convocamos a todos los que puedan a acercarse y apoyar esta defensa del arte popular y denunciamos que la represión y la persecución a los que se organizan es una política de estado.

¡La Sala Alberdi resiste! ¡Basta de reprimir a los que luchan!

Combo represivo: tortura en comisaría y represión a manifestantes en Gral. Madariaga.

No llama la atención que la misma secuencia se repita una y otra vez: un chico joven y pobre -el blanco predilecto por las fuerzas represivas- tomando una cerveza en el cordón de una vereda. Con una de las excusas de siempre, esta vez una contravención, la represión y la muerte.

Damián Alejandro Sepúlveda, de 27 años, vivía en Gral. Madariaga con su padre, luego de haber estado un tiempo con su mamá y sus hermanos en una iglesia como consecuencia de haberse quedado sin un techo tiempo antes. La mañana del domingo 13 de enero, volvía de bailar. Antes de llegar a su casa, paró en un almacén para tomar una última cerveza. Pasó un patrullero. Los policías entendieron que era momento y lugar de cumplir con su función primordial, la de reprimir. Le labraron una contravención a Damián y lo subieron al patrullero para llevarlo a la comisaría. Horas después, Damián apareció muerto en un calabozo.

Siempre hay dos versiones, la de la policía y la del barrio. En este caso, los policías relatan que Damián se resistió a la detención, forcejeando y sacando una faca. Así, los uniformados del poder justifican la tremenda paliza que lo dejó semi inconsciente aún antes de subirlo al patrullero. A esto sigue el cuento habitual de que Damián, una vez en la comisaría, se deprimió y se suicidó colgándose de su propia remera.

En cambio, la mujer que atiende en almacén donde Damián compró su última cerveza, y otros dos testigos, dicen que él no se resistió ni mostró arma alguna. Coinciden sí las dos versiones en que la policía le pegó a Damián antes y durante el traslado. Otros testigos cuentan que para entrarlo a la comisaría tuvieron que arrastrarlo mientras chorreaba sangre.

Es una modalidad represiva de disciplinamiento frecuentemente utilizada por las fuerzas de seguridad del estado la de torturar a los jóvenes. Y cuando “se les queda” el torturado (como decía Walsh, cada vez vienen más flojitos los morochos) los hacen pasar por suicidios.

Así que según la policía, Damián, de 90 kilos, logró, estando físicamente muy mal por los golpes recibidos, colgarse de su propia remera para suicidarse sin motivo alguno. Inverosímil versión, cuando sabemos que la policía asesina a un pibe por día y que el 39% de las 3.800 personas asesinadas por el aparato represivo estatal murieron estando dentro de una comisaría o cárcel, y que, en el caso de las dependencias policiales, la enorme mayoría de los “deprimidos suicidas” se encontraba ahí a causa de una contravención o de una averiguación de antecedentes, herramientas de control legales utilizadas cotidianamente.

El barrio de Gral. Madariaga y la familia de Damián no se quedaron quietos ante este nuevo asesinato por parte las fuerzas represivas estatales y decidieron organizarse para manifestarse frente a la comisaría ¿Cuál fue la respuesta del estado ante el pedido del barrio y los familiares? Más represión, ahora con gases lacrimógenos y balas contra los manifestantes.

Sabemos que la policía no está para cuidarnos, sino para vigilarnos y prevenir que luchemos, pero también sabemos que sólo los detendremos organizándonos.

Próximas actividades:

-Seguimos haciendo el aguante a la Sala Alberdi en el acampe en Paraná y Sarmiento.

-Martes 29, a las 12:00, conferencia de prensa frente a la secretaría de ¿Derechos Humanos? para denunciar la avanzada represiva en Bariloche y las medidas colectivas en defensa de los presos políticos.