CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Agradecemos a todos los compañeros y organizaciones que expresaron su solidaridad con CORREPI y repudiaron la amenaza telefónica recibida durante la primera emisión de la segunda época del programa Leña al Fuego, anunciando “Vamos a hacer mierda a la Verdú”.

A un año de la desaparición de Facundo Rivera Alegre.

La desaparición de personas es una metodología represiva que sigue siendo utilizada por el estado, generalmente, hoy, ejecutada por la policía. En los últimos tiempos, los casos más ampliamente conocidos fueron los de Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano (trabajador golondrina desaparecido en Río Negro por organizarse por mejores condiciones de trabajo, en noviembre de 2011). Pero esta modalidad ya lleva más de 200 víctimas desde 1983 hasta la fecha.

Facundo Rivera Alegre es uno de esos desaparecidos en democracia. Cordobés, cuartetero, el “Rubio del Pasaje”, como le decían sus amigos, desapareció el 19 de febrero de 2012 en su ciudad natal. Había salido a bailar y nunca volvió. Hay distintas hipótesis sobre qué fue lo que pasó con el Rubio. La sostenida por la familia, y la más verosímil, es que la policía y el narcotráfico están involucrados. Lo cierto es que la “justicia”, como bien nos tiene acostumbrados cuando se trata de los pibes del pueblo trabajador, hace que investiga, allana lugares, pero nunca encuentra nada. Y el Rubio sigue sin aparecer, un año después.

En palabras de su madre, Viviana Alegre, “Para mí lo levantaron, como hacían siempre, se zarparon con los golpes y ahora no saben cómo zafar ¿Pero dónde está su cuerpo? ¿Qué le hicieron? ¿Quién, si no es la Policía, puede desaparecer a alguien?”.

Seguiremos luchando por la aparición con vida de Facundo, así como lo hacen numerosas organizaciones de Córdoba, entre los que se incluyen nuestros compañeros del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo), desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, impulsando espacios como la Multisectorial por Facundo, creada a 6 meses de su desaparición, que organiza actividades y lucha en las calles para dar visiblidad a este caso. Sabemos que la lucha organizada es la única respuesta que podemos dar frente a la represión.

Libertad a los presos políticos.

Después de innumerables medidas de lucha que se realizaron en todo el país, desde huelgas de hambre, acampes y grandes movilizaciones, se logró primeramente la libertad de los detenidos en el corte de la ruta 40, que une a Bariloche con El Bolsón, y luego el arresto domiciliario para las compañeras Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande, acusadas de los saqueos.

Ahora, la movilización popular sumó un nuevo logro. Es que el Juez Martín Lozada tuvo que conceder el traslado de Miguel Mansilla y José Paredes desde el penal 1 de Viedma, donde además de sufrir todo tipo de maltratos, se veían imposibilitados de la visita de sus familiares y compañeros, a Bariloche.

Pero los cinco compañeros siguen detenidos, y con la causa abierta en su contra. La criminalización de la pobreza y de la protesta social es una política de estado que ya ha procesado a más de 4.000 compañeros.

En esta misma política represiva de procesar luchadores es que se inscribe el caso de Rolando Echarri Pareja, un compañero de nacionalidad peruana, perteneciente al MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), sobreviniente de la masacre del Penal de Isla Frontón, que culminó con 300 muertos. Luego de estar detenido dos veces, y de haber logrado su libertad, aún sin condena, llegó a la Argentina hace tres años y, con extensa documentación que acredita su condición de perseguido político, pidió oficialmente que se le otorgue refugio político.

Allí mismo, dentro de una de las oficinas del CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), fue arrestado y comenzó su proceso de extradición a pedido de Perú, con la excusa de la agrupación a la que pertenece “está asociada” a Sendero Luminoso.

A este caso se suma el de Juan Manuel Carranza Laurente, integrante en Perú de la Asociación de Abogados Democráticos, quien también es acusado de terrorista en su país, por defender presos políticos que padecen cargos como el de agitar una bandera con una hoz y un martillo y haber hecho pintadas. Es por ese tipo de hechos que el gobierno argentino, a pedido del peruano, detuvo a Rolando hace dos meses.

Queda claro que los gobiernos son aliados políticos a la hora de enfrentar y perseguir luchadores populares. Es menester acrecentar la organización y la lucha para lograr la libertad de todos los compañeros detenidos por razones políticas y el cierre de todas las causas abiertas por luchar.

¡Libertad a todos los presos políticos! ¡Basta de criminalización de la protesta!

¡No a la extradición de Rolando Echarri Pareja y Juan Manuel Carranza Laurente!

Siguen matándonos, y se matan entre ellos.

El 13 de enero, en General Madariaga, la policía detuvo y torturó hasta la muerte a Damián Sepúlveda, de 20 años. Luego, como es habitual, los policías intentaron simular un suicidio, versión policial contradictoria con la segunda autopsia realizada la semana pasada, que demuestra fisuras en las costillas de Damián y un golpe contundente en la cabeza que hace imposible que el chico estuviera consciente para suicidarse.

El 4 de febrero, en el barrio Quinta Ferré, Lisandro Vallejos, de 17 años, volvía de una fiesta con unos amigos cuando fue baleado por varios policías. Lisandro estuvo internado varios días, hasta que falleció.

En febrero, si creyéramos a la policía, diríamos que hubo una ola de suicidios en comisarías y cárceles, pero la verdad es que lo que existió, no es otra cosa que un mecanismo utilizado cotidianamente en establecimientos represivos: asesinar al detenido y encubrirlo como un suicidio. El día 7, en Salta, Álvaro César Telles fue detenido por una denuncia de su mujer. Una hora y media después, apareció colgado en su celda. Como siempre, los policías dijeron que el preso se suicidó. No dice lo mismo el cuerpo de Álvaro, que presenta golpes en la espalda, brazos y cráneo. El mismo día, en la cárcel de Coronda, Santa Fe, Roberto Yrusta también fue encontrado ahorcado en su calabozo. Roberto, digamos de paso, hace tres años que denunciaba las torturas sufridas en prisión.

Al día siguiente, 8 de febrero, en Roque Sáenz Peña, Chaco, los policías que estaban haciendo un allanamiento comenzaron a disparar. Uno de esos disparos entró en el tórax de Álvaro Zarandón, de 16 años, que estaba en la vereda con sus amigos.

Pero no sólo nos matan: también usan las mismas armas para “ajustar” sus cuestiones personales. El 16 de enero, Fabián Montivero, policía de Godoy Cruz, utilizó el asesinato para resolver los problemas maritales con su pareja, también integrante de la fuerza. Lo mismo, pero en Santa Fe y el 20 de enero, ocurrió con un penitenciario de apellido Vega, que mató de 27 puñaladas a su esposa, embarazada de siete meses. Y Lucas Manuel Ferreyra, efectivo policial cordobés, asesinó, por los mismos días, a su amigo Yamir Oviedo, de un tiro en cara. Según el policía, el tiro “se le escapó”. Finalmente, el 24 de febrero, en Jujuy, Milton Canchi, cabo de la policía provincial, comenzó a discutir con su esposa, y, para ponerle punto final al desencuentro, sacó su arma reglamentaria y le disparó varias veces, asesinando a quien también era su compañera de fuerza.

Este breve recuento de asesinatos a manos de las fuerzas estatales de seguridad, muestra cómo se repiten las mismas modalidades represivas, como el gatillo fácil, la tortura y la muerte en lugares de detención, a lo largo y ancho del país. Y muestra, también, cómo, en situación de disputas intrafamiliares o intrafuerza, policías y otros uniformados responden eliminando el “problema” con los mismos recursos que les da el estado para reprimir.

Fútbol, balas y palos para todos.

Un policía dispara sobre la multitud y su sonrisa revela el placer que le genera ese accionar criminal. Es una foto, de una serie que se inscribe bajo el título: “Así reprimió la policía bonaerense.” Nuestra consigna “inseguridad es la policía en las calles” puede extenderse, sin hesitar, a las canchas del fútbol argentino.

Los últimos episodios de indiscriminada represión sobre las tribunas visitantes, en ocasión de jugarse los partidos Mandiyú-Chaco For Ever en Corrientes, Unión-Quilmes en Santa Fe, N.O.B.-Belgrano en Rosario y Gimnasia-Chicago en La Plata, dan cuenta de esta afirmación.

El despliegue represivo desatado sobre centenares de hinchas indefensos dejó claramente expuesto, el verdadero rol de las “fuerzas del orden” y la naturaleza ideológica de los llamados operativos de seguridad. A la hora de disciplinar, no se escamotean balas, gases ni tonfas.

Cuenta un hincha que lo sufrió en La Plata: “La policía gatillaba y repartía bastonazos indiscriminadamente. Persiguieron y siguieron tirando balas de goma hasta la autopista. Salvajismo en estado puro”. Producto de este accionar, varios hinchas resultaron heridos y uno perdió un ojo.

En Febrero, en Goya, provincia de Corrientes, la parcialidad de Chaco For Ever fue reprimida con el uso de picanas cuando bajaban del micro para ingresar al estadio donde su equipo jugaba con el Mandiyú local.

A la hora de disciplinar, no se repara en garantizar impunidad de los agentes, revictimizando a las víctimas de su accionar.

Cuenta el jugador cordobés lesionado en el pómulo por un bastonazo de una mujer de la policía rosarina: “Fui a hacer la denuncia y en la comisaría no me la tomaron porque dijeron que el imputado era yo, hasta me quisieron fichar”. El jugador intervino para frenar la descarga violenta sobre la multitud indefensa y todos los registros fílmicos indican que el palazo en su rostro fue la única respuesta que obtuvo.

A la hora de disciplinar, no hay problema en brindar las versiones tendenciosas de lo ocurrido: la explicación no existe y la información se limita al parte policial registrando los daños a sus patrulleros.

El 20% de las muertes ocurridas en las canchas del fútbol argentino, se deben al accionar policial.

La mayoría de las represiones se desatan contra el público visitante, revelando el engranaje territorial de los negocios que la propia policía realiza con los socios menores del poder: los barras-bravas.

En todos los casos relatados, la policía ha sido el generador de la violencia.

Para que estas cosas ocurran, y se repitan sin solución de continuidad, es imprescindible el visto bueno de los gobiernos de turno, sean del palo de la derecha más rancia o del pretendido progresismo. Levanten la mano dura o vociferen su reivindicación de los Derechos Humanos, siempre reprimen, más explícitamente o en silencio.

El disciplinamiento social a través del uso de la violencia les es indispensable. Las canchas son sitios recomendables para entrenar a la tropa. La foto del policía regodeado con sus disparos es reveladora.

Los reprimidos siempre somos los mismos. La inseguridad es la policía en las calles, en las canchas, y en todos lados.

Aumento instantáneo si el que reclama tiene uniforme.

Con movilizaciones y huelgas en todo el país, los docentes siguen reclamando a los gobiernos nacional y provinciales un aumento de salario que mínimamente compense lo que la inflación se come a diario. Otros empleados estatales llevan adelante similar pelea, también contra la precarización, pues el estado –de nuevo, nacional, provincial o municipal- es el primer empleador en negro. Todos los días vemos el esfuerzo de trabajadores de todas las ramas de la producción que enfrentan represalias de las patronales y del estado por exigir un mínimo de dignidad en sus condiciones laborales.

En cambio, cuando el reclamo viene de quienes tienen que estar bien dispuestos a reprimir a los anteriores, la respuesta es otra, y en tiempo record.

Hace unos días, la noticia –que se anunciaba en los medios con tonos preocupados, en oposición total al habitual “caos de tránsito” cuando lo que se “informa” es una medida de lucha de trabajadores- fue que gendarmes y prefectos volverían a reclamar aumentos, esta vez acompañados por la policía federal y las fuerzas armadas.

Bastó el anuncio de una nueva asonada, para que se dictaran los decretos 245 y 246, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, que fueron informados a todas las unidades de la gendarmería por un mail enviado a las 22:55.

El gobierno muestra, así, que no se confunde con la prédica de los que dicen que los milicos (con cualquier color de uniforme) “son trabajadores”. A esos desclasados, cuyo rol es reprimir a los trabajadores y el pueblo, los trata como necesita, para que muevan la cola, y, con la panza llena, muestren los dientes cada vez que su patrón los manda a reprimir.

Próximas actividades:

-Seguimos haciendo el aguante a la Sala Alberdi en el acampe en Paraná y Sarmiento.

-En marzo, martes, jueves y viernes, siguen las audiencias en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, en Comodoro Py 2002.

-Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo el 24 de marzo. CORREPI concentra a las 13:00 en Plaza Lorea (Av. de Mayo y L. S. Peña).