CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Represión en Parque Centenario.

La noche del lunes 28 de enero, vecinos y trabajadores de la feria que funciona en Parque Centenario se convocaron en asamblea, alertados porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezaba los trabajos para enrejar la plaza esa misma noche. Así, Parque Centenario se sumaría a otras 85 plazas de la Ciudad que poseen rejas que cierran por la noche.

Cuando comenzaron a poner el vallado, los vecinos y feriantes decidieron resistir. La policía Metropolitana avanzó, reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos. Como el gobierno de Macri consideró que sus fuerzas represivas no bastaban, llamó al gobierno nacional, que envió a la infantería de la PFA.

Esa noche hubo 11 detenidos, que fueron trasladados a la comisaría 11ª de la policía federal. Como lo hicieron en el Parque Indoamericano, donde se juntaron para reprimir y asesinar a cuatro personas que pedían por un techo, queda demostrado, una vez más, que para la represión Macri y Cristina no tienen desacuerdos.

La noche siguiente se repitió el mismo proceder represivo, irrumpiendo en la asamblea, deteniendo a tres personas e hiriendo a otras.

La política de enrejado de los espacios públicos la utilizan tanto el gobierno de la Ciudad como el gobierno Nacional. Una de las primeras medidas del gobierno de Kirchner, a poco de asumir, fue ponerle rejas a la plaza más significativa para los trabajadores: la Plaza de Mayo. Después de 2001, la clase social que está en el poder y que eligió a los Kirchner como representantes, se dio cuenta que era muy inseguro para ellos dejar ese espacio abierto. También fueron enrejados el Congreso Nacional y otros edificios donde deciden las políticas que aplican sobre el pueblo.

Los Kirchner utilizaron en ese momento el mismo discurso que ahora usa Macri: la inseguridad. Los primeros dejaron explícitamente claro, con las rejas, que esos lugares no pertenecían a los trabajadores, y que debían quedarse lejos. Por su parte, Macri afecta el trabajo de los feriantes y también tiene como objetivo correr de las plazas a los jóvenes, acusándolos de generar que esos espacios sean inseguros, cuando, en realidad, muchos de aquellos jóvenes que paran a dormir en la plaza, a jugar al futbol o a tomar una cerveza, se encuentran con la verdadera inseguridad, la policía, que los espera para hostigarlos y reprimirlos. Como le pasó a Jon Camafreitas en la Plaza Mariano Boedo de Balvanera, donde fue perseguido y fusilado el cabo Alexis Naredo de la comisaría 8ª, o como sucede a diario en las plazas cercanas al Abasto, donde los policías hostigan y abusan sexualmente de los chicos que paran ahí.

El mensaje es claro, hay lugares “públicos” que no deben pertenecer a los trabajadores ni a los pibes de los barrios. Para eso ponen rejas. Nuestra respuesta es la organización y la lucha para retomar los espacios que son nuestros.

La tortura que no es tortura en democracia.

El pasado 2 de enero, en la localidad de Santa Sylvina, provincia de Chaco, Alexis Damián Espíndola fue detenido en la comisaría local, acusado por un robo. Luego de ser trasladado al patio interno de la seccional, fue torturado y golpeado con puños y patadas por cuatro agentes policiales, uno de ellos Pablo Sandoval.

Finalmente, lo trasladaron a una celda en la cual continuaron las amenazas. El terror que ejercieron los policías sobre Alexis hizo que se escapara, pero horas después fue detenido nuevamente en un barrio cercano y regresado a la comisaría. Allí lo acostaron boca abajo y comenzó otra golpiza que incluyo patadas, golpes de puño, rodillazos en las zonas laterales del cuerpo, pisadas en el cuello y culatazos de armas en la sien. Como resultado, además de las obvias lesiones físicas, sufre un trauma psicológico que le impide hablar.

Como siempre sostenemos, la represión estatal necesita, además de la policía como brazo armado, a todo un aparato encargado de encubrir, liberar y garantizar la impunidad de los represores. En este caso, no es extraña la conducta del médico de guardia del hospital, quien se negó a constatar la golpiza. Pruebas no faltaban, ya que varias fotografías tomadas por el abogado de la familia dan cuentan de la gravedad del estado del pibe.

Pero éste no es el único caso reciente en la provincia. En Resistencia, los hermanos César y Daniela Romero presentaron una denuncia por torturas y violación contra la comisaría 4ª. Primero fue detenido César, usando para justificar el arresto el Código de Faltas. Cuando Daniela se acercó a la comisaría en busca de su hermano, fue insultada, maltratada, golpeada y obligada a desnudarse sin personal femenino presente. Además, presenció como su hermano era víctima de una golpiza e insultos. Finalmente, Daniela fue liberada y a César le armaron una causa de atentado contra la autoridad.

Otra provincia que no se queda atrás a la hora de torturar es Corrientes. En el penal de San Cayetano, más de 40 presos de los pabellones de mínima seguridad fueron violentamente reprimidos con balas de goma y palos por integrantes del Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias (ETOP).

Estos casos impunes ratifican la tolerancia a la tortura del estado argentino, que asegura a las fuerzas de seguridad que el castigo siempre será lo más leve posible, dándoles vía libre para que comentan delitos y violaciones a los derechos humanos.

Y como si esto fuera poco, ni siquiera se llama a las cosas por su nombre. Bajar la calificación legal de torturas a apremios o vejaciones, así como los homicidios calificados se tornan excesos en la legítima defensa o u homicidios por negligencia, queriendo dar cuenta que es un policía y no toda la institución, es parte del lavado de cara necesario en el contexto democrático.

De norte a sur, las fuerzas de seguridad estatales, llámense servicios penitenciarios, policía federal, provincial, municipal, metropolitana, gendarmería, prefectura o agencias de seguridad privada, torturan y matan con un único objetivo, que es mantener el orden de cosas establecido, cuidando las espaldas e intereses de los ricos y disciplinando a los pobres.

¡Libertad a los presos por luchar!

Luego del despliegue propagandístico oficial de la “Campaña Nacional contra la violencia institucional”, la represión recrudece a lo largo y ancho del país, sumando una cantidad llamativa de casos contabilizados en estos dos últimos meses. Entre las diferentes manifestaciones de la misma política nacional se encuentran los compañeros de Bariloche que siguen detenidos, cinco de ellos acusados de “instigación” al saqueo luego de los allanamientos violentos a los vecinos del Alto, tres de los cuales pertenecen a la Cooperativa 1º de Mayo y vecinos de los barrios más marginados. A estos presos políticos, se sumaron seis compañeros más privados de su libertad, luego de la represión desplegada en el corte de la Ruta nacional N° 40 por la gendarmería nacional, bajo la dirección del juez federal Leónidas Moldes, cuando los compañeros exigían la liberación inmediata de lo primeros detenidos.

La situación de los compañeros toma un carácter cada vez más complejo. Hostigados afuera por las diferencias sociales y la explotación que nos imprime el sistema, reprimidos por acampar y manifestarse en pos de poder garantizar condiciones dignas de existencia, ahora se suman los maltratos y condiciones inhumanas que les garantizan en los lugares de detención. Por esto mismo, las tres compañeras detenidas, Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande, iniciaron una huelga de hambre, para visibilizar la situación de maltrato e incomunicación en que se encontraban, siendo negada su excarcelación por el juez Moldes, a pesar de que dos de estas compañeras tienen hijos pequeños que están a su cuidado. Con la huelga de hambre y la profundización de la campaña solidaria, se logró su arresto domiciliario.

Ante la presión de la movilización popular, con movilizaciones en distintos puntos del país, se logró la excarcelación de cinco de los presos de la ruta, Gabriel Anderete, Pablo Mansilla, Maximiliano Careaga, Blanca Grande, Patricia Santos y Carla Sanpirisi. Queda continuar la lucha por la liberación de todos, y por el cierre de las causas, contra la criminalización de la protesta social ejercida por el kirchnerismo.

Por eso, ante la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional de la mano con los gobiernos provinciales, CORREPI, que garantiza su presencia en Bariloche a través de los compañeros patagónicos del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo); colabora con la defensa técnica asumida por la compañera Marina Schifrin, de la Asociación Gremial de Abogados, y estuvo presente, también, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y otros organismos de derechos humanos, en la conferencia de prensa que se realizó el martes 29 de enero, frente a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación donde decidimos invitar conjuntamente a sumarse a la movilización que se realizará el 5 de febrero a Plaza de Mayo.

El gobierno de la ciudad contra los trabajadores que luchan.

Otra vez el gobierno de Mauricio Macri pone en evidencia la persecución estatal frente a los trabajadores, que, de cara a la precarización que sufren en sus puestos de trabajos, deciden dar una lucha para enfrentar estos múltiples y permanentes atropellos.

Esta vez fue el turno de los trabajadores del programa BAP (Buenos Aires Presente), que fue afectado con el despido y traslado de más de una decena de compañeros, entre los que cuales se encuentra toda la junta interna de ATE. El ministerio de Modernización es denunciado por los trabajadores como el encargado de llevar adelante esta política, con Pedro Aparicio como uno de sus principales responsables. Esta persecución sindical también alcanzó a dos delegados de la Dirección General de Museo, sin olvidar el despido de un trabajador de la subsecretaría de Trabajo por negarse a repartir volantes del PRO en diciembre pasado. Los trabajadores vienen enfrentando un hostigamiento de larga data, frente al claro objetivo de vaciar este programa (el cual depende del Ministerio de Desarrollo) que trabaja con personas en situación de calle.

Al igual que las distintas patronales, la estrategia de desarticulación de la lucha organizada, muestra sus distintos instrumentos: despidos, traslados compulsivos (con una lógica selectividad en los compañeros delegados), criminalización de la protesta, en fin: violentar los derechos de los trabajadores frente a la organización que denuncia la precarización a la que la un gran sector de los trabajadores estatales es sometida, las pésimas condiciones edilicias, salarios paupérrimos y los ya clásicos contratos basura.

Nada nuevo nos muestra el gobierno de la ciudad con estas prácticas, ante la organización de los trabajadores para defender sus intereses y cuando el estado actúa como patrón, pone todo sus fuerzas en impedir que avance su lucha, para mejorar y defender sus derechos.

A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga.

Desde que detuvieron, torturaron y desaparecieron a Luciano, más de 25 personas tuvieron igual destino a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Todos ellos forman parte de los 210 desaparecidos por el estado desde 1983 hasta fines de 2012.

Lomas del Mirador es una muestra de lo que sucede en todos los barrios del país: la inseguridad es la policía en la calle. Sin una estructura estatal participando activamente y protegiendo el crimen organizado, los grandes hechos de inseguridad que vemos todos los días no existirían, ya que el trafico de drogas, el robo de autos, casas, salideras bancarias, la prostitución, el tráfico de personas y todos los negocios ilícitos que generan grandes ganancias, están organizados y digitados desde el estado a través de las fuerzas de seguridad. ¿Más policía para combatir la inseguridad? Esa “solución” suena a apagar un incendio con nafta.

Muchas veces la policía recluta a jóvenes pobres para que salgan a robar para ellos, ofreciéndoles droga a cambio o amenazándolos. Luciano dijo no. Ahí estaba, un joven pobre levantando la cabeza, un joven que se resistía al disciplinamiento de la policía, un joven negándose a participar de los negociados de quien lo reprimía y hostigaba todos los días. Eso fue suficiente para que la policía determinara que Luciano era peligroso, por lo tanto procedieron a eliminarlo del mapa.

Luego de varias entradas a la comisaría donde lo torturaron, se llevaron a Luciano el 31 de enero de 2009 y nunca más apareció. Mentiríamos si dijéramos que nunca más se supo de Luciano, porque se sabe que estuvo en la comisaría de Lomas del Mirador; se sabe que lo torturaron; se sabe que esa noche los patrulleros no hicieron su recorrido programado; se sabe que era hostigado cotidianamente por los policías por negarse a robar para ellos. Se sabe, todos lo sabemos, que Luciano y otras 210 personas no están ni ausentes ni perdidas, sino detenidas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad del estado.

Luciano Arruga también forma parte de las 78 personas desaparecidas durante el gobierno de los Kirchner, que mientras levanta falsamente la bandera de los DDHH, es el gobierno que más casos de gatillo fácil acumula; el primero que logra consenso suficiente para militarizar todo el territorio y para desplegar una política represiva que también incluye leyes antiterroristas, tercerización de la represión, represión a organizaciones políticas y más de 20 compañeros asesinados por luchar.

Desde CORREPI estuvimos presentes el 26 de enero en Lomas del Mirador, acompañando la lucha de los amigos y la familia de Luciano, que decidieron no quedarse callados y organizarse y luchar contra la represión.

Con o sin uniforme, igual gozan de impunidad.

Marcos Nahuel Arias, de 20 años, fue asesinado en Mendoza de una balazo en el tórax, por un policía de civil. Cristian Corvalán, de 23, fue asesinado en González Catán con un disparo en la cabeza, propinado por otro policía de civil. Ramón Alberto Cruz, de 35 años, fue asesinado en Misiones por otro no uniformado; el balazo, para variar, fue por la espalda. Julio Luna tenía 60 años cuando un federal de civil le disparó en el pecho. A Mauricio Araujo, de 19 años, a quien encima le terminaron plantando un arma a pesar de los vecinos testigos de la masacre, lo mataron entre dos policías de civil que se movían en un auto sin identificación, en Mar del Plata. En Moreno, Miriam Fronza, de 49 años, recibió un tiro en la nuca del bonaerense Claudio Fernando Vadalá, que no lucía su uniforme reglamentario sino que manejaba su espléndido Hyundai Génesis valuado en $200.000. La lista sigue.

Estos casos seguramente suenen conocidos. Es porque, como todo hecho represivo, los hemos denunciado en sus respectivos momentos, junto con otros miles de casos de gatillo fácil que, a la par de las torturas sufridas por los presos en las cárceles y los detenidos en las comisarías, las detenciones arbitrarias y hostigamiento que sufren los pibes de los barrios pobres, conforman un siniestro espectro de violencia que desata la clase dominante para disciplinar a la clase trabajadora y mantenerla calladita.

De civil, también, estaban los policías que persiguieron, disparos de bala de goma mediante, golpearon y detuvieron a Claudio Morel Rodríguez, la semana pasada en la localidad de Avellaneda. Él tiene la suerte, no como los casos que recordábamos arriba, de ser un famoso jugador de fútbol y el caso trascendió. Trascendió, además, por el horror que causó en algunos la idea de que un policía de civil persiga y dispare a su antojo por la calle, sin identificación. Pero esto es algo que, en realidad, no sorprende, no sólo por los ejemplos mencionados, sino porque sabemos que, uniformados o no, los policías y todas las fuerzas represivas estatales cuentan con la impunidad que sólo un sistema de desigualdad e injusticia puede garantizarles. Y, claro está, no es por nada, sino para que cumplan libremente con la tarea que les ha sido encomendada: cuidar las riquezas de quienes se apropian del trabajo ajeno, tanto a través de infundir el miedo en los barrios como de acallar violentamente los cánticos de una marcha popular que reclama dignidad y amenaza el poder de los ricos.

“Suponemos que, con todos los peritajes y demás, las autoridades van a relacionar esto con cierta brutalidad policial. El ministerio de Seguridad bonaerense actuó rápidamente y me notificaron, las personas que intervinieron en el hecho, que son dos, han sido desafectadas”, fue la declaración de Florencia Arietto, responsable de seguridad del Club Atlético Independiente (equipo del que Rodríguez forma parte). Ninguna “brutalidad policial” se esconde detrás de este hecho y ninguna desafectación va a evitar que esto siga pasando. Tanto jueces y fiscales, seguramente, se encarguen de reordenar a los policías donde más les convenga, como pasa con cada represor en este sistema. Pero, como siempre decimos, sólo organizarnos y luchar contra esta gigante máquina de matar es la salida que nos queda a los de abajo para que los de arriba no nos sigan persiguiendo y baleando.

Próximas actividades:

-Seguimos haciendo el aguante a la Sala Alberdi en el acampe en Paraná y Sarmiento.

-En febrero, martes y viernes, siguen las audiencias en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, en Comodoro Py 2002.

-Martes 5, a las 17:00, marchamos de Av. de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo para denunciar la avanzada represiva en Bariloche, exigir la libertad de los presos políticos y el cierre de las causas contra luchadores.