CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Exceso de defensa: el estado contra un hincha.

Es política de estado, no es una cuestión jurídica. Para muchos, ya es algo remoto, aunque no pasaron dos semanas en La Plata. El hincha asesinado era Javier Gerez, el policía asesino es el capitán Roberto Lezcano, y su jueza blanqueadora, Marcela Garmendia.

El policía, en medio de una batahola provocada por el mismo operativo para el que prestaba servicios, disparó su escopeta a menos de un metro del hombre. Mató, lo detuvieron, algunos funcionarios se indignaron “para la tribuna” y, a los pocos días, salió en libertad porque la jueza dijo que el policía “se excedió en el ejercicio de su legítima defensa”.

Los videos hablan solos. Lezcano disparó a boca de jarro, sin que su propia vida corriera el mínimo peligro.

La decisión de la jueza muestra, de nuevo, cómo se beneficia a los que ejecutan la política represiva estatal, con el recurso de una figura atenuada del homicidio que, ley no escrita mediante, funciona como llave para la excarcelación automática del asesino de uniforme.

Los códigos y los libros de derecho explican que uno de los requisitos de la legítima defensa es que el acusado no haya provocado el incidente que dio origen a la situación. El “cacheo” gastador a los hinchas en las adyacencias del estadio -cacheo que originó la reacción del hincha- forma parte de un accionar policial habitual que genera broncas, que indigna y establece las reglas del juego: la violencia la desata quien usa el uniforme del estado.

No está escrito en ningún protocolo, pero está asumido por el propio estado cuando completa el círculo desde el poder judicial. La misma justicia se niega a reconocer que la provocación está en el procedimiento policial, que matar en esas condiciones nada tiene que ver ni con la defensa propia ni con exceso o abuso de esa defensa.

No es la protección personal del capitán asesino lo que llevó a la jueza a sellar y firmar con rapidez su libertad, sino la necesidad de mantener incólume la idea del uso y monopolio de la fuerza por parte del estado, la razón disciplinadora que lo inspira y que se materializa en la función policial. Y esto es de raíz política.

Pero no de cualquier política. Es además una política atravesada por una cuestión de clase: cuando el detenido es un perro guardián de los que dominan, todo el andamiaje burocrático se mueve para procurar su rápida soltura. No ocurre lo mismo cuando detienen e incomunican a trabajadores que casi pierden su vida conduciendo y haciendo lo que pueden en los trenes de los crímenes sociales.

Finalmente, para la tribuna, simulan indignarse los funcionarios. Casal, el ministro de Scioli, lo hizo por un ratito ante el crimen de su subordinado en La Plata. Como Randazzo, el ministro del gobierno de los derechos humanos, cuando habló de siniestros y accidentes ante el crimen social de Castelar. La defensa del estado, nunca es legítima.

Buenas noticias, sabrosas telefotos ¡a tragar sin culpa!.

En la mañana del 11 de junio fue encontrada muerta Ángeles Rawson, de 16 años, que había desaparecido el día anterior luego de asistir a sus clases de educación física en un predio aledaño al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) en el barrio de Colegiales, donde vivía con su familia. El cadáver de la adolescente fue hallado entre las bolsas de basura que habían descargado los camiones de transmisión al predio central en José León Suárez, localidad del conurbano bonaerense.

Inicialmente, todos los medios de comunicación publicaron que la víctima había sido violada antes de ser asesinada, noticia que trajo aparejada consigo un aluvión de informes emotivos, que indicarían como consecuencia la podredumbre de vivir en esta época de inseguridad y violencia desmedida.

El miércoles a la noche, a partir del informe de la autopsias, tuvieron que salir a desmentirse, ya que no había en el cuerpo indicio alguno de violación. Mientras tanto, esas 24 horas de intervención mediática, hicieron lo suyo: cumplieron su objetivo.

La posibilidad que se abre a los medios de ejercer poder sobre la audiencia y, por lo tanto, de estructurar y ordenar su conciencia sobre la realidad, hace de ciertas coyunturas un diamante en bruto a explotar en su máxima potencia. Todo este mecanismo de disciplinamiento tiene una explicación, que se halla intrínseca en la propia dinámica de su funcionamiento. Para ello, es necesario revisar punto por punto.

Primero y principal, –se sobreentiende, tomando en cuenta el objetivo que los convoca- para los medios siempre es un buen momento para aprovechar la coyuntura y echar leña a la caldera; siempre es útil la oportunidad de reajustar las tuercas que, sea el día anterior o hace unas pocas horas, habían ajustado con otro platillo: en este caso, la imagen utilizada fue la de una adolescente muerta (y según ellos, violada) producto de la inseguridad, cimentada al paso como el mayor problema que le atañe a los usuarios. Eso sí, no era cualquier víctima, sino una que –ellos sabían- iba a dolerle a la audiencia. Ángeles era menor de edad, buena estudiante (tenía el mejor promedio en su escuela), vivía en un barrio “bien” y su familia es socialmente respetable: de buen pasar, económicamente cómoda, sin ser ni opulenta ni irrelevante: ideal para que el “público” que interesa (los sectores de la llamada “clase media”), lejos de sentirse incómodo, se identifique y solidarice automáticamente.

Sobre el impacto encaramado que produjo la noticia, comenzó el circo de la extorsión y el ordenamiento, a través de distintas herramientas: aparecen las grillas estadísticas que describen el horror, con antecedentes y características indicadores de un perfil criminal, especialmente las de un violador; descripciones basadas en supuestos infundados, rayanas a lo absurdo, en las cuales entrarían la mitad de los individuos de esta sociedad; y el pretendido homenaje a la víctima, conmovedor, fustigante, acicalado con alguna angustiante melodía y acompañado de fotos donde se muestre la inocencia del desafortunado inocente.

El efecto es automático, ensordecedor, certero al 100%. Aquí es donde se comprende por qué no son útiles las noticias de los pobres. A los medios no les sirve mostrarlas, porque en su seno incuban la denuncia explícita –que a ellos también abarca- y porque, en estos casos, la audiencia siempre encuentra una excusa para desechar rápidamente la noticia, perdiéndose así el efecto pretendido.

Ese efecto no es azaroso, como nada en este circo. Viene bien ornamentado, bien cocinado de antemano, y su fin último, su uso práctico es el que siempre fue: el uso de la coyuntura para establecer una postura política a través de un mecanismo de control. No cualquier control, sino el más certero, el tiro de gracia: el autocontrol.

El tratamiento de “la problemática de la inseguridad”, vista y publicada como la mayor problemática de nuestro tiempo, deja sobre la marcha el espacio para tatuar en la piel de los consumidores de la “noticia”, varias consignas: en cualquier lugar y momento puede tocarle a cualquiera, a usted y a su familia, a todos. La vida entendida de este modo vale dos centavos. El usuario, así, es arrinconado a la desesperación del pánico, situación que abre el espacio justo para una doble función: por un lado, la puerta a la propuesta que “solucione” el “problema”, y, por el otro, la siembra de la cosecha, el efecto de tal temor; esto es, la desconfianza. Desconfiar de todos, del vecino, del almacenero, hasta de la propia sombra.

El resultado de la doble función, permite entonces, primero y sobre todo, la distracción de lo que realmente subyace a la coyuntura (el hambre, la explotación, la desocupación, el trabajo precario, la falta de vivienda, de salario digno, la desigualdad, la injusticia y por ende, la política de estado que garantiza su funcionamiento); segundo, la propuesta de derecha bien cimentada (a mayor inseguridad, la solución es el refuerzo de lo seguro, es decir, más policía en las calles y, por lo tanto, la garantía de la regulación del crimen y la represión en los barrios); tercero y último, el efecto de la desconfianza (la incomunicación, la distancia y el encierro: todos en sus casas quedan aislados y con pánico uno del otro, confinados a ver la realidad a través de un monitor, una radio o una televisión, de manera que la capacidad potencial de organizarse, de discutir la realidad, intrínseca del pueblo, queda anulada y por tanto “resuelta”). La operación restante se gesta sola, el aislado se autorregula, se somete solo y somete, a su vez, al otro, vigilándose y vigilándolo.

Así, los medios hegemónicos –herramienta fundamental del poder-, construyen diariamente la realidad que objetivan como única y verdadera. Así, ponen el guiño ciego a la desidia de la impunidad y aprovechan para legitimarla, fomentando la fragmentación del pueblo y, por lo tanto, la perpetuidad de la corrupción. Así, pretenden mojarnos la oreja a todos.

Pero hay todavía unos pocos –los hay, somos pocos, pero locos- que nos negamos a aceptarlo y que asumimos afiebrados de indignación, la tarea de denunciarlo y de canalizar nuestra bronca convirtiéndola en la lucha de todos los días. Nosotros pocos que decimos, parafraseando a nuestro querido compañero Rodolfo Walsh “con la certeza de ser perseguidos, pero fieles al compromiso que asumimos hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.”

Y por más herramientas que empleen en sus métodos, les decimos, acá no pasarán.

El imperialismo yanqui y el espionaje patriótico.

La semana pasada se supo que la Agencia de Seguridad Nacional yanqui (NSA) extrae los datos del tráfico informático que le proporcionan empresas como Facebook, Google, Apple, Microsoft, Youtube, Skype, Paltalk, Aol y Yahoo. Se trata de un programa ultrasecreto denominado PRISM cuya existencia fue revelada por un ex empleado, Edward Snowden.

El escándalo se propagó enseguida por todo el mundo. Obama justificó este accionar en la defensa de EEUU en su lucha contra el “terrorismo” y en que está permitido por las leyes.

Luego de conocerse el espionaje de la NSA, tomó estado público que el estado yanqui también recibe informes de otras empresas, como las telefónicas Verizon, Sprint y AT&T, las compañías de tarjetas de crédito y los bancos. “De 2003 a 2011 los bancos y otras firmas del sector presentaron más de 110 mil informes” (Bolpress, 13/06/2013).

En algo tiene razón Obama. Este accionar es perfectamente legal. Es una ley, la de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), la que autoriza esa práctica. Además, la recolección de datos fue autorizada por el juez Roger Vinson, de la Corte Especial de Inteligencia Internacional. Los políticos yanquis, republicanos y demócratas, conocían estas actividades y las han defendido, bajo el argumento de la defensa de la patria. Como decía Oscar Wilde, el patriotismo es la virtud de los viciosos.

La información recolectada es compartida con los servicios secretos británicos, más específicamente con el GCHQ (Government Communications Headquarters).

Esta política no es exclusiva del gobierno de Obama. El estado yanqui lo ha hecho siempre, pero se ha intensificado desde 2001. Fue Bush, mediante el dictado de la Ley Patriota, quien legalizó la profundización el espionaje. Entretanto, el congreso norteamericano evalúa el proyecto Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) que legitima una mayor intromisión de los servicios secretos.

Tampoco es un accionar que se limite al territorio de EEUU, ya que está destinado a la vigilancia externa. Tan es así, que no se salvan ni otros países imperialistas, como Alemania, cuya presidenta, en forma cínica, ha protestado como si su estado no recurriera al espionaje.

Esta política tiene como finalidad que la burguesía yanqui reasegure su hegemonía en todo el mundo. Es que el estado capitalista es la junta general que administra los negocios de la burguesía y la legalidad que esgrimen sus representantes no es más que la voluntad general de la burguesía hecha ley. Las apelaciones al patriotismo, a la seguridad nacional, a la defensa del derecho, a la democracia, son sus excusas para justificar sus aventuras de dominación, como el reciente blanqueo de la ayuda yanqui a los “rebeldes” sirios, justificándose en que el régimen de Al–Assad utiliza armas químicas.

El egoísmo privado es el secreto del patriotismo de los burgueses, decían Hegel y Marx. Nunca tuvieron tanta razón.

La farsa del juicio a los petroleros de Las Heras.

A principios de 2006, una serie de luchas obreras sacudieron el norte de la provincia de Santa Cruz, continuidad de una larga lucha protagonizada por los trabajadores hiper explotados por las multinacionales dedicadas al negocio de la extracción de petróleo. Los reclamos de ese inicio de año no eran nuevos: mejoras salariales, encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos, pase a planta de los tercerizados.

Entre las últimas semanas de enero y la primera de febrero, hubo piquetes en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. La madrugada del 7 de febrero, con el conflicto al rojo, una nueva injusticia, la detención de un referente de los trabajadores, desató la reacción masiva de un millar de obreros, que asumieron su autodefensa, y con la fuerza de su movilización liberaron a su preso y frenaron otras seis órdenes de captura.

En la pueblada murió un policía, Jorge Sayago, que quedó solo frente a la comisaría cuando sus camaradas retrocedieron ante la decisión de los trabajadores que la rodeaban.

El gobierno provincial rápidamente recibió el apoyo del nacional, y a los pocos días, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, un mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas en la ciudad de menos de 10.000 habitantes. Se allanaron casas, vecinos y trabajadores fueron apaleados y torturados, y se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada.

Sobrevino entonces una parodia de “investigación judicial” cuyo único fin fue desactivar y condenar la lucha obrera y popular. Con la lucha popular y la solidaridad activa, luego de casi tres años se logró que los últimos detenidos fueras liberados, pero la causa siguió su inexorable avance, con las acusaciones fundadas en testimonios arrancados a golpe limpio.

El lunes 17 de junio comenzó el juicio a los 12 trabajadores que quedaron acusados por delitos que van desde el homicidio calificado del policía, ascendido a comisario post mortem, hasta la coacción agravada por la que se agravia el gobierno provincial, constituido en querellante a la par de la familia del policía. Al fiscal de cámara que debía intervenir en el debate no le dio la cara para sostener las imprecisas y genéricas acusaciones, y, después de pedir tres veces la anulación del requerimiento de elevación a juicio, se apartó, y convocó al fiscal de primera instancia para que lo reemplazara.

La primera jornada del juicio mostró sin fisuras de qué se trata esta causa. Se leyeron las acusaciones, que dejaron a la vista la forma absurda en que se seleccionó arbitrariamente a estos 12 trabajadores, entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto. Un aleccionamiento que rindió sus frutos, con aquellos gendarmes llegados de apuro instalados en forma permanente en la zona, imponiendo un régimen de vigilancia que cercena el activismo obrero y secciona los lazos solidarios.

Con la presencia de trabajadores petroleros y de militantes de ADOSAC, ATECH, ATE, PO, DO, PTS, el cuerpo de delegados de la línea 60 y otras organizaciones nucleadas en el Comité de apoyo por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras, las rejas custodiadas por prefectos de la Cámara de Caleta Olivia se poblaron de afiches y banderas. Los jueces resolvieron que el juicio sea oral, pero no público, ya que sólo permitieron el ingreso a la sala de las partes y sus abogados, y un par de periodistas acreditados. Apenas si colocaron un parlante en el hall del edificio, desde donde medio centenar de compañeros pudimos seguir las alternativas de esa primera audiencia, que terminó abruptamente cuando varias defensas plantearon las muchas nulidades de la amañada instrucción. Fueron cuestionadas la presencia del fisco provincial como querellante; se reiteró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio que violan el principio de congruencia; se denunció la nulidad de las indagatorias realizadas bajo tormentos y se confrontó el intento del fiscal de desistir de varias decenas de testigos e incorporar a libro cerrado las actas de las declaraciones fabricadas en la instrucción.

CORREPI estuvo presente en representación del Encuentro Nacional Antirrepresivo, junto a los compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal) de Comodoro Rivadavia. Por la mañana, realizamos una conferencia de prensa en la sede de la CTA comodorense, convocada por AGARRE, en la que intervinieron el compañero Carlos Platowski, delegado de LAN y militante del PTS, y María del Carmen Verdú de CORREPI. Luego, viajamos a Caleta Olivia, donde asistimos al juicio y denunciamos en los medios que cubrieron la audiencia su naturaleza persecutoria. Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones del Comité de defensa nos movilizábamos del Obelisco a la Casa de la Provincia de Santa Cruz.

La presidenta del tribunal oral decidió postergar una semana el debate, para resolver los planteos sólidos y contundentes de las defensas, de manera que el juicio se reanudará el lunes próximo.

Es necesario redoblar los esfuerzos para dar visibilidad a este juicio que pretende ser una instancia de disciplinamiento para el conjunto de la clase trabajadora, y que amenaza concretamente a los trabajadores acusados con prisión perpetua.

Ni tragedia ni accidente: otro crimen del capital.

Horas después del choque del tren chapa 16 contra la estación Once, el 22 de febrero de 2012, decíamos: “No debemos confundirnos y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un crimen social”. Un crimen producido por la lógica misma del sistema de explotación capitalista, que privilegia la ganancia sobre cualquier otro valor.

El choque de Castelar produjo el sabor amargo de la repetición, esta vez con menos víctimas por esas casualidades de los horarios y los sentidos de circulación, igual de criminal, con los mismos protagonistas y los mismos chivos expiatorios.

Los trabajadores como víctimas, y el estado como responsable, esta vez de manera mucho más difícil de justificar para sus defensores, a partir de la intervención decretada sobre TBA después del 22 de febrero. Y también los trabajadores, los maquinistas, presos y acusados como únicos responsables de las muertes y las heridas, incluso las propias.

“Estamos investigando la falla humana”, dijo a pocas horas del hecho el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, “el tren funcionaba bien”. Los maquinistas y los guardas fueron detenidos e indagados por estrago doloso, y aunque se los puso paulatinamente en libertad, siguen imputados, junto con otros trabajadores de los talleres EMFER, del mismo grupo Cirigliano socio del estado y co-responsable de estas nuevas muertes. Los funcionarios y empresarios, mientras tanto, siguen contando sus billetes y celebrando que el servicio del tren Sarmiento se reanudó, para seguir trasladando como ganado a los trabajadores de la zona oeste a las fábricas, las obras en construcción y los comercios donde los mismos que los matan con trenes sin freno los explotan a diario.