CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

COMISARÍAS DE PERGAMINO
El 7 de octubre en la Comisaría 1ª de Pergamino un preso, siempre intentando suicidarse según las versiones policiales, incendió el colchón de su celda, lo que le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes de su cuerpo.

Este hecho se suma a otro similar acaecido hace una semana, cuando un joven de 20 años resultó con diversas quemaduras y lesiones en las vías respiratorias y aún se mantiene internado en grave estado, y al fallecimiento de otro preso, también de 20 años, sucedido en la mañana del sábado 4 de octubre, en lo que los jueces caratularon suicidio por ahorcamiento.

También habría un cuarto caso, el de un preso que habría ingerido vidrios o algún otro elemento cortante, siempre en reclamos de mejores condiciones de alojamiento.

El último de los sucesos fue alrededor de las 17:00, cuando personal de guardia de la Seccional Primera advirtió el incidente producido en la zona de calabozos. Allí uno de los detenidos habría producido fuego sobre el colchón de gomaespuma y se habría arrojado sobre él, generándose lesiones importantes que obligaron su inmediato traslado al Hospital San José.

El propio personal policial procedió a extinguir el fuego, que si bien no era mucho, generó un espeso humo. Asimismo fue llamada una dotación del Cuerpo de Bomberos, pero no tuvo margen para actuar pues los propios policías habían podido controlar el siniestro al momento de llegar los voluntarios.

Actualmente son dieciséis los presos que se encuentran alojados en la Comisaría Primera. Eran veinte, y cuatro de ellos, en menos de diez días, se quemaron, se ahorcaron, comieron vidrios. ¿Y el comisario? ¿Qué? ¿Y el fiscal del departamento Judicial de Pergamino?

XENÓFOBOS Y REPRESORES
Ricardo Guzmán Cevallos es un abogado peruano, vinculado al consulado de ese país en Buenos Aires y con trabajo juridico- social con presos de esa nacionalidad en las cárceles de Argentina. El día 3 de octubre, después de haber ido a visitar a los internos peruanos del Penal de Devoto se fue a tomar una cerveza cerca del Shopping del Abasto. Alrededor de las 23:00 caminaba por la zona cuando fue interceptado por un patrullero de la Cria. 9ª de la Federal. Lo pusieron contra la pared y le pidieron documentos.

Guzmán tenía su documento, indicando su nacionalidad y su condición de residente permanente, lo cual provocó que los funcionarios públicos comenzaran a increparlo con alusiones discriminatorias. Guzmán se quejó por el trato y les advirtió que los iba a denunciar por corruptos y abusivos (como textualmente lo haría posteriormente). Fue en ese instante que uno de los cuatro “guardianes del orden” le gritó “peruano conchudo”, le pegó un terrible trompis en el ojo derecho y lo esposó. Lo llevaron a la dependencia policial y cuando lo ingresaron al calabozo, le volvieron a pegar, esta vez en las costillas, amenazándolo con que lo “iban a hacer cagar”.

Su calidad de abogado y su relación laboral con la diplomacia de Perú, recordada con cada queja de parte de Guzmán Cevallos, impulsaba mayores humillaciones y sevicias de parte de los federales. Al rato de dejarlo depositado en la celda, le acercaron una serie de “papeles” que pretendían que firmara en blanco. Como no lo hacía le prometían mayor tiempo detenido. Por fin, Guzman firmó pero consignó la palabra “apelo” como el saber popular conoce y CORREPI promueve.

Recién con el cambio de guardia pudo llamar a su familia y logró saber que estaba a disposición de un juzgado correccional, supuestamente imputado del delito de hurto simple. Es decir que le habían armado una causa. Al rato apareció un forense, que conforme su condición de policía lo insultó y trató indecorosamente.

A las 11: 00 de la mañana le informaron que recuperaba la libertad. Cuando reclamó su portafolios, los funcionarios de la Cria. 9ª le indicaron que se había “perdido”. Guzman Cevallos salió y de inmediato se comunicó con CORREPI. Denunció las lesiones, las vejámenes y las amenazas ante un juzgado de instrucción, ante el INADI y ante la Secretaría de DDHH de la Nación.

ESCUADRONES DE LA MUERTE EN ENTRE RIOS
Parece que los mismos intereses que prohijaron la agencia de seguridad de Dos Ases de Don Torcuato con el asesino Hugo “Beto” Cáceres a la cabeza (hoy extirpada gracias a la denuncia social y al accionar de nuestra organización) se expanden en otros puntos del país. Son los mismos comerciantes ricos, propietarios ricos, vecinos ricos que, enancados en la “inseguridad”, son capaces de financiar la “limpieza social” que los policías -por la propia como en el caso del Hugo Beto o institucionalmente- hacen con los “pibes chorros”.

En los primeros seis meses del año, en una de las ciudades más castigadas por la desocupación del país como es Concordia, han aparecido cinco cadáveres arrojados a las aguas de los arroyos linderos. Todos eran pibes que previamente fueron detenidos por personal policial.

Víctor Balbuena, de 20 años y dos amigos fueron detenidos a la salida de una bailanta el 13 de julio. Los llevaron a la Jefatura Central y los molieron a palos. Los sacaron, los metieron en el baúl de un patrullero y los llevaron al riacho Ayuí Chico, donde al estilo de Ezequiel Demonty, los obligaron a desnudarse y tirarse a las aguas. Para que no se dude que se trata de un método, esa misma noche pero en otro paraje del mismo río, la policía entrerriana tiraba a Fabián Alem.

En idénticas circunstancias fueron muertos Gastón Lezcano, “Pato” Segovia y un menor de apellido Medina. Roberto Tribulatti, coordinador del movimiento Chicos del Pueblo de la CTA, dijo “Víctor Balbuena es el prototipo de muchos pibes de los barrios. Desde que nacen tienen que trabajar y llenarse la panza en los comedores escolares. Van ganando la calle al no tener una contención familiar, porque el Estado está ausente. Porque los padres los tienen que dejar para ver si pueden trabajar.”
Indiscutible definición de una represión -a veces privatizada- que es de clase.

EL PUEBLO NO USURPA (Y a veces hasta los jueces lo reconocen)
A raíz de la denuncia de la División Mitre de la Policía Federal se inició una causa penal contra la Asamblea de Villa Urquiza que había recuperado un espacio para el pueblo. Se radicó ante el Juez Federal Ballesteros.

Con la asistencia de la CORREPI, la asamblea se presentó y expuso que dicho lugar se hallaba totalmente abandonado,
expuesto al deterioro y suciedad, y que la intención de la Asamblea era darle al predio un uso social, público, comunitario y asistencial, que así se pidió ante los organismos pertinentes. Se documentaron en la causa penal todas las tareas que desarrolla la Asamblea de Vecinos.

Sobre la base de estos antecedentes y todas las gestiones realizadas por los vecinos tanto ante el Gobierno de la Ciudad, la legislatura porteña y el Onabe, el Juez Ballesteros entendió que la ocupación “no reviste el carácter de usurpación, toda vez que no se ha despojado al Estado de sus bienes y los vecinos de la Asamblea carecen del animus del despojo…” recalcando además que todas las actividades colectivas realizadas por la asamblea han sido en beneficio de la comunidad, por lo que mandó al archivo la causa.

El fiscal de la causa, Dr. Cearras, apeló la resolución del Juez, e intervino la Camara de Apelaciones, que confirmó el fallo del Juez de Primera Instancia. Sostuvo la Cámara que “el Estado Nacional no fue despojado del bien, pues desde el inicio de las actuaciones la agrupación vecinal realizó las gestiones necesarias para regularizar la situación… demostrándose de esta
forma que el ánimo de los ocupantes no fue turbar la posesión o tenencia del inmueble, sino realizar en él diversas actividades de utilidad pública”.

Parece que aún los jueces están empezando a entender que el pueblo no usurpa sino que ocupa, se apropia y recupera para sí lo que los poderosos se arrogan en su detrimento.

CASO DAMIÁN
EL sabado 4 de Octubre en la plaza Ader de Villa Ballester, el agente de Prefectura Naval Jorge Angel Silva atacó a balazos a Cristian Damián y José Mercado, hiriendo a este último, que actualmente se encuentra fuera de peligro pese a las heridas en su brazo y pierna, y asesinando al primero. Ambos se encontraban desarmados y transitaban por la calle.

Sin encontrar explicación a lo ocurrido, todo el barrio se reunió en asamblea, de la que surgió la realización de una marcha pidiendo que la muerte no quede impune. El 8 de octubre alrededor de 160 personas se congregaron frente a la comisaría Segunda en cuya puerta se encendieron velas en homenaje a la memoria de Cristian. La marcha fue encabezada por su esposa Roxana y sus hijos Agustina, Rocío, Valeria y Agustín.

La compañera Rosario Guerrero patrocinará a la familia ante la fiscalía de San Martín donde está radicada la causa.

REPRESION EN JUJUY
En la localidad de Libertador General San Martín, feudo del ingenio Ledesma, Cristian Ibáñez fue detenido la noche del sábado 4 de octubre por la policía jujeña. Estaba ebrio y se resistió a ser detenido. Seguramente arrojó algún golpe o patada al personal policial. Algo natural en quien no quiere que le quiten la libertad, máxime si no hay motivo. Seguramente también, ello trajo aparejado que el personal policial se abocara a “tranquilizarlo” con alguno de sus habituales métodos, y que se “les quedara”.

Unas horas más tarde apareció ahorcado con el cordoncito de la cintura del short que llevaba puesto. Un verso más de cualquier policía del país para intentar simular un modus operandi generalizado: tortura seguida de muerte = suicidio.

Cristian Ibáñez tenía 20 años, y era militante de la Corriente Clasista y Combativa. Sus compañeros y familiares no creyeron la versión policial y denunciaron que fue un asesinato. Convocaron una manifestación que no fue espontánea sino debidamente programada y organizada para el jueves 9. Tanto la policía de Ledesma como el ministro de seguridad provincial como el propio gobernador Fellner sabían perfectamente que se iba a desarrollar una jornada de repudio al accionar represivo.

La masiva marcha que superó las 5.000 personas (algo así como un tercio del total de los habitantes del pueblo) se dirigió hacia la comisaría donde Ibáñez fue asesinado. Los canas no estaban solos, ya que habían llegado refuerzos desde otras localidades de la provincia e incluso desde la capital, San Salvador. No hubo entonces una “reacción intempestuosa” de las fuerzas policiales como quisieron vender: No hubo errores ni excesos. La marcha terminó con una feroz represión contestada por el pueblo con el incendio de la comisaria y varios patrulleros.

La represión fue con balas de plomo, lo que no solo demuestra un modo habitual de la policía de nuestro país de responder a los reclamos populares, sino que en este caso, como en tantos otros, se habían emitido esas directivas. Como ya dijimos, estaban avisados de tal movilización. Durante la represión uno de los manifestantes, Luis Marcelo Cuéllar, fue asesinado por un cabo de la policía, que vestido de civil le disparó a quemarropa. Según los compañeros de la CCC, habría otros dos muertos. Fueron detenidos 30 manifestantes y se libraron 15 órdenes de captura, entre ellas la del dirigente de la CCC Enrique Mosquera. Hubo numerosos golpeados y heridos.

Este hecho represivo, que calificamos como planificado por la política del gobernador provincial, es el corolario de una campaña persecutoria hacia la Corriente Clasista y Combativa. La semana anterior fueron detenidos militantes en San Salvador y en Tilcara, y a un tercero lo fueron a buscar a Tucumán.

No alcanza con los pases a disponibilidad ni el relevamiento de los canas ni con las investigaciones hacia el jefe policial provincial. Tampoco con los repudios plañideros de parte del gobierno nacional. Está claro que la movilización se iba a hacer, que iba a ser masiva, que respondería a una organización combativa y que no se trataría de una “marcha del silencio”. La sola presencia de personal provincial de otras zonas pertrechados con armamento antidisturbio y con postas de plomo indica que la represión estaba entre las salidas. No pueden alcanzar las palabras de Alberto Fernández en cuanto a que “la protesta social debe controlarse y no reprimirse de esta forma”.

Se trata del primer muerto durante la gestión de Kirchner. No directamente atribuible al ejecutivo nacional como las masacres del Puente de Corrientes, de la Plaza de Mayo o del Puente Pueyrredón. Como en los casos de Victor Choque o Teresa Rodriguez no fue la gendarmería ordenada por el Ministerio del Interior sino las policías provinciales las que actuaron, por lo tanto la responsabilidad primaria cabe al gobierno provincial.

Un gobierno provincial, que como el de Estabillo con Menem en el caso de Choque, está intimamente ligado al proyecto del PEN. Se trata de la gestión de quien ha sido y es una de las espadas del kirchnerismo, incluso quien estaba sindicado para ocupar la presidencia del partido Justicialista.

No se puede hablar de simple “reeducación de las fuerzas policiales” como simplifica el jefe del Gabinete. Ni hacer un “mea culpa” tan hipócrita como el de Fellner cuando declara que “hubo un uso indebido de la fuerza”. Si para actuar en una manifestación donde hay bronca se tienen cargadas las armas con balas de plomo, es para usarlas y cuando se las usa es porque alguien desde el poder político respalda tal decisión. En menos de una semana, la caracterización hecha por CORREPI sobre la represión social y política ha quedado de manifiesto en los hechos que vivieron los compañeros jujeños.

aLERTA! CONTRA LA REPRESIÓN EN SANTA FE
Con una Jornada Antirrepresiva realizada el sábado 11 de octubre en instalaciones del sindicato docente de Santa Fe hizo su primera actividad pública aLERTA! contra la represión, organización de reciente constitución en la provincia.

Durante todo el día unos ochenta compañeros, activistas de DDHH, de organizaciones piqueteras y estudiantes, debatieron bajo la consigna EL ESTADO TERRORISTA Y CÓMO DEFENDERNOS. En el panel de apertura participaron como invitados compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Paraná, de la Comisión de Escrache de Rosario y de CORREPI. Nuestra delegación incluyó un integrante de la comisión de Familiares de Víctimas y un representante de la Comisión de DDHH de la Villa 21.

En su introducción, tres compañeras de aLERTA! contra la represión explicaron cómo comenzaron a gestar esta nueva agrupación mientras peleaban por superar las terribles consecuencias de la inundación en la ciudad, situación de crisis en la que quedó en evidencia que el estado -responsable de lo que fue un genocidio, y no una catástrofe natural-, sólo resultó visible para el pueblo a través del aparato represivo, mientras la ayuda real surgió de la organización popular.

Luego nos dividimos en tres grupos de trabajo que intercambiaron ideas sobre mecanismos concretos de defensa popular contra las detenciones arbitrarias y otras formas de represión popular, sobre el diagnóstico de la situación represiva en la provincia y sobre la difusión y comunicación popular. En el plenario de cierre comentamos las conclusiones de los grupos de trabajo, que los compañeros pronto resumirán y difundirán.

CORREPI saluda la constitución de aLERTA! contra la represión y agradece que hayamos podido estar en su actividad fundacional, no sólo porque toda forma organizativa contra las políticas represivas del estado debe ser aplaudida, sino porque es imprescindible llevar a la práctica la consigna Organización y Lucha Contra la Represión justamente en la provincia que hace años ostenta el mayor índice nacional de gatillo fácil y muertes en cárceles y comisarías en relación a la cantidad total de habitantes.
Rogamos agendar el mail de los compañeros, alertacontralarepresion@yahoo.com.ar

PROXIMAS ACTIVIDADES
Jueves16, 19.30, en la Facultad de Psicología, Independencia 3065: Charla sobre los Efectos en la Estructura de la Subjetividad a partir del proceso. Organiza MST de Psicología, participan compañeros del Eatip, Hijos, Asoc. de Ex- Detenidos, Nora Cortiñas, y por Correpi la compañera María Massa.

24 de octubre, a partir de las 18:00, Jornadas de Educación del Adulto. Escuela 84 de Laferrere (Soldado Soza a dos cuadras de R21, unas cuatro paradas antes de la estación del tren). En la temática de “Problemática del maltrato y el abuso en el niño y el adolescente” participarán las compañeras Delia Garcilazo y Rosario Guerrero.

17 de octubre, en la Facultad de Derecho, charla sobre criminalización de la protesta con varios panelistas, entre ellos la compañera María del Carmen Verdú.

15 y 16 de noviembre, en Uruguay, y en el marco del Foro Social, Correpi estará presente en el espacio de DDHH organizado por los compañeros de LA PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA sobre el tema TERRORISMO DE ESTADO- IMPUNIDAD AYER Y HOY y ALTERNATIVAS,

Los martes, en el programa FUIMOS TAN INGENUOS (FMI) por La Tribu, columnita de Correpi alrededor de las 23:30. Martes 14 de octubre: La lucha antirrepresiva en los barrios (Carlos Desages). Martes 21 de Octubre: Los Familiares de Víctimas de la Represión (Delia Garcilazo).

CORREPI